Canarias, 18 de agosto de 2026.
Sí se puede considera escandaloso e inaceptable que el Gobierno de Canarias sea incapaz de hacer efectivo el cobro de millones de euros en sanciones impuestas por graves daños al medio ambiente y reclama responsabilidades ante una situación que, a juicio de la formación, está debilitando gravemente la protección del territorio y favoreciendo la impunidad de quienes incumplen la normativa ambiental.
La portavoz de Sí se puede en Canarias, Vanesa Martín, ha expresado su profundo malestar por la inacción de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN), organismo responsable de tramitar y hacer cumplir las sanciones derivadas de infracciones contra el medio ambiente y el territorio. Según los datos recogidos en la denuncia presentada por el colectivo ecologista Turcón, la falta de tramitación y cobro podría afectar a cerca de 15 millones de euros en sanciones medioambientales.
Para Sí se puede, no estamos ante un simple problema administrativo. “Estamos hablando de millones de euros que deberían haber sido cobrados y que, mientras tanto, corren el riesgo de perderse por la falta de diligencia de la propia Administración”, señala.
La formación ecosocialista considera especialmente preocupante que una parte importante de estas sanciones pueda haber prescrito. Las infracciones medioambientales muy graves caducan a los tres años de adquirir firmeza administrativa, mientras que las graves y leves lo hacen a los dos y un año, respectivamente. Esto significa que el paso del tiempo, unido a la falta de seguimiento del procedimiento recaudatorio, puede terminar convirtiendo las sanciones en papel mojado.
“No puede ser que la Administración tenga toda la capacidad para sancionar, pero después no tenga la misma diligencia para cobrar esas sanciones. Si finalmente los expedientes prescriben, ¿quién responde por ese dinero que deja de ingresar la ciudadanía y, sobre todo, por el mensaje de impunidad que se está enviando a quienes dañan nuestro territorio?”, cuestiona la portavoz de Sí se puede.
La preocupación de la formación ecosocialista se ve reforzada por las conclusiones de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que detectó “múltiples deficiencias en el procedimiento recaudatorio” de la ACPMN y señaló la existencia de “elementos indiciarios de que se está ocasionando un perjuicio al erario público”. Además, casi la mitad del importe de las sanciones señaladas —6,6 millones de euros— corresponde a ejercicios anteriores a 2018, mientras que la Intervención General de la Comunidad Autónoma atribuye la falta de actuación a una “falta de seguimiento del proceso recaudatorio”.
“Los informes de los propios órganos de control de Canarias están poniendo negro sobre blanco que existen graves deficiencias en la gestión de estas sanciones. No estamos hablando, por tanto, de una percepción política, sino de una situación que ha sido objeto de advertencias por parte de los organismos fiscalizadores”, afirma Vanesa Martín.
Sí se puede también considera especialmente grave el contexto en el que se produce esta situación. Mientras la Administración reclama a la ciudadanía el cumplimiento estricto de las normas, la falta de eficacia a la hora de ejecutar las sanciones contra quienes provocan daños ambientales transmite la sensación de que no todas las personas y empresas están sometidas a las mismas reglas.
“La Administración parece fuerte con quien menos capacidad tiene para defenderse y extraordinariamente débil cuando tiene que enfrentarse a grandes intereses económicos. Si a cualquier hijo de vecino se le exige cumplir las normas, no podemos aceptar que quienes provocan graves impactos sobre bienes que pertenecen a toda la sociedad puedan acabar beneficiándose de la inacción administrativa”, denuncia la portavoz.
La formación recuerda además que la Fiscalía Provincial de Las Palmas archivó la denuncia presentada por Turcón al considerar que los hechos estaban planteados en términos demasiado generales y que la Fiscalía no puede actuar como órgano fiscalizador de otra Administración. El propio decreto, sin embargo, señala que una “inactividad concreta” de la ACPMN u otro organismo público sí podría ser objeto de valoración en caso de que pudiera constituir delito.
Para Sí se puede, el archivo de esa denuncia no puede servir como excusa para cerrar el debate político ni para mirar hacia otro lado. “La Fiscalía ha dejado claro cuál es el marco de actuación que le corresponde, pero eso no exime al Gobierno de Canarias de explicar qué está ocurriendo, por qué se han producido estas deficiencias y qué medidas va a adoptar para evitar que las sanciones prescriban y el dinero público se pierda”, sostiene.
Por ello, Sí se puede reclama al Gobierno de Canarias un plan específico y urgente para garantizar el seguimiento, ejecución y cobro de las sanciones medioambientales, así como mecanismos de control que impidan que los expedientes queden paralizados durante años.
La formación propone igualmente revisar y reforzar los plazos y procedimientos de recaudación, mejorar los mecanismos de control interno y establecer medidas que permitan conocer con transparencia qué sanciones están pendientes, cuáles han sido cobradas y cuáles han prescrito.
Asimismo, Sí se puede plantea que se estudien criterios que impidan o limiten la contratación pública con empresas implicadas en situaciones de graves incumplimientos ambientales, como una herramienta adicional para reforzar la responsabilidad empresarial y proteger el patrimonio natural de Canarias.
“Canarias no puede permitirse que destruir el medio ambiente salga gratis. Una sanción que no se cobra, que se deja dormir en una gaveta o que termina prescribiendo deja de cumplir su función y convierte la protección ambiental en una declaración de intenciones. El Gobierno de Canarias tiene que actuar y tiene que hacerlo ya”, concluye Vanesa Martín. [Sí se puede]
