La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ASCAV se ha reunido en Barcelona con representantes de asociaciones de diferentes territorios de España, como la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur), AAT Costa Daurada i Terres de l’Ebre, de Tarragona; ATA, de Girona; Madrid Aloja, de Madrid; AVVAPRO, de Andalucía; VIUTUR, de la Comunidad Valenciana y Aviturga, de Galicia.
Durante el encuentro se han puesto en común las distintas realidades territoriales y los principales desafíos que afronta actualmente el sector de la vivienda vacacional, con especial atención a la evolución de los marcos regulatorios, la seguridad jurídica, la defensa de la actividad y la necesidad de que cualquier medida que afecte a las viviendas de uso turístico responda a criterios de proporcionalidad y esté sustentada en datos. En este sentido, las asociaciones han defendido la importancia de evitar planteamientos generalistas y de que las regulaciones tengan en cuenta las particularidades y necesidades de cada territorio.
Las asociaciones han reclamado a las administraciones públicas que pongan fin a la estigmatización de las viviendas vacacionales, una modalidad de alojamiento regulada que contribuye a diversificar la oferta turística y a favorecer un modelo de turismo sostenible en los destinos. Han recordado, además, que se trata de una oferta de alojamiento de calidad, especialmente orientada al turismo familiar, que responde a las necesidades de numerosos visitantes.
En este sentido, han considerado contradictorio que las propias administraciones que han regulado esta modalidad de alojamiento cuestionen ahora su continuidad en el contexto de la crisis de vivienda, atribuyéndole responsabilidades sin aportar evidencias suficientes que acrediten su impacto directo sobre el acceso a la vivienda.
Por ello, han defendido que cualquier limitación de la actividad debe estar debidamente justificada, ser proporcional, basarse en datos y evidencias contrastables y garantizar la seguridad jurídica de los propietarios y operadores que desarrollan su actividad conforme a la normativa vigente.
Las asociaciones han advertido que la Unión Europea no puede reproducir una dinámica cuyas graves consecuencias ya se han comprobado en España durante esta legislatura: la desconexión entre la actuación del Ejecutivo y la voluntad expresada por la representación parlamentaria. En este sentido, han recordado que el Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de marzo, a partir de los trabajos de su Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda (HOUS), una resolución que sitúa el incremento de la oferta residencial, la construcción, la rehabilitación y la simplificación administrativa entre las principales prioridades para afrontar la crisis habitacional.
Sin embargo, los representantes del sector consideran que la propuesta legislativa presentada por la Comisión Europea otorga un protagonismo desproporcionado a las posibles restricciones sobre los alquileres de corta duración, desplazando el foco hacia una actividad que el propio Parlamento abordó desde la necesidad de equilibrar el desarrollo turístico y el acceso a la vivienda. A su juicio, la respuesta legislativa europea no debería alejarse de las prioridades señaladas por la Eurocámara ni concentrar sus esfuerzos en limitar un sector, sino afrontar de manera decidida las causas estructurales de la escasez de vivienda.
Asimismo, y respetando las competencias de los Estados, las asociaciones consideran necesario establecer mecanismos de control y garantías exigentes para aquellas administraciones que decidan aplicar restricciones a los alquileres de corta duración sin haber adoptado previamente medidas eficaces para mejorar la asequibilidad y aumentar la oferta de vivienda. Entre ellas, señalan la reducción de las cargas burocráticas y fiscales, la puesta a disposición de suelo para la construcción de vivienda pública o la introducción de incentivos para que las viviendas cerradas puedan volver al mercado residencial.
En paralelo, las entidades han expresado su preocupación por las dificultades de acceso a la vivienda y han mostrado su solidaridad con las personas afectadas por la crisis de asequibilidad. Por ello, han reclamado que las políticas públicas centren sus esfuerzos en abordar las causas estructurales del problema e incrementar de forma efectiva la oferta residencial, promoviendo la colaboración público-privada y favoreciendo la generación de nueva vivienda. [ASCAV]
