La ampliación de la suspensión de los desahucios hasta 2030, la protección frente a determinados grandes tenedores y la obligación de las administraciones de intervenir para evitar que las familias vulnerables se queden en la calle son avances que celebramos, aunque siguen siendo insuficientes para garantizar el derecho a la vivienda.
Destacamos cuatro medidas:
1. La ampliación de la suspensión de los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030.
2. La posibilidad de suspender un lanzamiento incluso cuando ya existe una resolución judicial.
Es un avance importante que la protección pueda hacerse efectiva mientras el lanzamiento no se haya ejecutado.
3. La incorporación de la enervación con intervención de la Administración.
Esta es una de las novedades que queremos destacar especialmente. La Administración dispone de dos meses para proporcionar una alternativa habitacional o hacerse cargo de la deuda y las costas. Si no cumple, queda subrogada en las obligaciones correspondientes, manteniéndose vigente el contrato y asumiendo el pago al propietario. Que se introduzca un mecanismo que obliga a las instituciones a intervenir y asumir responsabilidades, en lugar de dejar toda la carga sobre las familias, es un gran avance.
4. La previsión de una suspensión de hasta tres años con compensación económica al propietario cuando no proceda la enervación.
Estos avances pueden evitar que muchas familias pierdan su hogar y suponen un reconocimiento de que las administraciones públicas no pueden permanecer al margen de los procedimientos de desahucio cuando hay personas vulnerables afectadas.
Sin embargo advertimos de que estas medidas siguen teniendo limitaciones porque no constituyen una paralización general de los desahucios, dependen del cumplimiento de determinados requisitos y no resuelven el problema estructural de la falta de vivienda pública, social y asequible.
También nos preocupa especialmente su continuidad ante el escenario político del próximo 29 de noviembre, porque un cambio de Gobierno no elimina automáticamente una norma vigente, pero una nueva mayoría parlamentaria podría modificarla o derogarla. Por eso, no podemos considerar que una protección temporal hasta 2030 equivalga a una garantía permanente del derecho a la vivienda.
Nuestra posición será la misma con independencia de quién gobierne, defenderemos cada avance que proteja a las familias y nos movilizaremos frente a cualquier retroceso.
No se puede vivir dignamente si se está pendiente de una prórroga, de un decreto o de unas elecciones para saber si podrán conservar su hogar. Queremos que el derecho a la vivienda esté garantizado de forma permanente.
Movimiento Vecinal Derecho al Techo [derechoaltecho]