GABINETE DE COMUNICACIÓN Tenerife 14/10/26.
Sí se puede Canarias expresa su preocupación ante la posibilidad de que Mari Brito, alcaldesa de Candelaria desde 2015 y presidenta de la Federación Canaria de Municipios (FECAM) desde 2019, encabece la candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados por Tenerife en los próximos comicios, en un contexto marcado por la causa judicial relacionada con los vertidos industriales del Valle de Güímar.
Vanesa Martín, portavoz de Sí se puede Canarias, advierte de que esta posibilidad plantea importantes interrogantes políticos y éticos. “La ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones por décadas de contaminación de nuestro litoral y por la inacción de las administraciones responsables”. No sería aceptable que una candidatura electoral terminara generando la percepción de que se busca una vía de aforamiento mientras sigue su curso una causa judicial de enorme trascendencia ambiental», señala.
La organización recuerda que el caso del Valle de Güímar es el resultado de una larga trayectoria de denuncias y reclamaciones, desde la ciudadanía, asociaciones ambientales y cargos públicos de Sí se puede e IUC, para poner fin a los vertidos de aguas residuales industriales sin el tratamiento adecuado. Un proceso que comenzó en 2011, impulsado por un grupo de concejales y concejalas de izquierdas del Valle, que decidieron denunciar una situación que afectaba directamente a la calidad ambiental de la costa y al interés general de la población.
Quince años después, el problema continúa teniendo consecuencias políticas, ambientales y judiciales. La Fiscalía solicita penas de cuatro años de prisión y trece años de inhabilitación para Carmen Luisa Castro, María Concepción Brito, Gumersindo García y Juan José Lemes, en relación con la causa por los vertidos. Estas peticiones deberán sustanciarse en el procedimiento judicial correspondiente, sin perjuicio de la presunción de inocencia de las personas investigadas.
Una contaminación prolongada ante la inacción de las administraciones
La denuncia puso el foco en los vertidos de aguas residuales procedentes del polígono industrial del Valle de Güímar, donde durante décadas se habrían producido descargas sin la depuración necesaria. Se trata de un espacio que concentra actividades industriales con aguas residuales de características diversas, algunas potencialmente peligrosas por la presencia de sustancias químicas y metales pesados, sin que se haya dispuesto de una infraestructura de depuración industrial adecuada a las necesidades del conjunto de las actividades desarrolladas.
La protección del medio ambiente debe estar por encima de los intereses partidistas
Sí se puede Canarias considera que el caso del Valle de Güímar debe servir para exigir un compromiso inequívoco con la transparencia, la rendición de cuentas y la protección del medio ambiente. La posible candidatura de Mari Brito al Congreso debe analizarse también desde esa responsabilidad política, especialmente por tratarse de una figura con una prolongada trayectoria institucional y con responsabilidades en el ámbito municipal.
“Esperamos que quienes aspiran a representar a Tenerife en las instituciones del Estado estén a la altura de las exigencias de la ciudadanía. Los partidos que se definen como progresistas deben demostrarlo con hechos, empezando por asumir responsabilidades políticas cuando existen problemas ambientales de esta magnitud y por contribuir a que se esclarezcan los hechos”, sostiene la portavoz.
Martín insiste en que la gravedad del caso exige evitar cualquier actuación que pueda interpretarse como un intento de utilizar los mecanismos institucionales para eludir el escrutinio público. La eventual adquisición de la condición de aforada no supone, por sí misma, una exención de responsabilidad penal, pero sí puede afectar a las reglas de competencia judicial, por lo que cualquier decisión política de esta naturaleza merece una explicación transparente cuando concurre una causa de esta relevancia.
“El aforamiento no puede convertirse en una cortina de humo ni en un asunto que se despache como si no tuviera importancia. La ciudadanía necesita garantías de que las decisiones políticas responden al interés general y no a cálculos partidistas. Lo que exigimos es transparencia, responsabilidad y respeto al procedimiento judicial”, añade.
Sí se puede Canarias reclama que se esclarezcan los hechos, que se depuren las responsabilidades que correspondan y que las administraciones públicas actúen con determinación para proteger el litoral del Valle de Güímar. La defensa del territorio y de la salud ambiental no puede quedar subordinada a los intereses electorales ni a la conveniencia de ninguna organización política.
La recuperación del litoral y la garantía de que estos hechos no vuelvan a repetirse deben ser una prioridad institucional. El Valle de Güímar necesita soluciones, transparencia y garantías de protección ambiental, no décadas adicionales de inacción. [Sí se puede Canarias]
