El encuentro permitió comparar las respuestas normativas que se están desarrollando en Canarias, Andalucía y Madrid ante uno de los principales desafíos de la gestión urbanística: reducir los tiempos de tramitación y las cargas administrativas sin menoscabar la seguridad jurídica ni las competencias de las administraciones públicas.

Antonio Díaz Arroyo centró su intervención en la agilización de los procedimientos municipales y en los mecanismos de colaboración público-privada que permiten incorporar a entidades colaboradoras y colegios profesionales a determinadas tareas de comprobación y control. Estas fórmulas pueden contribuir a reducir los plazos y mejorar la gestión de los expedientes, aunque también plantean interrogantes sobre el alcance de sus informes, las incompatibilidades y la distribución de responsabilidades administrativas y patrimoniales. El debate puso de relieve la necesidad de dotar a estos instrumentos de una cobertura legal sólida, preservando las competencias técnicas que corresponden a la función pública.

Por su parte, Sara Enma Aranda Plaza presentó las líneas principales de la futura Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), con la que la Comunidad de Madrid pretende renovar su marco de ordenación territorial y urbanística. La responsable autonómica defendió que la simplificación de los procedimientos y la seguridad jurídica no son objetivos contrapuestos. «La simplificación genera certeza y la agilización genera eficacia», señaló, al argumentar que unos trámites más claros permiten ofrecer mayor certidumbre y responder a las necesidades en el momento en que surgen.

La propuesta madrileña plantea reducir el número de instrumentos de planeamiento, simplificar las categorías de suelo y facilitar la coordinación entre ordenación, gestión y ejecución urbanística. Aranda vinculó esta transformación a los cambios demográficos y a la creciente concentración de población en ciudades y áreas metropolitanas, que exigen instrumentos capaces de adaptarse a nuevas necesidades sin prolongar durante décadas la materialización de las actuaciones. La participación ciudadana, la transparencia y el uso de herramientas tecnológicas también forman parte de este planteamiento.

La sesión concluyó con la intervención de Antonio Cano Murcia, que abordó la pregunta de si es posible aplicar la inteligencia artificial al urbanismo. El abogado defendió su potencial para agilizar la elaboración de documentación técnica, verificar el cumplimiento normativo y facilitar tareas vinculadas al planeamiento, la gestión y la disciplina urbanística.

No obstante, distinguió entre las funciones que pueden automatizarse y aquellas que requieren una valoración técnica y jurídica que no debe desligarse de la responsabilidad administrativa. Mientras la inteligencia artificial puede ayudar a comprobar requisitos y reducir tiempos, difícilmente puede sustituir los informes preceptivos o resolver por sí sola procedimientos complejos, como los sancionadores o los relacionados con la responsabilidad patrimonial.

Cano también advirtió de las dificultades que puede plantear el acceso a sistemas adecuados de inteligencia artificial para las administraciones con menos recursos, especialmente los municipios de menor población. Su intervención puso así sobre la mesa la necesidad de combinar innovación tecnológica, adaptación normativa y garantías jurídicas para avanzar hacia una gestión urbanística más eficaz. [Erick Canino Magdalena]

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