El procedimiento tenía como origen el recurso interpuesto por la portavoz de Vox, que alegaba una supuesta inactividad administrativa del Ayuntamiento en relación con la situación política y administrativa de la concejala Janoa Anceaume, cuestionando determinados acuerdos municipales vinculados a su incorporación al Gobierno Municipal y régimen de dedicación. Sin embargo, el órgano judicial concluye que no existió la inactividad denunciada y determina que la vía utilizada por la parte recurrente no era la adecuada para formular sus pretensiones. Asimismo, la sentencia recuerda que los acuerdos municipales cuestionados habían adquirido firmeza al no haber sido impugnados en los plazos legalmente previstos.

La resolución judicial también impone las costas del procedimiento a la parte recurrente, una cantidad que se estima en torno a los 2.000 euros y que tendrá que hacer frente Rita Esmeralda Cabrera, portavoz y concejala de Vox, conforme a lo establecido en la propia sentencia y al procedimiento de determinación de las mismas.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, señala que “la firmeza de esta sentencia confirma que el Ayuntamiento actuó en todo momento con responsabilidad, transparencia y absoluto respeto a la legalidad”. “Desde el gobierno municipal siempre defendimos que las decisiones adoptadas estaban correctamente fundamentadas y hoy la Justicia avala esa actuación. Esta resolución pone punto final a un procedimiento que pretendía generar dudas sobre la gestión municipal y que los tribunales han descartado”, añade el primer edil.

Peña afirma que “el Ayuntamiento seguirá trabajando desde el rigor jurídico y administrativo, centrando sus esfuerzos en mejorar Telde y atender las necesidades de la ciudadanía, dejando atrás debates que han quedado resueltos por la Justicia”. [Ayto. Telde]

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La resolución, dictada el 19 de junio de 2026 por la magistrada Esperanza Ramírez, resuelve el procedimiento iniciado por la empresa tras la finalización de la concesión administrativa del complejo deportivo. La demandante solicitaba que se reconociera su derecho a percibir 416.853,99 euros, derivados de la liquidación del contrato de gestión, incluyendo gastos judiciales e indemnizaciones abonadas a trabajadores tras la extinción de la concesión, así como la devolución del aval constituido durante la vigencia del contrato.

En su sentencia, la magistrada concluye que las reclamaciones económicas formuladas por la empresa no pueden prosperar, al estar condicionadas por resoluciones judiciales firmes dictadas con anterioridad en la jurisdicción social y que vinculan al órgano judicial. Asimismo, considera inadmisible la petición relativa a la devolución del aval al no haber sido previamente planteada en vía administrativa, por lo que desestima íntegramente las pretensiones principales de la demanda.

Esta resolución supone un importante respaldo a la actuación municipal y evita que el Ayuntamiento tenga que afrontar un desembolso superior a los 416.000 euros, preservando unos recursos que podrán seguir destinándose a la prestación de servicios públicos, el mantenimiento de instalaciones municipales y el desarrollo de proyectos de interés general para la ciudadanía.

Defensa de más de 15 millones de euros

Además, con esta nueva sentencia favorable, el Consistorio ha logrado defender en los últimos meses más de 15,5 millones de euros de las arcas municipales, relacionadas con reclamaciones urbanísticas, del servicio de limpieza, una antigua concesión de los aparcamientos de San Gregorio y por el cierre de la gasolinera de Las Remudas.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, señala que «esta sentencia vuelve a demostrar que el Ayuntamiento actúa con responsabilidad y con pleno respeto a la legalidad en la defensa del interés general. Cada resolución favorable supone proteger el dinero de todos los teldenses y garantizar que los recursos públicos permanezcan al servicio de la ciudadanía».

Asimismo, quiso reconocer el trabajo desarrollado por la Concejalía de Asesoría Jurídica y por los Servicios Jurídicos municipales, que dirige Juan Francisco Jiménez, cuya labor ha sido determinante para defender con solvencia los intereses del Ayuntamiento en un procedimiento de notable complejidad jurídica.

Con esta resolución, el Ayuntamiento suma dos importantes sentencias favorables en apenas una semana, después de que el mismo juzgado desestimara también la reclamación de 2,48 millones de euros presentada por Repsol por el cierre de la antigua gasolinera de Las Remudas. En conjunto, ambas decisiones judiciales han evitado al Consistorio el pago de casi tres millones de euros, reforzando la estabilidad económica municipal y la protección de los recursos públicos. [Ayto. Telde]

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El Ayuntamiento de Telde ha logrado una importante victoria judicial al evitar el pago de 2.483.833 euros que reclamaba Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. por el cierre de la estación de servicio de Las Remudas, clausurada de forma efectiva en marzo de 2015 tras la ejecución del precinto ordenado por el Consistorio.

La sentencia, dictada el 29 de junio de 2026 por la magistrada-juez Esperanza Ramírez Eugenio, titular del Tribunal de Instancia (Sección Contencioso-Administrativo) nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria, desestima íntegramente el recurso interpuesto por la compañía petrolera y le impone, además, el pago de las costas procesales, con un límite de 3.500 euros.

La mercantil solicitaba que se declararan nulos los decretos municipales que rechazaron su reclamación de responsabilidad patrimonial y que el Ayuntamiento fuera condenado a indemnizarla con 2,48 millones de euros, más los intereses y la actualización correspondiente, por los perjuicios que, según sostenía, le ocasionó el cierre de la gasolinera y de sus instalaciones complementarias tras la anulación judicial de las licencias urbanísticas y de actividad.

Sin embargo, la magistrada concluye que la reclamación fue presentada fuera del plazo legal de un año previsto para este tipo de acciones. La resolución considera que el acto que originó el eventual daño fue el decreto municipal de 4 de julio de 2014, que ordenó el cese de la actividad y la demolición de las instalaciones, y no el posterior precinto ejecutado en marzo de 2015. En consecuencia, entiende que cuando Repsol formuló la reclamación de responsabilidad patrimonial, el derecho ya había prescrito, por lo que confirma la legalidad de la actuación municipal y desestima íntegramente la demanda.

La sentencia pone fin, en primera instancia, a un procedimiento ordinario iniciado en 2024 en el que Repsol pretendía que el Ayuntamiento asumiera el coste económico derivado del cierre de una estación de servicio cuya licencia de obras y de actividad había sido anulada años antes por los tribunales al apreciarse defectos en su tramitación administrativa. Tras aquella anulación, el Ayuntamiento ordenó el cese de la actividad, y, ante el incumplimiento de esa orden, procedió posteriormente al precinto de las instalaciones.

El alcalde de Telde ha destacado que «esta sentencia supone una excelente noticia para la ciudad porque evita que el Ayuntamiento tenga que afrontar una indemnización millonaria con dinero de todos los vecinos. Son 2,48 millones de euros que permanecen en las arcas municipales y que podrán seguir destinándose a mejorar los servicios públicos, mantener las inversiones previstas y atender las necesidades de la ciudadanía».

El primer edil añadió que «la resolución refuerza la seguridad jurídica de la actuación municipal y acredita que el Ayuntamiento actua conforme al ordenamiento jurídico. Nuestra obligación es defender siempre el interés general y proteger los recursos públicos, y este fallo confirma que esa defensa se ha realizado con rigor y responsabilidad».

El Gobierno municipal quiere expresar un especial agradecimiento a la Concejalía de Asesoría Jurídica y a los Servicios Jurídicos municipales por el trabajo desarrollado durante todo el procedimiento. Su labor técnica y procesal ha permitido defender con solvencia los intereses del Ayuntamiento en un litigio de elevada complejidad jurídica y de gran impacto económico para las cuentas públicas.

Con esta resolución, el Ayuntamiento no solo evita el desembolso de una indemnización cercana a los 2,5 millones de euros, sino que garantiza que esos recursos continúen al servicio de la ciudadanía, destinándose a la financiación de servicios esenciales, inversiones e iniciativas de interés general para el municipio.

La sentencia es recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. [Ayto. Telde]

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