Canarias, 11 de agosto de 2026.
La portavoz de Sí se puede Canarias, Vanesa Martín, exige al alcalde de Santa Cruz de Tenerife que acate la decisión del Gobierno de Canarias de rechazar la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento, del conjunto escultórico conocido como monumento a Franco, situado en la confluencia de la avenida de Anaga y la Rambla de Santa Cruz, y que proceda a cumplir las leyes de memoria democrática retirándolo de la vía pública.
Para la formación ecosocialista, la resolución del Ejecutivo autonómico “deja claro que no existe ninguna cobertura patrimonial que permita convertir este monumento franquista en una excepción frente a las obligaciones que establecen las leyes de memoria”. La portavoz recuerda que el procedimiento de declaración BIC pretendía otorgar la máxima protección patrimonial a una obra cuya propia historia y significado están directamente vinculados a la exaltación del régimen franquista.
Indican que no es la primera vez que el gobierno municipal, liderado por CC, usa todas las alternativas para no cumplir con la Ley de Memoria. Su partido, en un proceso promovido por sus compañeros Pedro Fernández Arcila y Domingo Gartí, logró en septiembre de 2010 que el juzgado de lo contencioso administrativo nº 1 de Santa Cruz dictara sentencia contra el gobierno municipal. Este resultado de una demanda promovida en 2008, obligaba a elaborar un listado de símbolos franquistas a nivel local y la retirada de los incumplimientos, “algo que más de quince años después es evidente que siguen rechazando”.
“No estamos ante una obra cuyo significado pueda borrarse cambiándole el nombre o intentando resignificarla artificialmente. Fue levantada para glorificar a Franco y para conmemorar su partida desde Canarias al frente del golpe militar y de la posterior guerra y dictadura”, señala la portavoz ecosocialista. Las alegaciones presentadas durante el procedimiento ya advertían de que las referencias históricas de su inauguración y de su utilización pública vinculan directamente la obra con la propaganda franquista.
La portavoz de Sí se puede considera especialmente grave la actitud mantenida por el alcalde de Santa Cruz durante este proceso. “Es indigno que un cargo público elegido democráticamente se convierta en el defensor central de un monumento de exaltación franquista y que, además, lo haga coincidiendo con las posiciones de organizaciones vinculadas a la extrema derecha”, afirma.
Vanesa Martín recuerda que la retirada de este tipo de elementos de la vía pública no es una cuestión de gustos ni una decisión que pueda quedar sometida a la voluntad política del alcalde de turno. “Las leyes de memoria democrática obligan a las administraciones a actuar. El Ayuntamiento no puede elegir qué leyes cumple y cuáles no”, sostiene.
En este sentido, las alegaciones presentadas durante el procedimiento ya señalaban que la Ley 52/2007 establece la obligación de adoptar medidas para retirar elementos de exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil y la dictadura, mientras que la legislación canaria de memoria amplía expresamente esa previsión a los monumentos. La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, considera asimismo contrarios a la memoria democrática los elementos situados en la vía pública que supongan exaltación de la sublevación militar, la dictadura o sus dirigentes.
“El alcalde debe dejar de buscar subterfugios para mantener a Franco en el espacio público y empezar a cumplir la ley”, reclama. Considera que Santa Cruz no puede seguir ofreciendo uno de sus espacios más visibles a un monumento concebido para glorificar al dictador ya que “las instituciones democráticas tienen la obligación de reparar la memoria de quienes fueron perseguidos, represaliados, asesinados, encarcelados y exiliados por la dictadura”.
La portavoz recuerda que Canarias no fue ajena a la represión franquista. Miles de personas sufrieron persecución política, pérdida de derechos, daños patrimoniales, prisión, exilio y muerte como consecuencia de la implantación de la dictadura. Mantener en plena vía pública un monumento de estas características supone, a juicio de Sí se puede, “una afrenta a las víctimas y a sus familias y una anomalía democrática que debe terminar”.
Además, rechaza el argumento de que retirar el monumento implique necesariamente destruir la obra escultórica. “Cumplir las leyes de memoria no significa destruir la historia. Significa dejar de utilizar el espacio público para homenajear a quienes protagonizaron la dictadura”, explica.
La portavoz plantea que, si se considera necesario conservar la pieza por su interés histórico o artístico, existen alternativas compatibles con la memoria democrática, como su traslado a un espacio donde pueda ser contextualizada e interpretada como parte de la historia contemporánea, tal y como ya se planteó en las alegaciones al procedimiento BIC. “Lo que debe desaparecer del espacio público no es la memoria de nuestra historia, sino la exaltación de la dictadura”, resume.
Sí se puede reclama, por tanto, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que abandone cualquier intento de mantener el monumento mediante fórmulas jurídicas o cambios de denominación y que active, de acuerdo con las administraciones competentes, el procedimiento necesario para su retirada de la vía pública.
“Este año se cumplen 90 años del golpe militar que acabó con la democracia republicana y dio paso a décadas de represión, asesinatos, persecución y silencio. No podemos conmemorar ese aniversario manteniendo en una de las principales entradas de Santa Cruz de Tenerife un monumento dedicado precisamente a quien encabezó aquella sublevación”, concluye Vanesa Martín.
Sí se puede Canarias considera que ha llegado el momento de cerrar definitivamente esta anomalía democrática y de que Santa Cruz de Tenerife deje de ser utilizada como escaparate de exaltación franquista. [Sí se puede]
