El colectivo palmero no tira la toalla frente a la decisión de la corporación que preside Rosa Dávila, quien también es presidenta del consejo de administración de INVOLCAN. Por ello, ha acudido al organismo garante de la transparencia en las Administraciones públicas canarias después de que la Consejería tinerfeña de Investigación, Innovación y Desarrollo desestimara el 11 de junio su recurso potestativo de reposición contra la primera denegación, en abril pasado.

La asociación recuerda que el pasado 27 de marzo de 2026, el Pleno del Cabildo, con el apoyo de todos los grupos políticos (CC, PP, PSOE y Vox), aprobó un acuerdo institucional en el que asumía las recomendaciones formuladas por ocho colectivos palmeros, entre ellos las principales asociaciones de afectados por el Tajogaite, comprometiéndose expresamente a «primar la transparencia y el acceso a los datos en tiempo real a la población como fortalecimiento de la confianza institucional».

INCUMPLIMIENTO DE UN ACUERDO PLENARIO

«No se puede reconocer en el Pleno del Cabildo la legitimidad de las asociaciones ciudadanas para proponer mejoras preventivas ante el riesgo volcánico y, por la puerta de atrás, negarnos el acceso a los mismos datos que nos permitirían auditar y comprender el riesgo al que estamos expuestos», afirma el presidente de Tierra Bonita, Francisco Rodríguez Pulido.

Hay que tener en cuenta que la denegación afecta también a los datos registrados por la red sísmica, geodésica y geoquímica de INVOLCAN antes de la erupción del volcán de La Palma, entre 2017 y 2021, información que la asociación igualmente solicitó al entender que los afectados por esta catástrofe ostentan un interés público prevalente para acceder a estos datos.

En este contexto, Tierra Bonita plantea “para qué sirven las decisiones que toma el pleno del Cabildo si a las primeras de cambio son papel mojado, incluso en una cuestión tan sensible como es esta, un acuerdo que sobre el papel asumía para Tenerife recomendaciones de asociaciones de afectados por el Tajogaite, una de cuyas quejas con respecto a la gestión de su emergencia volcánica fue precisamente la falta de transparencia de políticos y científicos sobre los datos que conocían acerca de la evolución previsible del fenómeno geológico que desembocó en la erupción del Tajogaite.

Tras lo sucedido, también insta a la oposición política en el Cabildo tinerfeño a hacer valer el acuerdo adoptado en marzo, “pues al final parece que siempre la ciudadanía está abocada a movilizarse ante los incumplimientos de quienes gobiernan”.

DENUNCIA ANTE TRANSPARENCIA

En su escrito dirigido a la comisionada de Transparencia, Noelia García, la asociación sostiene que el Cabildo vulnera el derecho de acceso a la información al denegar la solicitud sin una motivación suficiente; y defiende que los datos brutos de vigilancia volcánica, al haberse obtenido con fondos públicos, deben ser accesibles y no pueden quedar amparados por derechos de propiedad intelectual.

Tierra Bonita critica que esta nueva resolución del Cabildo “se limita a hacer un corta y pega del informe emitido por INVOLCAN, sin más consideraciones, como si toda una Administración insular no tuviera nada que decir sobre una cuestión que contradice abiertamente lo aprobado por el Pleno de su Corporación”.

“PARA QUÉ SIRVE INVOLCAN”

En la resolución del Cabildo, INVOLCAN argumenta que su red de monitorización “no tiene carácter oficial de vigilancia volcánica, ni ostenta competencias en materia de evaluación ni comunicación del riesgo volcánico”, función que “corresponde al Instituto Geográfico Nacional (IGN), como organismo competente integrado en el Sistema Nacional de Protección Civil.”

Ante este argumento, la asociación cuestiona la propia existencia de INVOLCAN: “No puede ser —enfatiza— que se destine dinero público a una institución científica favoreciendo una duplicidad de funciones que no tiene sentido, pues para la vigilancia volcánica ya existe el IGN, y que encima antes y después de la erupción de 2021 se dedique sólo a realizar acopio de datos para publicarlas en revistas especializadas, que no llegan a la población en general, solo para engrosar el curriculum de sus autores y reforzar el ego desmedido de algún científico, por encima incluso del interés general”.

Además, Tierra Bonita se pregunta “para qué sirve un instituto volcanológico al que todos los ciudadanos pagamos sueldos y redes de vigilancia volcánica solo dé a conocer los datos cuándo y en la forma que sus científicos decidan, como si se tratara de financiación privada y no pública”.

“ALARMA SOCIAL Y PROPIEDAD INTELECTUAL”

Otro motivo esgrimido por el Cabildo para rechazar la petición figura que la publicación de las mediciones brutas de su red de vigilancia volcánica podría generar una «alarma social injustificada».

Asimismo, sostiene que esos datos forman parte de proyectos de investigación científica y que su difusión podría afectar a su posterior publicación en revistas especializadas.

Tierra Bonita rechaza esta interpretación y asegura que resulta “inaceptable privatizar datos de riesgo volcánico en función del ego y el capricho de personas que deberían estar, ante todo, al servicio de la ciudadanía».

A juicio del colectivo palmero, los datos obtenidos de la naturaleza carecen de la originalidad exigida para quedar protegidos por derechos de autor y subraya que, conforme a la normativa europea y al Real Decreto-ley 24/2021, la información generada con financiación pública debe regirse por el principio de «abierto por diseño y por defecto».

Para la asociación denunciante resulta además «incomprensible» que el Cabildo considere peligroso el acceso público a estos datos brutos en Canarias, «ignorando el contexto y los estándares de la ciencia abierta internacional».

Como ejemplo, cita que organismos homólogos de referencia mundial aplican políticas de datos abiertos.

Así, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) publica en tiempo real los parámetros de deformación, sismicidad y emisión de gases de sus volcanes; el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia (INGV) permite descargar los datos brutos de sus redes de monitorización; y proyectos europeos como VUELCO recomiendan el intercambio y acceso a los datos como uno de los pilares para la gestión del riesgo volcánico.

Asimismo, Tierra Bonita destaca que el IGN mantiene visualizadores públicos con información volcánica en tiempo real, lo que, a su juicio, convierte a INVOLCAN en «una anomalía opaca que maneja fondos millonarios sin someter sus datos al escrutinio ciudadano e independiente».

En la resolución que desestima el recurso, fechada el 11 de junio de 2026, el Cabildo de Tenerife se escuda precisamente en que los aparatos medidores de gases, deformación y sismicidad gestionados por INVOLCAN «no constituyen la red oficial de vigilancia volcánica de España ni tiene competencias para evaluar o comunicar el riesgo volcánico», funciones que, según el gobierno insular, corresponden al IGN como organismo integrado en el Sistema Nacional de Protección Civil. [elvalle lapalma]

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El Cabildo de Tenerife ha denegado a la asociación Tierra Bonita y, por extensión, a la opinión pública la difusión en tiempo real de los datos de sismicidad, deformación del terreno y gases que registran las redes instrumentales del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) pagadas con dinero público.

Esta negativa, adoptada mediante una resolución de la Consejería de Investigación, Innovación y Desarrollo fechada el 29 de abril, abarca tanto los datos actuales que obtiene INVOLCAN sobre la situación de actividad volcánica anómala en Tenerife como los referidos a la erupción de La Palma en 2021.

La asociación dirigió su solicitud a la presidenta del consejo de administración de INVOLCAN, Rosa Dávila, quien también preside el Cabildo tinerfeño, aunque la resolución denegatoria la firma un jefe de servicio de la referida consejería.

Este rechazo oficial ha provocado una «profunda indignación» en Tierra Bonita, que lo considera «un bochornoso insulto a la transparencia» y «una burla a la democracia», teniendo en cuenta, además, que el pasado 27 de marzo el pleno del Cabildo de Tenerife adoptó un acuerdo plenario por unanimidad en el que, entre otros puntos, se comprometía a priorizar el acceso a los datos en tiempo real a la población.

Concretamente, el Cabildo tinerfeño aprobó por unanimidad mantener «una comunicación clara, periódica y rigurosa sobre la evolución de la actividad volcánica, primando la transparencia y el acceso a los datos en tiempo real a la población como fortalecimiento de la confianza institucional», así como instar al Gobierno canario a que hiciera lo propio en coordinación con la corporación insular.

El acuerdo, que partió de una iniciativa de Vox, llegó al pleno como propuesta de acuerdo institucional, por lo que no fue necesario debatirlo ni votarlo, al contar con el respaldo tanto del gobierno (CC y PP) como de la oposición (PSOE y VOX).

«UNA TRAICIÓN A LA SOCIEDAD»

Además, el colectivo palmero llama la atención sobre «la especial gravedad de esta negativa» del Cabildo de Tenerife, ya que este compromiso lo aprobó precisamente en respuesta a un manifiesto de ocho asociaciones palmeras, entre ellas Tierra Bonita y otros colectivos de afectados por la erupción, en el que se recomendaba una serie de medidas para evitar que en Tenerife se cometan los mismos errores que en 2021 en La Palma con respecto a la gestión del riesgo volcánico.

Por ello, a juicio de Tierra Bonita, «el Cabildo de Tenerife, a las primeras de cambio, traiciona su propio acuerdo institucional, traiciona a los afectados por la catástrofe de La Palma y traiciona a la propia sociedad tinerfeña, primando otros intereses, pero no los que prometió defender en el pleno de marzo».

HABRÁ RECURSO Y RECLAMACIÓN ANTE TRANSPARENCIA

La asociación anuncia un recurso ante la presidenta del Cabildo tinerfeño y del consejo de administración de INVOLCAN, Rosa Dávila, exigiéndole que cumpla con el mandato del pleno y con la Ley 5/2025 de Volcanes, al tiempo que presentará una reclamación ante la comisionada de Transparencia para que ponga fin al «secuestro de datos que pertenecen a la ciudadanía y no a una empresa pública».

LOS ARGUMENTOS DE INVOLCAN

En su resolución, el Cabildo de Tenerife se pliega a un informe de INVOLCAN según el cual los datos sobre los sismos, la deformación y los gases «tienen la consideración de resultados científicos primarios y se encuentran sometidos a condiciones específicas de financiación, confidencialidad y explotación de resultados».

Alega también que estos datos los utiliza INVOLCAN para proyectos de I+D+i en los que «las normas editoriales exigen originalidad y no divulgación previa». A ello añade que «la difusión de datos no interpretados puede generar interpretaciones erróneas y alarma social injustificada, lo que constituye un límite legítimo al acceso».

TIERRA BONITA: «UNA ARGUMENTACIÓN INACEPTABLE»

Unos argumentos que el presidente de Tierra Bonita, Francisco Rodríguez Pulido, considera «inaceptables», por cuanto se trata de una red sísmica (para detectar los terremotos), otra geoquímica (gases) y otra geodésica (deformación del terreno) pagadas con dinero público, pese a lo cual en la actualidad INVOLCAN no tiene ni una sola estación accesible en tiempo real a la ciudadanía.

«Nos dicen que los datos brutos pueden inducir a errores de interpretación, como si la comunidad científica independiente o los ciudadanos no tuviéramos derecho a la verdad sin el filtro oficial», denuncia Rodríguez Pulido.

Y, con respecto a los datos recabados por INVOLCAN en la crisis volcánica de 2021, el presidente de este colectivo tacha de «inaudito que el currículum de unos investigadores o el beneficio de una empresa pública pese más que el derecho de los ciudadanos a auditar por qué no se evacuó a la población a tiempo».

En su propia web, INVOLCAN reconoce que desarrolla un «programa de vigilancia volcánica […], a través de redes instrumentales permanentes […] gracias al apoyo del Cabildo Insular de Tenerife, a través del ITER, Cabildo Insular de La Palma, Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias y Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España». [elvalle lapalma]

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