El equipo de gobierno del Cabildo de La Palma ha registrado una solicitud dirigida al presidente de Aena para promover la ampliación de la prórroga de los incentivos comerciales a las aerolíneas que operan en el Aeropuerto de La Palma durante el periodo 2027-2030. La iniciativa ha sido remitida a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como parte de la estrategia insular para seguir fortaleciendo la conectividad aérea de la isla.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, recuerda que esta es una petición que el gobierno insular, a través de la consejera de Turismo, Raquel Rebollo, y de él mismo, se ha trasladado en reiteradas ocasiones a representantes de Aena, “ya se trata de una medida esencial para seguir avanzando en la recuperación socioeconómica de La Palma tras la erupción del volcán Tajogaite”.

En este sentido, Rodríguez destaca que «mantener instrumentos que favorezcan la implantación y consolidación de rutas es una prioridad para seguir mejorando las oportunidades de La Palma» y señala que la isla sigue necesitando medidas que refuercen su competitividad como destino turístico y faciliten la movilidad de residentes, visitantes y empresas”.

El presidente del Cabildo de La Palma insiste en que la estabilidad de estos incentivos permitirá ofrecer un marco de confianza a las compañías aéreas para planificar su operativa en los próximos años y defiende que el equipo de gobierno insular seguirá trabajando para “defender los intereses de la isla y consolidar una conectividad que resulta esencial para nuestro presente y nuestro futuro”. [Cabildo de La Palma]

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La formación política Contigo La Palma, que preside Javier Gutiérrez Taño, ha considerado hoy de Canarias, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, para compensar el exceso cobrado de ayudas, debido a un error administrativo, por los plataneros entonces beneficiarios de los apoyos directos por pérdida de renta como consecuencia de la erupción volcánica de la isla de La Palma en 2021, la acción pública correspondiente a la campaña 2021-2022, en la que se pagaron adelantos del subsidio según una previsión de abono que luego resultó inexacta.

La medida adoptada ahora y aprobada en diciembre pasado con la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, recuerda el mismo partido político, compensa a 1.296 titulares de explotaciones plataneras en La Palma, a los que evita el reintegro de las cantidades superadas en aquellos pagos (solo cuatro no podrán recibir la compensación del 100% pues sus reintegros se hallan por encima de los 50.000 euros) gracias a la concesión de ayudas de minimis equivalentes a las deudas pendientes. Ello supone atender un importe total, para evitar esos reintegros, de casi 3,5 millones de euros, tal y como se ha conocido estos días de informaciones periodísticas.

Cuestionada legalidad de la disposición adicional

La disposición adicional quincuagésima de la Ley 9/2025, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026, diseñada por Coalición Canaria en La Palma, contraviene, tal y como observa Contigo La Palma, el derecho de la Unión Europea (UE) y los reglamentos reguladores de las ayudas de Estado, de obligado cumplimiento para la legislación española y autonómica.

Según la misma organización política, todo permite pensar que “se están aplicando irregularmente las ayudas de minimis debido a que, en el caso señalado, no se compensa ninguna pérdida real, pues se conceden sobre los mismos hechos y costes ya compensados” por una ayuda amparada en el Reglamento (UE) 702/2014. El único fin, por lo tanto, es “neutralizar una obligación de reintegro de fondos públicos”.

Ello vulnera -se añade- las reglas de acumulación del Reglamento (UE) 1408/2013, que impiden sumar ayudas de minimis a ayudas exentas por categorías cuando se superan los límites fijados para los mismos costes subvencionables. La propia disposición adicional, señala Contigo La Palma, reconoce la anomalía del procedimiento al establecer que la concesión “no requerirá de aprobación del gasto”; es decir, se otorga una ayuda pública sin el expediente ordinario de gasto.

Además, prosigue el mismo partido, en la tramitación parlamentaria “se eliminaron deliberadamente los controles de legalidad, al exceptuarse la obligación de emitir el informe preceptivo de la Dirección General de Asuntos Europeos sobre la compatibilidad de la medida con las normas europeas de la competencia”.

Con esa decisión, expone Contigo La Palma, está claro que “se corre el riesgo de que la Comisión Europea entienda que se están aplicando irregularmente las ayudas de minimis en el sector platanero. La Comisión puede examinar estas ayudas por propia iniciativa o a raíz de la denuncia de cualquier persona, agricultor, organización agraria o entidad que se considere afectada”, se recuerda.

Más falta de transparencia en ayudas para la reconstrucción

Contigo La Palma además indica que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria acaba de solicitar a las organizaciones de productores de plátanos (OPP) su colaboración para notificar a los beneficiarios que son personas físicas esas ayudas de minimis, de manera individual y presencial en la oficina de Gesplan en Los Llanos de Aridane, la omnipresente empresa pública en la vida de los afectados por el volcán Tajogaite. En esa cita, los agricultores firmarán el documento individualizado de aceptación de la ayuda de minimis.

Además, todo apunta, añade Contigo La Palma, a que la Consejería “no hará público el listado de beneficiarios ni la resolución de concesión, sumándose así a la práctica habitual de hermetismo en la gestión de la reconstrucción de la isla tras el volcán, una opacidad que ya ha sido reprochada por el propio Comisionado de Transparencia de Canarias”. Con esta acción, “se vulnera de nuevo el derecho de la ciudadanía a saber cómo se gestiona el dinero de todos: firma presencial, sin publicación de la orden de concesión y sin acceso universal a la información sobre quiénes reciben estos fondos y en qué cuantía”.

Las consecuencias, si se considera ayuda de Estado ilegal

Si esto ocurriera, avanza Contigo La Palma, la Comisión Europea podría exigir la recuperación de la ayuda por ilegalidad o incompatibilidad, pues “es ilegal toda ayuda concedida al amparo de un reglamento de exención que no reúna las condiciones establecidas en dicho reglamento, como parece que es el caso”.

Contigo La Palma considera que “la condonación del exceso cobrado puede generar a los supuestos beneficiarios más daño a medio plazo que la aparente mejora inmediata, porque es probable que las cantidades recibidas terminen teniendo que ser reintegradas con los correspondientes intereses de demora”. También conviene recordar que cuatro de los expedientes ni siquiera quedan cubiertos por el límite de 50.000 euros de la ayuda de minimis, pues “hay excesos abonados, como ocurre en un caso, que superan hasta los 140.000 euros”.

A su vez, no debe olvidarse que en estos momentos se negocia ante instancias de la UE el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, y que desde Canarias “se defiende la continuidad o incluso el incremento de las ayudas del Posei para el plátano”, ahora en 141,1 millones de euros por año. Por lo tanto, “un mal uso de las ayudas de Estado de minimis en este mismo sector bien podría resultar perjudicial para las propuestas que debe adoptar la UE con vistas a ese periodo, el nuevo septenio presupuestario”, plantea la misma formación política.

Expuesto lo anterior, “la solución más razonable, ética y legal debió ser haber continuado con el expediente abierto en la Consejería y reintegrar los excesos de ayuda, pagos que no correspondían”. En política, remata Contigo La Palma, “la ética es la frontera entre gobernar para todos o repartir favores. Si una ayuda se ha cobrado indebidamente, se devuelve. Seguiremos defendiendo que el dinero público se gestione con transparencia, igualdad y respeto a la ley”, subraya Javier Gutiérrez Taño. [bara bara Comunicación]

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Ante la votación de la modificación de la Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas que tendrá lugar este próximo miércoles en el Parlamento de Canarias, el Cabildo de La Palma ha intensificado el trabajo técnico y político con los diferentes grupos parlamentarios con representación en la Cámara autonómica haciéndoles llegar formalmente las enmiendas y necesidades prioritarias de la isla para evitar que la nueva normativa autonómica lesione los derechos de los afectados por el volcán y cercene el desarrollo socioeconómico insular.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, enfatiza que existen cuestiones fundamentales que deben situarse al margen de la confrontación ideológica o partidista. La primera de ellas es garantizar y salvaguardar los derechos preexistentes de las familias que perdieron sus propiedades e inmuebles turísticos bajo las coladas de lava del Tajogaite.

Así, esta primera enmienda remitida a la Cámara autonómica exige que se salvaguarden de forma explícita los derechos de las familias afectadas, no solo para reconstruir físicamente sus viviendas, sino también para mantener su uso vacacional previo, siempre y cuando estuvieran debidamente dadas de alta en el registro oficial del Gobierno de Canarias.

La actual Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas establece la exigencia de una antigüedad mínima de cinco años para habilitar la comercialización turística. El Cabildo argumenta que de esa manera se limita a los damnificados el derecho pleno a reconstruirlas y explotarlas de nuevo sin verse perjudicados por este filtro temporal. Esta justa pretensión ya está respaldada por el espíritu y la literalidad de la propia Ley del Volcán y los decretos de recuperación dictados por el Gobierno de Canarias.

La segunda enmienda plantea blindar la Ley de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en El Hierro, La Gomera y La Palma, conocida como Ley de Islas Verdes. Las tres islas cuentan con un marco legal especial con supremacía sobre la planificación general, el cual no puede verse vulnerado ni condicionado por las determinaciones territoriales o limitativas de la nueva ley vacacional.

Por ello, Sergio Rodríguez hace hincapié en que el modelo de la Ley de Islas Verdes funciona de forma idónea en territorios donde no existen grandes tenedores ni cadenas de explotación masiva. “Se trata de un ecosistema en el que las viviendas vacacionales aportan rentas complementarias directamente a las economías familiares, ayudando a fijar población al territorio, recuperar fincas agrícolas en las medianías y generar un turismo no invasivo”, recalca el presidente palmero.

Además, Sergio Rodríguez recuerda que La Palma trabaja a través de sus Instrumento de Planificación Singular Turístico para ampliar la planta alojativa de formato estándar o tradicional, pero la realidad de la reconstrucción exige no prescindir de ninguna plaza turística o herramienta capaz de generar dinamismo económico, en este momento.

Por todo ello, Sergio Rodriguez llama la atención sobre el hecho de qué como está planteada inicialmente, la Ley de Vivienda Vacacional cercena el espíritu de la Ley de Islas Verdes y colisiona con el derecho de la ciudadanía a explotar estas viviendas como soporte complementario de ingresos, obviando además que La Palma ha sido una isla pionera en la promoción y generación de vivienda pública y protegida.

Por todo ello, el presidente de La Palma solicita el respaldo unánime de los grupos políticos parlamentarios el próximo miércoles para aprobar estas enmiendas esenciales para el futuro insular. [Cabildo de La Palma]

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La Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera de La Palma trabaja en la mejora del Canal General LP-II, entre Barlovento y Fuencaliente, una infraestructura hidráulica clave para la isla en la que se han invertido más de dos millones de euros para reducir las pérdidas de agua. 

El presidente insular, Sergio Rodríguez, ha visitado la zona donde se van a desarrollar las actuaciones que se llevarán a cabo en un tramo de seis kilómetros para mejorar la canalización de esta red esencial de la isla junto al dirección insular de la Administración General del Estado en La Palma, Carlos García; el director ejecutivo de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, Alfonso Montes de Oca Acosta; el gerente del Consejo Insular de Aguas, Javier Peña, y el representante de la empresa adjudicataria de la obra.

Sergio Rodríguez ha incidido en la importancia que tiene para La Palma contar con el respaldo económico del Estado para sacar adelante proyectos esenciales para la mejora y recuperación de infraestructuras que garantizan una prestación de los servicios esenciales a la ciudadanía tras los efectos del volcán Tajogaite. “En concreto, esta actuación cuenta con una inversión de más de dos millones de euros que se encuentran en el acuerdo que se materializa a través de la Reserva Mundial de la Biosfera para la reconstrucción de La Palma y que contempla en torno a 140 proyectos”, explica el presidente.

En este sentido, Rodríguez aclara que “no se trata de una simple adquisición de tuberías, sino de una inversión estructural destinada a mejorar una infraestructura básica para la isla, reforzando la seguridad hídrica, el aprovechamiento del agua y la capacidad de respuesta del territorio ante situaciones de vulnerabilidad”.

Por su parte, el director insular de la Administración General del Estado en La Palma, Carlos García, pone de manifiesto el respaldo del Gobierno nacional a la isla y considera que esta actuación es un ejemplo del trabajo coordinado entre administraciones que permite sacar adelante actuaciones que permiten mejorar la vida de la sociedad palmera.

Mejora del Canal General La Palma I

El proyecto, dotado con una partida de 2.052.010,74 euros, tiene como principal objetivo disponer de tuberías que permitan al Consejo Insular de Aguas de La Palma acometer el entubado de tramos del Canal General LP-I, reduciendo pérdidas en una infraestructura hidráulica estratégica para el equilibrio hídrico insular.

A partir de la recepción y acopio de las conducciones suministradas por la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, el Consejo Insular de Aguas de La Palma procederá a utilizar estas tuberías para acometer actuaciones de entubado y reparación de tramos del Canal General La Palma I, entre Barlovento y Fuencaliente.

La actuación se enmarca en el Eje 1: Restauración y desarrollo de los recursos hídricos del Programa de Actuaciones financiado por la subvención directa del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) al amparo del artículo 44 del Real Decreto-ley 20/2021, orientado a la recuperación del entorno socioeconómico y ambiental de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma tras la erupción volcánica. [Cabildo de La Palma]

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El Comité Asesor del Peinpal sigue avanzando en la recuperación de los núcleos costeros del Valle de Aridane tras la erupción del volcán Tajogaite en 2021 con la autorización del regreso a dos nuevas viviendas en Puerto Naos, concretamente en la Avenida Marítima y en la calle Maximiliano D. Montesinos, ambas en la denominada zona negra.

El Cabildo de La Palma, a través del Peinpal, ya ha dado el visto bueno al retorno a 1.230 residencias entre Puerto Naos y La Bombilla, de las cuales 158 no han firmado el documento obligatorio para acceder a los domicilios.

En total, son 1.172 las casas de Puerto Naos que cuentan con permiso para que sus residentes vuelvan y 58 en el caso de La Bombilla, además de una cuarentena de locales y 36 garajes.

Desde el equipo de gobierno insular de continúa trabajando en la recuperación gradual de la normalidad en la costa del Valle de Aridane, una medida que se lleva a cabo con una constante labor de vigilancia de los niveles de gases a través de los más de mil sensores instalados en viviendas, comercios, garajes y zonas exteriores. De esta forma, se garantiza la mayor seguridad para residentes y visitantes en la zona.

En este sentido, el grupo insular defiende la importancia de la colaboración entre administraciones y con profesionales que continúan desarrollando labores de control y seguimiento de los datos ofrecidos por los medidores, así como acompañamiento de residentes y comerciantes.

El equipo de gobierno liderado por Sergio Rodríguez recuerda que los núcleos de Puerto Naos y La Bombilla son seguros y no existe riesgo de cara a permanecer en estos espacios al aire libre, así como en los establecimientos abiertos, ya que cuentan con la autorización pertinente y han firmado el protocolo de seguridad pertinente. [Cabildo de La Palma]

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