Santa Cruz de La Palma, 30 abr (EFE).- El Partido Popular de La Palma ha rechazado las acusaciones del presidente del Cabildo insular, Sergio Rodríguez (CC), y ha defendido que lleva “más de dos años” promoviendo medidas para proteger a los propietarios de viviendas vacacionales afectadas por la erupción volcánica de 2021.
Iniciativa para la Protección de Viviendas Vacacionales
En un comunicado, los populares sostienen que su iniciativa para eximir a estas viviendas del requisito de antigüedad mínima ya fue planteada en mayo de 2024 por el presidente insular del partido, Mariano Zapata, en una reunión con la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias.
El PP asegura que esta propuesta ha sido trasladada nuevamente al Ejecutivo autonómico y al Parlamento regional en el marco de la tramitación de un nuevo proyecto legislativo, con el objetivo de que se incorpore mediante una enmienda que tenga en cuenta la situación específica de La Palma, especialmente en el Valle de Aridane.
Respaldo y Justificación de la Propuesta
La formación considera “impropio” que el presidente del Cabildo les acuse de hacer política de titulares y sostiene que los hechos “evidencian lo contrario”.
La diputada regional Raquel Díaz ha afirmado que Coalición Canaria “no es el único partido que defiende a los afectados por la erupción” y ha subrayado que la medida propuesta responde a una “cuestión de justicia social”.
Detalles de la Propuesta Legislativa
Según detalla el PP, la iniciativa plantea que las viviendas vacacionales destruidas por las coladas volcánicas y que estuvieran previamente habilitadas conserven su número de registro turístico, de modo que no se les aplique el requisito general de antigüedad mínima para nuevas edificaciones destinadas al alquiler vacacional.
Para ello, los propietarios deberán acreditar la correspondencia entre la vivienda destruida y la reconstruida mediante su inscripción en el Registro Único de Personas Afectadas por la erupción o por otros medios válidos en derecho.
Además, la propuesta contempla que los plazos se computen desde la obtención de la licencia de primera ocupación de la vivienda reconstruida, siempre que ésta se acredite antes de finales de 2030.