Desde la patronal canaria compartimos que hay que proteger a las familias vulnerables y garantizar que nadie quede sin una alternativa habitacional, pero esa responsabilidad corresponde fundamentalmente a las Administraciones públicas y no puede trasladarse de forma permanente al propietario particular.
El nuevo decreto prolonga hasta 2030 determinadas suspensiones de desahucios y contempla compensaciones a propietarios en determinados supuestos, cuya tramitación corresponde a las comunidades autónomas.
El riesgo es que, si el propietario percibe que pierde capacidad para recuperar su vivienda o que aumenta la incertidumbre sobre la duración efectiva del contrato y el cobro de la renta, una parte de la oferta se retire del alquiler residencial, se desplace hacia otros usos o exija mayores garantías. Eso reduciría precisamente la oferta que necesitamos ampliar.
El problema de la vivienda en Canarias no se resolverá actuando únicamente sobre la demanda o protegiendo al inquilino mediante mayores obligaciones al arrendador. Necesitamos aumentar con rapidez la oferta pública y privada, movilizar suelo, agilizar licencias, rehabilitar vivienda y ofrecer seguridad jurídica tanto al inquilino como al propietario.
Proteger al vulnerable es imprescindible, pero debe financiarse desde las políticas sociales y los presupuestos públicos. Si trasladamos esa función al pequeño propietario podemos conseguir el efecto contrario al perseguido: menos viviendas disponibles, mayor selección de inquilinos y más presión sobre los precios.
La política de vivienda debe conseguir que resulte atractivo poner una vivienda en alquiler, no que el propietario considere más seguro mantenerla fuera del mercado. [Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife – CEOE Tenerife]
