15 de octubre de 2026.- El Cabildo de Tenerife celebró este martes, 13 de octubre, una jornada dedicada a la Ley 3/2026, de 16 de junio, de Cabildos Insulares, organizada en colaboración académica con la Cátedra Cultural de Estudios Autonómicos y Constitucionales Gumersindo Trujillo de la Universidad de La Laguna, a la que asistieron más de 300 profesionales de cabildos y del sector público.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, abrió las jornadas, dirigidas al personal funcionario de la institución insular, de otros cabildos y otras instituciones locales, con el objetivo de dar a conocer el contenido de la nueva regulación y analizar sus implicaciones para la organización y el funcionamiento de las administraciones insulares.
Durante su intervención, en la que estaba acompañada por el vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, y el director de la citada cátedra, Antonio Domínguez Vila, Dávila explicó que “la reforma responde a la necesidad de adaptar la anterior Ley de Cabildos, de 2015, al Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018, teniendo en cuenta la doble condición de estas instituciones como corporaciones locales y como administraciones de la Comunidad Autónoma”.
La nueva regulación aborda, entre otras cuestiones, la organización y el ejercicio de las competencias insulares. En este sentido, dijo, “el desarrollo de la ley permite adaptar los procedimientos administrativos a la naturaleza de las competencias transferidas a los cabildos, con referencias a ámbitos como los servicios sociales, la atención a las personas y la extinción de incendios, entre otros asuntos”.
Dávila también subrayó la importancia de la aplicación práctica de la norma por parte del personal funcionario, cuya labor resulta necesaria para trasladar sus disposiciones al funcionamiento cotidiano de las instituciones. Asimismo, ha indicado que los siete cabildos abordarán conjuntamente el desarrollo reglamentario de la ley.
Por su parte, José Miguel Ruano, expuso que “la reforma adapta la organización de los cabildos a su condición de instituciones autonómicas. Ese cambio normativo debe llevar a un cambio cultural: el Archipiélago se construye desde cada Isla. Los empleados públicos de los cabildos deben reconocer cuando actúan como institución autonómica y cuándo lo hacen como órgano de gobierno local. A su vez, los empleados públicos de la administración autonómica deben ver a los cabildos como coadyuvantes del interés público de Canarias y las relaciones cabildos-administración autonómica deben basarse en el principio de lealtad institucional recíproca”.
El programa de la jornada incluyó sesiones dedicadas a la adaptación del régimen jurídico de los cabildos al Estatuto de Autonomía, la consolidación del sistema de competencias insulares, las relaciones con la Administración de la Comunidad Autónoma, la evolución de los modelos de organización de los gobiernos insulares y la aplicación de la nueva regulación.
También se habló de la organización administrativa, la estabilidad presupuestaria y los aspectos relacionados con la organización y el empleo público.
En las sesiones participaron especialistas del ámbito universitario, jurídico y administrativo, entre ellos José Miguel Ruano León, vicepresidente segundo del Cabildo de Tenerife y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna; Antonio Domínguez Vila, profesor titular de Derecho Constitucional de la misma universidad; Avelino Blasco Esteve, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de las Islas Baleares; María Esther Trujillo González, directora técnica de Modernización Administrativa, Buen Gobierno e Innovación Pública del Cabildo de Tenerife, y Francisco Javier López Hernández, letrado del Parlamento de Canarias.
El vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, señaló que “es una satisfacción poder clausurar estas jornadas sobre la Ley 3/2026, de 16 de junio, de Cabildos Insulares, un espacio de encuentro, análisis y reflexión sobre el presente y el futuro de nuestras instituciones insulares”.
Afonso destacó la importancia de este tipo de iniciativas para profundizar en el conocimiento del marco jurídico que regula la actividad de los cabildos, así como para compartir experiencias y abordar los retos que afronta la Administración insular en el ejercicio de sus competencias.
La Ley 3/2026 deroga íntegramente la Ley 8/2015 y establece un marco jurídico actualizado para los cabildos insulares. Entre las materias que regula figuran la autonomía insular, la delimitación de competencias, la cooperación entre administraciones, la cohesión territorial y la respuesta ante emergencias. [Cabildo de Tenerife]
