Canarias, 08/09/26.
La portavoz de Sí se puede en Canarias, Vanesa Martín, ha expresado la preocupación de su formación ante los distintos informes y denuncias difundidos durante este verano que alertan del creciente deterioro, abandono y pérdida de bienes del patrimonio cultural de Canarias.
“Estamos asistiendo a una pérdida progresiva de nuestro patrimonio cultural mientras las administraciones responsables no están cumpliendo, en muchos casos, con las obligaciones que establece la legislación”, señala Martín.
Este verano distintos colectivos y asociaciones de arqueólogos, etnógrafos, especialistas en patrimonio histórico y académicos trasladaron al Gobierno de Canarias su preocupación por la progresiva pérdida de protección del patrimonio etnográfico y arqueológico de las Islas. Una situación que, según estos colectivos, se viene produciendo desde hace años y está provocando el deterioro y desaparición de numerosos elementos patrimoniales, además de incumplimientos reiterados de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.
Sin embargo, la realidad dista mucho de lo establecido por la ley. La inmensa mayoría de los ayuntamientos canarios no dispone de catálogos de protección patrimonial actualizados y, en numerosos casos, ni siquiera cuenta con un catálogo de este tipo. A ello se suma, en el caso de los bienes de titularidad privada, la falta de intervención de las administraciones para garantizar su adecuada conservación y difusión.
“Resulta especialmente preocupante que esta situación no afecte únicamente a bienes que carecen de catalogación, sino también a elementos que cuentan con las máximas figuras de protección”, advierte Vanesa Martín.
Los Bienes de Interés Cultural tampoco están a salvo, 26 en riesgo
Los Bienes de Interés Cultural (BIC) constituyen uno de los ejemplos más evidentes de esta situación. Tenemos bienes cerrados de forma permanente y muchos en graves situaciones de abandono.
A esta situación se suman numerosos casos documentados y denunciados públicamente de intervenciones realizadas sin la preceptiva autorización patrimonial, obras ejecutadas sin control arqueológico, vertidos en zonas protegidas o demoliciones de inmuebles con valores patrimoniales.
“Es imprescindible que la actuación de las administraciones sea preventiva y que exista una exigencia sistemática del cumplimiento de la legalidad por parte de todas las instituciones con competencias en materia de patrimonio”, sostiene.
La situación resulta especialmente preocupante en el caso de los Bienes de Interés Cultural incluidos en la denominada Lista Roja. Según un reciente informe, 26 elementos protegidos con esta categoría en Canarias se encuentran en riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores.
Tenerife concentra la mayor parte de estos bienes en riesgo, con 19 de las 26 entradas incluidas en el listado. La Palma suma una, mientras que Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote cuentan con dos cada una.
Para Sí se puede, resulta especialmente grave que el abandono sea el denominador común de la mayoría de estos casos. Según el informe citado, más del 90 % de los bienes canarios incluidos en el listado presentan situaciones vinculadas al abandono y a la falta de mantenimiento, circunstancia que, de no corregirse, puede acabar provocando su pérdida definitiva.
“Estamos hablando de elementos que forman parte de la memoria, la historia y la identidad de Canarias y que, en muchos casos, están desapareciendo ante la falta de mantenimiento y de una actuación eficaz de las administraciones responsables”, denuncia la portavoz.
Sí se puede coincide con las organizaciones y colectivos culturales que reclaman que la Dirección General de Patrimonio disponga de los medios humanos y materiales necesarios para ejercer plenamente sus competencias.
La formación ecosocialista considera prioritario reforzar la capacidad de inspección, la incoación de procedimientos sancionadores, la adopción de medidas cautelares y, especialmente, la capacidad para velar por el cumplimiento de la legalidad por parte del conjunto de las administraciones públicas canarias.
“Canarias no puede seguir invirtiendo millones de euros cada año en promocionar sus valores culturales y naturales para el turismo, mientras permite que se pierda ese mismo patrimonio, desapareciendo por falta de conservación”, concluye Vanesa Martín.
Sí se puede considera que la protección del patrimonio cultural debe convertirse en una prioridad efectiva de las políticas públicas, con recursos suficientes, planificación, inspección y exigencia de responsabilidades a las administraciones que incumplan sus obligaciones. [Sí se puede]
