La misión ha permitido trasladar a las instituciones comunitarias las principales preocupaciones de los municipios canarios en asuntos como la financiación europea, las políticas de cohesión, la agricultura, la contratación pública, el ciclo del agua, los residuos, la vivienda, la energía y la lucha contra la pobreza energética.

La presidenta de la FECAM, Mari Brito destacó la importancia de mantener una presencia activa en Bruselas ante decisiones que tendrán un impacto directo en los municipios.

“Estamos ante un cambio de paradigma importante en la forma en la que se van a organizar y canalizar los fondos europeos hacia los territorios. Por eso es fundamental que los municipios participemos en este debate y hagamos llegar nuestra voz allí donde se toman las decisiones”.

Brito insistió además en la necesidad de mantener una posición común con el resto de regiones ultraperiféricas para defender las particularidades de estos territorios. “Nuestro compromiso es defender los intereses de nuestros municipios y de Canarias, haciendo llegar una voz unida junto al resto de territorios ultraperiféricos a las instituciones europeas”.

La delegación de la FECAM estuvo integrada por su presidenta, María Concepción Brito; el secretario general, Vicente Rodríguez; y los vocales del Comité Ejecutivo Escolástico Gil, Francisco José García, Francisco Juan Perera, Isidro Pérez y Jonathan De Felipe. En representación de la CMU participó también Carlos Ferreira, presidente de la Asociación de Municipios de la Región Autónoma de Azores (AMRAA) y vicepresidente de la Confederación.

Uno de los primeros asuntos abordados fue la situación del POSEI, el programa europeo destinado a compensar las dificultades específicas que afrontan las regiones ultraperiféricas por su lejanía e insularidad. La FECAM defendió la importancia de preservar este instrumento específico, sin incluirlo en los planes nacionales futuros, como apoyo fundamental para el sector primario canario.

La Federación mantuvo también una reunión con Cristina Domínguez, delegada del Gobierno de Canarias en Bruselas, y Celia Alberto, directora de Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, en la que se analizaron cuestiones de especial incidencia municipal como el ciclo del agua, la contratación pública y la normativa de residuos.

Otro de los ejes de la agenda fue el fortalecimiento de la Confederación de Municipios Ultraperiféricos como espacio común para defender los intereses de las RUP ante las instituciones europeas. En este marco se mantuvieron encuentros con representantes de las regiones ultraperiféricas francesas y portuguesas, en los que se abordaron asuntos como financiación, agricultura, vivienda y cohesión territorial.

La delegación participó igualmente en la Ceremonia del Pacto de las Alcaldías de la Unión Europea, una iniciativa con la que Canarias mantiene un fuerte compromiso, ya que los 88 municipios del Archipiélago están adheridos.

Uno de los encuentros de mayor relevancia institucional tuvo lugar con el gabinete de Raffaele Fitto, Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea de Cohesión y Reformas. La FECAM trasladó su preocupación ante el diseño del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea y la necesidad de que las regiones y los municipios tengan participación en la configuración de los futuros instrumentos de financiación.

La agenda concluyó con la intervención de Mari Brito en el encuentro «El papel de las autoridades locales en la respuesta europea a la pobreza energética», organizado por el Centro de Asesoramiento sobre Pobreza Energética de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea. Durante su participación, la presidenta puso en valor proyectos desarrollados en Canarias como Gorona del Viento, en El Hierro, y la Comunidad Energética de El Rosario.

La FECAM cierra así una agenda institucional que ha permitido reforzar contactos con la Comisión Europea y con representantes de otras regiones ultraperiféricas, con el objetivo de que las necesidades de los 88 municipios canarios sigan presentes en los principales debates europeos. [FECAM]

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Sí se puede considera urgente que Canarias acelere el desarrollo de las energías renovables y avance hacia un modelo energético propio, sostenible y socialmente justo, frente a una dependencia de los combustibles fósiles que supera el 90% y que mantiene al Archipiélago expuesto a los precios y a las decisiones tomadas fuera de las islas.

La portavoz de Sí se puede en Canarias, Vanesa Martín, reclama un mayor compromiso de las administraciones públicas para aprovechar el enorme potencial de las islas en materia de energía solar, eólica y geotérmica y convertirlo en una herramienta al servicio de la población. “Canarias no puede seguir dependiendo de combustibles fósiles que importamos, que contaminan y cuyo precio no podemos controlar mientras desaprovechamos nuestros propios recursos renovables”, señala. A su juicio, la soberanía energética debe convertirse en una prioridad estratégica y no puede seguir siendo una cuestión secundaria en las políticas públicas o solo de titulares numéricos.

La organización considera especialmente preocupante que un territorio insular, fragmentado y con unos ecosistemas especialmente frágiles mantenga una dependencia exterior tan elevada en un ámbito esencial como la energía. Sí se puede reclama una planificación específica que permita aprovechar los recursos endógenos de manera sostenible, respetando la capacidad de carga del territorio y evitando que la transición energética reproduzca los desequilibrios del actual modelo de desarrollo.

Más producción renovable y un papel público más activo

Sí se puede defiende que la expansión de las energías renovables debe acelerarse de manera significativa. La organización recuerda que Canarias dispone de unas condiciones naturales excepcionales para la generación de energía limpia, pero considera que las barreras administrativas, normativas y técnicas han impedido aprovechar suficientemente ese potencial.

Los datos por los que la Dirección General de Energía “saca pecho” señalan que Canarias cuenta con 24.817 instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, con una potencia nominal conjunta de 302,6 megavatios (MW). Sí se puede considera que, pese al crecimiento del autoconsumo en los últimos años, estas instalaciones continúan cubriendo una parte ínfima de las necesidades energéticas del Archipiélago y que una parte importante del esfuerzo ha recaído sobre particulares y pequeñas empresas.

Para la organización ecosocialista, las administraciones deben asumir un papel mucho más activo para que la transición energética no dependa exclusivamente de la capacidad económica de cada familia o empresa. “¿Cuántas familias, pueblos o barrios que requieren de este tipo de instalaciones, entre otras cosas para reducir su factura, están accediendo a estas líneas de apoyo al desarrollo de placas solates?¿Les estamos pagando a quien las usa para mantener una piscina o un yacuzzi, mientras dejamos a las familias que lo necesitan sin apoyo?”, se pregunta.

“La energía sostenible no puede convertirse en un privilegio de quienes pueden pagar una instalación fotovoltaica. Si queremos una transición energética justa, los recursos públicos tienen que llegar también a quienes más dificultades tienen para afrontar el coste de la energía”, subraya Vanesa Martín.

Renovables contra la pobreza energética

Sí se puede plantea ampliar las vías de apoyo a las comunidades energéticas y cooperativas, así como desarrollar programas en colaboración con empresas públicas autonómicas, insulares y municipales. El objetivo es favorecer un modelo de generación más distribuido y participativo, en el que la ciudadanía pueda beneficiarse directamente de la producción de energía renovable.

La organización reclama además que esta política tenga una dimensión social clara. En particular, propone que Visocan impulse programas para instalar sistemas de generación renovable en comunidades de viviendas sociales, viviendas de alquiler asequible y antiguas promociones de VPO vigentes o antiguas, de manera que el ahorro energético pueda beneficiar a hogares que afrontan mayores dificultades económicas.

Para Sí se puede, la lucha contra el cambio climático y la lucha contra la pobreza energética deben formar parte de una misma estrategia. La expansión de las energías renovables debe servir no solo para reducir las emisiones y la dependencia de los combustibles fósiles, sino también para abaratar los costes energéticos, mejorar las condiciones de vida y democratizar el acceso a una energía limpia.

“La transición energética será verdaderamente sostenible si también es socialmente justa. No se trata únicamente de producir más energía renovable, sino de garantizar que esa energía llegue al conjunto de la sociedad y que sus beneficios no queden concentrados en quienes tienen mayor capacidad económica”, afirma la portavoz.

Sí se puede reclama, en definitiva, un cambio de rumbo que sitúe la soberanía energética, el despliegue de las renovables y la justicia social en el centro de la agenda política de Canarias, aprovechando los recursos propios del Archipiélago sin comprometer sus valores ambientales y garantizando que la transición hacia un modelo energético sostenible sea una oportunidad para toda la población. [Sí se puede]

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