Canarias, 05/08/26.
Vanesa Martín, portavoz de Sí se puede Canarias, ha mostrado su preocupación ante las conclusiones del informe Destrucción a toda costa 2026 de Greenpeace, que advierte de que la subida del nivel del mar, los efectos del cambio climático, la presión urbanística y las actuaciones ilegales ponen en riesgo alrededor de 150 kilómetros del litoral canario, mientras cada año desaparecen cerca de cuatro kilómetros de costa natural como consecuencia de la actividad humana.
La formación considera que el deterioro del litoral canario ha dejado de ser una cuestión exclusivamente ambiental para convertirse en un problema social, económico y democrático. La pérdida de playas, sistemas dunares y espacios naturales costeros compromete la adaptación de Canarias al cambio climático, la conservación de la biodiversidad y el acceso de la población a un patrimonio que es común.
La situación del litoral de las ocho islas ocupa un lugar central en el debate social del Archipiélago. La calidad de las aguas, afectadas por unos vertidos de los que el 72 % carecen de autorización, junto con la persistencia de un modelo urbanístico que continúa ocupando la costa a costa de la biodiversidad, son consecuencias de un modelo de desarrollo cada vez más cuestionado por la ciudadanía.
El informe de Greenpeace identifica la presión urbanística, la subida del nivel del mar, el incremento de los fenómenos meteorológicos extremos y el calentamiento de las aguas como factores que sitúan la costa canaria en un escenario de vulnerabilidad sin precedentes. La organización advierte, además, de que el nivel del Atlántico Norte podría aumentar cerca de un metro antes de finales de siglo, una cifra superior a la media mundial prevista.
Ante esta realidad, Sí se puede reclama que el Gobierno de Canarias impulse un Plan de Choque para la Protección del Litoral, plenamente alineado con el Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa Española considerando los Efectos del Cambio Climático, de manera que las políticas públicas de adaptación y conservación del litoral de las islas respondan a criterios científicos y al interés general, y no a las presiones especulativas que han condicionado durante décadas la ordenación de la costa.
La formación considera que este plan debe servir como base para el desarrollo de la futura normativa autonómica en materia de costas y de cualquier reforma legislativa que afecte al litoral canario, incorporando expresamente el principio de no regresión ambiental, de forma que ninguna modificación normativa pueda traducirse en una disminución de los niveles actuales de protección del dominio público marítimo-terrestre o de los espacios naturales costeros.
Asimismo, defiende que la futura regulación garantice una auténtica gobernanza participativa, conforme a los principios del Convenio de Aarhus, asegurando la participación efectiva de la ciudadanía desde las primeras fases de planificación y no cuando las decisiones ya están tomadas.
Medidas prioritarias propuestas por Sí se puede
* La aprobación de un plan de adaptación del litoral canario frente al cambio climático, coordinado con la estrategia estatal y dotado de financiación suficiente;
* Una moratoria sobre nuevos desarrollos urbanísticos, infraestructuras y actuaciones de alto impacto en primera línea de costa hasta que se evalúe su compatibilidad con los escenarios de subida del nivel del mar y los riesgos derivados del cambio climático;
* La paralización de aquellos proyectos cuya ejecución suponga una pérdida irreversible de biodiversidad o un incremento de la vulnerabilidad del litoral;
* Un calendario vinculante para poner fin a los vertidos al mar mediante inversiones urgentes en saneamiento, depuración y reutilización de aguas, priorizando los municipios con mayores afecciones ambientales;
* La restauración ecológica de playas, sistemas dunares, humedales, acantilados y sebadales degradados, favoreciendo soluciones basadas en la naturaleza frente a nuevas obras de artificialización de la costa;
* La adaptación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística a los escenarios climáticos previstos para las próximas décadas;
* La creación de órganos permanentes de participación en los que estén representados colectivos vecinales, organizaciones ecologistas, universidades, comunidad científica, sectores económicos sostenibles y administraciones públicas, garantizando que las decisiones sobre el litoral respondan al interés general y no a intereses particulares.
Para Sí se puede, la protección del litoral exige abandonar definitivamente un modelo basado en la ocupación intensiva de la costa y sustituirlo por otro que entienda el territorio como un patrimonio colectivo, estratégico para afrontar la emergencia climática y garantizar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.
En este sentido, la organización denuncia que las políticas desarrolladas por el actual Gobierno de Canarias, sustentado por el pacto entre Coalición Canaria y Partido Popular, han seguido una dirección diametralmente opuesta a las recomendaciones científicas y a los objetivos de adaptación climática que promueven tanto la Unión Europea como el Estado.
La formación recuerda que durante la presente legislatura se han reactivado o impulsado proyectos urbanísticos de enorme impacto ambiental que habían sido paralizados o suspendidos durante el mandato anterior, como Cuna del Alma, en Adeje, o el hotel de La Tejita, en Granadilla de Abona, ambos recogidos en el informe de Greenpeace como ejemplos de la creciente artificialización del litoral tinerfeño.
A juicio de Sí se puede, estas actuaciones evidencian una política que continúa priorizando la expansión urbanística y los intereses inmobiliarios sobre la conservación del patrimonio natural y la adaptación al cambio climático. «No es compatible reconocer la gravedad de la crisis climática mientras se siguen autorizando o impulsando proyectos que aumentan la presión sobre una costa cada vez más vulnerable», señala la formación.
La organización considera especialmente preocupante que las decisiones estratégicas sobre el litoral continúen adoptándose sin una participación real de la ciudadanía organizada y de las entidades ambientales, relegando a un segundo plano las aportaciones de quienes llevan años defendiendo el territorio y favoreciendo, en cambio, los intereses de grandes promotores y operadores económicos.
«Canarias necesita una política de costas pensada para el próximo siglo y no para la próxima operación urbanística. Defender nuestro litoral significa proteger la biodiversidad, garantizar el acceso público a la costa, prepararnos para los efectos del cambio climático y situar el interés general por encima de cualquier interés especulativo», concluye Vanesa Martín. [Sí se puede]