Santa Cruz de Tenerife, 7 jun – La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha estimado el recurso de la Fiscalía y ha elevado de dos a dos años y medio la pena de prisión impuesta a un hombre condenado por estafa y falsificación documental continuada, lo que deja sin efecto la suspensión de su ingreso en prisión al anularse la atenuante de reparación del daño.
El tribunal considera acreditado que el principal acusado estafó a al menos 16 personas mediante la venta de permisos falsificados de conducción y de residencia, por los que llegó a cobrar entre 300 y 3.600 euros.
Diez de los perjudicados reclamaron inicialmente indemnizaciones por un total de 21.000 euros, aunque finalmente solo siete solicitaron durante el juicio la devolución de 9.100 euros.
La Fiscalía sostuvo que, aunque algunos afectados renunciaron a recuperar el dinero, el delito se consumó igualmente, por lo que no procedía aplicar la atenuante de reparación del daño, sino la de dilaciones indebidas, lo que justificaba el aumento de la pena.
En segunda instancia, la Audiencia cifra en casi 13.000 euros el total del dinero estafado, de los que solo se consignaron antes del juicio 3.900 euros, una cantidad que califica de “claramente insuficiente”.
A ello se suma que el principal encausado fue condenado en otras tres ocasiones con posterioridad a estos hechos.
Condenas y penas impuestas
En la sentencia de primera instancia, el Juzgado de lo Penal impuso al segundo acusado una pena de 21 meses de prisión por falsedad documental y una multa de 1.100 euros, con suspensión del ingreso en prisión durante dos años.
En el caso del tercer procesado, la condena fue de diez meses y quince días por estafa, con aplicación de la atenuante de reparación del daño y también con suspensión de la pena.
Modo de operación de la estafa
Los magistrados consideran probado que entre finales de 2016 y 2019 el principal acusado se presentó ante numerosas personas simulando tener contactos en la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife, autoescuelas y oficinas de Extranjería.
De este modo ofrecía tramitar permisos temporales de conducción de 90 días y autorizaciones de residencia por arraigo familiar.
Para la elaboración de los documentos falsos contaba con la colaboración del segundo procesado, quien los confeccionaba en su domicilio y concertaba citas en las páginas oficiales de Tráfico y Extranjería para dar apariencia de legalidad al proceso.
Posteriormente advertían a las víctimas de que no acudieran a estos organismos y ofrecían excusas cuando los documentos oficiales no llegaban, atribuyendo los retrasos a personas ficticias.
Roles y evidencias
El tribunal subraya que el acusado nunca estuvo dado de alta en Tráfico ni en Extranjería ni en empresas colaboradoras, y que dirigía la captación de clientes y el cobro de las cantidades, mientras el otro encausado elaboraba los documentos falsificados sobre plantillas facilitadas.
El tercer procesado convenció a una decena de personas, de las que recibió entre 1.500 y 2.000 euros cada una, quedándose con una comisión.
Tras la denuncia, devolvió 3.600 euros a uno de los estafados y parte del dinero a otros.
Los investigadores no han podido determinar el número exacto de víctimas, aunque constataron que se entregaban fotocopias en color sin medidas de seguridad, con errores tipográficos y sin sellos ni códigos de verificación.
En los teléfonos móviles de los acusados se hallaron numerosos documentos falsificados y, en registros practicados en viviendas de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, se intervinieron permisos falsos a nombre de unas 80 personas. [EFE]