Su muerte no fue un hecho aislado. Fue el comienzo de una larga noche de violencia, persecución y miedo que marcó la historia de Tenerife y de todo el Estado español. Tras él llegaron las detenciones arbitrarias, los encarcelamientos, las desapariciones forzadas, los consejos de guerra sin garantías, las ejecuciones y el sufrimiento de miles de personas cuyo único delito fue defender la democracia, participar en organizaciones sociales, sindicales, culturales o políticas, o simplemente pensar de manera diferente. Desde la madrugada del 18 de julio muchos hogares fueron violentados y personas detenidas por el simple hecho de formar parte de organizaciones políticas, sindicales o por su labor intelectual.

Recordar a Francisco Muñoz Serrano es recordar a todas ellas. Agradecemos la presencia de familiares de este cordobés, llegado a la isla para formar parte de las fuerzas de seguridad de la época, que junto a sus compañeras trató de liberar al Gobernador Civil y su equipo, ilegalmente retenido por los golpistas.

Porque cada nombre recuperado representa una vida truncada, una familia rota y una historia que durante demasiado tiempo permaneció silenciada. La memoria democrática comienza precisamente ahí: devolviendo nombres, rostros y dignidad a quienes fueron condenados también al olvido.

Este no es un acto de celebración. Es un acto de memoria y homenaje a las víctimas que creemos necesario.

Hemos dado traslado e invitado a todas las instituciones implicadas, por desgracia, el nivel de respuesta ha sido escaso. Nos preocupa que cargos públicos elegidos democráticamente entiendan que la Ley de Memoria y el recuerdo de las víctimas de la dictadura no tengan importancia.

Nos reunimos para afirmar que ninguna democracia puede construirse sobre el silencio de las víctimas. Que conocer nuestra historia no divide a la sociedad, sino que la fortalece. Que la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición no son consignas, sino principios democráticos reconocidos internacionalmente y una responsabilidad que compartimos como ciudadanía.

Durante décadas, el 18 de julio fue presentado como una fecha de exaltación de la dictadura. Hoy queremos resignificarla. Queremos que este día sirva para recordar a quienes perdieron la vida defendiendo la legalidad democrática y a quienes padecieron la represión franquista. Queremos que sea una jornada dedicada a las víctimas, a sus familias y a quienes nunca dejaron de reclamar verdad y dignidad.

La memoria no busca reabrir heridas; busca impedir que el olvido las haga desaparecer sin haber sido reconocidas. No pretende alimentar el enfrentamiento, sino fortalecer una convivencia basada en el respeto a los derechos humanos, en el rechazo de toda forma de violencia política y en el claro compromiso con los valores democráticos.

Las heridas que se mantienen abiertas son las que provocan los que buscan mantener y proteger elementos que dañan la memoria de las víctimas y cuestionan la democracia.

Hay que recordar una y mil veces que noventa años después del golpe militar, todavía existen familias que buscan a sus desaparecidos. Centenares de familias del Archipiélago esperan por saber dónde está su padre, su abuelo o su abuela, o quieren que sus restos vuelvan a casa. Son historias que esperan ser contadas y espacios que reclaman ser dignificados. Mientras quede una víctima sin nombre, una familia sin respuesta o una injusticia sin reconocer, la memoria seguirá siendo una tarea colectiva.

Por eso hoy renovamos nuestro compromiso con la investigación histórica, con la divulgación de los hechos, con la reparación moral de las víctimas y con la defensa de una democracia consciente de su pasado.

Que el recuerdo de Francisco Muñoz Serrano represente desde hoy a todas las personas que sufrieron la represión.

Que su nombre nos recuerde el valor de quienes defendieron la libertad.

Y que la memoria de las víctimas siga siendo una guía para construir una sociedad más justa, más libre y más democrática.

Porque recordar es un acto de justicia.

Porque la democracia también se defiende preservando su memoria.

Y porque solo una sociedad que conoce su historia puede garantizar que nunca vuelva a repetirse.

Una vez más. Gracias a todos los que lucharon, sufrieron y ayudaron a vencer a la dictadura, nunca habrá recursos suficientes para poner en valor su memoria y su legado.

ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE TENERIFE [Comunicación Recuperación Memoria HcaTenerife]

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La presidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, ha pedido a las administraciones públicas que den cumplimiento a las leyes de memoria histórica y democrática tras conocerse el informe desfavorable de la Comisión de Patrimonio Cultural de Canarias a la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del denominado Monumento al Ángel o Monumento a Franco, situado en Santa Cruz de Tenerife.

Para la Asociación, no es normal que autoridades elegidas democráticamente cuestionen retirar este homenaje al dictador del espacio público, a pesar de chocar con una legalidad que el próximo año cumplirá veinte años.

Consideran que la decisión del Gobierno de Canarias de no dar paso a su declaración como BIC supone un paso importante, que evitará una anómala protección patrimonial por vía judicial, que sea utilizada como una vía para eludir la aplicación de la legislación memorialista vigente.

Recuerda que el Catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas existentes en el ámbito territorial de Canarias, elaborado en 2021 por un equipo técnico de la Universidad y disponible en la web del Gobierno canario, deja claro que el monumento a Franco: “constituye un reconocimiento de la actuación durante el golpe de Estado, así como un recordatorio y exaltación de dichos hechos, y en particular, la participación en la vida pública en actividades de propaganda y apoyo al régimen franquista.

Por tanto, se debe contemplar su retirada, así como las de las placas, ya que se ajusta a lo dispuesto en la Ley 52/2007 al contravenir los artículos 1.1 y 1.2, y corresponder a lo previsto en el 3.º y al 15.1, ya que el nombre de la vía constituye una «exaltación [en este caso personal], de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».

Asimismo, en cuanto a la denominación es de aplicación lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Ley canaria 5/2018.

Mercedes Pérez Schwartz explica que las alegaciones presentadas durante el procedimiento ya señalaban que el monumento constituye un elemento de exaltación de la figura de Francisco Franco y de la dictadura franquista.

La propia documentación histórica de la época de su inauguración, en 1966, lo presentaba expresamente como un homenaje al dictador y a su salida desde Canarias para encabezar el golpe militar que desembocó en la Guerra Civil y la posterior dictadura.

«La significación histórica y simbólica de este monumento está perfectamente documentada. No se trata de una obra neutra ni descontextualizada, sino de un monumento concebido para glorificar al principal responsable de una dictadura que vulneró derechos fundamentales durante casi cuarenta años», señala Pérez Schwartz.

La Asociación considera además que la declaración como BIC resultaba incompatible con el marco legal vigente.

Tanto la Ley de Memoria Histórica de Canarias como la Ley estatal de Memoria Democrática establecen la obligación de retirar de los espacios públicos aquellos elementos que supongan exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura franquista.

Asimismo, las alegaciones presentadas cuestionaban que la escultura reuniera los requisitos de singularidad exigidos para la máxima figura de protección patrimonial.

Diversos estudios académicos y artísticos muestran que Juan de Ávalos recurrió de forma reiterada a la misma iconografía en otros monumentos vinculados a la propaganda franquista, reproduciendo modelos estéticos ya utilizados en el Valle de los Caídos, el Alcázar de Toledo o el denominado Ángel de la Victoria de Valdepeñas.

Queda claro que la obra carece de los valores de excepcionalidad y carácter único que justifican una declaración como Bien de Interés Cultural.

Igualmente, la entidad memorialista considera que la conservación de este monumento en el espacio público supone una ofensa para las víctimas de la represión franquista y para sus familiares.

Miles de personas sufrieron persecución política, encarcelamiento, exilio, pérdida de derechos y, en numerosos casos, la muerte como consecuencia de la instauración de la dictadura.

«La democracia tiene la obligación de proteger la memoria de las víctimas, no los símbolos levantados para glorificar a quienes impulsaron y sostuvieron la represión», afirma Pérez Schwartz.

La presidenta de la Asociación recuerda además que las instituciones públicas disponen desde hace años de una hoja de ruta clara para actuar.

Un equipo de especialistas de la Universidad de La Laguna elaboró el catálogo de vestigios y símbolos franquistas existentes en Canarias, identificando los elementos que incumplen la legislación memorialista y proponiendo medidas para su retirada o resignificación.

«Ya existe un trabajo técnico y académico riguroso que identifica los incumplimientos de la ley. No hacen falta más estudios ni más dilaciones.

Lo que corresponde ahora es ejecutar las medidas previstas y garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación de memoria democrática», añade.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife confía en que, tras el informe desfavorable a la declaración BIC acelere el proceso.

Reitera que en este caso, ya se hizo un Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática.

“Tenemos confianza en que las administraciones actuarán con coherencia institucional y respeto por la legalidad, poniendo fin a una anomalía que se prolonga desde hace décadas”, apunta.

Apunta sobre la incoherencia que supone que “en el siglo XXI, entidades que defienden la dictadura y el mantenimiento de estas violaciones de la Ley de Memoria, tengan capacidad económica para pagar costosos procesos judiciales, mientras las asociaciones de memoria solo tengamos el voluntariado y un escaso apoyo económico institucional”.

«La retirada de los símbolos de exaltación franquista no es una cuestión ideológica ni una opción política. Es una obligación legal y un compromiso democrático con la verdad, la justicia, la reparación y la memoria de las víctimas», concluye Mercedes Pérez Schwartz.

Para más información:

Presidenta, Mercedes Pérez Schwartz: 686944384

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife (ARMHT) [Comunicación Recuperación Memoria HcaTenerife]

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