Canarias, 28 de agosto de 2026.
Sí se puede advierte de que Canarias continúa profundizando en un modelo de movilidad basado en el vehículo privado, pese a las evidencias de saturación de las carreteras, contaminación, ruido y efectos sobre la salud de la población. Para la portavoz de la organización en Canarias, Vanesa Martín, el crecimiento del parque móvil constituye “una señal inequívoca de que las políticas de movilidad sostenible están fracasando”.
Los datos muestran que el parque móvil del Archipiélago creció un 2,7% durante 2025, con 53.515 vehículos más en un solo año, hasta situarse en torno a los dos millones de vehículos. El crecimiento de los coches fue especialmente significativo: se incorporaron 36.873 automóviles, un 2,9% más que el año anterior, rozando ya los dos millones de vehículos.
“No podemos considerar normal que cada año haya decenas de miles de vehículos más en unas islas que ya soportan carreteras saturadas y problemas crecientes de congestión”, señalan. A su juicio, estas cifras no son únicamente un problema de tráfico, sino también el resultado de un modelo que traslada a los hogares una parte cada vez mayor del coste de garantizar sus desplazamientos.
“La transición hacia una movilidad más limpia no puede convertirse en una obligación para las familias de comprar un coche nuevo. No todo el mundo puede asumir ese gasto y, además, sería contradictorio pretender resolver la dependencia del automóvil haciendo que la ciudadanía tenga que adquirir otro automóvil”, apunta.
Zonas de Bajas Emisiones: dos años de retraso y ninguna plenamente implantada
Sí se puede considera igualmente grave el incumplimiento de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), una de las herramientas previstas para reducir el tráfico contaminante en los núcleos urbanos. El documento recuerda que diez municipios canarios estaban obligados a implantar estas zonas y que, dos años después de que expirara el plazo establecido, ninguno había culminado su puesta en funcionamiento. La auditoría de la Audiencia de Cuentas de Canarias constató que los proyectos avanzaban a ritmos diferentes, pero que todos incumplían el calendario previsto por la normativa estatal.
“Resulta difícil hablar de una verdadera política de movilidad sostenible mientras las administraciones siguen sin ejecutar herramientas que llevan años siendo obligatorias”, denuncia.
La situación es especialmente reveladora porque algunos municipios ya habían aprobado sus proyectos de ZBE durante el periodo analizado, pero todavía tenían pendientes trámites esenciales, como la aprobación de las ordenanzas necesarias para hacerlas efectivas.
Para Sí se puede, la cuestión no puede abordarse únicamente desde la perspectiva de las restricciones al automóvil. “Las Zonas de Bajas Emisiones tienen que formar parte de una estrategia mucho más amplia: si queremos que la ciudadanía reduzca el uso del coche, primero hay que garantizar alternativas cómodas, frecuentes, accesibles y asequibles”, sostiene la portavoz.
La salud no puede seguir siendo la última prioridad
Alerta además de que detrás de las cifras de tráfico existe un problema de salud pública. El aumento continuado del número de vehículos implica más congestión, ruido y contaminación, mientras que la ausencia de medidas eficaces prolonga la exposición de la población a estos impactos. Vanesa Martín advierte de la evidencia de que “este modelo de movilidad con mayores problemas de contaminación y salud, algo que puede empeorar significativamente en caso de que se incrementen las políticas liberares y negacionistas, acabando con avances como la gratuidad del transporte público o reduciendo el gasto en el impulso de la guagua”.
“Estamos hablando de salud, no solamente de atascos. Cuando las administraciones toleran que aumente de forma continuada el número de vehículos y, al mismo tiempo, retrasan las medidas para reducir la contaminación, están dejando en segundo plano la salud de las personas”, afirma.
La organización ecosocialista también llama la atención sobre la presión que el aumento de vehículos ejerce sobre los espacios naturales de las Islas, donde la llegada masiva de automóviles está generando impactos cada vez mayores tanto para el entorno como para quienes viven y utilizan esos territorios.
Una alternativa: que moverse sin coche sea realmente posible
Frente a esta situación, Sí se puede reclama un cambio de prioridades en las políticas públicas: el objetivo no debe ser conseguir que todas las familias puedan comprar un coche menos contaminante, sino conseguir que cada vez menos familias necesiten un coche para poder desarrollar su vida cotidiana.
Para la formación ecosocialista, esto exige reforzar de manera decidida el transporte público, mejorar las conexiones y frecuencias, favorecer los desplazamientos a pie y en bicicleta y desarrollar las Zonas de Bajas Emisiones dentro de planes de movilidad que ofrezcan alternativas reales antes de aplicar restricciones.
“El debate no puede plantearse como coche viejo frente a coche nuevo. La verdadera alternativa es coche obligatorio frente a derecho a moverse sin coche”, resume.
Sí se puede considera que la gratuidad del transporte público implantada en Canarias desde 2023 y el refuerzo de líneas y frecuencias son pasos positivos, pero los datos del parque móvil demuestran que no han sido suficientes para reducir la dependencia del automóvil.
“Tenemos que preguntarnos por qué, pese a estas medidas, seguimos incorporando vehículos a un ritmo tan elevado. La respuesta pasa por mejorar el transporte público y hacerlo competitivo en tiempo, frecuencia y comodidad, pero también por planificar nuestros pueblo y ciudades pensando en las personas y no en el tráfico”, concluye Vanesa Martín.
Para la portavoz de Sí se puede, Canarias necesita una política de movilidad que reduzca la dependencia del vehículo privado, proteja la salud, alivie la congestión y no convierta la transición ecológica en una nueva carga económica para las familias. [Sí se puede]