Canarias 06/07/26.
La formación considera injustificable que el Cabildo rechace implantar una ecotasa que permitiría reforzar con personal público la prevención durante todo el año.
Vanesa Martín, portavoz de Sí se puede en Canarias, ha mostrado su rechazo a que el Cabildo de Tenerife recurra al Ejército para asumir labores de vigilancia y prevención de incendios forestales que, a juicio de la organización, deberían formar parte de una política pública estable de gestión del monte.
La formación critica que la denominada Operación Centinela Canario, desarrollada en coordinación con las Unidades Forestales del Cabildo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, normalice la presencia de efectivos militares en espacios naturales para cubrir funciones que corresponden a las administraciones públicas.
Para Sí se puede resulta especialmente llamativo que una isla que recibe millones de visitantes cada año y donde el negocio turístico genera miles de millones de euros en beneficios tenga que recurrir al Ejército para proteger su patrimonio natural. En este sentido, Martín sostiene que una ecotasa insular permitiría financiar un equipo público permanente dedicado a la prevención, vigilancia y gestión de los montes de Tenerife durante todo el año.
«Es escandaloso que el Cabildo descarte una ecotasa real mientras afirma que necesita recurrir al Ejército para proteger nuestros montes. Con esos recursos sería perfectamente posible reforzar los servicios públicos encargados de la prevención y la gestión forestal», afirma.
Desde la organización consideran una contradicción que se desplieguen militares, drones y otros medios de carácter militar para desarrollar una tarea que debería estar plenamente integrada en los servicios públicos de protección ambiental.
«No puede normalizarse que sean tropas militares quienes vigilen nuestros espacios naturales. La protección del monte debe recaer en personal civil especializado y suficientemente dotado, no en un modelo que sustituye la inversión pública por la militarización de funciones que corresponden a las administraciones», añade Vanesa Martín.
Según la información difundida por las administraciones, el operativo prevé el despliegue de hasta diez patrullas terrestres, con 32 militares y 14 vehículos recorriendo las zonas forestales y los espacios de mayor riesgo de la isla. Entre sus funciones figuran la vigilancia preventiva, la detección temprana de incendios y la comunicación de posibles actividades sospechosas relacionadas con fuegos intencionados.
Para Sí se puede, estas tareas evidencian precisamente la necesidad de reforzar los servicios públicos forestales de manera permanente. La organización defiende que el personal especializado debería desarrollar durante todo el año labores de vigilancia, prevención, información, control de actividades de riesgo, retirada de materiales combustibles, supervisión de quemas autorizadas y sanción de conductas que incrementan el peligro de incendios.
La formación concluye que sustituir esa planificación pública por dispositivos militares supone debilitar los servicios públicos, trasladar responsabilidades que corresponden a las administraciones y avanzar hacia una preocupante normalización de la presencia del Ejército en ámbitos de la vida civil y en la gestión del territorio. [Sí se puede]