El estudio permitirá conocer las características del subsuelo de las dos parcelas de titularidad municipal situadas en la calle Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, detrás del Centro Comercial Las Ramblas. Los resultados servirán de base para definir las soluciones técnicas más adecuadas para la cimentación de los edificios y la estabilidad de los muros de sótano y contención. Los trabajos incluirán el reconocimiento geotécnico, ensayos de campo y laboratorio, análisis hidrogeológico y evaluación de la posible agresividad del terreno. Asimismo, permitirán determinar los diferentes niveles del subsuelo, estudiar la posible existencia de nivel freático y obtener los parámetros necesarios para el diseño de las cimentaciones.

Un estudio previo al proyecto constructivo

El estudio geotécnico constituye una actuación preparatoria para la redacción del proyecto de construcción, al aportar información esencial sobre las condiciones del terreno. Entre otros aspectos, permitirá analizar la estabilidad de los taludes derivados de los movimientos de tierra, establecer las tensiones admisibles del suelo y estimar los asientos previsibles de las construcciones. La información obtenida facilitará la definición de las soluciones de cimentación y contención más adecuadas a las características de las parcelas y a la configuración de las edificaciones proyectadas.

Una promoción financiada en colaboración con el Cabildo

La futura promoción de 240 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible se enmarca en el convenio suscrito en enero de 2026 entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, a través del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, que contempla una financiación de 39,6 millones de euros por parte de la institución insular para la construcción de las viviendas.

El acuerdo establece que el Ayuntamiento actuará como promotor de la actuación y será titular de las viviendas resultantes. [Ayto. Las Palmas de Gran Canaria]

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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (GEURSA), ha retomado los trabajos de construcción de las 27 viviendas públicas de alquiler asequible situadas en el número 95 de la calle León y Castillo, en el barrio de Arenales del Distrito Centro, cuya ejecución se encuentra cercana al 75%.

La reanudación se produce tras la realización de un modificado del proyecto necesario para continuar con la actuación y está previsto que las obras concluyan durante el primer trimestre de 2027.

La promoción se desarrolla sobre una parcela de 594 metros cuadrados y contempla un edificio de siete plantas con 27 viviendas de entre uno y cinco dormitorios, cuyas superficies oscilarán entre los 50 y los 132 metros cuadrados. Además, dos de las viviendas estarán adaptadas.

El inmueble dispondrá de dos locales, uno de ellos destinado a uso comunitario, y una veintena de trasteros situados en la planta sótano.

El proyecto incluye también una servidumbre de paso en la planta inferior que permitirá a la ciudadanía acceder al terreno interior donde se encuentra el huerto urbano situado junto al CEIP Aguadulce, así como conocer la chimenea Swanston, construida a principios del siglo XX para un horno destinado a la elaboración de harina para los panaderos del barrio de Arenales.

La actuación cuenta con una inversión de 3,3 millones de euros financiados a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) del Gobierno de Canarias, en el marco del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025.

Las viviendas están destinadas al alquiler asequible para familias y jóvenes. El edificio incorpora medidas de eficiencia energética, entre ellas una envolvente diseñada para limitar la demanda energética y favorecer el bienestar térmico, un sistema de iluminación con regulación para optimizar el aprovechamiento de la luz natural y una instalación de captación y aprovechamiento de energía solar para cubrir parte de las necesidades de agua caliente.

La ejecución de la promoción de Arenales se encuentra cercana al 75%. [Ayto. Las Palmas de Gran Canaria]

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Al acto, celebrado en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria, asistieron la directora general de Industria del Gobierno de Canarias, Ana Zurita, y la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín.

La iniciativa contempla el desarrollo de un prototipo residencial, mediante un concurso de diseño coordinado por el Consejo Económico y Social de Canarias (CEICA), con un plazo de presentación de propuestas hasta el próximo 15 de noviembre.

El acuerdo incluye la puesta a disposición de una parcela municipal de 565,32 metros cuadrados, sin canon por el suelo. La edificabilidad prevista asciende a 1.582,89 metros cuadrados, una superficie que podrá variar en función de los incentivos aplicables a las viviendas asequibles.

La planificación inicial contempla un total de 19 viviendas, cada una con plaza de aparcamiento y trastero.

Las viviendas tendrán superficies construidas de entre 60 y 120 metros cuadrados y se destinarán al régimen de vivienda asequible incentivada para personas de entre 18 y 35 años. El proyecto deberá incorporar los requisitos de accesibilidad y adaptación que correspondan, así como criterios de eficiencia energética, sostenibilidad, calidad constructiva y viabilidad técnica.

El concurso valorará soluciones de construcción industrializada, incluidos sistemas híbridos que combinen elementos prefabricados en dos dimensiones con métodos tradicionales y, al mismo tiempo, podrá tener en cuenta el uso de componentes fabricados en Canarias.

La fase prevista para la ejecución de las obras se extiende del 20 de marzo de 2027 al 20 de enero de 2028, con un presupuesto de ejecución material estimado en 2,53 millones de euros. [Gobierno de Canarias]

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La alcaldesa ha explicado que esta promoción forma parte del Plan Canario de Vivienda 2020-2025 y que, por tanto, estaba prevista la financiación del Gobierno de Canarias. “Se nos dijo que no había dinero y que, por tanto, el Gobierno autonómico no iba a financiarlas. Ante esta tesitura, la asumimos desde el Ayuntamiento, aun sabiendo el elevado coste que supone para las arcas municipales, porque la gente está por encima de estas decisiones”, ha afirmado.

Esta promoción se suma, ha recordado Darias, a las actuaciones que el Ayuntamiento ya tiene en marcha en materia de vivienda. “Para nosotros, la vivienda es un objetivo prioritario y esta alcaldesa y este Gobierno están determinados a seguir avanzando, como venimos haciendo en este mandato”, ha señalado. En este sentido, ha destacado las cerca de 400 viviendas que se encuentran actualmente en construcción, junto a las promociones que están en proceso de comenzar las obras o en trámite, entre ellas estas 115 viviendas y una nueva promoción de 240 viviendas junto al Cabildo de Gran Canaria.

Dos bloques de edificios y cinco tipos de viviendas

El proyecto estará destinado a vivienda de promoción pública en régimen de arrendamiento y permitirá incorporar al parque público municipal 115 hogares con distintas necesidades y tamaños. Así, estará compuesto de dos bloques independientes de ocho plantas que se adaptan a la pronunciada pendiente de la parcela y que integran, además de las viviendas, espacios comunitarios y nuevas zonas libres para el entorno.

Las viviendas se distribuyen en cinco tipologías, con 10 viviendas de un dormitorio, 27 de dos dormitorios, 67 de tres dormitorios, nueve de cuatro dormitorios y dos de cinco dormitorios, con superficies que oscilan entre los 44 y los 128 metros cuadrados, en función de la tipología. Además, cinco viviendas de cuatro dormitorios estarán específicamente adaptadas para personas con movilidad reducida y contarán con sus correspondientes plazas de garaje adaptadas.

La promoción dispondrá además de 135 plazas de aparcamiento, 19 plazas para motocicletas y 139 trasteros. Los garajes se distribuirán en dos plantas situadas bajo la plataforma sobre la que se levantan los edificios y contarán con la infraestructura necesaria para la recarga de vehículos eléctricos.

Máxima eficiencia energética y cero emisiones operativas

Uno de los elementos destacados del proyecto es su comportamiento energético. De acuerdo con la documentación de calificación energética, los edificios alcanzan la máxima calificación A tanto en consumo de energía primaria no renovable como en emisiones de CO₂ y presentan unas emisiones operativas de 0,00 kg CO₂/m²·año.

Para alcanzar estos niveles de eficiencia, cada vivienda contará con un sistema individual de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria, que permitirá cubrir aproximadamente el 65% de esta demanda mediante energía renovable procedente del aire. A este sistema se sumará una instalación de paneles solares fotovoltaicos en las cubiertas para generación y autoconsumo eléctrico, con una producción anual estimada superior a los 52.000 kWh.

El diseño incorpora además medidas destinadas a mejorar el comportamiento térmico del edificio, aprovechar la iluminación natural y reducir las necesidades de climatización, así como la infraestructura necesaria para la recarga de vehículos eléctricos en los garajes.

Una nueva zona verde para el entorno

La intervención no se limita a la construcción de las viviendas. La configuración de la parcela permitirá generar un nuevo espacio libre junto a la calle Concejal García Feo, concebido como una zona de transición entre las edificaciones existentes y los nuevos bloques.

Este espacio contará con vegetación de porte para resolver los desniveles de la parcela y dispondrá de huerto urbano, área de juegos infantiles y zonas de estancia y mirador. La actuación se integra además junto al Sistema General del Parque de La Ballena, favoreciendo la relación entre la nueva promoción y los espacios libres del entorno.

Los dos bloques se levantarán sobre una plataforma de planta baja diáfana, donde se situarán los accesos a las viviendas, los cuartos de instalaciones y un local comunitario. La solución arquitectónica permite adaptar la edificación a una parcela con un desnivel aproximado de 12 metros entre las calles Concejal García Feo y Virgen del Pilar.

Accesibilidad en viviendas y espacios comunes

El proyecto garantiza itinerarios accesibles desde la vía pública hasta los portales, viviendas, trasteros y garajes. Cada uno de los dos bloques dispondrá de dos ascensores, cuatro en total, con señalización mediante Braille y altorrelieve e información sonora y visual.

Las viviendas cuentan con salón-comedor, cocina, solana, baños y espacio de almacenamiento y, en un número significativo de ellas, terrazas. La distribución del conjunto favorece además que las viviendas dispongan de orientación oeste y amplias vistas, mientras que los dormitorios se sitúan principalmente en torno a patios interiores.

La licitación se tramitará mediante procedimiento abierto y estará sujeta a regulación armonizada. El proyecto ya cuenta con el levantamiento topográfico, el estudio geotécnico de la parcela y la solicitud de los servicios existentes. [Ayto. Las Palmas de Gran Canaria]

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La concejala de Bienestar Social, Cuidados y Salud, Carmen Luz Vargas, señala que “este programa nos permite acompañar a familias que encuentran especiales dificultades para acceder a una vivienda y ofrecerles alternativas adaptadas a su situación, trabajando además para prevenir situaciones de exclusión residencial”.

El proyecto, que cuenta con una inversión municipal de 220.000 euros, contempla una bolsa de viviendas de alquiler asequible, a través de la que se prevé captar al menos diez nuevas viviendas y facilitar el acceso a un alquiler a 30 beneficiarios durante el año. Asimismo, incluye el seguimiento y acompañamiento de los inquilinos y propietarios, así como información sobre vivienda, ayudas y otros recursos.

El programa cuenta además con una línea destinada a atender situaciones de emergencia residencial, con al menos tres recursos para dar respuesta a un mínimo de 18 beneficiarios. Quienes acceden a estos recursos reciben acompañamiento social y son derivados a través de los Servicios Sociales municipales.

Entre las actuaciones previstas se encuentran también talleres grupales relacionados con la vivienda, el ahorro energético y la economía doméstica, además de la coordinación con los Servicios Sociales municipales para realizar el seguimiento de los casos atendidos.

El proyecto se dirige a familias y unidades de convivencia derivadas por los Servicios Sociales municipales que se encuentran en situación de vulnerabilidad residencial. [Ayto. Las Palmas de Gran Canaria]

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La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este jueves el expediente de contratación para la construcción de 115 viviendas protegidas en la parcela municipal VP-03 de Pepe Gonçalvez Norte, situada entre las calles Concejal García Feo y Virgen del Pilar, en el Distrito Ciudad Alta.

La actuación, cuya licitación se publicará próximamente en la Plataforma de Contratación del Estado, cuenta con un presupuesto base de licitación de 22.471.112,75 euros, financiado con fondos propios municipales, y un plazo de ejecución previsto de 22 meses.

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, señala que “la aprobación de este expediente permite licitar las obras de 115 nuevas viviendas públicas destinadas al alquiler asequible. Seguimos avanzando así en la ampliación del parque público de la ciudad y en la generación de nuevas opciones de acceso a la vivienda”.

Con la aprobación del expediente se autoriza asimismo el gasto correspondiente a la ejecución de la actuación, distribuido entre las anualidades de 2026, 2027 y 2028, y se abre el procedimiento para la adjudicación de las obras.

Con esta nueva actuación, el Ayuntamiento avanza en su compromiso de seguir ampliando el parque de vivienda pública en la capital grancanaria.

A este proyecto se suman las más de 400 viviendas que ya están en obras en Tamaraceite o León y Castillo, así como el impulso al proyecto para construir 240 hogares más en Las Torres en colaboración con el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria a través de la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria. [Ayto. Las Palmas de Gran Canaria]

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Sí se puede ha expresado su rechazo a la decisión de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan), de adjudicar a la empresa Factoría, Gestión y Consultoría, S.L. el servicio para la implantación, puesta en marcha y gestión operativa de la Bolsa de Vivienda en Alquiler Asequible de Canarias, por un importe de 970.000 euros, IGIC incluido, durante los 24 meses previstos inicialmente en el contrato.

Para la formación ecosocialista, esta decisión supone un paso más hacia la externalización de funciones que deberían estar bajo control directo de las administraciones públicas y plantea serias dudas sobre el modelo de política de vivienda que están impulsando CC y PP desde el Gobierno de Canarias.

El contrato contempla actuaciones como el estudio y diagnóstico de la vivienda vacía en Canarias, la creación de un observatorio específico, la captación de viviendas y la intermediación entre las personas propietarias y quienes buscan acceder a una vivienda en alquiler asequible. Se trata, según Sí se puede, de funciones directamente relacionadas con la planificación y gestión de una política pública de vivienda y que, por tanto, deberían contar con una dirección y supervisión públicas efectivas.

La portavoz de Sí se puede, Vanesa Martín, considera que “resulta difícil entender que, mientras el Gobierno de Canarias sostiene que necesita reforzar sus instrumentos para garantizar el acceso a la vivienda, opte al mismo tiempo por entregar a una empresa privada la gestión de uno de esos instrumentos”.

“Estamos hablando de una política pública que afecta directamente a un derecho básico y que se pretende gestionar bajo una lógica empresarial. La pregunta que tenemos que hacernos es qué objetivo se persigue: garantizar alquileres realmente asequibles para las familias o convertir la intermediación y la movilización de vivienda en un nuevo ámbito de negocio privado financiado con dinero público”, señala.

El valor estimado del contrato asciende a 1.869.158,88 euros si se contemplan el periodo inicial y las dos posibles prórrogas previstas. Para Sí se puede, esta cantidad obliga a debatir no solo sobre el coste económico de la externalización, sino también sobre la capacidad del propio sector público canario para asumir directamente estas funciones y desarrollar estructuras permanentes de gestión de vivienda.

“Si existe una empresa pública como Visocan, y existen recursos económicos y personal técnico en el ámbito de la Administración, lo que deberíamos estar haciendo es reforzar esas capacidades públicas, no vaciarlas progresivamente para trasladar funciones estratégicas a empresas privadas”, sostiene la portavoz.

Una emergencia habitacional que exige medidas estructurales

Sí se puede considera que la decisión debe analizarse en el contexto de la grave crisis de acceso a la vivienda que atraviesa Canarias. La formación advierte de que el problema no se resuelve únicamente incrementando la oferta disponible, sino que requiere intervenir sobre el mercado, aumentar de manera sostenida el parque público y garantizar que las viviendas financiadas o movilizadas mediante recursos públicos mantengan una función social.

La formación recuerda que en los últimos años el Gobierno de Canarias ha recurrido a diferentes programas destinados a movilizar vivienda y aumentar la oferta de alquiler asequible, pero considera que estas medidas no pueden sustituir una estrategia ambiciosa de ampliación del parque público.

En este sentido, Sí se puede cuestiona también los resultados alcanzados por Visocan en materia de incorporación de nuevas viviendas. Según los datos recogidos en la propia nota de la formación, en los últimos años se han movilizado alrededor de 170 nuevas viviendas, con un coste unitario superior a los 130.000 euros, una cifra que, a juicio de Sí se puede, evidencia las dificultades de la actual política pública para generar vivienda a precios realmente alejados de las dinámicas del mercado.

“Necesitamos dejar de actuar únicamente sobre las consecuencias de la crisis y empezar a intervenir sobre sus causas. Si cada euro público termina generando viviendas que se comportan prácticamente como un activo de mercado, estamos reproduciendo el mismo problema que pretendemos solucionar”, apunta Vanesa Martín.

La portavoz reclama que la vivienda que se incorpore mediante programas públicos tenga condiciones de acceso claras, precios realmente asequibles y garantías de permanencia en el ámbito de la vivienda social y asequible.

Sí se puede reclama utilizar todas las herramientas disponibles

La formación ecosocialista critica igualmente la posición mantenida por el Gobierno de Canarias respecto a la aplicación de las herramientas previstas en la legislación estatal de vivienda, entre ellas la posibilidad de declarar zonas de mercado residencial tensionado.

“Mientras se buscan fórmulas para captar viviendas privadas y ponerlas en alquiler mediante programas gestionados por empresas, el Gobierno sigue resistiéndose a utilizar herramientas que permiten intervenir sobre los mercados donde los precios están expulsando a la población residente”, señala.

Sí se puede considera que Canarias necesita una política integral que combine la promoción directa de vivienda pública, la rehabilitación y recuperación de viviendas vacías, la movilización del parque residencial existente, la regulación y control de los usos turísticos y la aplicación de todas las herramientas legales disponibles para contener la presión sobre los precios del alquiler.

La formación advierte además de que la crisis habitacional no puede desvincularse de la presión inmobiliaria que experimenta el Archipiélago y del incremento de la compra de viviendas como activo de inversión. “Mientras nuestro territorio siga funcionando como un gran mercado para quienes buscan invertir en vivienda y obtener rentabilidad, mientras se facilite la adquisición masiva de inmuebles y mientras la vivienda continúe tratándose fundamentalmente como un bien de mercado, será cada vez más difícil garantizar que la población residente pueda acceder a ella”, afirma.

“La vivienda no puede convertirse en otro negocio financiado con dinero público”

Para Sí se puede, la cuestión de fondo es qué modelo de política de vivienda quiere desarrollar el Gobierno de Canarias. “Nos preocupa que se esté consolidando una lógica en la que la Administración aporta los recursos, asume la responsabilidad y el riesgo de las políticas públicas, mientras determinadas empresas privadas reciben contratos para desarrollar funciones que deberían formar parte de una estructura pública estable”, explica la portavoz.

La formación reclama al Gobierno de Canarias que explique públicamente los criterios que justifican esta adjudicación, los objetivos concretos que se pretenden alcanzar, el número de viviendas que se prevé incorporar al programa y las condiciones de acceso y permanencia que tendrán las personas beneficiarias.

“Queremos saber cuántas viviendas se van a conseguir, a qué precios, durante cuánto tiempo permanecerán dentro del programa y qué mecanismos garantizarán que sigan siendo asequibles. Porque no basta con anunciar que se va a aumentar la oferta: hay que garantizar que esa oferta responda a las necesidades de la población y no termine reforzando un mercado cada vez más inaccesible”, añade.

Sí se puede defiende que los recursos públicos destinados a vivienda deben servir prioritariamente para incrementar el parque público, rehabilitar viviendas, garantizar alquileres asequibles y desarrollar una capacidad de gestión pública permanente, evitando que la respuesta a la emergencia habitacional dependa de soluciones externalizadas y temporales.

“La situación es demasiado grave para seguir improvisando o trasladando responsabilidades. Canarias necesita una política de vivienda que ponga a las personas en el centro y que entienda la vivienda como un derecho, no como una oportunidad de negocio”, concluye Vanesa Martín. [Sí se puede]

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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa), ha sacado a licitación, por un importe de 47.325,03 euros, el estudio geotécnico para la construcción de 240 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible en el barrio de Las Torres.

El contrato, con un plazo de ejecución de 30 días, permitirá conocer las características del subsuelo de las parcelas donde se proyecta la nueva promoción y establecer los criterios técnicos necesarios para la redacción del proyecto.

El estudio geotécnico constituye una actuación necesaria para la preparación del proyecto de construcción, ya que permitirá analizar las propiedades del terreno y establecer recomendaciones sobre la cimentación de las edificaciones, la estabilidad de los muros de sótano y los muros de contención. Los trabajos incluirán el reconocimiento geotécnico, ensayos de campo y laboratorio, análisis hidrogeológico y evaluación de la posible agresividad del terreno.

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, ha señalado que “la licitación de este estudio geotécnico supone un nuevo paso en la preparación del proyecto de las 240 viviendas de Las Torres. Conocer en profundidad las características del terreno es fundamental para avanzar en el diseño de una promoción que debe responder a los criterios técnicos y de seguridad exigibles”.

Un estudio necesario para definir las soluciones constructivas

El pliego técnico establece que el estudio deberá determinar los diferentes niveles del subsuelo y sus características geotécnicas, así como la posible existencia y localización del nivel freático y su incidencia en el desarrollo de las obras.

También deberá aportar los parámetros necesarios para el dimensionado de las cimentaciones, analizar la estabilidad de los taludes derivados de los movimientos de tierras y determinar las tensiones admisibles y los asientos previsibles de las construcciones proyectadas.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 5 de octubre, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, conforme a las condiciones establecidas en el procedimiento de licitación en el enlace https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=T5KoZnF56VSAAM7L03kM8A%3D%3D.

Una promoción en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria

La futura promoción se ubicará en dos parcelas de titularidad municipal situadas en la calle Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, en el barrio de Las Torres, detrás del Centro Comercial Las Ramblas. Ambas parcelas cuentan con acceso desde esta vía.

El proyecto contempla distintas edificaciones con alturas diferenciadas, de acuerdo con la documentación técnica incorporada al pliego del estudio geotécnico. La información obtenida durante los trabajos de campo y laboratorio servirá de base para establecer las hipótesis de cimentación y contención más adecuadas para las construcciones proyectadas.

La actuación se enmarca en el convenio suscrito en enero de 2026 entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria, a través del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, por el que la institución insular financia con 39,6 millones de euros la construcción de estas 240 viviendas protegidas destinadas al alquiler asequible.

El acuerdo establece que el Ayuntamiento actuará como promotor de la actuación y será titular de las viviendas resultantes. [Ayto. Las Palmas de Gran Canaria]

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Hasta el momento cerca de 40 familias ya han podido visitar esta promoción y avanzar en el proceso de reserva de su futuro hogar. En esta primera fase, los recorridos se están centrando en uno de los dos edificios que integran la actuación de 100 viviendas en alquiler asequible, que ha supuesto una inversión pública conjunta superior a los 11 millones de euros.

El procedimiento comienza con una comprobación previa por parte de Visocan para verificar que las personas solicitantes cumplen los requisitos de acceso a una vivienda protegida establecidos por el Gobierno autonómico. Una vez agendada la cita, las familias recorren la vivienda acompañadas por personal de Visocan, tanto para conocer sus características, como para confirmar que responde a sus necesidades. Una vez realizado este trámite, se procede a reservar el piso como paso previo a la firma del contrato de alquiler.

Con esta actuación, Visocan avanza en su objetivo de ampliar el parque público de vivienda protegida en régimen de alquiler asequible en las Islas y de contribuir a atender la demanda habitacional existente en la capital tinerfeña.

Para inscribirse en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, los solicitantes deben ser mayores de edad, residir en Canarias y acreditar al menos cuatro años de residencia continuada en la comunidad autónoma. Además, la unidad familiar o de convivencia debe cumplir los límites de ingresos establecidos, no disponer de una vivienda en propiedad o de un derecho de uso sobre ella y no superar el límite patrimonial permitido por la normativa.

Sobre Visocan

Visocan es la empresa pública del Gobierno de Canarias encargada de promover vivienda protegida en el Archipiélago, atendiendo a las necesidades insulares y municipales y contribuyendo a una planificación territorial equilibrada de los asentamientos urbanos de las Islas. Fundada en octubre de 1977, gestiona actualmente un parque de más de 6.200 viviendas y un activo de 373,5 millones de euros orientado a dar respuesta a las necesidades habitacionales de la población canaria. [Visocan / Nuria Díaz González]

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Sí se puede Canarias considera que el Archipiélago tiene ante sí una oportunidad que las administraciones no pueden dejar pasar: movilizar las más de 14.000 viviendas destinadas al alquiler vacacional que, según los datos manejados por la organización, están abocadas a cesar su actividad, para incorporarlas a programas de alquiler asequible destinado a las familias canarias.

La portavoz de Sí se puede Canarias, Vanesa Martín, reclama al Gobierno de Canarias y al conjunto de las administraciones públicas que diseñen con urgencia un programa específico para facilitar la transformación de estos inmuebles en viviendas destinadas al alquiler residencial, con precios adaptados a la capacidad económica de las familias y con garantías suficientes para que sus propietarios encuentren atractivo y seguro este cambio de uso. En este sentido anuncian que llevarán a las instituciones donde tienen representación una moción para pormover medidas concretas a desarrollar, que esperan contribuya a facilitar una respuesta más eficaz a la crisis de vivienda actual.

La formación ecosocialista entiende que esta posibilidad debe abordarse como una política pública de vivienda y no dejarse exclusivamente en manos del mercado. “Tenemos delante miles de viviendas que en base a la ley quedarán fuera del mercado turístico y que podrían convertirse en hogares para quienes hoy no pueden acceder a una vivienda a un precio razonable. Lo que necesitamos es que las administraciones actúen para que esa transición se produzca y que esas viviendas no terminen vacías, a la venta o nuevamente sometidas a dinámicas especulativas”, señala.

Sí se puede recuerda que los datos manejados en los últimos estudios han elevado de forma notable la cifra de viviendas vacacionales que podrían quedar afectadas por los cambios normativos. Hace un año los datos eran que había unas 9.000 viviendas vacacionales que debían cerrar, mientras que las estimaciones más recientes elevan esa cifra por encima de las 14.000.

Una respuesta ante una demanda de vivienda que no deja de crecer

Para Sí se puede, esta propuesta adquiere todavía mayor importancia ante la enorme distancia existente entre la demanda de vivienda asequible y la capacidad actual de las administraciones para ofrecer soluciones.

La organización recuerda que en Canarias hay más de 34.000 personas inscritas como demandantes de vivienda pública y protegida, mientras que el ritmo de incorporación de nuevos hogares al parque público continúa siendo insuficiente. A esta situación se suma la existencia de más de 210.000 viviendas vacías en el Archipiélago, sobre las que, según denuncia la formación, apenas se ha intervenido.

El contraste resulta especialmente preocupante para Sí se puede cuando se observa el número de viviendas que efectivamente se han conseguido movilizar. El borrador de la formación señala que el año pasado solo se pusieron en uso ocho inmuebles, una cifra que considera “una señal clara de fracaso” ante la dimensión de la emergencia habitacional.

“Canarias no tiene un problema muy grave con la vivienda, con falta de voluntad institucional y escasas políticas públicas que pongan el foco no en el negocio, sino en el derecho a mantener su función residencial y social”, afirma Vanesa Martín.

La portavoz considera que el objetivo debe ser poner todos los recursos disponibles al servicio de las familias que necesitan una vivienda, combinando la construcción de nuevos hogares con la movilización de los ya existentes.

Incentivos y garantías para los propietarios

Sí se puede propone que el Gobierno de Canarias, a través de Visocan y de las entidades públicas de vivienda de ámbito insular y municipal, impulse un programa específico de captación de estas viviendas.

La propuesta pasa por ofrecer a los propietarios un complemento económico o incentivo que haga viable la incorporación de sus inmuebles al alquiler asequible, acompañado de garantías públicas que reduzcan los riesgos asociados al alquiler residencial. Entre estas garantías, la formación plantea mecanismos que aporten seguridad respecto al cobro de las rentas, el mantenimiento y conservación de los inmuebles y el cumplimiento de las condiciones pactadas.

El objetivo sería establecer contratos que permitan adaptar el alquiler a la renta de las familias destinatarias, al tiempo que se ofrece al propietario un marco estable y previsible.

“Si una persona tiene una vivienda y la Administración le ofrece un contrato estable, garantías sobre los ingresos, seguridad en la conservación del inmueble y una rentabilidad razonable, estamos creando las condiciones para que esa vivienda pueda cumplir una función social”, explica.

La organización considera que este modelo permitiría actuar con mayor rapidez que mediante la construcción exclusiva de vivienda nueva. En este sentido, recuerda la experiencia de los programas de compra de promociones inacabadas, que considera más ágiles y sostenibles para aumentar el parque público.

“No tiene sentido crear vivienda a costa de destruir locales y actividad económica”

Sí se puede contrapone esta propuesta a la apuesta del Gobierno de Canarias por facilitar la conversión de locales comerciales en viviendas. La formación considera que esta medida puede generar efectos indeseados tanto sobre el mercado de la vivienda como sobre el pequeño comercio, especialmente si no se acompaña de una estrategia global de vivienda y de protección de la actividad económica de proximidad.

“Nos parece mucho más razonable recuperar viviendas que ya existen para destinarlas al alquiler asequible que promover una transformación de locales comerciales que puede acabar expulsando actividad económica de nuestros barrios”, señala Vanesa Martín.

La portavoz advierte de que la utilización de locales como viviendas puede incrementar la presión sobre los alquileres que soportan las pequeñas y medianas empresas y contribuir al cierre de establecimientos.

“No podemos solucionar un problema creando otro. Si para generar vivienda residencial provocamos que los comercios tengan que asumir alquileres todavía más altos o directamente no puedan continuar con su actividad, estaremos debilitando nuestros barrios y nuestras ciudades”, afirma.

La formación reclama, por tanto, que cualquier política de vivienda tenga en cuenta también sus efectos sobre el comercio de proximidad, la actividad económica y la configuración urbana.

Evitar que las viviendas queden en un limbo

Sí se puede considera especialmente urgente que las administraciones definan el marco de actuación antes de que las viviendas afectadas por el cese queden en un limbo. La portavoz advierte de tres escenarios que deben evitarse: que estos inmuebles permanezcan cerrados y fuera del mercado residencial, que sean vendidos y terminen sometidos nuevamente a dinámicas especulativas o que se incorporen al mercado de alquiler a precios completamente inasumibles para las familias canarias.

“Lo último que podemos permitir es que dentro de unos meses descubramos que miles de viviendas han dejado de ser vacacionales pero tampoco se han convertido en viviendas para la población residente. Si no existe una política pública que acompañe ese proceso, corremos el riesgo de perder una oportunidad histórica”, subraya.

La propia Administración autonómica ya dispone de procedimientos específicos para comunicar el cese de la actividad de una vivienda vacacional y darla de baja del Registro General Turístico, lo que evidencia, a juicio de Sí se puede, la necesidad de acompañar el proceso administrativo con una verdadera estrategia de incorporación al alquiler residencial.

Una oportunidad que Canarias no puede dejar escapar

Para Sí se puede, la prioridad debe ser que el conjunto de las políticas de vivienda se oriente a garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible y no exclusivamente a incrementar la oferta disponible sin atender a quién puede acceder a ella.

La formación reclama al Gobierno de Canarias que convoque a los cabildos, ayuntamientos, entidades públicas de vivienda y representantes de los propietarios para diseñar un programa canario de movilización de viviendas vacacionales hacia el alquiler asequible, dotado de financiación suficiente y con objetivos cuantificables.

“Todavía estamos a tiempo de convertir un proceso que podría generar incertidumbre en una oportunidad para ampliar el parque de vivienda asequible. Pero para ello hacen falta fondos, seguridad jurídica, coordinación entre administraciones y voluntad política. Lo que no podemos hacer es mirar hacia otro lado y dejar que esas viviendas terminen cerradas, vendidas o en un mercado de alquiler absolutamente disparado”, concluye. [Sí se puede]

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