En varias provincias españolas agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres venezolanas en Madrid y Tenerife. Las víctimas eran captadas en Venezuela aprovechando su situación de vulnerabilidad y obligadas a saldar deudas impuestas de entre 7.000 y 9.000 euros mediante el ejercicio de la prostitución. Asimismo, la organización mantenía una red de pisos prostíbulos en distintas localidades españolas y trasladaba a las víctimas entre ellos para reforzar su control y maximizar los beneficios obtenidos.
La investigación ha permitido identificar a 14 víctimas y culminar con la detención de 17 integrantes de la organización en las provincias de Madrid (12), Santa Cruz de Tenerife (4) y Toledo (1), de los cuales tres se encuentran en prisión provisional.
La organización trasladaba a las víctimas entre pisos prostíbulos de distintas localidades
La investigación se inició en agosto de 2025 tras la declaración de dos testigos en dependencias policiales que informaron sobre la explotación sexual de mujeres venezolanas en pisos prostíbulo de Tenerife. A medida que avanzaron las pesquisas, los agentes localizaron más víctimas en la isla y en municipios de Madrid, lo que permitió esclarecer la estructura y funcionamiento de la organización.
En la primera fase de la operación, desarrollada en marzo de 2026, fueron liberadas tres víctimas y detenidos tres integrantes de la organización, entre ellos algunos responsables principales. En mayo fueron arrestados otros dos miembros.
Posteriormente, la investigación identificó un entramado criminal asentado en Madrid y Tenerife, compuesto por al menos once miembros y colaboradores que facilitaban viviendas para la explotación sexual. Las víctimas eran trasladadas entre pisos en Madrid, Asturias, Toledo, Guadalajara y Tenerife para mantener control y maximizar beneficios.
Las víctimas eran obligadas a saldar deudas mediante la prostitución
Según la investigación, la organización captaba mujeres venezolanas en situación de vulnerabilidad económica con falsas promesas y facilitaba su llegada a España bajo motivos turísticos aparentes. Una vez en territorio nacional, las víctimas contraían deudas de entre 7.000 y 9.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución.
Al llegar, eran trasladadas a pisos donde comenzaba su explotación sexual. Los investigados controlaban sus cuentas bancarias, gestionaban anuncios en páginas de contactos y administraban los beneficios. Las mujeres debían estar disponibles 24 horas, todos los días, obligadas a ejercer la prostitución incluso durante la menstruación y sin poder rechazar a ningún cliente ni práctica, incluidos servicios sin preservativo. Estaban obligadas a residir en los pisos sin salir solas y eran vigiladas con cámaras.
Los investigados se hacían pasar por integrantes del Tren de Aragua para amenazar
La organización imponía multas arbitrarias, préstamos abusivos y generaba nuevas deudas para prolongar la explotación. Retiraban la documentación personal y amenazaban a víctimas y familiares, identificándose como integrantes del grupo armado Tren de Aragua, amenazas consideradas reales por las víctimas.
El dispositivo policial resultó en la detención de 17 personas y la identificación de 14 víctimas confirmadas y 12 potenciales. Se intervinieron 800 euros en efectivo, cuatro teléfonos móviles, un ordenador portátil y abundante documentación. También se bloquearon 14 activos financieros usados para canalizar beneficios.
Actualmente, tres de los principales responsables permanecen en prisión provisional y continúa la investigación para identificar más colaboradores, especialmente en Venezuela.
Con la trata no hay trato.
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La Policía Nacional dispone de la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y denuncias anónimas y confidenciales de este tipo de delitos, sin que quede reflejada la llamada en la factura telefónica. [Policía Nacional Prensa]