Tenerife 16 de septiembre de 2026. Sí se puede e Izquierda Unida Canaria (IUC) reivindican el trabajo político, institucional y judicial desarrollado durante años para denunciar los vertidos de aguas residuales industriales sin depurar en el Polígono Industrial del Valle de Güímar y confían en que el actual procedimiento judicial contribuya a esclarecer responsabilidades y a garantizar, de una vez, la protección del medio marino y de la salud de la ciudadanía.
Las dos organizaciones recuerdan que desde 2011 vienen alertando de la situación generada por los vertidos procedentes del polígono industrial y que, en 2017, presentaron conjuntamente una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente por los vertidos ilegales de aguas residuales. En aquel momento reclamaron también al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias que priorizaran la construcción de una estación depuradora.
La denuncia advertía de que durante décadas se habían producido vertidos de aguas residuales sin depurar procedentes del Polígono Industrial del Valle de Güímar, un espacio en el que desarrollan su actividad numerosas empresas y que carecía de una estación depuradora de aguas residuales industriales. Asimismo, señalaba el reiterado incumplimiento del programa de vigilancia y control establecido por la Administración autonómica.
Para Sí se puede e IUC, aquella actuación permitió poner sobre la mesa una situación que durante demasiado tiempo permaneció sin una respuesta adecuada por parte de las administraciones públicas responsables. Las organizaciones subrayan que los vertidos industriales, que podían contener sustancias contaminantes derivadas de los procesos productivos, acabaron afectando al entorno marino y, según se recoge en la denuncia, incluso han podido incorporarse a la cadena trófica.
Acusación popular y obstáculos al ejercicio de la acción ambiental
Sí se puede e IUC recuerdan asimismo que en mayo de 2018 ambas organizaciones se personaron como acusación popular en el procedimiento judicial. Desde entonces, han tenido que afrontar obstáculos para mantener su participación en la causa.
En este sentido, denuncian que la defensa de la alcaldesa de Candelaria reclamó a ambas organizaciones una fianza de 12.000 euros para poder continuar ejerciendo la acusación popular, una medida que consideran un intento de dificultar el acceso de las organizaciones políticas y sociales a la justicia en defensa del medio ambiente.
“No hemos utilizado nuestra presencia en las instituciones para generar silencios cómplices. Hemos denunciado aquello que considerábamos contrario al interés general, incluso cuando hacerlo tenía un coste político y nos enfrentaba a intereses poderosos”, manifiestan.
Las organizaciones consideran que la vía judicial fue necesaria ante la falta de una respuesta suficiente por parte de las administraciones y recuerdan que los autos judiciales, según el borrador, han señalado el conocimiento de los hechos por parte de responsables políticos, su inacción y el impacto ambiental de los vertidos.
La Fiscalía solicita cuatro años de prisión
La actualidad del procedimiento viene marcada por el escrito de acusación de la Fiscalía, que solicita cuatro años de prisión para dos alcaldesas y dos exalcaldes de Tenerife por delitos de prevaricación por omisión y contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Según el escrito de acusación, la Fiscalía atribuye estos hechos a la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro; la alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito; el exalcalde de Candelaria, José Gumersindo García Trujillo; y el exalcalde de Arafo, José Juan Lemes Expósito.
La Fiscalía sostiene que los responsables políticos, “de forma deliberada y sin justificación”, se abstuvieron de adoptar actuaciones administrativas que estaban obligados a realizar para el mantenimiento, conservación y adecuación de las instalaciones de evacuación, control, tratamiento y legalización de los vertidos al medio marino.
Sí se puede e IUC consideran que, independientemente del resultado final del procedimiento judicial, este caso debe servir para extraer conclusiones políticas: la protección del medio ambiente no puede quedar subordinada a intereses económicos ni a la inacción de las administraciones competentes.
“El litoral de Güímar no puede volver a ser el precio a pagar de la inacción”
Ambas formaciones advierten de que durante décadas se puso en riesgo la calidad de las aguas y el ecosistema marino y recuerdan que la documentación que dio origen al procedimiento recogía niveles de contaminación que superaban los valores de referencia establecidos en la normativa, incluidos los relativos a metales pesados.
“El litoral de Güímar no puede volver a ser el precio de la inacción política. Lo ocurrido debe servir de precedente para que ninguna administración vuelva a mirar hacia otro lado ante un problema ambiental de esta magnitud”, señalan.
Sí se puede e IUC afirman que continuarán defendiendo la protección del territorio y del medio marino y valorando los próximos pasos dentro del procedimiento judicial, pese a las dificultades que puedan plantearse.
“Este no es solamente un proceso judicial o ambiental. Es también una forma de entender la política: actuar en defensa del interés general, proteger los recursos naturales y exigir responsabilidades cuando las administraciones incumplen sus obligaciones”, concluyen. [Sí se puede]