La portavoz de Sí se puede en Canarias, Vanesa Martín, demanda un plan de choque para mantener y mejorar la red de escuelas unitarias y rurales de Canarias, como herramienta de sostén de las comunidades locales y de apoyo a las familias frente al despoblamiento de estos núcleos.

Entre 2008 y 2023 165 escuelas unitarias cerraron en Canarias como consecuencia de la pérdida de población en las zonas rurales. En 2019 existían 139 escuelas unitarias en las islas, en el último curso quedaban 121, lo que plasma una reducción de casi el 13% de las plazas existentes, una situación que los datos indican que desde la Conserjería se quiere seguir favoreciendo.

Como afirman desde las propias directivas de este tipo de centros, las escuelas rurales son el motor educativo y social de Canarias, ofreciendo un servicio de acompañamiento y de cercanía en lugares donde lograr una educación pública normalizada es más complicado por el escaso número de niños y niñas. Si a esto se suma que son centros a los que se les pide el mismo nivel de burocracia administrativa que un centro ordinario, sin el personal que tienen los mismos, la situación de estas escuelas es cada día más frágil.

Vanesa Martín apoya la posición de muchos de los sindicatos del ámbito educativo, al afirmar la labor fundamental de estos centros en zonas de Canarias como el norte de La Palma, El Hierro, el interior de Gran Canaria o Anaga en Tenerife. Sobre las ratios educativas como límite para el mantenimiento de estos colegios, asegura que se debe flexibilizar y adaptar, para evitar que el centro desaparezca, condenando a las siguientes generaciones de la zona a tener que realizar largos viajes diarios hasta su centro de estudios más próximo.

Las comunidades rurales defienden sus colegios como una forma de dar vida a sus entornos. La pérdida de servicios de cercanía es una de las claves del despoblamiento de estos espacios y la sustitución de su vida por modelos como el del alquiler vacacional. Desde la formación ecosocialista entienden que sostener la actividad escolar, igual que mantener servicios sanitarios rurales o actividades culturales de cercanía, son vías para hacer sostenibles y atraer población que de otra forma acabaría en los espacios urbanos.

La desaparición de unos vecinos y vecinas, después de siglos de vínculo con un territorio concreto, afecta a la identidad, empobrece los entornos rurales y los convierte, cada vez más, en simples fincas de fin de semana.

Comparten la solicitud de las comunidades educativas y vecinales al reclamar que las escuelas unitarias cuenten con servicios que tienen en el resto de centros, como son servicios de comedor, permanencia o transporte, que haga viable a las familias mantener escolarizados a sus hijos e hijas, mientras trabajan.

Recuerda que hay trabajos y estudios que demuestran el efecto positivo de este tipo de espacios donde conviven un alumnado de diversas edades, donde con el apoyo necesario, se favorece que las familias sigan viviendo y manteniendo los núcleos más alejados.

Para la portavoz de Sí se puede, sostener la red de escuelas unitarias y rurales, garantizando sus servicios y adaptando sus ratios, es una forma de hacer más sostenible un territorio insular donde las zonas urbanas son cada día más sobrepobladas y en el que el acceso a bienes como el de la vivienda es difícil.

“No puede ser que nuestro territorio invierta fondos en favorecer la llegada de fibra a zonas remotas, invierta millones en atraer trabajadores remotos, que perfectamente pueden trabajar desde zonas rurales, mientras se cierra y se hace cada vez más difícil sostener la vida en un espacio alejado de los grandes núcleos de población”, apostilla. [Gabinete de prensa Sí se puede Canarias]

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Canarias 10/06/26

NOTA DE PRENSA

Sí se puede reclama un plan canario para impulsar una red insular de refugios climáticos

La formación considera que la Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Agua podría desempeñar un papel clave para coordinar y apoyar a los municipios en su implantación

La portavoz de Sí se puede, Vanesa Martín, ha mostrado su preocupación tras conocerse que solo seis de los 88 municipios canarios disponen actualmente de refugios climáticos. “Se trata de una situación preocupante en un contexto en el que los episodios de calor extremo son cada vez más frecuentes y afectan especialmente a los sectores más vulnerables de la población”, señaló.

Los refugios climáticos son espacios públicos diseñados para garantizar el confort térmico de la ciudadanía. Deben contar con buena accesibilidad, zonas de descanso adecuadas, agua potable gratuita y condiciones de seguridad que permitan proteger a la población durante episodios de temperaturas extremas. Su implantación está siendo promovida por numerosas ciudades de todo el mundo siguiendo recomendaciones técnicas elaboradas por organizaciones como Greenpeace o la Red de Ciudades por el Clima.

Martín recordó que el informe “Ciudades al rojo vivo: refugios climáticos y desprotección frente al calor extremo en España”, elaborado por Greenpeace, señala que solo en lo que va de año se han registrado alrededor de 1.800 muertes en el Estado vinculadas a episodios de calor extremo.

“Partiendo de los espacios públicos mejor adaptados y de las zonas verdes con mayor cobertura de sombra, Canarias podría mejorar de forma significativa sus entornos habitables en un plazo relativamente corto, reduciendo riesgos para la salud de las personas y minimizando otros impactos sobre el entorno natural”, afirmó la portavoz.

Desde Sí se puede consideran especialmente alarmante la falta de iniciativas por parte de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias para impulsar líneas de apoyo a los municipios. La formación recuerda que la ejecución presupuestaria de esta área apenas alcanzó el 41,9 % de los fondos disponibles durante 2025, el porcentaje más bajo entre todas las consejerías autonómicas.

La organización propone priorizar la creación de zonas de sombra en las islas, incorporando puntos de agua pública, espacios de descanso y medidas específicas en centros de mayores, áreas infantiles y zonas comerciales abiertas, donde podrían instalarse toldos temporales durante los periodos de mayor calor.

Asimismo, Sí se puede plantea la elaboración de un estudio específico sobre los espacios educativos públicos, con el objetivo de garantizar la existencia de áreas de sombra y medidas de protección frente al calor y la calima. Según Martín, la comunidad científica advierte de que las temperaturas seguirán aumentando y de que las olas de calor serán cada vez más intensas y prolongadas, una tendencia que ya se está dejando sentir en Canarias.

La formación defiende que los futuros refugios climáticos cuenten con una superficie mínima de 2.000 metros cuadrados y se ubiquen cerca de zonas habitadas por colectivos especialmente vulnerables a fenómenos climáticos extremos. Además, consideran imprescindible potenciar la vegetación, incorporar puntos de agua y reducir la presencia de superficies que acumulen calor, como grandes extensiones de cemento.

Finalmente, Sí se puede recuerda que la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética atribuye a la futura Agencia Canaria de Acción Climática, Energía y Agua funciones como la coordinación de las medidas de acción climática con las administraciones locales e insulares y el asesoramiento a las entidades locales para incorporar la perspectiva climática en su planificación.

“Una gestión adecuada de los recursos disponibles y una apuesta decidida por esta Agencia podrían resultar claves para desarrollar una verdadera red de refugios climáticos en Canarias que contribuya a proteger a la población y salvar vidas”, concluyó Vanesa Martín.

Saludos, Comunicación Sí se puede.

Para más información

Gabinete de Comunicación: 656 385 471.

https://sisepuedecanarias.org [Sí se puede]

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José Almenara, concejal de Sí se puede Tacoronte, se ha mostrado sorprendido por la respuesta del gobierno municipal, formado por PSOE, PP y CC, que, ante la denuncia por el abandono del Mercado, trata de reprochar que Sí se puede formó parte del Gobierno entre 2019 y 2023. 

El edil responde que su formación no gestionó esa área ni tuvo esa responsabilidad en el único mandato en el que se alcanzó un pacto de progreso a nivel local. Desde las áreas de gestión de Sí se puede se apostó por medidas ligadas a la puesta en valor del sector primario y de los productores locales de alimentos. Recuerda los programas comunitarios de huertos urbanos y de vermicompostaje, la participación en el programa de Comunidades Circulares, el impulso de las ayudas los productores, además de ayudas, dirigidas al Mercadillo del Agricultor y al Mercado Ecológico y las acciones de formación en agricultura ecológica, “todas englobadas en el objetivo del impulso a la soberanía alimentaria”. No solo eso, asegura que en estos momentos, uno de los días que más actividad tiene el mercado es “el día de la agricultura ecológica, surgido a raíz de una propuesta de Sí se puede”. Considera llamativo que un gobierno, del que forman parte partidos que estaban en el anterior mandato, quiera usar excusas que consideran “sin fundamento” y que “ponen en evidencia a una parte del mismo”. 

Considera llamativo que se acuse a quienes están actualmente en la oposición, cuando “quienes han tenido la competencia en la gestión del Mercado ha sido el PSOE desde 2019, el partido de la alcaldesa, Sandra Izquierdo”. Además, reitera la necesidad de “lanzar menos balones fuera y asumir directamente el problema en la gestión de este espacio y su estado de abandono”. 

La formación ecosocialista pide que haya una voluntad unánime con el futuro del Mercado Municipal como un motor económico más y un punto de encuentro vecinal basado en el producto de cercanía. Almenara apuesta por un acuerdo político que ponga las medidas necesarias y las dotaciones para dar respuesta, estableciendo los lazos de colaboración que se puedan desarrollar con otras administraciones. 

“No es un momento de tratar de afear a la oposición sin argumentos, es momento de ponerse a trabajar y resolver la situación de este espacio público”, apostilla. [Sí se puede]

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La portavoz de Sí se puede en Canarias, Vanesa Martín, ha manifestado hoy el rechazo frontal de su organización a la reciente Resolución 73/2026 sobre la organización y funcionamiento de los centros educativos en Canarias. Según la formación, el apartado 3.4 de dicha norma, que prohíbe actividades de colectivos con “opciones ideológicas no neutrales”, constituye un ataque directo al pluralismo político y a la formación crítica del alumnado.

Este lunes el El viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Manuel Cabrera, aseguró en un medio de comunicación que con esta medida «la censura no la imponemos nosotros, serán los equipos directivos y los consejos escolares los que indiquen si la charla reúne las condiciones» Para la portavoz, esta declaraciones son “un auténtico despropósito, que incrementa la presión de una comunidad educativa ya amenazada por los discursos de odio, homófobos, machistas y totalitarios”.

La formación ecosocialista califica de disparate el hablar de “colectivos caracterizados por una determinada opción ideológica no neutral”, para impedir acciones informativas en los centros educativos. La palabra «neutralidad» es una considera que solo genera inseguridad jurídica y que debe aclararse. «Una cosa es decir que no se permitirán discursos que deningren a las personas por su origen o estética, que ataquen los derechos civiles de la ciudadanía o que cuestionen argumentos científicos o las leyes, y otra bien distinta es hablar de una neutralidad que es difícil de aplicar”, asegura la portavoz. Vanesa Martín se pregunta “cómo es un discurso por la igualdad neutral, o uno sobre el cambio climático, sobre el racismo, el pacifismo o sobre la dictadura…¿proponen que se defienda el machismo, el negacionismo, la violencia o el cuestionamiento de la memoria democrática en las charlas educativas, para hacerlas neutrales?”.

Desde Sí se puede señalan que las instituciones y las propias constituciones democráticas no son «neutrales», sino que están fundamentadas en valores como la igualdad, la sostenibilidad y los derechos humanos. Defienden que no se aisle los centros educativos de los debates de la sociedad y de los colectivos sociales, que siempre han formado parte de la misma a través de charlas y jornadas que resultan útiles y favorecen un debate democrático. Consideran que “lo que pretende el ejecutivo canario es, bajo un barniz de moderación, solo imitan las acciones de los gobiernos trumpistas que vetan el debate sobre la salud afectivo sexual, la igualdad, la memoria histórica o el medio ambiente de la aulas”.

Vanesa Martín reclama que se haga un escrito aclaratorio desde la Consejería, donde se desarrolle una idea que a día de hoy solo promueve la autocensura y el cese de actos externos para evitar posibles conflictos, aclarando qué se enfocan a charlas que legitiman discursos de odio contra la población migrante, fomentan el machismo o cuestionan la ciencia, no sobre el resto de acciones que están dentro de las estrategias públicas, como la lucha contra el cambio climático, la normativa de igualdad, la Ley Canaria de Memoria y otras normas similares. “Quieren colocar la presión sobre la dirección del centro y eso promueve que se cierren los centros ante cualquier iniciativa, incluso al reparto de información sobre huelgas estudiantiles o procesos que afectan a la misma”, afirma.

Vanesa Martín ha sido tajante al señalar que esta resolución es un síntoma de una deriva autoritaria del gobierno canario de CC-PP que busca silenciar a la sociedad civil dentro de las aulas. «La democracia no se fortalece con el silencio, sino con la confrontación pacífica de ideas. Hace falta una educación viva, donde las entidades del tercer sector tengan cabida y se plasmen los debates que existen en la sociedad”, asegura.

Sí se puede exige a la Consejería de Educación la revisión inmediata de esta disposición para garantizar que la autonomía de los centros y la libertad de cátedra no queden supeditadas a interpretaciones subjetivas del poder de turno. [Sí se puede]

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