La normativa, impulsada por el Área de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, regulará la gestión integral de los documentos municipales durante todo su ciclo de vida
El texto adapta la gestión archivística al contexto de la administración electrónica y al desarrollo del proyecto LPA-Digital, reforzando la transparencia y el acceso telemático a la documentación
Las Palmas de Gran Canaria, 29 de mayo de 2026. El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en su sesión ordinaria del mes de mayo, ha aprobado inicialmente el nuevo Reglamento del Archivo Municipal, una norma promovida por la Concejalía de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas que permitirá establecer un marco regulador para la gestión integral de los documentos municipales, reforzar la transparencia y garantizar el acceso de la ciudadanía al patrimonio documental de la ciudad.
El reglamento responde a las necesidades derivadas de la transformación digital de la administración pública y de la implantación del proyecto LPA-Digital, incorporando medidas para la adecuada gestión, conservación y acceso a los documentos electrónicos generados por el Ayuntamiento.
El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización, Recursos Humanos y Aguas, Francisco Hernández Spínola, ha señalado que “la sociedad de la información y el conocimiento en la que nos encontramos exige una información abierta y accesible sobre la documentación que genera y custodia el Ayuntamiento”, subrayando que este derecho “está reconocido constitucionalmente y también por la legislación sobre patrimonio documental”. Hernández Spínola ha afirmado que “resulta muy oportuno aprobar en este momento este reglamento, que permitirá garantizar los derechos de acceso de la ciudadanía y avanzar hacia un archivo municipal más transparente”, destacando además que la norma “coincide con la implantación del proyecto LPA-Digital, lo que la convierte en un instrumento imprescindible para la modernización de la administración municipal”.
La nueva normativa tiene como objetivo ordenar la gestión documental municipal a lo largo de todo el ciclo de vida de los documentos, desde su creación, tramitación y consulta hasta su conservación o eliminación conforme a criterios técnicos y legales.
El texto se fundamenta en el artículo 105.b de la Constitución Española, que reconoce el derecho de acceso de la ciudadanía a los archivos administrativos, así como en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias y en la normativa estatal y autonómica sobre patrimonio documental. En este sentido, el reglamento concibe el acceso a la información pública y la conservación documental como herramientas esenciales para garantizar una administración más abierta, transparente y eficaz.
La normativa define un sistema de archivo estructurado en dos niveles de gestión. Por un lado, los Archivos de Oficina, encargados de custodiar la documentación tramitada por las distintas unidades administrativas hasta su transferencia. Por otro, el Archivo General, que asumirá la doble función de archivo intermedio e histórico, garantizando la conservación y consulta del patrimonio documental municipal tanto para la propia administración como para la ciudadanía y la comunidad investigadora.
Asimismo, el reglamento crea la Comisión de Valoración Documental, un órgano colegiado encargado de establecer los criterios de valoración, conservación y eliminación de las series documentales. Entre sus funciones figuran la aprobación de calendarios de conservación y tablas de valoración documental, lo que garantiza que ningún documento pueda ser destruido sin un análisis previo de sus valores administrativos, legales o históricos.
El texto también regula el acceso a la documentación municipal, estableciendo que las solicitudes y consultas se realizarán preferentemente de manera telemática a través de la sede electrónica municipal, en línea con la estrategia de modernización digital del Ayuntamiento. Asimismo, contempla mecanismos para facilitar la consulta presencial y la difusión cultural del patrimonio documental mediante publicaciones, exposiciones, visitas guiadas y actividades divulgativas.
Con esta aprobación inicial, el expediente inicia ahora el periodo de información pública y audiencia a las personas interesadas durante un plazo de treinta días, paso previo a su aprobación definitiva por el Pleno municipal. [Ayto. Las Palmas de Gran Canaria]
