Martín recuerda que Canarias convive con una realidad singular heredada de los primeros procesos de colonización europea: la existencia de una propiedad privada del agua que fue repartida entre una minoría y que ha generado importantes beneficios económicos durante más de cinco siglos.

La Ley de Aguas de Canarias, aprobada en 1990 tras una fuerte oposición de sectores conservadores y de los propietarios de recursos hidráulicos, estableció el dominio público hidráulico, aunque mantuvo un régimen transitorio que reconocía determinados derechos históricos de propiedad privada hasta el año 2040.

Según explica la portavoz, una parte significativa del agua consumida en el Archipiélago procede de galerías y pozos privados, lo que ha permitido la consolidación de un mercado en el que el agua se comercializa como una mercancía. Esta situación, unida a los elevados costes energéticos de la desalación, contribuye a que Canarias registre algunos de los precios del agua más altos del Estado.

Desde Sí se puede denuncian que los partidos que integran el actual Gobierno autonómico —Coalición Canaria, Partido Popular, Agrupación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente— han tratado en distintas ocasiones de garantizar la continuidad de la propiedad privada del agua. Tras fracasar en su intento de introducir esta modificación a través de la Ley de Cabildos, ahora pretenden incorporarla mediante una disposición adicional en la reforma de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se tramita actualmente en el Parlamento de Canarias.

La formación considera especialmente preocupante esta maniobra legislativa porque supondría modificar la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Aguas de 1990, que establecía la extinción de los derechos privados sobre aguas públicas en 2040, momento en el que deberían pasar a un régimen concesional o ser objeto de rescate por parte de la administración.

Vanesa Martín sostiene que la combinación entre la propiedad privada de los recursos hídricos y las políticas neoliberales que impulsaron la privatización de numerosos servicios públicos desde los años ochenta ha favorecido una creciente intervención privada en un bien esencial. “Se trata de un modelo que convierte las necesidades básicas de la población en una fuente de beneficio económico para unos pocos”, señala.

Asimismo, recuerda que diversos estudios internacionales cuestionan la supuesta mayor eficiencia de la gestión privada. Entre ellos cita informes elaborados por la Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos (PSIRU) de la Universidad de Greenwich y el Transnational Institute de Ámsterdam, que respaldan los procesos de remunicipalización del agua desarrollados en distintos países.

A ello se suma el informe del Tribunal de Cuentas español, que concluye que la gestión privada de los servicios de agua resulta más costosa y menos eficiente que la pública. Entre otros aspectos, señala que la gestión privada puede llegar a ser un 22 % más cara, registrar un 30 % más de pérdidas en la red y realizar un 15,5 % menos de inversión en mantenimiento.

Para Sí se puede, los servicios de abastecimiento y saneamiento constituyen un derecho humano fundamental y, por tanto, una responsabilidad directa e irrenunciable de las administraciones públicas. La organización considera que el debate impulsado por Coalición Canaria pretende perpetuar un modelo basado en la especulación con un recurso estratégico.

“El agua no es una mercancía; es un patrimonio común que debe ser protegido y gestionado en beneficio de toda la sociedad”, afirma. En este sentido, la formación rechaza cualquier retroceso respecto a los avances introducidos por la Ley de Aguas de 1990 y defiende la necesidad de adaptar la gestión hídrica a los retos del cambio climático, la sostenibilidad del consumo y el impulso de la reutilización.

Entre sus propuestas, Sí se puede plantea garantizar por ley un mínimo hídrico vital para todos los hogares canarios, reforzar el reconocimiento del agua como derecho básico universal y desarrollar planes de gestión que evalúen rigurosamente la capacidad de los recursos disponibles. Asimismo, propone penalizar los usos inapropiados del agua y limitar la expansión de modelos de consumo considerados insostenibles, como determinados campos de golf o instalaciones recreativas que emplean agua de abastecimiento.

Finalmente, Vanesa Martín anunció que su organización impulsará una acción conjunta con otras fuerzas progresistas y movimientos sociales para promover una gestión pública del agua, controlar la proliferación desordenada de desaladoras y desarrollar políticas que garanticen un uso equilibrado de los recursos hídricos, evitando la contaminación y protegiendo los ecosistemas del Archipiélago. [Sí se puede]

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