Canarias, 3 de septiembre de 2026.
Sí se puede ha criticado el incremento de las listas de espera quirúrgicas en Canarias y ha alertado del aumento paralelo de las derivaciones de pacientes y recursos hacia la sanidad privada.
La portavoz de Sí se puede en Canarias, Vanesa Martín, ha lamentado los últimos datos de listas de espera, que reflejan un incremento del número de personas pendientes de una intervención quirúrgica en el Archipiélago.
A 30 de junio, 34.383 personas se encontraban pendientes de entrar a quirófano en Canarias, 2.252 más que en enero, lo que supone un incremento interanual del 7,8 %. La demora media para una intervención se sitúa en 107 días, un día más que hace seis meses, mientras que también ha aumentado el número de pacientes que llevan más de seis meses esperando: de 5.575 en enero a 6.047 en junio.
Para Sí se puede, estos datos ponen de manifiesto las dificultades que atraviesa la sanidad pública canaria. La organización considera especialmente preocupante que se intente vincular el incremento de las listas de espera con la huelga de profesionales de la salud desarrollada este año.
En cuanto a los centros hospitalarios, el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil de Gran Canaria concentra la mayor lista de espera quirúrgica, con 9.586 pacientes, seguido del Hospital Universitario de Canarias (HUC), con 8.267, y del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, con 7.185 personas pendientes de una intervención.
Más recursos para la pública, no más negocio para la privada
Sí se puede considera especialmente preocupante que, mientras las listas de espera siguen aumentando, se continúe destinando dinero público a conciertos con la sanidad privada.
La organización denuncia que se están derivando recursos millonarios hacia empresas privadas mientras se reducen recursos en los centros públicos, se cierran camas y se mantienen unas urgencias hospitalarias saturadas. A su juicio, esta estrategia contribuye a debilitar una sanidad pública que debe garantizar la atención de los problemas de salud más graves y complejos.
“Nos preocupa el aumento de las derivaciones a la sanidad privada como vía de atención a la ciudadanía canaria. Esta política supone una pérdida progresiva de personal y recursos en los centros públicos, precisamente los que atienden los problemas más graves y los que menos beneficios generan para las empresas privadas de salud”, señala Vanesa Martín.
Sí se puede recuerda además que, al inicio de este mandato, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó que no tendría reparos en incrementar los conciertos con la sanidad privada, pese a haberlos cuestionado apenas seis meses antes.
Los datos del índice de privatización sanitaria elaborado por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) sitúan a Canarias entre las comunidades con mayor grado de privatización sanitaria. En 2024, el Archipiélago alcanzó los 28 puntos, al mismo nivel que Madrid y por encima de la media estatal, situada en 21 puntos. El informe señala además que el índice de privatización de Canarias ha aumentado más de un 32,3 % en los últimos seis años.
Según este mismo informe, Canarias destina el 7,1 % del gasto sanitario público a conciertos con el sector privado, mientras que casi un tercio de las camas hospitalarias del Archipiélago se encuentran en centros privados. Además, más del 47 % de la población acudió a especialistas privados durante el último año y un 27 % recurrió a médicos de familia privados.
“Debilitar la sanidad pública para favorecer el negocio privado”
Vanesa Martín considera especialmente preocupante el volumen de recursos públicos que se está destinando a la sanidad y cómo se distribuyen. “Estamos hablando de un presupuesto enorme: 4.833 millones de euros destinados en total a la Consejería de Sanidad. En lugar de utilizar estos recursos para reforzar los servicios públicos y reducir las listas de espera, se está favoreciendo un desvío creciente de fondos hacia la sanidad privada, que ya ronda el 7%”, afirma.
La portavoz de Sí se puede advierte de que esta política puede tener consecuencias a largo plazo para el sistema sanitario canario: “El aumento del desvío de fondos hacia empresas que viven de este negocio inmenso es la mejor manera de debilitar el sector público y de sembrar, poco a poco, las condiciones para un mayor desmantelamiento de la sanidad pública”. Según Vanesa Martín, el sector privado “está generando un lobby poderoso, que es capaz de influir incluso en las campañas electorales con sus recursos”.
Para Sí se puede, la respuesta al problema de las listas de espera debe pasar por reforzar los recursos humanos y materiales de la sanidad pública, mejorar las condiciones de sus profesionales y garantizar que el dinero público se destine prioritariamente a fortalecer el sistema público de salud. [Sí se puede]
