Dicha conclusión se alcanzó por la CNMC tras la denuncia presentada por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ASCAV por considerar que la normativa canaria es contraria a la norma básica estatal que impide la exigencia de dos títulos habilitantes para el ejercicio de la misma actividad. Por este motivo, la CNMC afirma que “concurre un obstáculo o barrera relacionados con la aplicación de la Ley General de la Unidad de Mercado, consistente en la vulneración del principio de simplificación de cargas del Artículo 7 de la LGUM”.

ASCAV insiste, como viene denunciando desde hace más de 2 años, que la piedra angular de la erradicación de las viviendas vacacionales que persigue la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, siempre se ha instrumentalizado a través de la exigencia del requisito de la actividad clasificada, de imposible cumplimiento para los propietarios.

La gravedad del asunto se ha multiplicado tras la aprobación de la Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Vivienda en Canarias, modificada por la Ley 7/2026, para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, que concede un plazo de un año (hasta el 31 de julio de 2027) para que, aquellos propietarios que no hayan solicitado la actividad clasificada, puedan hacerlo hasta esa fecha.

Pero esto que parecía una salida para los propietarios (al concederles un año para presentar esa comunicación previa de actividad clasificada) se ha convertido en una auténtica arma arrojadiza pues los Ayuntamientos están resolviendo con carácter negativo (y por tanto impidiendo la continuación de la actividad de vivienda vacacional) por aplicación de la nueva Ley 6/2025 (aunque la actividad se viniese desarrollando con anterioridad).

En el último pleno del Parlamento de Canarias celebrado el pasado 22 de julio de 2026, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, anunció que a partir de este mes de septiembre trabajarán en un Decreto Ley con el objetivo principal de arrojar claridad sobre la exigencia de actividad clasificada, que, a día de hoy, casi ningún propietario particular de vivienda vacacional puede cumplir, por lo que, estaremos muy atentos a la evolución de estos cambios, esperando y deseando que permitan que miles de familias puedan continuar con seguridad jurídica el arrendamiento de sus inmuebles como un complemento necesario para el bienestar y supervivencia de los suyos. [ASCAV]

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Sí se puede Canarias considera que el Archipiélago tiene ante sí una oportunidad que las administraciones no pueden dejar pasar: movilizar las más de 14.000 viviendas destinadas al alquiler vacacional que, según los datos manejados por la organización, están abocadas a cesar su actividad, para incorporarlas a programas de alquiler asequible destinado a las familias canarias.

La portavoz de Sí se puede Canarias, Vanesa Martín, reclama al Gobierno de Canarias y al conjunto de las administraciones públicas que diseñen con urgencia un programa específico para facilitar la transformación de estos inmuebles en viviendas destinadas al alquiler residencial, con precios adaptados a la capacidad económica de las familias y con garantías suficientes para que sus propietarios encuentren atractivo y seguro este cambio de uso. En este sentido anuncian que llevarán a las instituciones donde tienen representación una moción para pormover medidas concretas a desarrollar, que esperan contribuya a facilitar una respuesta más eficaz a la crisis de vivienda actual.

La formación ecosocialista entiende que esta posibilidad debe abordarse como una política pública de vivienda y no dejarse exclusivamente en manos del mercado. “Tenemos delante miles de viviendas que en base a la ley quedarán fuera del mercado turístico y que podrían convertirse en hogares para quienes hoy no pueden acceder a una vivienda a un precio razonable. Lo que necesitamos es que las administraciones actúen para que esa transición se produzca y que esas viviendas no terminen vacías, a la venta o nuevamente sometidas a dinámicas especulativas”, señala.

Sí se puede recuerda que los datos manejados en los últimos estudios han elevado de forma notable la cifra de viviendas vacacionales que podrían quedar afectadas por los cambios normativos. Hace un año los datos eran que había unas 9.000 viviendas vacacionales que debían cerrar, mientras que las estimaciones más recientes elevan esa cifra por encima de las 14.000.

Una respuesta ante una demanda de vivienda que no deja de crecer

Para Sí se puede, esta propuesta adquiere todavía mayor importancia ante la enorme distancia existente entre la demanda de vivienda asequible y la capacidad actual de las administraciones para ofrecer soluciones.

La organización recuerda que en Canarias hay más de 34.000 personas inscritas como demandantes de vivienda pública y protegida, mientras que el ritmo de incorporación de nuevos hogares al parque público continúa siendo insuficiente. A esta situación se suma la existencia de más de 210.000 viviendas vacías en el Archipiélago, sobre las que, según denuncia la formación, apenas se ha intervenido.

El contraste resulta especialmente preocupante para Sí se puede cuando se observa el número de viviendas que efectivamente se han conseguido movilizar. El borrador de la formación señala que el año pasado solo se pusieron en uso ocho inmuebles, una cifra que considera “una señal clara de fracaso” ante la dimensión de la emergencia habitacional.

“Canarias no tiene un problema muy grave con la vivienda, con falta de voluntad institucional y escasas políticas públicas que pongan el foco no en el negocio, sino en el derecho a mantener su función residencial y social”, afirma Vanesa Martín.

La portavoz considera que el objetivo debe ser poner todos los recursos disponibles al servicio de las familias que necesitan una vivienda, combinando la construcción de nuevos hogares con la movilización de los ya existentes.

Incentivos y garantías para los propietarios

Sí se puede propone que el Gobierno de Canarias, a través de Visocan y de las entidades públicas de vivienda de ámbito insular y municipal, impulse un programa específico de captación de estas viviendas.

La propuesta pasa por ofrecer a los propietarios un complemento económico o incentivo que haga viable la incorporación de sus inmuebles al alquiler asequible, acompañado de garantías públicas que reduzcan los riesgos asociados al alquiler residencial. Entre estas garantías, la formación plantea mecanismos que aporten seguridad respecto al cobro de las rentas, el mantenimiento y conservación de los inmuebles y el cumplimiento de las condiciones pactadas.

El objetivo sería establecer contratos que permitan adaptar el alquiler a la renta de las familias destinatarias, al tiempo que se ofrece al propietario un marco estable y previsible.

“Si una persona tiene una vivienda y la Administración le ofrece un contrato estable, garantías sobre los ingresos, seguridad en la conservación del inmueble y una rentabilidad razonable, estamos creando las condiciones para que esa vivienda pueda cumplir una función social”, explica.

La organización considera que este modelo permitiría actuar con mayor rapidez que mediante la construcción exclusiva de vivienda nueva. En este sentido, recuerda la experiencia de los programas de compra de promociones inacabadas, que considera más ágiles y sostenibles para aumentar el parque público.

“No tiene sentido crear vivienda a costa de destruir locales y actividad económica”

Sí se puede contrapone esta propuesta a la apuesta del Gobierno de Canarias por facilitar la conversión de locales comerciales en viviendas. La formación considera que esta medida puede generar efectos indeseados tanto sobre el mercado de la vivienda como sobre el pequeño comercio, especialmente si no se acompaña de una estrategia global de vivienda y de protección de la actividad económica de proximidad.

“Nos parece mucho más razonable recuperar viviendas que ya existen para destinarlas al alquiler asequible que promover una transformación de locales comerciales que puede acabar expulsando actividad económica de nuestros barrios”, señala Vanesa Martín.

La portavoz advierte de que la utilización de locales como viviendas puede incrementar la presión sobre los alquileres que soportan las pequeñas y medianas empresas y contribuir al cierre de establecimientos.

“No podemos solucionar un problema creando otro. Si para generar vivienda residencial provocamos que los comercios tengan que asumir alquileres todavía más altos o directamente no puedan continuar con su actividad, estaremos debilitando nuestros barrios y nuestras ciudades”, afirma.

La formación reclama, por tanto, que cualquier política de vivienda tenga en cuenta también sus efectos sobre el comercio de proximidad, la actividad económica y la configuración urbana.

Evitar que las viviendas queden en un limbo

Sí se puede considera especialmente urgente que las administraciones definan el marco de actuación antes de que las viviendas afectadas por el cese queden en un limbo. La portavoz advierte de tres escenarios que deben evitarse: que estos inmuebles permanezcan cerrados y fuera del mercado residencial, que sean vendidos y terminen sometidos nuevamente a dinámicas especulativas o que se incorporen al mercado de alquiler a precios completamente inasumibles para las familias canarias.

“Lo último que podemos permitir es que dentro de unos meses descubramos que miles de viviendas han dejado de ser vacacionales pero tampoco se han convertido en viviendas para la población residente. Si no existe una política pública que acompañe ese proceso, corremos el riesgo de perder una oportunidad histórica”, subraya.

La propia Administración autonómica ya dispone de procedimientos específicos para comunicar el cese de la actividad de una vivienda vacacional y darla de baja del Registro General Turístico, lo que evidencia, a juicio de Sí se puede, la necesidad de acompañar el proceso administrativo con una verdadera estrategia de incorporación al alquiler residencial.

Una oportunidad que Canarias no puede dejar escapar

Para Sí se puede, la prioridad debe ser que el conjunto de las políticas de vivienda se oriente a garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible y no exclusivamente a incrementar la oferta disponible sin atender a quién puede acceder a ella.

La formación reclama al Gobierno de Canarias que convoque a los cabildos, ayuntamientos, entidades públicas de vivienda y representantes de los propietarios para diseñar un programa canario de movilización de viviendas vacacionales hacia el alquiler asequible, dotado de financiación suficiente y con objetivos cuantificables.

“Todavía estamos a tiempo de convertir un proceso que podría generar incertidumbre en una oportunidad para ampliar el parque de vivienda asequible. Pero para ello hacen falta fondos, seguridad jurídica, coordinación entre administraciones y voluntad política. Lo que no podemos hacer es mirar hacia otro lado y dejar que esas viviendas terminen cerradas, vendidas o en un mercado de alquiler absolutamente disparado”, concluye. [Sí se puede]

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«Estoy sorprendido una vez más y, la verdad, hasta cierto punto molesto por la postura de un Partido Socialista en La Palma que vuelve a poner por delante los intereses de su partido y sus colores que los de los ciudadanos afectados de nuestra isla y del Valle de Aridane», ha manifestado rotundamente Rodríguez.

El Cabildo de La Palma hizo su trabajo a través de una carta a todos los grupos parlamentarios. En ella, ha recalcado Sergio Rodríguez, “pedíamos que aceptaran debatir las enmiendas presentadas in voce, ya que el reglamento recoge que tiene que haber unanimidad para poder hacerlo, pero al vetarlas el PSOE y NC, independientemente de que votaran en contra de la ley después, cercenaron la posibilidad de que ya ayer las hubiera recogido la ley modificada aprobada”.

El posicionamiento en contra de los intereses de la ciudadanía de la Isla surge en la votación de este miércoles sobre la modificación de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Desde el Cabildo insular y con el apoyo del resto de grupos parlamentarios, menos PSOE y Nueva Canarias, se requirió blindar los derechos de las familias afectadas y el modelo económico insular por encima de la «guerra política» y evitar que la nueva normativa autonómica lesione los derechos de los damnificados por la erupción de 2021 o cercene el desarrollo socioeconómico de la isla.

El presidente insular ha enfatizado que existen cuestiones fundamentales que deben ser transversales a las discrepancias partidistas. La primera de las enmiendas planteadas exige salvaguardar de forma explícita los derechos de las familias que perdieron sus propiedades bajo las coladas del Tajogaite, no solo para reconstruir sus casas, sino para mantener el uso de vivienda vacacional que venían ejercitando y que constaba registrado oficialmente en el Gobierno de Canarias.

La normativa autonómica general impone la exigencia de una antigüedad mínima de cinco años para habilitar la comercialización turística, lo que representa un filtro temporal que limita el derecho pleno a la reconstrucción y explotación comercial de los afectados. «Esta justa pretensión de mantener el uso preexistente ya está respaldada por el espíritu y la literalidad de la propia Ley del Volcán y por los decretos de recuperación dictados por el Gobierno de Canarias», ha recordado Rodríguez.

La segunda propuesta busca blindar la Ley de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en El Hierro, La Gomera y La Palma (Ley de Islas Verdes). Este marco legal especial cuenta con supremacía sobre la planificación general y no puede verse condicionado por la nueva regulación turística.

Sergio Rodríguez ha calificado de incomprensible la postura del PSOE, recordando que en su momento firmaron el apoyo al desarrollo turístico insular, pero ahora vetan en la Cámara la modificación legal que ampara a los pequeños propietarios. Por ello, ha recalcado que “me sorprende además que el portavoz del Partido Socialista en La Palma haya adelantado que su grupo había presentado una enmienda ‘copiando’ básicamente una propuesta en la que Coalición Canaria lleva trabajando meses en defensa de los afectados por el volcán. Hemos comprobado que no hay ninguna enmienda registrada en este momento por su parte, por lo que lo que ha hecho el señor Perdomo es mentir a los ciudadanía de La Palma».

También recuerda que “en La Palma no existen grandes tenedores ni cadenas de explotación masiva. Es un ecosistema de viviendas unifamiliares que aportan rentas complementarias a las familias, ayudan a fijar población, recuperan fincas agrícolas en las medianías y generan un turismo no invasivo. Aunque trabajamos en los Instrumentos de Planificación Singular Turístico para ampliar plazas de formato tradicional, en este momento no podemos prescindir de ninguna cama ni de ninguna herramienta que genere dinamismo económico», argumenta el presidente palmero, destacando además el perfil pionero de la isla en la promoción de vivienda pública y protegida.

A esta posición se ha sumado el diputado de Coalición Canaria por La Palma y alcalde de Breña Alta, Jonathan Felipe, quien ha solicitado formalmente al Gobierno de Canarias la aprobación urgente de un Decreto-Ley que fije unos requisitos mínimos y transitorios para el alquiler vacacional. Esta solicitud se produce tras comprobar que PSOE y Nueva Canarias vetaron la tramitación de la enmienda in voce presentada por los nacionalistas durante la tramitación de la Ley de agilización y simplificación de licencias.

La propuesta vetada por socialistas y canaristas planteaba un procedimiento transitorio sencillo, basado en la presentación de planos, fotografías y número de expediente, junto a medidas de seguridad básicas y una moratoria de cinco años para que las edificaciones unifamiliares aisladas de las Islas Verdes pudieran adaptarse plenamente a la normativa de actividades clasificadas.

«La Palma se encuentra en pleno proceso de reconstrucción tras la erupción de 2021 y no puede permitirse perder ni una sola cama turística mientras se adapta a los parámetros de calidad», ha advertido Jonathan Felipe. «No tendría sentido que Canarias reconozca por un lado el derecho de las familias afectadas a reconstruir sus viviendas y sus usos turísticos, y al mismo tiempo se genere una inseguridad jurídica que impida desarrollar esa actividad, que es esencial para la recuperación económica».

En esa misma línea, el propio presidente regional Fernando Clavijo ha reafirmado la voluntad del Ejecutivo de dar respuestas reales y buscar alternativas que no dejen desprotegidos a los pequeños propietarios de la isla.

«No tenemos varitas ni pócimas mágicas para resolver los problemas de la noche a la mañana, pero sí trabajamos decididamente para buscar soluciones. Han sido muchas las dificultades, pero este Gobierno no ha mirado para otro lado. Hemos venido a cambiar las cosas, con la predisposición constante de escuchar y mejorar las leyes», ha declarado Clavijo.

En este sentido, el presidente autonómico ha anunciado que, a través de la Consejería de Presidencia que dirige Nieves Lady Barreto, el Gobierno regional continuará trabajando sin descanso para articular los mecanismos legales necesarios que otorguen plena seguridad jurídica en la aplicación y desarrollo de la Ley de Islas Verdes frente a las incertidumbres generadas por la regulación autonómica. [Cabildo de La Palma]

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Ante la votación de la modificación de la Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas que tendrá lugar este próximo miércoles en el Parlamento de Canarias, el Cabildo de La Palma ha intensificado el trabajo técnico y político con los diferentes grupos parlamentarios con representación en la Cámara autonómica haciéndoles llegar formalmente las enmiendas y necesidades prioritarias de la isla para evitar que la nueva normativa autonómica lesione los derechos de los afectados por el volcán y cercene el desarrollo socioeconómico insular.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, enfatiza que existen cuestiones fundamentales que deben situarse al margen de la confrontación ideológica o partidista. La primera de ellas es garantizar y salvaguardar los derechos preexistentes de las familias que perdieron sus propiedades e inmuebles turísticos bajo las coladas de lava del Tajogaite.

Así, esta primera enmienda remitida a la Cámara autonómica exige que se salvaguarden de forma explícita los derechos de las familias afectadas, no solo para reconstruir físicamente sus viviendas, sino también para mantener su uso vacacional previo, siempre y cuando estuvieran debidamente dadas de alta en el registro oficial del Gobierno de Canarias.

La actual Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas establece la exigencia de una antigüedad mínima de cinco años para habilitar la comercialización turística. El Cabildo argumenta que de esa manera se limita a los damnificados el derecho pleno a reconstruirlas y explotarlas de nuevo sin verse perjudicados por este filtro temporal. Esta justa pretensión ya está respaldada por el espíritu y la literalidad de la propia Ley del Volcán y los decretos de recuperación dictados por el Gobierno de Canarias.

La segunda enmienda plantea blindar la Ley de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en El Hierro, La Gomera y La Palma, conocida como Ley de Islas Verdes. Las tres islas cuentan con un marco legal especial con supremacía sobre la planificación general, el cual no puede verse vulnerado ni condicionado por las determinaciones territoriales o limitativas de la nueva ley vacacional.

Por ello, Sergio Rodríguez hace hincapié en que el modelo de la Ley de Islas Verdes funciona de forma idónea en territorios donde no existen grandes tenedores ni cadenas de explotación masiva. “Se trata de un ecosistema en el que las viviendas vacacionales aportan rentas complementarias directamente a las economías familiares, ayudando a fijar población al territorio, recuperar fincas agrícolas en las medianías y generar un turismo no invasivo”, recalca el presidente palmero.

Además, Sergio Rodríguez recuerda que La Palma trabaja a través de sus Instrumento de Planificación Singular Turístico para ampliar la planta alojativa de formato estándar o tradicional, pero la realidad de la reconstrucción exige no prescindir de ninguna plaza turística o herramienta capaz de generar dinamismo económico, en este momento.

Por todo ello, Sergio Rodriguez llama la atención sobre el hecho de qué como está planteada inicialmente, la Ley de Vivienda Vacacional cercena el espíritu de la Ley de Islas Verdes y colisiona con el derecho de la ciudadanía a explotar estas viviendas como soporte complementario de ingresos, obviando además que La Palma ha sido una isla pionera en la promoción y generación de vivienda pública y protegida.

Por todo ello, el presidente de La Palma solicita el respaldo unánime de los grupos políticos parlamentarios el próximo miércoles para aprobar estas enmiendas esenciales para el futuro insular. [Cabildo de La Palma]

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En su Estadística Experimental de Vivienda Vacacional, el Istac ha destacado en conclusiones que de las 47.648 viviendas vacacionales disponibles que había en 2025, actualmente solo hay 38.337, con un total de 156.9967 plazas a disposición de los visitantes, frente a las cerca de 200.000 que había el año pasado, es decir, un 21 por ciento menos.

El Istac no entra a valorar las posibles causas por las que se ha producido este descenso, que coincide con la entrada en vigor en los últimos meses de la normativa reguladora de las viviendas vacacionales que ha implantado el archipiélago.

La mayor parte de este tipo de viviendas está en la isla de Tenerife, que cuenta con el 41 por ciento, a la que le sigue Gran Canaria, con un 22 por ciento; Lanzarote, con un 16 por ciento, y Fuerteventura, donde están el 14 por ciento de las mismas.

Desde el Istac también han apuntado que durante el mes de mayo, 30.066 viviendas recibieron alguna reserva, lo que supone un 78,43 por ciento del total de las que hay disponibles en el archipiélago dentro de las plataformas digitales analizadas.

El porcentaje es mayor en la isla de El Hierro, donde recibieron alguna reserva el 86,21 por ciento de las viviendas vacacionales en oferta, seguida de Lanzarote, con el 82,22 por ciento, y de La Palma, con el 80,53 por ciento.

Objetivo de la estadística experimental

El objetivo de esta operación estadística experimental es ofrecer indicadores mensuales de la capacidad, la ocupación y la rentabilidad de la vivienda vacacional que esté disponible en las plataformas analizadas en el mes de referencia, entre otros datos de interés para el sector, ha precisado el instituto.

Ha aclarado que para este estudio, se publican datos de las viviendas vacacionales que prestan servicio de alojamiento en Canarias y que se ofertan en plataformas digitales de intermediación. [EFE]

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Al día siguiente de que entrara en vigor el Real Decreto 1312/2024, que imponía a las viviendas vacacionales la obligatoriedad de obtener un nuevo y duplicado número de registro (en este caso ante el Registro de la Propiedad), nuestra Asociación, gracias al apoyo unánime de los socios que así lo acordaron en Asamblea General, interpuso recurso ante el Tribunal Supremo solicitando la nulidad de ese Real Decreto.

Hoy, el Tribunal Supremo ha dictado la primera de las cinco sentencias en esta materia.

El Tribunal Supremo ha hecho justicia, anulando el Real Decreto 1312/2024, tal y como hemos venido defendiendo reiteradamente. No podemos más que sentirnos satisfechos, orgullosos del trabajo bien hecho.

Ahora, miles de propietarios de viviendas vacacionales pueden dormir más tranquilos sabiendo que el Tribunal Supremo ha enderezado el rumbo desorientado que marcó el Gobierno de España.

Ahora, miles de propietarios podrán reclamar a los registradores lo que pagaron al amparo de una norma nula. También, todos aquellos que fueron ilegalmente excluidos de la comercialización se les abre la vía para reclamar al Gobierno de España por responsabilidad patrimonial ante los daños causados por lucro cesante.

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[ASCAV]

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Iniciativa para la Protección de Viviendas Vacacionales

En un comunicado, los populares sostienen que su iniciativa para eximir a estas viviendas del requisito de antigüedad mínima ya fue planteada en mayo de 2024 por el presidente insular del partido, Mariano Zapata, en una reunión con la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias.

El PP asegura que esta propuesta ha sido trasladada nuevamente al Ejecutivo autonómico y al Parlamento regional en el marco de la tramitación de un nuevo proyecto legislativo, con el objetivo de que se incorpore mediante una enmienda que tenga en cuenta la situación específica de La Palma, especialmente en el Valle de Aridane.

Respaldo y Justificación de la Propuesta

La formación considera “impropio” que el presidente del Cabildo les acuse de hacer política de titulares y sostiene que los hechos “evidencian lo contrario”.

La diputada regional Raquel Díaz ha afirmado que Coalición Canaria “no es el único partido que defiende a los afectados por la erupción” y ha subrayado que la medida propuesta responde a una “cuestión de justicia social”.

Detalles de la Propuesta Legislativa

Según detalla el PP, la iniciativa plantea que las viviendas vacacionales destruidas por las coladas volcánicas y que estuvieran previamente habilitadas conserven su número de registro turístico, de modo que no se les aplique el requisito general de antigüedad mínima para nuevas edificaciones destinadas al alquiler vacacional.

Para ello, los propietarios deberán acreditar la correspondencia entre la vivienda destruida y la reconstruida mediante su inscripción en el Registro Único de Personas Afectadas por la erupción o por otros medios válidos en derecho.

Además, la propuesta contempla que los plazos se computen desde la obtención de la licencia de primera ocupación de la vivienda reconstruida, siempre que ésta se acredite antes de finales de 2030.

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