Canarias 04/11/26.
Vanesa Martín, portavoz de la formación ecosocialista, anuncia la presentación de alegaciones al anteproyecto de CC-PP y apela a la movilización ciudadana y política contra una norma que legaliza la degradación y privatiza el dominio público.
El borrador autonómico promueve la desafección del litoral más antropizado, reduce la servidumbre de tránsito a la mitad y busca amparar urbanizaciones y proyectos turísticos agresivos como Cuna del Alma o Costa San Juan.
La portavoz de Sí se puede en Canarias, Vanesa Martín, ha anunciado este martes que su organización política formalizará una batería de alegaciones al anteproyecto de la Ley de Costas de Canarias promovido por el Gobierno autonómico de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), actualmente en fase de exposición pública. Desde la formación ecosocialista advierten de que la propuesta legislativa no busca proteger el medio litoral, sino abrir la puerta a un proceso acelerado de especulación, privatización y hormigonado del dominio público marítimo-terrestre en el Archipiélago.
Para Sí se puede, la norma representa “un grave ejemplo de doble discurso institucional”: mientras las administraciones organizan jornadas sobre “renaturalización”, al mismo tiempo promueven la destrucción sistemática del litoral o la legalización a posteriori de lo destruido, en especial si beneficia a grandes grupos turísticos o las más poderosas empresas de la construcción. La portavoz citó como muestra las inversiones multimillonarias sin justificación ambiental o económica en infraestructuras fallidas, como los 50 millones de euros previstos para la ampliación del puerto de Granadilla en Tenerife. “Dejan claro que les importa más los grupos que les financian sus campañas políticas y los medios que les sirven de altavoz, que el entorno natural y lo que es público”, asegura.
Un coladero legal para desafectar e indultar el litoral degradado
El núcleo técnico del anteproyecto oculta mecanismos diseñados para rebajar los niveles de protección. En particular, el artículo 24 contempla que el Gobierno regional o los ayuntamientos puedan instarle al Estado la modificación del deslinde y la desafectación de aquellos tramos de la costa que se encuentren “antropizados y degradados”.
A juicio de la formación política, esta disposición invierte perversamente la lógica de la Ley Estatal de Costas de 1988: mientras la ley estatal exige preservar los suelos degradados para recuperar el litoral, la norma canaria convierte la degradación en un pretexto institucional para desclasificar la costa, desafectarla del dominio público y abrir la vía a su enajenación o cesión patrimonial. Este planteamiento imita los argumentos de promotoras envueltas en irregularidades, como la del hotel Papagayo Arena en Lanzarote, que pretendió justificar la eliminación de la servidumbre alegando que “ya no quedaba nada que proteger”.
“Traje a medida” para los megaproyectos y el modelo de masas
Sí se puede señala que el anteproyecto actúa como una amnistía urbanística en la costa canaria al incorporar cláusulas hechas a la medida de los grandes desarrollos turísticos e inmobiliarios:
* Facilidades para la ocupación de servidumbres: El artículo 42 declara “convenientes” las instalaciones turísticas dentro de la servidumbre de protección con tal de que figuren en un planeamiento local o turístico. Esta misma justificación fue la empleada por el Gobierno de Canarias para avalar las infraestructuras de Cuna del Alma en El Puertito de Adeje (Tenerife), actualmente paralizadas por los tribunales tras las denuncias ecologistas.
* Reducción de la servidumbre de tránsito: El artículo 44 reduce a solo tres metros el espacio libre de paso junto a la orilla en zonas con obras existentes, recortando a la mitad los seis metros que establece con carácter general la normativa estatal.
* Blanqueo de núcleos y asentamientos: Las disposiciones adicionales y transitorias abren la puerta a la reclasificación automática de asentamientos rurales como suelo urbano y otorgan título legal predeterminado a paseos, viales y plazas en dominio público anteriores a 1988.
Consideran que los casos de núcleos costeros donde se ha privatizado suelo público deben estudiarse caso a caso, valorando su origen y sus usos, tradicionales o clandestinos, para valorar una respuesta que siempre debe estar sostenida sobre el interés público y la conservación del medio marino y costero. “Por muy tradicionales que puedan considerarse, la privatización unilateral de zonas de costa, de suelo público, no puede verse como algo que pueda o deba ser normalizado”, afirma.
Cuatro kilómetros de costa perdidos cada año
“Canarias pierde cada año cuatro kilómetros de costa natural por la artificialización continua del suelo”, recordó Vanesa Martín haciendo referencia a datos del informe SOS Costas Canarias. La portavoz criticó que, en plena contestación social contra el modelo turístico de masas, se sigan impulsando actuaciones como la reparcelación de Costa San Juan en Guía de Isora —con más de 267.000 m² de suelo agrícola orientados a villas de lujo y 1.100 camas hoteleras— o la privatización de 950 metros de frente marítimo.
“Los presuntos nacionalistas que gobiernan en Canarias actúan como comisionistas de los grandes fondos de inversión, sacrificando el patrimonio de todos para que unos pocos sigan haciendo negocio a costa de nuestra tierra”, concluyó Vanesa Martín.
Sí se puede hace un llamamiento al conjunto de colectivos sociales, ambientales y ciudadanas para coordinar fuerzas, presentar alegaciones masivas y frenar en la calle y en las instituciones un borrador que consolida el modelo de cemento y especulación. [Gabinete de prensa Sí se puede Canarias]