Las personas abajo firmantes, profesionales de la abogacía, apoyamos y participaremos en la huelga general del próximo 11 de noviembre de 2026, por los siguientes motivos:
El trabajo y la vivienda son condiciones esenciales para disfrutar de una vida digna. Pero, cuando ambas son vistas como mero producto de mercado u objeto de especulación, se vulneran necesidades vitales y derechos fundamentales para el ser humano. Por tanto, trabajo y vivienda deben entenderse conjuntamente como derechos no sometidos a las reglas del mercado, sino que deben atender a la posibilidad de desarrollar una vida que merezca ser vivida en términos de calidad, independencia y determinación personal.
En el año 2012, tras la grave crisis económica de 2008, se acometió una reforma laboral a través del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, el cual cercenaba pilares fundamentales del Derecho del Trabajo, excusándose en la necesidad del mercado y en la supuesta reactivación de la economía. En otras palabras, el preludio de la degradación de las condiciones de vida y trabajo de las personas asalariadas, que contribuyó a la perversión del papel tradicional del Derecho del Trabajo como instrumento compensador de la desigualdad entre empresario y personas trabajadoras: pérdida de protección frente al despido, aumento del poder empresarial sobre las condiciones de trabajo y debilitamiento de los derechos colectivos.
Si bien algunas de aquellas medidas han sido enmendadas por reformas posteriores, también podemos asegurar que, tras 14 años, estamos ante un nuevo escenario sociopolítico que exige defender el derecho a la vivienda (artículo 47 CE), como elemento transversal a todos los aspectos de la vida y con especial incidencia en las condiciones de las personas trabajadoras:
- La precarización: aceptar trabajos indeseables para atender la urgencia de disponer de un techo ante unos precios de alquiler y unas cuotas hipotecarias inasumibles.
- El coste económico y temporal de los desplazamientos al trabajo recae sobre una economía precaria, mientras que el tiempo de descanso, de convivencia familiar y de ocio se ve cada vez más reducido por el proceso de gentrificación de las ciudades
- La incertidumbre e inestabilidad del mercado de la vivienda impiden acceder a una conciliación familiar y laboral óptima, como consecuencia de la dificultad de fijar un domicilio habitual con vocación de permanencia o continuidad.
- El rostro femenino de los desahucios acentúa la vulnerabilidad de las familias monoparentales, y agrava las desigualdades del mercado laboral.
- La dificultad de emancipación y desarrollo personal y vital de las personas jóvenes.
- La soledad y el desamparo de grandes sectores de nuestra población, como las personas vulnerables, con discapacidad, avanzada edad o dependencia.
Esta nueva situación de crisis ha abierto una ventana de oportunidad para socavar los derechos de las clases trabajadoras, mediante la especulación y el rentismo inmobiliario, fenómenos que constituyen un problema creciente y que degradan nuestro Estado social y democrático de Derecho.
Si bien es cierto que el salario mínimo interprofesional ha aumentado a lo largo de los últimos años, su cuantía sigue sin ajustarse al alza de los precios de la vivienda y de la cesta de la compra, entre otros. Esto provoca que se destine una gran parte de los ingresos mensuales de las personas trabajadoras a garantizar el acceso a una vivienda, lo que disminuye considerablemente su poder adquisitivo y vulnera el derecho a una remuneración suficiente reconocido en el artículo 35 de la Constitución española.
El coste vital del trabajo precario y los salarios miserables dibujan un panorama de quiebra y profunda crisis del pacto social, institucionalizándose la desigualdad, que se traduce en un mero trasvase de ingresos de las personas trabajadoras hacia los propietarios de inmuebles, neutralizando las subidas salariales acordadas y favoreciendo la promoción de la figura del rentista. Todo ello en clara contraposición con el crecimiento desorbitado de los beneficios empresariales registrados.
Por otro lado, no deben pasar inadvertidos los grandes desafíos a los que se enfrenta el mundo laboral como: la salud mental, la regularización de personas migrantes, o el avance de la Inteligencia Artificial y la amortización de puestos de trabajo.
A mayor abundamiento, y por si no fuera suficiente, el futuro próximo amenaza con una escalada de recortes en los derechos sociales que tanto esfuerzo ha costado conquistar, en particular frente a los integrados dentro del Título I del Capítulo Tercero de los principios rectores de la política social y económica de la Carta Magna.
Tampoco podemos olvidar a quienes habitando el territorio no pueden ni siquiera reclamar como suyos y propios el ejercicio de estos derechos: personas migrantes, personas en situación de vulnerabilidad, refugiadas, mujeres prostituidas, la comunidad de presos, entre otras; quienes soportan una doble condena legal consistente en no poder acceder a sus derechos y vivir bajo el yugo del castigo de ser las personas olvidadas, sosteniendo la discriminación y violencias de un sistema jurídico que es particularmente opresivo con determinadas identidades y subjetividades.
No podemos aceptar este modelo de recesión e involución del Estado social y democrático de derecho.
Por todo ello, insistimos en nuestro apoyo a la huelga general del 11 de noviembre de 2026, entendida como una expresión colectiva de reivindicaciones de derechos en retroceso y que están bajo amenaza.
Alexander Velázquez Díaz, ICATF
Francisco Rodríguez Casimiro, ICATF
Irma Ferrer Peñate, ICALAN
José María Garrido. ICATF
Beatriz Palmés Martín, ICATF
Francesca Ricciardi, ICATF
Tania Rodríguez Rodriguez, ICATF
Isabel Saavedra Domenech, ICALPA
Sergio Santana Gómez, ICATF
Irene Villar García de Paredes, ICATF
Javier Díaz Reixa, ICATF
Juliet Plasencia Allright, ICATF
Loueila Sid Ahmed Ndiaye, ICALAN
Clodoaldo Corbella Ramos, ICATF
Irene Monterrey Viña, ICA La Palma
Amanda Rodríguez Armas. ICATF
Juan Estarriol Armendáriz, ICATF
Jose Ignacio Cestau Benito ICATF (no Mónica Serrano Quejido, ICATF ejerciente)
Pedro Fernández Arcila ICATF
María Josefina Méndez Pérez, ICATF
Vania Oliveros Mena,ICATF (exabogada)
Alicia Mujica Dorta, ICATF
José Ramón Pérez Meléndez ICALPA
Itahisa Amor Calderón Pérez, ICALPA [Alexander Velázquez Díaz]