Canarias, 14 de agosto de 2026.
Sí se puede Canarias considera que el Archipiélago tiene ante sí una oportunidad que las administraciones no pueden dejar pasar: movilizar las más de 14.000 viviendas destinadas al alquiler vacacional que, según los datos manejados por la organización, están abocadas a cesar su actividad, para incorporarlas a programas de alquiler asequible destinado a las familias canarias.
La portavoz de Sí se puede Canarias, Vanesa Martín, reclama al Gobierno de Canarias y al conjunto de las administraciones públicas que diseñen con urgencia un programa específico para facilitar la transformación de estos inmuebles en viviendas destinadas al alquiler residencial, con precios adaptados a la capacidad económica de las familias y con garantías suficientes para que sus propietarios encuentren atractivo y seguro este cambio de uso. En este sentido anuncian que llevarán a las instituciones donde tienen representación una moción para pormover medidas concretas a desarrollar, que esperan contribuya a facilitar una respuesta más eficaz a la crisis de vivienda actual.
La formación ecosocialista entiende que esta posibilidad debe abordarse como una política pública de vivienda y no dejarse exclusivamente en manos del mercado. “Tenemos delante miles de viviendas que en base a la ley quedarán fuera del mercado turístico y que podrían convertirse en hogares para quienes hoy no pueden acceder a una vivienda a un precio razonable. Lo que necesitamos es que las administraciones actúen para que esa transición se produzca y que esas viviendas no terminen vacías, a la venta o nuevamente sometidas a dinámicas especulativas”, señala.
Sí se puede recuerda que los datos manejados en los últimos estudios han elevado de forma notable la cifra de viviendas vacacionales que podrían quedar afectadas por los cambios normativos. Hace un año los datos eran que había unas 9.000 viviendas vacacionales que debían cerrar, mientras que las estimaciones más recientes elevan esa cifra por encima de las 14.000.
Una respuesta ante una demanda de vivienda que no deja de crecer
Para Sí se puede, esta propuesta adquiere todavía mayor importancia ante la enorme distancia existente entre la demanda de vivienda asequible y la capacidad actual de las administraciones para ofrecer soluciones.
La organización recuerda que en Canarias hay más de 34.000 personas inscritas como demandantes de vivienda pública y protegida, mientras que el ritmo de incorporación de nuevos hogares al parque público continúa siendo insuficiente. A esta situación se suma la existencia de más de 210.000 viviendas vacías en el Archipiélago, sobre las que, según denuncia la formación, apenas se ha intervenido.
El contraste resulta especialmente preocupante para Sí se puede cuando se observa el número de viviendas que efectivamente se han conseguido movilizar. El borrador de la formación señala que el año pasado solo se pusieron en uso ocho inmuebles, una cifra que considera “una señal clara de fracaso” ante la dimensión de la emergencia habitacional.
“Canarias no tiene un problema muy grave con la vivienda, con falta de voluntad institucional y escasas políticas públicas que pongan el foco no en el negocio, sino en el derecho a mantener su función residencial y social”, afirma Vanesa Martín.
La portavoz considera que el objetivo debe ser poner todos los recursos disponibles al servicio de las familias que necesitan una vivienda, combinando la construcción de nuevos hogares con la movilización de los ya existentes.
Incentivos y garantías para los propietarios
Sí se puede propone que el Gobierno de Canarias, a través de Visocan y de las entidades públicas de vivienda de ámbito insular y municipal, impulse un programa específico de captación de estas viviendas.
La propuesta pasa por ofrecer a los propietarios un complemento económico o incentivo que haga viable la incorporación de sus inmuebles al alquiler asequible, acompañado de garantías públicas que reduzcan los riesgos asociados al alquiler residencial. Entre estas garantías, la formación plantea mecanismos que aporten seguridad respecto al cobro de las rentas, el mantenimiento y conservación de los inmuebles y el cumplimiento de las condiciones pactadas.
El objetivo sería establecer contratos que permitan adaptar el alquiler a la renta de las familias destinatarias, al tiempo que se ofrece al propietario un marco estable y previsible.
“Si una persona tiene una vivienda y la Administración le ofrece un contrato estable, garantías sobre los ingresos, seguridad en la conservación del inmueble y una rentabilidad razonable, estamos creando las condiciones para que esa vivienda pueda cumplir una función social”, explica.
La organización considera que este modelo permitiría actuar con mayor rapidez que mediante la construcción exclusiva de vivienda nueva. En este sentido, recuerda la experiencia de los programas de compra de promociones inacabadas, que considera más ágiles y sostenibles para aumentar el parque público.
“No tiene sentido crear vivienda a costa de destruir locales y actividad económica”
Sí se puede contrapone esta propuesta a la apuesta del Gobierno de Canarias por facilitar la conversión de locales comerciales en viviendas. La formación considera que esta medida puede generar efectos indeseados tanto sobre el mercado de la vivienda como sobre el pequeño comercio, especialmente si no se acompaña de una estrategia global de vivienda y de protección de la actividad económica de proximidad.
“Nos parece mucho más razonable recuperar viviendas que ya existen para destinarlas al alquiler asequible que promover una transformación de locales comerciales que puede acabar expulsando actividad económica de nuestros barrios”, señala Vanesa Martín.
La portavoz advierte de que la utilización de locales como viviendas puede incrementar la presión sobre los alquileres que soportan las pequeñas y medianas empresas y contribuir al cierre de establecimientos.
“No podemos solucionar un problema creando otro. Si para generar vivienda residencial provocamos que los comercios tengan que asumir alquileres todavía más altos o directamente no puedan continuar con su actividad, estaremos debilitando nuestros barrios y nuestras ciudades”, afirma.
La formación reclama, por tanto, que cualquier política de vivienda tenga en cuenta también sus efectos sobre el comercio de proximidad, la actividad económica y la configuración urbana.
Evitar que las viviendas queden en un limbo
Sí se puede considera especialmente urgente que las administraciones definan el marco de actuación antes de que las viviendas afectadas por el cese queden en un limbo. La portavoz advierte de tres escenarios que deben evitarse: que estos inmuebles permanezcan cerrados y fuera del mercado residencial, que sean vendidos y terminen sometidos nuevamente a dinámicas especulativas o que se incorporen al mercado de alquiler a precios completamente inasumibles para las familias canarias.
“Lo último que podemos permitir es que dentro de unos meses descubramos que miles de viviendas han dejado de ser vacacionales pero tampoco se han convertido en viviendas para la población residente. Si no existe una política pública que acompañe ese proceso, corremos el riesgo de perder una oportunidad histórica”, subraya.
La propia Administración autonómica ya dispone de procedimientos específicos para comunicar el cese de la actividad de una vivienda vacacional y darla de baja del Registro General Turístico, lo que evidencia, a juicio de Sí se puede, la necesidad de acompañar el proceso administrativo con una verdadera estrategia de incorporación al alquiler residencial.
Una oportunidad que Canarias no puede dejar escapar
Para Sí se puede, la prioridad debe ser que el conjunto de las políticas de vivienda se oriente a garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible y no exclusivamente a incrementar la oferta disponible sin atender a quién puede acceder a ella.
La formación reclama al Gobierno de Canarias que convoque a los cabildos, ayuntamientos, entidades públicas de vivienda y representantes de los propietarios para diseñar un programa canario de movilización de viviendas vacacionales hacia el alquiler asequible, dotado de financiación suficiente y con objetivos cuantificables.
“Todavía estamos a tiempo de convertir un proceso que podría generar incertidumbre en una oportunidad para ampliar el parque de vivienda asequible. Pero para ello hacen falta fondos, seguridad jurídica, coordinación entre administraciones y voluntad política. Lo que no podemos hacer es mirar hacia otro lado y dejar que esas viviendas terminen cerradas, vendidas o en un mercado de alquiler absolutamente disparado”, concluye. [Sí se puede]
