La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, y el concejal de Relaciones Institucionales, Francisco Pinto, recibieron este martes en el Ayuntamiento a Ángel Antonio Adán Peñalosa y Beatriz García Puerta, impulsores de la Iniciativa Recuperación Casa de Amaro Pargo. Este proyecto trabaja para divulgar y poner en valor los tres Bienes de Interés Cultural (BIC) de Machado, en El Rosario: la Casa de Amaro Pargo, la Ermita de Nuestra Señora del Rosario y San Amaro, y el Camino Viejo de Candelaria, la histórica ruta de peregrinación hacia la Villa Mariana.

Durante la reunión, Adán y García presentaron el Recorrido Virtual 360º de los tres BIC. Este recurso se ha realizado con la colaboración de José Luis Saorín, de la Universidad de La Laguna (ULL), y próximamente se actualizará con el modelado 3D que desarrolla Borja Borges. También mostraron dos maquetas de la Casa de Amaro Pargo. La primera fue impresa en 3D por la ULL. La segunda es una maqueta hiperrealista elaborada por José Doña y acabada por Florencio Pérez. Enseñaron además un busto del corsario, también impreso en 3D por la ULL y acabado por Florencio Pérez.

La alcaldesa y el concejal mostraron su interés por el trabajo de la iniciativa y la disposición del Ayuntamiento a colaborar en la difusión del proyecto y de los tres BIC, que comparten con Candelaria el vínculo del Camino Viejo.

Al término del encuentro, los representantes de la iniciativa entregaron a Mari Brito el pack del Recorrido Virtual 360º de los tres BIC de Machado, al que se accede mediante un código QR. [Ayto. de Candelaria]

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La iniciativa tiene como principal objetivo simplificar los procedimientos administrativos, reducir los tiempos de tramitación y facilitar a la ciudadanía la realización de determinadas actuaciones, evitando que para intervenciones de menor entidad sea necesario tramitar una autorización previa ante dos administraciones.

La directora insular de Patrimonio Histórico, Isabel de Esteban, explica que “estamos dando un paso importante para hacer compatible la protección rigurosa de nuestro patrimonio con una administración más ágil, cercana y eficaz. Hay actuaciones que, por sus características y escasa incidencia patrimonial, pueden ser gestionadas directamente desde los ayuntamientos con todas las garantías”.

De Esteban subraya que “la protección del patrimonio no consiste en generar más burocracia, sino en garantizar que las intervenciones se hagan correctamente. Con esta delegación evitamos duplicidades, facilitamos el trabajo de los municipios y, sobre todo, simplificamos los trámites a los ciudadanos”.

El acuerdo adoptado por el Cabildo contempla la delegación de la autorización previa a la licencia municipal para determinadas actuaciones en conjuntos históricos exceptuando aquellos que cuenten con Plan Especial de Protección en vigor y en entornos de protección de BIC con categoría de Monumento y Jardín Histórico cuya primera fábrica sea posterior a 1960.

Actuaciones incluidas

Entre las actuaciones que pueden asumir los municipios se encuentran las obras interiores en inmuebles; el pintado de fachadas en colores blancos, grises o beiges; la reparación de fisuras y grietas sin modificar acabados ni materiales; la reparación de carpinterías; la impermeabilización y mantenimiento de cubiertas; la instalación de placas solares en cubiertas cuando no sean visibles desde la vía pública; y los cambios de uso que no impliquen obras o intervenciones.

La delegación alcanza también determinadas intervenciones en espacios públicos, como la apertura de zanjas, bajo las condiciones de protección previstas para posibles hallazgos; la celebración de eventos, fiestas y rodajes con instalaciones desmontables; y la ocupación de espacios públicos con mobiliario de terrazas, siempre que se respeten las condiciones establecidas para preservar los valores patrimoniales.

Isabel de Esteban señala que “hemos delimitado con claridad qué actuaciones pueden ser delegadas para que la agilización administrativa vaya siempre acompañada de seguridad jurídica y de criterios claros de conservación. El patrimonio debe protegerse, pero también debe ser vivido, utilizado y mantenido por quienes habitan nuestros conjuntos históricos”.

Coordinación con los ayuntamientos

La delegación requiere la aceptación expresa de cada ayuntamiento mediante acuerdo plenario y su posterior publicación. El Cabildo mantiene, además, las funciones de seguimiento y control, de manera que los municipios deben remitir al Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico las licencias o autorizaciones concedidas en ejercicio de estas competencias.

En este proceso ya han avanzado diferentes municipios de Tenerife. Entre los que constan con acuerdos plenarios y publicación de la delegación figuran, entre otros, Buenavista del Norte, Candelaria, Garachico, Güímar, Icod de los Vinos, La Matanza de Acentejo, La Orotava, Los Realejos, El Rosario, San Juan de la Rambla, San Miguel de Abona, Los Silos, Tacoronte y Vilaflor de Chasna.

“Queremos seguir trabajando de la mano de los ayuntamientos”, añade De Esteban, “porque son una pieza fundamental en la conservación de nuestro patrimonio. Esta fórmula permite que las administraciones actuemos de manera coordinada, cada una desde sus responsabilidades, y que el ciudadano perciba esa coordinación en algo muy concreto: menos trámites y una respuesta más rápida”.

El Cabildo mantiene asimismo su disposición a prestar asesoramiento técnico a las corporaciones municipales tanto sobre las autorizaciones como sobre cualquier otra cuestión relacionada con la protección del patrimonio histórico. [Cabildo de Tenerife]

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La portavoz de Sí se puede en Canarias, Vanesa Martín, ha expresado la preocupación de su formación ante los distintos informes y denuncias difundidos durante este verano que alertan del creciente deterioro, abandono y pérdida de bienes del patrimonio cultural de Canarias.

“Estamos asistiendo a una pérdida progresiva de nuestro patrimonio cultural mientras las administraciones responsables no están cumpliendo, en muchos casos, con las obligaciones que establece la legislación”, señala Martín.

Este verano distintos colectivos y asociaciones de arqueólogos, etnógrafos, especialistas en patrimonio histórico y académicos trasladaron al Gobierno de Canarias su preocupación por la progresiva pérdida de protección del patrimonio etnográfico y arqueológico de las Islas. Una situación que, según estos colectivos, se viene produciendo desde hace años y está provocando el deterioro y desaparición de numerosos elementos patrimoniales, además de incumplimientos reiterados de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.

Sin embargo, la realidad dista mucho de lo establecido por la ley. La inmensa mayoría de los ayuntamientos canarios no dispone de catálogos de protección patrimonial actualizados y, en numerosos casos, ni siquiera cuenta con un catálogo de este tipo. A ello se suma, en el caso de los bienes de titularidad privada, la falta de intervención de las administraciones para garantizar su adecuada conservación y difusión.

“Resulta especialmente preocupante que esta situación no afecte únicamente a bienes que carecen de catalogación, sino también a elementos que cuentan con las máximas figuras de protección”, advierte Vanesa Martín.

Los Bienes de Interés Cultural tampoco están a salvo, 26 en riesgo

Los Bienes de Interés Cultural (BIC) constituyen uno de los ejemplos más evidentes de esta situación. Tenemos bienes cerrados de forma permanente y muchos en graves situaciones de abandono.

A esta situación se suman numerosos casos documentados y denunciados públicamente de intervenciones realizadas sin la preceptiva autorización patrimonial, obras ejecutadas sin control arqueológico, vertidos en zonas protegidas o demoliciones de inmuebles con valores patrimoniales.

“Es imprescindible que la actuación de las administraciones sea preventiva y que exista una exigencia sistemática del cumplimiento de la legalidad por parte de todas las instituciones con competencias en materia de patrimonio”, sostiene.

La situación resulta especialmente preocupante en el caso de los Bienes de Interés Cultural incluidos en la denominada Lista Roja. Según un reciente informe, 26 elementos protegidos con esta categoría en Canarias se encuentran en riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores.

Tenerife concentra la mayor parte de estos bienes en riesgo, con 19 de las 26 entradas incluidas en el listado. La Palma suma una, mientras que Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote cuentan con dos cada una.

Para Sí se puede, resulta especialmente grave que el abandono sea el denominador común de la mayoría de estos casos. Según el informe citado, más del 90 % de los bienes canarios incluidos en el listado presentan situaciones vinculadas al abandono y a la falta de mantenimiento, circunstancia que, de no corregirse, puede acabar provocando su pérdida definitiva.

“Estamos hablando de elementos que forman parte de la memoria, la historia y la identidad de Canarias y que, en muchos casos, están desapareciendo ante la falta de mantenimiento y de una actuación eficaz de las administraciones responsables”, denuncia la portavoz.

Sí se puede coincide con las organizaciones y colectivos culturales que reclaman que la Dirección General de Patrimonio disponga de los medios humanos y materiales necesarios para ejercer plenamente sus competencias.

La formación ecosocialista considera prioritario reforzar la capacidad de inspección, la incoación de procedimientos sancionadores, la adopción de medidas cautelares y, especialmente, la capacidad para velar por el cumplimiento de la legalidad por parte del conjunto de las administraciones públicas canarias.

“Canarias no puede seguir invirtiendo millones de euros cada año en promocionar sus valores culturales y naturales para el turismo, mientras permite que se pierda ese mismo patrimonio, desapareciendo por falta de conservación”, concluye Vanesa Martín.

Sí se puede considera que la protección del patrimonio cultural debe convertirse en una prioridad efectiva de las políticas públicas, con recursos suficientes, planificación, inspección y exigencia de responsabilidades a las administraciones que incumplan sus obligaciones. [Sí se puede]

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