El eurodiputado del Partido Popular respaldó estas enmiendas y destacó que se trata de una demanda “largamente defendida” por las regiones ultraperiféricas. “Es una reivindicación histórica de las regiones ultraperiféricas. Lo que trata al final es de evitar generar costes adicionales para nuestras industrias locales que dependen de materias primas importadas y que, por sus características geográficas y económicas, no presentan ningún riesgo significativo de fuga de carbono hacia terceros países», afirmó.

El CBAM es una norma de la Unión Europea que aplica un recargo a determinados productos importados de fuera de la Unión Europea. Su objetivo es evitar la denominada «fuga de carbono», es decir, que las empresas trasladen su producción a países con normas medioambientales menos exigentes para reducir costes, perjudicando así a las empresas europeas que sí cumplen esas normas.

«Lo que pretende la Unión Europea es que los productos importados compitan en las mismas condiciones que los producidos dentro de Europa», explicó Mato, quien enfatizó que las regiones ultraperiféricas tienen unas necesidades especiales y muchas industrias necesitan importar materias primas para poder producir localmente, por lo que “una aplicación idéntica de este recargo generaría costes adicionales que dificultan su actividad», señaló.

Explicó que lo que se plantea es que, determinadas condiciones y mercancías cubiertas por este mecanismo, queden exentas cuando se importen en una región ultraperiférica para ser transformadas localmente y destinadas también al consumo de esa misma región o de otras regiones ultraperiféricas.

El informe deberá ser votado ahora por el Pleno del Parlamento Europeo, tras el voto favorable de la Comisión de Comercio Internacional, que supone un paso relevante para consolidar una excepción que responde a las necesidades específicas de Canarias y del conjunto de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea.

Por último, Gabriel Mato puso de relevancia que, durante las negociaciones de la Comisión Europea y del Consejo de la Unión Europea, también se reconoció la necesidad de una excepción específica para las regiones ultraperiféricas, teniendo en cuenta las particularidades de estos territorios. [Gabriel Mato Adrover]

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«Para Canarias, donde el avión no es una opción sino una necesidad, cualquier avance en la protección de los pasajeros tiene una repercusión directa sobre la calidad de vida de nuestros ciudadanos», señaló el eurodiputado.

Gabriel Mato destacó que el acuerdo mantiene el derecho de los pasajeros a recibir compensaciones por retrasos superiores a tres horas, agiliza los procedimientos de reclamación y reembolso, mejora la transparencia de las tarifas y refuerza la protección de los colectivos más vulnerables, como las familias con menores y las personas con movilidad reducida.

Insistió en que «proteger a los pasajeros es también proteger la conectividad de Canarias». «Los canarios dependemos del transporte aéreo para estudiar, trabajar, acceder a servicios sanitarios, hacer negocios o mantener relaciones familiares con el resto de España y Europa. Por eso, garantizar los derechos de quienes viajan es también garantizar que nuestra conectividad siga siendo fiable, accesible y de calidad», afirmó.

El eurodiputado recordó que miles de canarios utilizan cada día el transporte aéreo para desplazarse entre islas y con el exterior, por lo que contar con normas claras y mecanismos eficaces de protección resulta especialmente importante en un territorio alejado del continente.

«Estas nuevas normas aportan más certidumbre a los viajeros y establecen reglas más claras para las compañías aéreas. Garantizar que los pasajeros reciban información adecuada, que puedan reclamar con mayor facilidad o que mantengan sus derechos ante retrasos y cancelaciones es especialmente importante en regiones ultraperiféricas como Canarias, donde la conectividad constituye un elemento esencial para la cohesión social y el desarrollo económico», afirmó.

Confirmó que «Europa demuestra una vez más que puede ofrecer soluciones concretas a los problemas cotidianos de las personas” y añadió que, en el caso de Canarias, proteger a los pasajeros significa también proteger nuestra conexión con Europa y con el resto del territorio nacional”. Por eso, este acuerdo supone “una buena noticia para los ciudadanos”, para las familias y para la movilidad de nuestras islas.

También destacó la obligación de que las compañías aéreas informen de forma clara sobre los precios y las condiciones relativas al equipaje de mano, así como la garantía de que los menores de 14 años puedan viajar junto a sus acompañantes sin costes adicionales.

El eurodiputado consideró que la actualización de esta normativa, que no había sido revisada desde hace más de veinte años, supone un paso adelante para adaptar la legislación europea a la realidad actual del transporte aéreo y a las necesidades de los ciudadanos.

El acuerdo deberá ser ratificado formalmente por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea antes de su entrada en vigor. El plazo estimado hasta su aprobación definitiva es de seis semanas, con la posibilidad de prorrogar este plazo otras dos. Ambas instituciones votarán ahora por separado el texto conjunto tras su revisión. El Parlamento Europeo tiene previsto votar el acuerdo durante su sesión plenaria de julio.

Los derechos de los pasajeros

El nuevo acuerdo refuerza los derechos de los pasajeros aéreos, garantizando el reembolso del billete o una alternativa de viaje, junto con una compensación económica de 250, 400 o 600 euros, en función de la distancia, ante retrasos superiores a tres horas, cancelaciones con menos de 14 días de aviso o denegación de embarque.

El procedimiento para reclamar se simplifica al exigir a las aerolíneas que faciliten instrucciones electrónicas claras en los cuatro días posteriores al viaje. Los pasajeros disponen de un plazo de nueve meses para realizar la solicitud, y las compañías tienen 30 días para responder o abonar el importe.

En cuanto a la protección de los grupos más vulnerables, se asegura que familias con menores de 14 años, mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida puedan sentarse juntas sin costes adicionales, además de proteger su derecho a asistencia y transporte alternativo si pierden un vuelo por falta de apoyo del personal.

La normativa también aumenta la transparencia y elimina cargos abusivos.

Los pasajeros tienen derecho a llevar un artículo personal gratuito, y se prohíbe el cobro por corregir errores ortográficos en el nombre o por imprimir la tarjeta de embarque.

Asimismo, se obliga a las aerolíneas a mostrar desde el inicio de la reserva el precio final del billete, incluyendo el equipaje de mano, garantizando al mismo tiempo el acceso a tarjetas de embarque digitales sin barreras técnicas. [Gabriel Mato Adrover]

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