Fuencaliente (La Palma), 24 abr (EFE).- El Gobierno de España pondrá a disposición de las familias que busquen a personas desaparecidas en la guerra civil y la dictadura franquista pruebas de ADN para facilitar las labores de investigación de los restos que se puedan hallar en las exhumaciones a lo largo de todo el país.
Introducción
Este anuncio se enmarca en un esfuerzo por parte del Gobierno español para abordar la memoria histórica y ofrecer apoyo a las víctimas de conflictos pasados.
Reunión del Consejo Territorial
Así lo ha anunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la reunión del Consejo Territorial de Memoria Democrática, celebrada este viernes en La Palma, con representación presencial de Canarias, País Vasco y Castilla-La Mancha. El resto de comunidades ha participado de forma telemática.
Una reunión en la que se ha aprobado por «amplísima mayoría», sin ningún voto en contra y solo dos abstenciones, el reparto de 3 millones de euros entre las comunidades autónomas para exhumaciones e investigaciones, lo que ha celebrado el ministro Torres al ser éste el órgano sectorial del Gobierno que concita el mayor consenso.
Consenso y Diferencias
Ha insistido Torres en que en el conjunto de las comunidades existe «un consenso mayoritario, amplísimo», sobre los procesos de exhumación, dignidad, reparación y no repetición, si bien con respecto a la memoria democrática «hay diferencias», como ha quedado plasmado en leyes aprobadas «en ciertas comunidades».
A diferencia de otros consejos territoriales «donde se vota en contra o se abandonan las sesiones», el de Memoria Democrática celebrado hoy en La Palma ha estado marcado por «un tono educado, de propuestas, también correcciones, y finalmente de apoyo».
Pruebas de ADN y Urgencia
Actitud que al ministro Torres le «alegra» porque «porque esto debería ser una obligación de cualquier demócrata que sufrimos cuatro décadas de fascismo (…) qué menos que recuperar a las personas que dieron la vida por defender la democracia, que lo hagamos de la mano las instituciones democráticas».
Respecto a las pruebas de ADN, ha explicado que se harán en laboratorios repartidos por todo el país con la participación de las comunidades autónomas que, «lógicamente, si necesitan más recursos» para este cometido, el Gobierno de España «estará a disposición».
Torres ha hecho hincapié en la urgencia de poner en marcha esta medida ya que «el tiempo no juega a favor, porque hablamos de acontecimientos de hace 80, 90 años, y las generaciones se van sucediendo».
Financiación y Proyectos en Canarias
Por lo demás, ha indicado que una vez decidido el reparto de la financiación «se pone punto final al proceso administrativo y a partir de ahora los recursos llegarán a las comunidades autónomas para los proyectos ya presentados poderlos desarrollar cuanto antes y seguir avanzando en dar dignidad, justicia, verdad y reparación a las víctimas de la dictadura y la guerra».
Ha detallado que a Canarias le corresponden de ese reparto 700.000 euros para proyectos de exhumación e investigación, a los que se suma una financiación adicional para cuatro cabildos: el de La Palma, para seguir con los trabajos en Fuencaliente; el de Gran Canaria para una tercera campaña en el Pozo de la Vuelta del Francés (Arucas); el de Tenerife para el estudio de distintos lugares; y el de Fuerteventura para un centro de interpretación en Tefía.
Importancia de la Memoria Histórica
La consejera canaria de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha añadido que al Gobierno de Canarias le corresponden de ese reparto 74.000 euros, que completará con fondos propios para los proyectos en marcha y otros nuevos que tiene en cartera.
Ha explicado que ese dinero irá a exhumaciones y a proyectos con asociaciones y de divulgación, y ha recalcado la importancia de la celebración del primer día de la memoria en Canarias el próximo 7 de mayo, fecha de la primera exhumación judicial de represaliados de la Guerra Civil y el franquismo, hace 32 años, en el Pino del Consuelo, en Fuencaliente.
Barreto ha coincidido con el ministro Torres en que el consenso que suele darse en el Consejo Territorial de Memoria no se da en otros, como por ejemplo el de Justicia, en el que «es muy difícil sacar algo por consenso y hay plantes donde comunidades ni siquiera acuden a las comisiones».
Ha abundado en que en la territorial de Memoria ha habido votos en contra o, como en este caso, abstenciones, «pero el sentir mayoritario es de apoyo a lo que se debate», y ha añadido que «el clima es distinto a lo que sale en los medios», a esa «crispación que se quiere vender por las partes».
Barreto ha señalado por último que Canarias no tiene «nada que ver con lo que sucede en otros territorios», pues la Memoria «siempre ha concitado apoyo. Todos entendemos que es de justicia, aparte de ideologías políticas».