Sí se puede llevará a los ayuntamientos donde cuenta con representación una moción para impulsar una Ley de Memoria de la Identidad Canaria, con el objetivo de abrir desde el ámbito municipal un debate que permita avanzar hacia una política común para el conjunto de Canarias en materia de memoria, patrimonio, identidad y reconocimiento de la historia del Archipiélago.

La portavoz de Sí se puede en Canarias, Vanesa Martín, señala que “Canarias necesita abordar su historia desde una mirada propia, crítica y plural, que permita reconocer las diferentes experiencias que han contribuido a conformar nuestra sociedad y que dé a nuestra identidad el valor que merece”.

La iniciativa parte de la consideración de que la identidad canaria es el resultado de un proceso histórico complejo, marcado por la realidad geográfica del Archipiélago, la pervivencia de elementos de las poblaciones indígenas, la conquista y la colonización, así como por las posteriores aportaciones africanas, europeas y americanas. La moción plantea que reconocer esta realidad no significa negar la pluralidad de la sociedad canaria actual, sino “comprenderla desde una memoria colectiva capaz de incorporar todas las voces que han contribuido a conformar la identidad canaria”.

“No queremos borrar la historia, queremos democratizarla”, afirma Martín. “Necesitamos mirar nuestro pasado de frente, incorporar las voces que durante mucho tiempo han quedado relegadas y dejar atrás una visión de la historia de Canarias que presente la conquista y la colonización únicamente desde la perspectiva de quienes ejercieron el poder”.

La propuesta que Sí se puede trasladará a los municipios plantea instar al Gobierno de Canarias a abordar un debate legislativo que permita desarrollar una Ley de Memoria de la Identidad Canaria, así como elaborar un catálogo de elementos artísticos, monumentales y denominaciones de calles y espacios públicos que exalten la memoria de la colonización violenta del Archipiélago. “Nombres cuestionados, como el de Juan Rejón, que ya en 2015 los propios vecinos de Las Palmas plantearon su eliminación del callejero, o los espacios dedicados al Adelantado Alonso Fernández de Lugo, Jean de Bethencourt o Pedro de Vera, deben ser retirados y los espacios alusivos a su papel explicados”, afirma.

La moción incorpora también medidas para proteger los símbolos identitarios de Canarias frente a usos comerciales no autorizados, reforzar la colaboración de las administraciones con las universidades públicas y el sector cultural, recuperar elementos patrimoniales y arqueológicos expoliados, mejorar el tratamiento de los restos humanos conservados en los museos y recuperar y divulgar los topónimos históricos indígenas de los municipios canarios.

Para Vanesa Martín, “la defensa de nuestra identidad no puede limitarse al folclore ni a determinadas celebraciones. Estamos hablando de patrimonio, de memoria, de educación, de cultura y también de quién tiene derecho a contar nuestra propia historia”.

En este sentido, Sí se puede considera que los ayuntamientos tienen un papel fundamental. “Queremos que este debate empiece desde abajo, desde los municipios, porque son las instituciones que están más cerca de la ciudadanía y de nuestro patrimonio cotidiano. Presentar esta moción allí donde tenemos representación es una forma de sumar voces y construir una demanda política de país”, explica la portavoz.

La iniciativa plantea además que aquellos elementos que eventualmente sean retirados del espacio público puedan incorporarse a espacios museísticos o exposiciones que expliquen su contexto histórico, evitando que la revisión de símbolos se convierta en un ejercicio de ocultación del pasado. “La memoria no consiste en esconder aquello que ocurrió, sino en explicarlo, contextualizarlo y reconocer también a quienes sufrieron violencia, esclavización y dominación”, sostiene la portavoz ecosocialista.

Sí se puede recupera asimismo como precedente el debate abierto en 2022 en el Parlamento de Canarias en torno a los cuadros de Manuel González Méndez, una iniciativa impulsada, entre otros, por su compañero Francisco Déniz, que planteó cuestionar la representación de determinados episodios de la conquista en la sede de la Cámara autonómica. La propia moción considera aquella iniciativa como un precedente de una política más amplia de “memoria, reparación y descolonización simbólica”.

La portavoz de Sí se puede defiende que “Canarias tiene derecho a reconocerse desde sí misma” y apuesta por que este proceso se haga “desde el rigor, el conocimiento científico y el respeto a nuestra diversidad, sin romanticismos ni exotismos, pero también sin ocultar las consecuencias de los procesos históricos que han configurado nuestra sociedad”.

La organización considera que esta iniciativa municipal debe servir como punto de partida para reclamar al Gobierno de Canarias una estrategia integral de memoria e identidad, que permita proteger el patrimonio material e inmaterial, recuperar la toponimia histórica, fomentar la producción cultural propia y garantizar que los contenidos sobre Canarias tengan una presencia adecuada en el ámbito educativo. La moción plantea expresamente una integración educativa de los contenidos canarios desde una perspectiva rigurosa y libre de eurocentrismo.

“Queremos que este debate llegue a todos los rincones de Canarias y que las instituciones municipales sean parte activa de ese proceso. Desde Sí se puede vamos a trabajar para que la memoria y la identidad canaria dejen de ser una cuestión secundaria y pasen a formar parte de las políticas públicas de nuestro Archipiélago”, concluye Vanesa Martín. [Sí se puede]

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La portavoz de Sí se puede Canarias, Vanesa Martín, exige al alcalde de Santa Cruz de Tenerife que acate la decisión del Gobierno de Canarias de rechazar la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento, del conjunto escultórico conocido como monumento a Franco, situado en la confluencia de la avenida de Anaga y la Rambla de Santa Cruz, y que proceda a cumplir las leyes de memoria democrática retirándolo de la vía pública.

Para la formación ecosocialista, la resolución del Ejecutivo autonómico “deja claro que no existe ninguna cobertura patrimonial que permita convertir este monumento franquista en una excepción frente a las obligaciones que establecen las leyes de memoria”. La portavoz recuerda que el procedimiento de declaración BIC pretendía otorgar la máxima protección patrimonial a una obra cuya propia historia y significado están directamente vinculados a la exaltación del régimen franquista.

Indican que no es la primera vez que el gobierno municipal, liderado por CC, usa todas las alternativas para no cumplir con la Ley de Memoria. Su partido, en un proceso promovido por sus compañeros Pedro Fernández Arcila y Domingo Gartí, logró en septiembre de 2010 que el juzgado de lo contencioso administrativo nº 1 de Santa Cruz dictara sentencia contra el gobierno municipal. Este resultado de una demanda promovida en 2008, obligaba a elaborar un listado de símbolos franquistas a nivel local y la retirada de los incumplimientos, “algo que más de quince años después es evidente que siguen rechazando”.

“No estamos ante una obra cuyo significado pueda borrarse cambiándole el nombre o intentando resignificarla artificialmente. Fue levantada para glorificar a Franco y para conmemorar su partida desde Canarias al frente del golpe militar y de la posterior guerra y dictadura”, señala la portavoz ecosocialista. Las alegaciones presentadas durante el procedimiento ya advertían de que las referencias históricas de su inauguración y de su utilización pública vinculan directamente la obra con la propaganda franquista.

La portavoz de Sí se puede considera especialmente grave la actitud mantenida por el alcalde de Santa Cruz durante este proceso. “Es indigno que un cargo público elegido democráticamente se convierta en el defensor central de un monumento de exaltación franquista y que, además, lo haga coincidiendo con las posiciones de organizaciones vinculadas a la extrema derecha”, afirma.

Vanesa Martín recuerda que la retirada de este tipo de elementos de la vía pública no es una cuestión de gustos ni una decisión que pueda quedar sometida a la voluntad política del alcalde de turno. “Las leyes de memoria democrática obligan a las administraciones a actuar. El Ayuntamiento no puede elegir qué leyes cumple y cuáles no”, sostiene.

En este sentido, las alegaciones presentadas durante el procedimiento ya señalaban que la Ley 52/2007 establece la obligación de adoptar medidas para retirar elementos de exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil y la dictadura, mientras que la legislación canaria de memoria amplía expresamente esa previsión a los monumentos. La Ley 20/2022, de Memoria Democrática, considera asimismo contrarios a la memoria democrática los elementos situados en la vía pública que supongan exaltación de la sublevación militar, la dictadura o sus dirigentes.

“El alcalde debe dejar de buscar subterfugios para mantener a Franco en el espacio público y empezar a cumplir la ley”, reclama. Considera que Santa Cruz no puede seguir ofreciendo uno de sus espacios más visibles a un monumento concebido para glorificar al dictador ya que “las instituciones democráticas tienen la obligación de reparar la memoria de quienes fueron perseguidos, represaliados, asesinados, encarcelados y exiliados por la dictadura”.

La portavoz recuerda que Canarias no fue ajena a la represión franquista. Miles de personas sufrieron persecución política, pérdida de derechos, daños patrimoniales, prisión, exilio y muerte como consecuencia de la implantación de la dictadura. Mantener en plena vía pública un monumento de estas características supone, a juicio de Sí se puede, “una afrenta a las víctimas y a sus familias y una anomalía democrática que debe terminar”.

Además, rechaza el argumento de que retirar el monumento implique necesariamente destruir la obra escultórica. “Cumplir las leyes de memoria no significa destruir la historia. Significa dejar de utilizar el espacio público para homenajear a quienes protagonizaron la dictadura”, explica.

La portavoz plantea que, si se considera necesario conservar la pieza por su interés histórico o artístico, existen alternativas compatibles con la memoria democrática, como su traslado a un espacio donde pueda ser contextualizada e interpretada como parte de la historia contemporánea, tal y como ya se planteó en las alegaciones al procedimiento BIC. “Lo que debe desaparecer del espacio público no es la memoria de nuestra historia, sino la exaltación de la dictadura”, resume.

Sí se puede reclama, por tanto, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que abandone cualquier intento de mantener el monumento mediante fórmulas jurídicas o cambios de denominación y que active, de acuerdo con las administraciones competentes, el procedimiento necesario para su retirada de la vía pública.

“Este año se cumplen 90 años del golpe militar que acabó con la democracia republicana y dio paso a décadas de represión, asesinatos, persecución y silencio. No podemos conmemorar ese aniversario manteniendo en una de las principales entradas de Santa Cruz de Tenerife un monumento dedicado precisamente a quien encabezó aquella sublevación”, concluye Vanesa Martín.

Sí se puede Canarias considera que ha llegado el momento de cerrar definitivamente esta anomalía democrática y de que Santa Cruz de Tenerife deje de ser utilizada como escaparate de exaltación franquista. [Sí se puede]

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Su muerte no fue un hecho aislado. Fue el comienzo de una larga noche de violencia, persecución y miedo que marcó la historia de Tenerife y de todo el Estado español. Tras él llegaron las detenciones arbitrarias, los encarcelamientos, las desapariciones forzadas, los consejos de guerra sin garantías, las ejecuciones y el sufrimiento de miles de personas cuyo único delito fue defender la democracia, participar en organizaciones sociales, sindicales, culturales o políticas, o simplemente pensar de manera diferente. Desde la madrugada del 18 de julio muchos hogares fueron violentados y personas detenidas por el simple hecho de formar parte de organizaciones políticas, sindicales o por su labor intelectual.

Recordar a Francisco Muñoz Serrano es recordar a todas ellas. Agradecemos la presencia de familiares de este cordobés, llegado a la isla para formar parte de las fuerzas de seguridad de la época, que junto a sus compañeras trató de liberar al Gobernador Civil y su equipo, ilegalmente retenido por los golpistas.

Porque cada nombre recuperado representa una vida truncada, una familia rota y una historia que durante demasiado tiempo permaneció silenciada. La memoria democrática comienza precisamente ahí: devolviendo nombres, rostros y dignidad a quienes fueron condenados también al olvido.

Este no es un acto de celebración. Es un acto de memoria y homenaje a las víctimas que creemos necesario.

Hemos dado traslado e invitado a todas las instituciones implicadas, por desgracia, el nivel de respuesta ha sido escaso. Nos preocupa que cargos públicos elegidos democráticamente entiendan que la Ley de Memoria y el recuerdo de las víctimas de la dictadura no tengan importancia.

Nos reunimos para afirmar que ninguna democracia puede construirse sobre el silencio de las víctimas. Que conocer nuestra historia no divide a la sociedad, sino que la fortalece. Que la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición no son consignas, sino principios democráticos reconocidos internacionalmente y una responsabilidad que compartimos como ciudadanía.

Durante décadas, el 18 de julio fue presentado como una fecha de exaltación de la dictadura. Hoy queremos resignificarla. Queremos que este día sirva para recordar a quienes perdieron la vida defendiendo la legalidad democrática y a quienes padecieron la represión franquista. Queremos que sea una jornada dedicada a las víctimas, a sus familias y a quienes nunca dejaron de reclamar verdad y dignidad.

La memoria no busca reabrir heridas; busca impedir que el olvido las haga desaparecer sin haber sido reconocidas. No pretende alimentar el enfrentamiento, sino fortalecer una convivencia basada en el respeto a los derechos humanos, en el rechazo de toda forma de violencia política y en el claro compromiso con los valores democráticos.

Las heridas que se mantienen abiertas son las que provocan los que buscan mantener y proteger elementos que dañan la memoria de las víctimas y cuestionan la democracia.

Hay que recordar una y mil veces que noventa años después del golpe militar, todavía existen familias que buscan a sus desaparecidos. Centenares de familias del Archipiélago esperan por saber dónde está su padre, su abuelo o su abuela, o quieren que sus restos vuelvan a casa. Son historias que esperan ser contadas y espacios que reclaman ser dignificados. Mientras quede una víctima sin nombre, una familia sin respuesta o una injusticia sin reconocer, la memoria seguirá siendo una tarea colectiva.

Por eso hoy renovamos nuestro compromiso con la investigación histórica, con la divulgación de los hechos, con la reparación moral de las víctimas y con la defensa de una democracia consciente de su pasado.

Que el recuerdo de Francisco Muñoz Serrano represente desde hoy a todas las personas que sufrieron la represión.

Que su nombre nos recuerde el valor de quienes defendieron la libertad.

Y que la memoria de las víctimas siga siendo una guía para construir una sociedad más justa, más libre y más democrática.

Porque recordar es un acto de justicia.

Porque la democracia también se defiende preservando su memoria.

Y porque solo una sociedad que conoce su historia puede garantizar que nunca vuelva a repetirse.

Una vez más. Gracias a todos los que lucharon, sufrieron y ayudaron a vencer a la dictadura, nunca habrá recursos suficientes para poner en valor su memoria y su legado.

ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE TENERIFE [Comunicación Recuperación Memoria HcaTenerife]

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La presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, ha pedido a las administraciones públicas que den cumplimiento a las leyes de memoria histórica y democrática tras conocerse el informe desfavorable de la Comisión de Patrimonio Cultural de Canarias a la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del denominado Monumento al Ángel o Monumento a Franco, situado en Santa Cruz de Tenerife.

Para la Asociación, no es normal que autoridades elegidas democráticamente cuestionen retirar este homenaje al dictador del espacio público, a pesar de chocar con una legalidad que el próximo año cumplirá veinte años.

Consideran que la decisión del Gobierno de Canarias de no dar paso a su declaración como BIC supone un paso importante, que evitará una anómala protección patrimonial por vía judicial, que sea utilizada como una vía para eludir la aplicación de la legislación memorialista vigente.

Recuerda que el Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas existentes en el ámbito territorial de Canarias, elaborado en 2021 por un equipo técnico de la Universidad y disponible en la web del Gobierno canario, deja claro que el monumento a Franco: “constituye un reconocimiento de la actuación durante el golpe de Estado, así como un recordatorio y exaltación de dichos hechos, y en particular, la participación en la vida pública en actividades de propaganda y apoyo al régimen franquista.

Por tanto, se debe contemplar su retirada, así como las de las placas, ya que se ajusta a lo dispuesto en la Ley 52/2007 al contravenir los artículos 1.1 y 1.2, y corresponder a lo previsto en el 3.º y al 15.1, ya que el nombre de la vía constituye una «exaltación [en este caso personal], de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».

Asimismo, en cuanto a la denominación es de aplicación lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley canaria 5/2018.

Mercedes Pérez Schwartz explica que las alegaciones presentadas durante el procedimiento ya señalaban que el monumento constituye un elemento de exaltación de la figura de Francisco Franco y de la dictadura franquista.

La propia documentación histórica de la época de su inauguración, en 1966, lo presentaba expresamente como un homenaje al dictador y a su salida desde Canarias para encabezar el golpe militar que desembocó en la Guerra Civil y la posterior dictadura.

«La significación histórica y simbólica de este monumento está perfectamente documentada. No se trata de una obra neutra ni descontextualizada, sino de un monumento concebido para glorificar al principal responsable de una dictadura que vulneró derechos fundamentales durante casi cuarenta años», señala Pérez Schwartz.

La Asociación considera además que la declaración como BIC resultaba incompatible con el marco legal vigente.

Tanto la Ley de Memoria Histórica de Canarias como la Ley estatal de Memoria Democrática establecen la obligación de retirar de los espacios públicos aquellos elementos que supongan exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura franquista.

Asimismo, las alegaciones presentadas cuestionaban que la escultura reuniera los requisitos de singularidad exigidos para la máxima figura de protección patrimonial.

Diversos estudios académicos y artísticos muestran que Juan de Ávalos recurrió de forma reiterada a la misma iconografía en otros monumentos vinculados a la propaganda franquista, reproduciendo modelos estéticos ya utilizados en el Valle de los Caídos, el Alcázar de Toledo o el denominado Ángel de la Victoria de Valdepeñas.

Queda claro que la obra carece de los valores de excepcionalidad y carácter único que justifican una declaración como Bien de Interés Cultural.

Igualmente, la entidad memorialista considera que la conservación de este monumento en el espacio público supone una ofensa para las víctimas de la represión franquista y para sus familiares.

Miles de personas sufrieron persecución política, encarcelamiento, exilio, pérdida de derechos y, en numerosos casos, la muerte como consecuencia de la instauración de la dictadura.

«La democracia tiene la obligación de proteger la memoria de las víctimas, no los símbolos levantados para glorificar a quienes impulsaron y sostuvieron la represión», afirma Pérez Schwartz.

La presidenta de la Asociación recuerda además que las instituciones públicas disponen desde hace años de una hoja de ruta clara para actuar.

Un equipo de especialistas de la Universidad de La Laguna elaboró el catálogo de vestigios y símbolos franquistas existentes en Canarias, identificando los elementos que incumplen la legislación memorialista y proponiendo medidas para su retirada o resignificación.

«Ya existe un trabajo técnico y académico riguroso que identifica los incumplimientos de la ley. No hacen falta más estudios ni más dilaciones.

Lo que corresponde ahora es ejecutar las medidas previstas y garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación de memoria democrática», añade.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife confía en que, tras el informe desfavorable a la declaración BIC acelere el proceso.

Reitera que en este caso, ya se hizo un Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática.

“Tenemos confianza en que las administraciones actuarán con coherencia institucional y respeto por la legalidad, poniendo fin a una anomalía que se prolonga desde hace décadas”, apunta.

Apunta sobre la incoherencia que supone que “en el siglo XXI, entidades que defienden la dictadura y el mantenimiento de estas violaciones de la Ley de Memoria, tengan capacidad económica para pagar costosos procesos judiciales, mientras las asociaciones de memoria solo tengamos el voluntariado y un escaso apoyo económico institucional”.

«La retirada de los símbolos de exaltación franquista no es una cuestión ideológica ni una opción política. Es una obligación legal y un compromiso democrático con la verdad, la justicia, la reparación y la memoria de las víctimas», concluye Mercedes Pérez Schwartz.

Para más información:

Presidenta, Mercedes Pérez Schwartz: 686944384

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife (ARMHT) [Comunicación Recuperación Memoria HcaTenerife]

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