Sí se puede Canarias ha mostrado su preocupación por el incremento de las llamadas relacionadas con la violencia machista registradas por el servicio de atención 112 en Canarias durante el primer semestre del año, unas cifras que evidencian, a juicio de la organización, la insuficiencia de las políticas de prevención, sensibilización y atención frente a esta lacra social, que se están promoviendo desde el Gobierno canario.

La portavoz de Sí se puede Canarias, Vanesa Martín, señala que «cuando los datos reflejan un aumento del 13 % de las llamadas en lo que va de año y un crecimiento especialmente alarmante entre menores de edad y mujeres mayores, no podemos limitarnos a celebrar que existan recursos de emergencia. Es imprescindible preguntarnos por qué las políticas preventivas no están consiguiendo reducir la violencia machista«.

Vanesa Martín considera que las cifras ponen de manifiesto la necesidad mejorar la prevención y la sensibilización como herramientas fundamentales para combatir las violencias machistas desde edades tempranas, además de ampliar las vías de acompañamiento y castigo de estas prácticas. «No basta con intervenir cuando la agresión ya se ha producido. Es urgente actuar antes, desmontando la ola de discursos machistas y negacionistas que siguen calando entre la juventud y reforzando la educación en igualdad en todos los niveles educativos».

Por ello, Sí se puede Canarias reclama la puesta en marcha de un amplio plan de choque en los centros educativos del archipiélago, dotado de recursos suficientes y sostenido en el tiempo, que incluya campañas informativas permanentes, formación específica para el profesorado, programas de sensibilización dirigidos al alumnado y servicios de acompañamiento y apoyo psicológico y social para las víctimas y su entorno.

La formación ecosocialista subraya además que la actual crisis de acceso a la vivienda está generando un preocupante efecto colateral sobre la violencia machista. «Cada vez son más las mujeres que no pueden abandonar una relación violenta porque no encuentran una alternativa habitacional. La falta de vivienda asequible obliga a muchas víctimas a convivir con sus agresores durante más tiempo, incrementando el riesgo para su integridad física y emocional», afirma Vanesa Martín.

En este sentido, Sí se puede Canarias reclama que las políticas contra la violencia machista incorporen de forma decidida el acceso a una vivienda digna como un elemento esencial de protección. La organización propone reforzar la red de recursos alojativos estables y seguros para las mujeres que necesitan abandonar su domicilio, garantizando soluciones habitacionales más allá de la atención de emergencia.

«Las administraciones deben entender que la vivienda también es una política de protección frente a la violencia machista. Sin autonomía residencial no existe una verdadera capacidad para romper con el agresor», sostiene la portavoz.

Finalmente, Sí se puede Canarias insiste en que el aumento de las cifras conocidas en los últimos días debe servir para impulsar una respuesta institucional mucho más ambiciosa, basada en la prevención, la educación, la protección efectiva y la garantía de derechos, con recursos suficientes para que ninguna mujer tenga que elegir entre sufrir violencia o quedarse sin un lugar seguro donde vivir. [Sí se puede Canarias]

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La portavoz de Sí se puede en Canarias, Vanesa Martín, ha calificado de preocupantes las recientes declaraciones del portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, tras la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) del impuesto turístico a las pernoctaciones aprobado por el Ayuntamiento de Mogán.

Para Martín, la reacción del Ejecutivo confirma su falta de voluntad política para implantar una ecotasa en una actividad económica que mueve alrededor de 20.000 millones de euros anuales.

Cabello ha reiterado que el pacto de gobierno entre Coalición Canaria y Partido Popular no contempla la creación de una tasa turística y ha defendido que la compensación por el impacto del turismo debe realizarse a través del IGIC. Según ha argumentado, un impuesto sobre las pernoctaciones podría generar desequilibrios entre las islas con mayor afluencia turística y aquellas cuya economía depende en menor medida del sector.

Desde Sí se puede consideran que tanto la celebración del Gobierno autonómico como la de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) por la anulación de la ordenanza de Mogán evidencian la resistencia a que el sector turístico contribuya de manera específica a compensar los impactos que genera sobre el territorio.

«Se nos dice que el turismo ya aporta una parte importante de la recaudación del IGIC, pero la realidad es que seguimos encabezando los índices de pobreza y exclusión social, mientras continúan agravándose problemas ambientales como los vertidos, la presión sobre el agua, la gestión de los residuos o la congestión del tráfico«, afirma Martín. «Si un sector que genera más de 20.000 millones de euros al año contribuyera de forma más justa, dispondríamos de mayores recursos para mejorar los servicios públicos y proteger nuestro territorio».

La portavoz recuerda que en marzo de 2023 el Parlamento de Canarias aprobó una proposición no de ley, defendida por el exdiputado y su compañero, Paco Déniz, para definir las zonas turísticas saturadas del Archipiélago y establecer mecanismos que permitieran regular su impacto sobre la población y el territorio. En otras comunidades autónomas, la delimitación de estas áreas ha servido para limitar la creación de nuevas plazas alojativas y ordenar el crecimiento turístico.

Martín lamenta que aquella iniciativa quedara paralizada tras la pasada legislatura y señala que la ausencia de representación parlamentaria de Sí se puede, consecuencia del actual sistema electoral y de la fragmentación del voto progresista, ha impedido dar continuidad a ese trabajo.

Asimismo, reclama la elaboración de estudios rigurosos sobre la carga real que soporta el territorio en aspectos como el consumo de agua, el tratamiento de aguas residuales, la gestión de residuos, las emisiones contaminantes o el incremento del tráfico rodado. «Sin datos objetivos resulta más difícil diseñar una ecotasa eficaz y justa que permita compensar los costes que el turismo genera para la sociedad canaria», sostiene.

La portavoz también denuncia que la legislación autonómica contempla la posibilidad de declarar zonas turísticas saturadas, pero carece de los procedimientos necesarios para hacerlo efectivo. «No podemos esperar entre diez y quince años a la aprobación de un nuevo plan de ordenación cuando existen problemas que requieren respuestas inmediatas. Cabildos y ayuntamientos deben disponer de herramientas para actuar cuando la presión turística supera la capacidad del territorio», defiende.

Como ejemplo, Martín señala el caso de Baleares, donde el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos de Mallorca (PIAT) regula este tipo de zonas en función de indicadores objetivos relacionados con la saturación de la oferta y los impactos ambientales.

Para concluir, Sí se puede reclama un cambio de rumbo en la política turística del Gobierno de Canarias. «No tiene sentido que la ciudadanía, especialmente quienes cuentan con menos recursos, siga financiando mediante sus impuestos campañas de promoción turística, presencia en ferias internacionales o planes de renovación de instalaciones privadas, mientras se rechaza cualquier mecanismo que permita redistribuir parte de la riqueza generada por el sector. Mantener esta estrategia supone perpetuar un modelo que incrementa la presión sobre el territorio sin garantizar un retorno suficiente para la sociedad canaria», concluye Vanesa Martín. [Sí se puede]

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Sí se puede condena el asesinato de Lahbib Mohamed Abdelaziz y exige una solución pacífica para el Sáhara Occidental

Piden acciones urgentes ante lo que consideran una escalada bélica a las puertas de Canarias

La formación política Sí se puede ha expresado su más firme rechazo ante el asesinato en combate de Lahbib Mohamed Abdelaziz, dirigente saharaui, miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario e hijo del fundador del movimiento por la independencia del Sáhara Occidental.

Abdelaziz, de 36 años, licenciado en Relaciones Internacionales e integrado en el Ejército de Liberación Popular Saharaui desde 2011, ha sido la última víctima de un conflicto reactivado en 2020, cuando Marruecos rompió el alto el fuego de 1991 al irrumpir en la zona desmilitarizada de Guerguerat. Desde entonces, la respuesta marroquí se ha basado en bombardeos con drones contra las fuerzas independentistas, mientras la comunidad internacional asiste con pasividad al conflicto.

Vanesa Martín, portavoz de Sí se puede en Canarias, califica de “tremendamente grave” que a pocos kilómetros del Archipiélago se estén ejecutando estos ataques sin que exista una respuesta internacional contundente, mientras se intenta imponer una autonomía bajo la soberanía de Marruecos.

Ante la gravedad de los hechos, Sí se puede exige abandonar la vía de las armas y centrar todos los esfuerzos en el cumplimiento estricto del derecho internacional. La formación recuerda que, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo pendiente de descolonización, y que el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui está plenamente reconocido por el marco jurídico internacional.

Ante la gravedad de los hechos, Sí se puede exige el cese inmediato de las hostilidades y de los bombardeos con drones para frenar la escalada de tensión en la región y evitar más pérdidas humanas. La formación reclama el abandono de la vía militar en favor de una salida pacífica y negociada que respete escrupulosamente los acuerdos internacionales, rechazando cualquier reconfiguración que debilite o reduzca las funciones de la MINURSO. Asimismo, la organización insiste en que no se puede validar una autonomía bajo soberanía marroquí por la vía de los hechos, ya que el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización cuyo derecho a la autodeterminación está plenamente reconocido por el marco jurídico de las Naciones Unidas.

Finalmente, Vanesa Martín ha reclamado que Canarias, por su proximidad geográfica e histórica, actúe de forma urgente como un altavoz contra la violación de los acuerdos internacionales.

En este sentido, la formación insta al actual Gobierno de Canarias a retomar un papel activo, solidario y colaborador con la causa saharaui, liderando ante el Gobierno español y la Unión Europea la exigencia ante la comunidad internacional para que se respete el derecho internacional y se garantice una resolución pacífica y justa para el pueblo saharaui.

Para más información

Gabinete de Comunicación: 656 385 471.

https://sisepuedecanarias.org [Sí se puede]

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La portavoz de Sí se puede en Canarias, Vanesa Martín, ha manifestado hoy el rechazo frontal de su organización a la reciente Resolución 73/2026 sobre la organización y funcionamiento de los centros educativos en Canarias. Según la formación, el apartado 3.4 de dicha norma, que prohíbe actividades de colectivos con “opciones ideológicas no neutrales”, constituye un ataque directo al pluralismo político y a la formación crítica del alumnado.

Este lunes el El viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Manuel Cabrera, aseguró en un medio de comunicación que con esta medida «la censura no la imponemos nosotros, serán los equipos directivos y los consejos escolares los que indiquen si la charla reúne las condiciones» Para la portavoz, esta declaraciones son “un auténtico despropósito, que incrementa la presión de una comunidad educativa ya amenazada por los discursos de odio, homófobos, machistas y totalitarios”.

La formación ecosocialista califica de disparate el hablar de “colectivos caracterizados por una determinada opción ideológica no neutral”, para impedir acciones informativas en los centros educativos. La palabra «neutralidad» es una considera que solo genera inseguridad jurídica y que debe aclararse. «Una cosa es decir que no se permitirán discursos que deningren a las personas por su origen o estética, que ataquen los derechos civiles de la ciudadanía o que cuestionen argumentos científicos o las leyes, y otra bien distinta es hablar de una neutralidad que es difícil de aplicar”, asegura la portavoz. Vanesa Martín se pregunta “cómo es un discurso por la igualdad neutral, o uno sobre el cambio climático, sobre el racismo, el pacifismo o sobre la dictadura…¿proponen que se defienda el machismo, el negacionismo, la violencia o el cuestionamiento de la memoria democrática en las charlas educativas, para hacerlas neutrales?”.

Desde Sí se puede señalan que las instituciones y las propias constituciones democráticas no son «neutrales», sino que están fundamentadas en valores como la igualdad, la sostenibilidad y los derechos humanos. Defienden que no se aisle los centros educativos de los debates de la sociedad y de los colectivos sociales, que siempre han formado parte de la misma a través de charlas y jornadas que resultan útiles y favorecen un debate democrático. Consideran que “lo que pretende el ejecutivo canario es, bajo un barniz de moderación, solo imitan las acciones de los gobiernos trumpistas que vetan el debate sobre la salud afectivo sexual, la igualdad, la memoria histórica o el medio ambiente de la aulas”.

Vanesa Martín reclama que se haga un escrito aclaratorio desde la Consejería, donde se desarrolle una idea que a día de hoy solo promueve la autocensura y el cese de actos externos para evitar posibles conflictos, aclarando qué se enfocan a charlas que legitiman discursos de odio contra la población migrante, fomentan el machismo o cuestionan la ciencia, no sobre el resto de acciones que están dentro de las estrategias públicas, como la lucha contra el cambio climático, la normativa de igualdad, la Ley Canaria de Memoria y otras normas similares. “Quieren colocar la presión sobre la dirección del centro y eso promueve que se cierren los centros ante cualquier iniciativa, incluso al reparto de información sobre huelgas estudiantiles o procesos que afectan a la misma”, afirma.

Vanesa Martín ha sido tajante al señalar que esta resolución es un síntoma de una deriva autoritaria del gobierno canario de CC-PP que busca silenciar a la sociedad civil dentro de las aulas. «La democracia no se fortalece con el silencio, sino con la confrontación pacífica de ideas. Hace falta una educación viva, donde las entidades del tercer sector tengan cabida y se plasmen los debates que existen en la sociedad”, asegura.

Sí se puede exige a la Consejería de Educación la revisión inmediata de esta disposición para garantizar que la autonomía de los centros y la libertad de cátedra no queden supeditadas a interpretaciones subjetivas del poder de turno. [Sí se puede]

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