El XVI Congreso Canario de Derecho Urbanístico ha iniciado este miércoles su programa en el Auditorio de La Peña, en El Hierro, con un debate sobre los principales desafíos del urbanismo actual y la necesidad de adaptar sus herramientas jurídicas y administrativas a las nuevas demandas sociales. Bajo el lema ‘La esencia del Urbanismo’, el encuentro reúne hasta el viernes a especialistas en Derecho Administrativo, magistrados, urbanistas, arquitectos y responsables públicos.
El acto inaugural contó con Ana González, Vicepresidenta y Consejera de Infraestructuras, Carreteras y Ordenación del Territorio del Cabildo de El Hierro, y Mercedes Contreras, Presidenta de Adacur.
Ana González celebró que El Hierro se convierta en el punto de encuentro de un congreso “en el que se analiza y se debate sobre el presente y futuro del territorio canario. El Hierro tiene mucho que aportar a esta cuestión, con desafíos y oportunidades propias. Para afrontar todo lo que supone las exigencias del rigor del desarrollo urbanístico necesitamos el conocimiento y para ello este tipo de congresos son muy importantes”.
Por su parte, Mercedes Contreras señaló en su intervención que “hoy en día el ciudadano no encuentra soluciones para muchos de los problemas básicos que se dan en los procedimientos relacionados con el urbanismo; hay que garantizar una seguridad básica sobre la que trabajar para que se pueda garantizar la calidad de vida de los seres humanos”, avanzando así la esencia sobre la que versará la edición del congreso de 2026.
La primera conferencia corrió a cargo de Luciano Parejo Alfonso, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid, quien analizó el papel de la clasificación del suelo en el siglo XXI y su controvertido papel dentro del sistema urbanístico español, considerando las diferencias con otros modelos regulatorios europeos.
Parejo analizó cómo la tradicional división del suelo en tres categorías —urbano, urbanizable y no urbanizable o rural— ha vinculado históricamente el destino de los terrenos con la intensidad de los usos permitidos, atendiendo a su aptitud territorial y a la oportunidad funcional de su transformación. Este esquema ha servido como referencia para definir el estatuto jurídico de la propiedad del suelo en relación con su función social.
Sin embargo, el jurista explicó que la clasificación tenía, en su origen, un carácter fundamentalmente declarativo dentro del marco de la legislación básica estatal. Su finalidad era establecer unas condiciones mínimas comunes, mientras que correspondía a la calificación urbanística determinar los usos concretos de cada ámbito de suelo. Esta distinción resulta relevante para comprender el debate actual sobre el alcance de ambas figuras y su influencia en la ordenación territorial.
Según expuso, las limitaciones competenciales de la legislación estatal y la interpretación que algunas normativas autonómicas hicieron de la clasificación contribuyeron a desdibujar ese carácter declarativo. Como consecuencia, las expectativas de desarrollo urbanístico llegaron a adelantarse en terrenos todavía no transformados, mientras que la intervención sobre suelos ya transformados o consolidados quedaba sometida a mayores rigideces.
Un punto de inflexión se produjo en 2007, cuando la legislación estatal desvinculó las situaciones básicas del suelo de las actuaciones de transformación urbanística. No obstante, la normativa autonómica, salvo excepciones, ha mantenido la clasificación tripartita como mecanismo principal para configurar el estatuto jurídico de la propiedad. Para Parejo, esta continuidad complica la función del planeamiento urbanístico, al exigirle asumir simultáneamente la ordenación de los usos y la definición del régimen jurídico de la propiedad.
La reflexión abre así un debate sobre la necesidad de revisar el encaje entre la legislación estatal y la autonómica y sobre el papel que deben desempeñar la clasificación y la calificación en un sistema urbanístico capaz de ofrecer mayor claridad y seguridad jurídica.
El congreso continuará hasta el viernes 23 de octubre con sesiones dedicadas, entre otras materias, al suelo urbano y rústico, el acceso a la vivienda, los usos turísticos, las energías renovables, la jurisprudencia y las novedades normativas. La celebración de esta edición en El Hierro supone, además, la primera vez que la isla acoge este encuentro especializado en Derecho Urbanístico. [Erick Canino Magdalena]
