La formación ecosocialista respalda la petición de la Plataforma en Defensa de las Pensiones para blindar esta ayuda y garantizar su continuidad
Más de 41.000 personas beneficiarias de pensiones no contributivas en Canarias han recibido esta semana el abono correspondiente a la paga complementaria autonómica, con los primeros 200 euros de los 400 previstos para 2026. Se trata de una medida impulsada en 2020 para aliviar la situación de vulnerabilidad de quienes perciben las prestaciones más bajas del Estado.
La portavoz de Sí se puede, Vanesa Martín, ha mostrado el respaldo de la organización a la demanda planteada por la Plataforma en Defensa de las Pensiones para que este complemento quede consolidado de forma permanente mediante una norma de obligado cumplimiento que garantice su continuidad independientemente del gobierno de turno.
Recuerda que Canarias continúa situándose entre las comunidades autónomas con las pensiones no contributivas más bajas, en un contexto marcado además por el incremento de la pobreza severa, el encarecimiento del coste de la vida y las dificultades crecientes para miles de familias. “Muchas personas mayores y en situación de vulnerabilidad sobreviven con ingresos claramente insuficientes y, en numerosos hogares, estas pensiones son el único sustento económico de toda la familia”, señala.
Desde Sí se puede destacan que esta reivindicación social lleva años sobre la mesa. En 2018 ya se impulsó una recogida de firmas que logró más de 5.000 apoyos para reclamar medidas de refuerzo de las pensiones mínimas y no contributivas en Canarias, con el objetivo de combatir la precariedad y garantizar unas condiciones de vida dignas. La formación recuerda además que, durante la anterior legislatura progresista, este complemento económico para las pensiones no contributivas quedó recogido en la Ley de Renta Canaria de Ciudadanía, aprobada en 2023, lo que supuso un avance importante en el reconocimiento institucional de esta necesidad social.
Para Vanesa Martín, el actual Gobierno de Canarias debe asumir “como una prioridad absoluta” la consolidación definitiva de este derecho y abrir un diálogo estable con el resto de administraciones competentes para asegurar su financiación y continuidad. “La realidad social y económica de Canarias es extraordinaria y requiere respuestas extraordinarias. No se puede jugar con la incertidumbre de miles de personas que dependen de estas ayudas para sobrevivir”, afirma.
La portavoz ecosocialista considera además “inadmisible” el retraso en la aplicación de esta medida y critica que las distintas administraciones “se lancen balones fuera” en lugar de ofrecer soluciones. “Garantizar unas condiciones de vida dignas para las personas pensionistas más vulnerables debería estar por encima de cualquier disputa política”, concluye. [Sí se puede]