Canarias 30/10/26.
Sí se puede denuncia la falta de compromiso político del Gobierno de Canarias, integrado por Coalición Canaria y Partido Popular, con la recuperación de la memoria democrática y la reparación de las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Con motivo del 31 de octubre, Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas, la organización considera especialmente preocupante que, casi noventa años después del golpe de 1936, las instituciones canarias sigan sin situar esta deuda histórica entre sus prioridades políticas.
La portavoz de Sí se puede, Vanesa Martín, considera que el Ejecutivo autonómico está desaprovechando una oportunidad para avanzar en el reconocimiento de las víctimas y sus familias. «No basta con acudir a los actos institucionales o hacer declaraciones de compromiso. La memoria democrática necesita voluntad política, presupuesto, actuaciones concretas y, sobre todo, respeto a quienes todavía esperan saber dónde están sus familiares, recuperar sus restos y obtener el reconocimiento que se les ha negado durante décadas».
Martín señala que esta falta de compromiso se manifiesta también en el ámbito educativo, donde la Consejería de Educación ha recurrido al principio de la denominada «neutralidad ideológica» para establecer condiciones a la participación de asociaciones y colectivos externos en los centros educativos. «Nos preocupa que se utilice una supuesta neutralidad para poner obstáculos a quienes trabajan por divulgar nuestra historia y explicar la represión franquista. Educar en democracia no significa ocultar la dictadura ni tratar como una cuestión ideológica el conocimiento de las vulneraciones de derechos humanos». Recuerdan, en este sentido, que con esta medida el Archipiélago ha adelantado en la aplicación de fórmulas similares a lo que ya están desarrollando en lugares como la comunidad Valenciana, Castilla y León, Andalucía o Baleares, por los acuerdos con Vox, siendo la memoria histórica uno de los ejes de esta “neutralidad”, que entienden que solo busca “retomar los argumentos del franquismo sobre el golpe y la represión y ponerlos en el mismo lugar y nivel que los de la comunidad científica”.
La portavoz recuerda que el conocimiento de la represión franquista forma parte de las obligaciones del sistema educativo y que transmitir esa historia a las nuevas generaciones es una garantía democrática, no una opción partidista.
Dinero público para perpetuar homenajes al dictador mientras las víctimas esperan
Sí se puede considera especialmente grave la situación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el segundo municipio más poblado de Canarias, cuyo alcalde, José Manuel Bermúdez, de Coalición Canaria, está utilizando los recursos de la institución para defender judicialmente la permanencia del conocido como Monumento a Franco.
La organización critica que se destinen medios jurídicos y recursos públicos a intentar mantener en el espacio público un monumento dedicado al dictador, mientras siguen pendientes actuaciones de reconocimiento, protección de lugares de represión y reparación de las víctimas. «Es una contradicción difícil de justificar que una institución dedique esfuerzos y dinero público a defender la permanencia de un homenaje a Franco y, al mismo tiempo, no veamos una implicación equivalente para reconocer a las personas que fueron asesinadas, desaparecidas, torturadas y represaliadas por defender la democracia y las libertades», señala Vanesa Martín.
La portavoz considera que las administraciones públicas deben asumir que no existe neutralidad posible ante la vulneración de los derechos humanos y que la memoria democrática debe situar a las víctimas en el centro de las políticas institucionales.
La memoria democrática no puede depender exclusivamente del Gobierno del Estado
Otro de los motivos de preocupación de Sí se puede es la fragilidad de las políticas de memoria que se desarrollan en Canarias y su dependencia de los recursos procedentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
La organización advierte de que buena parte de las actuaciones que llevan a cabo el Gobierno autonómico, los cabildos y los ayuntamientos dependen de la financiación estatal, sin que se esté consolidando un esfuerzo presupuestario propio suficiente para garantizar su continuidad. En este sentido, Sí se puede alerta del riesgo de retroceso que supondría un cambio de orientación política en el Gobierno del Estado hacia posiciones contrarias a las políticas de memoria democrática. Las experiencias de comunidades autónomas donde gobiernos del PP y Vox han impulsado la derogación o modificación de normas de memoria constituyen, a juicio de la organización, una advertencia sobre la vulnerabilidad de los avances conseguidos.
«No podemos construir una política pública de memoria que dependa de quién gobierne en Madrid. Canarias tiene una responsabilidad histórica propia y debe contar con recursos, planificación y compromisos institucionales estables. Si las actuaciones que hoy se desarrollan dependen fundamentalmente de financiación estatal, cualquier retroceso en esa financiación puede dejar sin continuidad proyectos imprescindibles», advierte Martín.
Canarias sigue teniendo una deuda histórica con sus víctimas
Sí se puede recuerda que las dimensiones de la represión en el Archipiélago exigen una respuesta institucional mucho más ambiciosa. Según los datos recogidos en el argumentario de la organización, unas 891 personas fueron desaparecidas en Canarias entre agosto de 1936 y abril de 1937 por sus simpatías o pertenencia a sectores que apoyaron al Frente Popular. En el Archipiélago se contabilizan 40 fosas, de las que cinco constan como exhumadas, mientras que otras 35 permanecen pendientes de intervención. A ello se suman las personas fusiladas, torturadas y encarceladas, la depuración de cerca de un millar de docentes y las consecuencias sociales y económicas de la represión y el exilio.
«Detrás de cada cifra hay una persona, una familia y una historia que durante demasiado tiempo se ha querido silenciar. No estamos hablando de un debate sobre el pasado, sino de derechos humanos que siguen pendientes en el presente. Las familias tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a que las instituciones las acompañen», afirma la portavoz.
Un homenaje público a las víctimas canarias en el 90 aniversario del golpe militar
Finalmente, Sí se puede quiere expresar su apoyo a las reivindicaciones de las asociaciones y entidades memorialistas del Archipiélago y sumarse expresamente a la reclamación de un homenaje público e institucional a las víctimas canarias del golpe militar, la Guerra Civil y la dictadura, con motivo del 90 aniversario del golpe de Estado de 1936. La organización considera que el Gobierno de Canarias debe asumir un papel protagonista en la organización de este reconocimiento, en coordinación con las entidades memorialistas, las familias de las víctimas, los cabildos y los ayuntamientos.
Para Sí se puede, este homenaje debe ser algo más que un acto simbólico: debe acompañarse de compromisos concretos para impulsar las exhumaciones, identificar a las personas desaparecidas, proteger los lugares de memoria, divulgar la historia de la represión en Canarias y garantizar la participación de las familias y las asociaciones. «Las víctimas canarias merecen un reconocimiento público a la altura de lo que sufrieron y de lo que todavía esperan sus familias. Noventa años después del golpe militar, no podemos seguir aplazando esta responsabilidad. Queremos que Canarias las recuerde, las nombre y les devuelva el lugar que les corresponde en nuestra historia colectiva», concluye Vanesa Martín. [Gabinete de prensa Sí se puede Canarias]
