El informe analiza la situación de mujeres de diez municipios de la isla con discapacidad como consecuencia de la violencia machista, una realidad poco documentada en el país
25 de mayo de 2026. El Cabildo de Tenerife ha presentado este lunes los resultados de un estudio que ha abordado, por primera vez, la situación de mujeres de la isla con discapacidad sobrevenida como consecuencia de la violencia de género, una realidad poco documentada en España, que hasta la fecha no es recogida por el Observatorio Estatal de Violencia de Género, y que la corporación insular ha querido hacer visible a través de esta primera aproximación.
Los resultados han sido expuestos en una rueda de prensa que ha contado con la participación de la directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León; la socióloga y profesora de la Universidad de La Laguna (ULL), Yurena González; representantes de Coordicanarias, asociación encargada de la elaboración del informe, así como de distintas entidades participantes de la Red Insular para la Igualdad de Género Tenerife Violeta.
La directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, subrayó que este estudio “nos permite conocer la realidad de estas mujeres, que hasta ahora había permanecido invisibilizada. Se trata de un primer paso para diseñar políticas sólidas que les brinden un apoyo real, reforzar los recursos especializados y crear mecanismos que las acompañen en todos los ámbitos de su vida”.
El informe se elaboró combinando entrevistas en profundidad y encuestas realizadas a un total de 23 mujeres procedentes de diez municipios de Tenerife, obteniendo una visión detallada y contextualizada de sus experiencias. Con una edad promedio de 50 años, la mayoría proceden de entornos socioeconómicos vulnerables. El 40% de ellas vive sola, y nueve de cada diez no conviven en pareja.
11 años de convivencia con el agresor
Uno de los resultados más destacados del estudio refleja que el 87% de las mujeres con discapacidad sobrevenida convivió con el agresor, y lo hicieron durante tiempo prolongado, con una media de once años. Las participantes experimentaron simultáneamente hasta tres tipos de violencia, siendo la psicológica (98,7%), la física (82,6%) la sexual (74%) y la económica (74%) las más frecuentes. El 40% de ellas sufrió violencia vicaria, siendo esta más frecuente en los entornos urbanos.
Según el estudio, la precariedad económica es una constante, con una media general de ingresos de 737 euros al mes. El 80% no trabaja, y quienes lo hacen se dedican principalmente al sector de la hostelería.
Más del 40% de las participantes no cuenta con reconocimiento oficial de su discapacidad, con plazos de espera que en muchos casos superan los dos años. Entre las mujeres que sí han obtenido la certificación, la discapacidad sobrevenida más frecuente se asocia a problemas de salud mental (54%), con síntomas como el estrés postraumático, la agorafobia, las crisis de pánico, la depresión crónica, y la ideación e intentos de suicidio recurrentes. Le siguen la violencia física (46,2%), la sensorial (23,1%) y la intelectual (23,1%).
En términos de recursos, el Servicio Insular de Atención a Mujeres (SIAM) ocupa una posición central en la respuesta institucional, aunque persisten carencias en la coordinación entre servicios, apoyo sociolaboral y acceso a vivienda. El estudio subraya que las barreras estructurales, sociales y económicas incrementan la discriminación y la dependencia, y pone de relieve la importancia de visibilizar esta realidad para orientar políticas públicas que integren atención a la violencia de género y discapacidad sobrevenida.
Líneas de actuación
A partir de este diagnóstico, se han expuesto distintas líneas de actuación necesarias para mejorar la atención y los recursos disponibles:
– Atención especializada: incorporar protocolos y procedimientos específicos para atender la intersección entre violencia de género y discapacidad sobrevenida.
– Coordinación: articular la coordinación entre el circuito de atención a la violencia de género y los procesos de reconocimiento de la discapacidad, actualmente desvinculados.
– Vivienda: ofrecer apoyo en el acceso a vivienda, identificado como una de las principales carencias por las mujeres entrevistadas.
– Espacios grupales: fomentar iniciativas del tercer sector que proporcionen espacios de seguridad, bienestar y experiencias compartidas.
– Agilización del reconocimiento: reducir los plazos de resolución del certificado de discapacidad, ya que la mitad de los casos tardó más de dos años en resolverse.
– Continuidad de la investigación: profundizar en esta realidad con muestras más amplias y visibilizar los datos en los registros oficiales. [Cabildo de Tenerife]