Canarias, 26 de septiembre de 2026.
Sí se puede ha expresado su rechazo a la decisión de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan), de adjudicar a la empresa Factoría, Gestión y Consultoría, S.L. el servicio para la implantación, puesta en marcha y gestión operativa de la Bolsa de Vivienda en Alquiler Asequible de Canarias, por un importe de 970.000 euros, IGIC incluido, durante los 24 meses previstos inicialmente en el contrato.
Para la formación ecosocialista, esta decisión supone un paso más hacia la externalización de funciones que deberían estar bajo control directo de las administraciones públicas y plantea serias dudas sobre el modelo de política de vivienda que están impulsando CC y PP desde el Gobierno de Canarias.
El contrato contempla actuaciones como el estudio y diagnóstico de la vivienda vacía en Canarias, la creación de un observatorio específico, la captación de viviendas y la intermediación entre las personas propietarias y quienes buscan acceder a una vivienda en alquiler asequible. Se trata, según Sí se puede, de funciones directamente relacionadas con la planificación y gestión de una política pública de vivienda y que, por tanto, deberían contar con una dirección y supervisión públicas efectivas.
La portavoz de Sí se puede, Vanesa Martín, considera que “resulta difícil entender que, mientras el Gobierno de Canarias sostiene que necesita reforzar sus instrumentos para garantizar el acceso a la vivienda, opte al mismo tiempo por entregar a una empresa privada la gestión de uno de esos instrumentos”.
“Estamos hablando de una política pública que afecta directamente a un derecho básico y que se pretende gestionar bajo una lógica empresarial. La pregunta que tenemos que hacernos es qué objetivo se persigue: garantizar alquileres realmente asequibles para las familias o convertir la intermediación y la movilización de vivienda en un nuevo ámbito de negocio privado financiado con dinero público”, señala.
El valor estimado del contrato asciende a 1.869.158,88 euros si se contemplan el periodo inicial y las dos posibles prórrogas previstas. Para Sí se puede, esta cantidad obliga a debatir no solo sobre el coste económico de la externalización, sino también sobre la capacidad del propio sector público canario para asumir directamente estas funciones y desarrollar estructuras permanentes de gestión de vivienda.
“Si existe una empresa pública como Visocan, y existen recursos económicos y personal técnico en el ámbito de la Administración, lo que deberíamos estar haciendo es reforzar esas capacidades públicas, no vaciarlas progresivamente para trasladar funciones estratégicas a empresas privadas”, sostiene la portavoz.
Una emergencia habitacional que exige medidas estructurales
Sí se puede considera que la decisión debe analizarse en el contexto de la grave crisis de acceso a la vivienda que atraviesa Canarias. La formación advierte de que el problema no se resuelve únicamente incrementando la oferta disponible, sino que requiere intervenir sobre el mercado, aumentar de manera sostenida el parque público y garantizar que las viviendas financiadas o movilizadas mediante recursos públicos mantengan una función social.
La formación recuerda que en los últimos años el Gobierno de Canarias ha recurrido a diferentes programas destinados a movilizar vivienda y aumentar la oferta de alquiler asequible, pero considera que estas medidas no pueden sustituir una estrategia ambiciosa de ampliación del parque público.
En este sentido, Sí se puede cuestiona también los resultados alcanzados por Visocan en materia de incorporación de nuevas viviendas. Según los datos recogidos en la propia nota de la formación, en los últimos años se han movilizado alrededor de 170 nuevas viviendas, con un coste unitario superior a los 130.000 euros, una cifra que, a juicio de Sí se puede, evidencia las dificultades de la actual política pública para generar vivienda a precios realmente alejados de las dinámicas del mercado.
“Necesitamos dejar de actuar únicamente sobre las consecuencias de la crisis y empezar a intervenir sobre sus causas. Si cada euro público termina generando viviendas que se comportan prácticamente como un activo de mercado, estamos reproduciendo el mismo problema que pretendemos solucionar”, apunta Vanesa Martín.
La portavoz reclama que la vivienda que se incorpore mediante programas públicos tenga condiciones de acceso claras, precios realmente asequibles y garantías de permanencia en el ámbito de la vivienda social y asequible.
Sí se puede reclama utilizar todas las herramientas disponibles
La formación ecosocialista critica igualmente la posición mantenida por el Gobierno de Canarias respecto a la aplicación de las herramientas previstas en la legislación estatal de vivienda, entre ellas la posibilidad de declarar zonas de mercado residencial tensionado.
“Mientras se buscan fórmulas para captar viviendas privadas y ponerlas en alquiler mediante programas gestionados por empresas, el Gobierno sigue resistiéndose a utilizar herramientas que permiten intervenir sobre los mercados donde los precios están expulsando a la población residente”, señala.
Sí se puede considera que Canarias necesita una política integral que combine la promoción directa de vivienda pública, la rehabilitación y recuperación de viviendas vacías, la movilización del parque residencial existente, la regulación y control de los usos turísticos y la aplicación de todas las herramientas legales disponibles para contener la presión sobre los precios del alquiler.
La formación advierte además de que la crisis habitacional no puede desvincularse de la presión inmobiliaria que experimenta el Archipiélago y del incremento de la compra de viviendas como activo de inversión. “Mientras nuestro territorio siga funcionando como un gran mercado para quienes buscan invertir en vivienda y obtener rentabilidad, mientras se facilite la adquisición masiva de inmuebles y mientras la vivienda continúe tratándose fundamentalmente como un bien de mercado, será cada vez más difícil garantizar que la población residente pueda acceder a ella”, afirma.
“La vivienda no puede convertirse en otro negocio financiado con dinero público”
Para Sí se puede, la cuestión de fondo es qué modelo de política de vivienda quiere desarrollar el Gobierno de Canarias. “Nos preocupa que se esté consolidando una lógica en la que la Administración aporta los recursos, asume la responsabilidad y el riesgo de las políticas públicas, mientras determinadas empresas privadas reciben contratos para desarrollar funciones que deberían formar parte de una estructura pública estable”, explica la portavoz.
La formación reclama al Gobierno de Canarias que explique públicamente los criterios que justifican esta adjudicación, los objetivos concretos que se pretenden alcanzar, el número de viviendas que se prevé incorporar al programa y las condiciones de acceso y permanencia que tendrán las personas beneficiarias.
“Queremos saber cuántas viviendas se van a conseguir, a qué precios, durante cuánto tiempo permanecerán dentro del programa y qué mecanismos garantizarán que sigan siendo asequibles. Porque no basta con anunciar que se va a aumentar la oferta: hay que garantizar que esa oferta responda a las necesidades de la población y no termine reforzando un mercado cada vez más inaccesible”, añade.
Sí se puede defiende que los recursos públicos destinados a vivienda deben servir prioritariamente para incrementar el parque público, rehabilitar viviendas, garantizar alquileres asequibles y desarrollar una capacidad de gestión pública permanente, evitando que la respuesta a la emergencia habitacional dependa de soluciones externalizadas y temporales.
“La situación es demasiado grave para seguir improvisando o trasladando responsabilidades. Canarias necesita una política de vivienda que ponga a las personas en el centro y que entienda la vivienda como un derecho, no como una oportunidad de negocio”, concluye Vanesa Martín. [Sí se puede]