La autoridad judicial competente ha decretado su ingreso en prisión provisional hasta su pase a disposición judicial del órgano reclamante

4 de junio de 2026.- La Guardia Civil, gracias a los controles que continuamente se realizan para conseguir interceptar a personas huidas de la justicia con órdenes internacionales de detención en vigor, ha logrado averiguar que uno de los principales implicados en la famosa estafa piramidal de OmegaPro, se encontraba alojado en un hotel de la isla de Tenerife. La investigación de una estafa de 650 millones de dólares a sus inversores estaba siendo liderada por el FBI de los Estados Unidos.

El acusado, quien había ejercido de director de la entidad internacional, se dedicaba a atraer a sus clientes con la realización de una importante campaña publicitaria en la que llegaron a participar reconocidos futbolistas a nivel mundial, en la que se prometían muy altas rentabilidades con falsos paquetes de inversión, llegando a convertirse en la mayor estafa piramidal de la historia.

Finalmente, tras las comprobaciones oportunas, agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Guía de Isora establecieron un dispositivo que finalizó con la detención y puesta a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión provisional hasta su pase ante el órgano judicial reclamante.

Estos controles se realizan con el propósito de garantizar el estricto cumplimiento de las resoluciones judiciales mediante la entrega de los implicados a las autoridades reclamantes. De esta forma, la Guardia Civil contribuye de manera directa alrefuerzo de la seguridad ciudadanay al correcto funcionamiento de laAdministracin de Justicia.

Contacto

Para más información pueden ponerse en contacto con la oficina de comunicación de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife, en el teléfono de contacto 696943009 o 922648500, ext.1620425 -1620608. [Prensa Guardia Civil]

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El decreto del Gobierno de Canarias que regula el acceso a la vivienda protegida ha sido recurrido en los tribunales por organizaciones sociales que reclaman anularlo alegando que es ilegal por discriminatorio y racista, según han anunciado este martes.
Portavoces de la plataforma Derecho al Techo y del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), promotores de la iniciativa, han asegurado a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, donde han presentado su recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, estar convencidos de que su demanda será atendida porque la norma que cuestiona vulnera garantías constitucionales y europeas.

Condicionantes del decreto que generan discriminación

Puesto que el Decreto 23/26 de Acceso a la Vivienda Protegida establece condicionantes temporales y económicos para poder ser solicitante de una casa social que impiden que se inscriban como tales, precisamente, a los colectivos que más ayuda necesitan para conseguir un hogar.
Familias con recursos escasos o inmigrantes son algunos de esos perjudicados por una política de la que deberían ser beneficiarios prioritarios, al establecer la norma niveles de ingresos económicos y de arraigo en las islas demostrando haber residido en ellas más de una década que hacen que, en lugar de ser una herramienta de auxilio a los más necesitados, sea un mecanismo de discriminación, según ha expuesto la portavoz de Derecho al Techo Sofía Olivares.

Más colectivos afectados y argumentos legales

Las organizaciones denunciantes alegan que el decreto es discriminador e ilegal, además, porque rechaza como solicitantes de casas sociales a inquilinos cuyo contrato esté por vencer y personas que se hayan visto envueltas en situaciones de desalojo o desahucio, «que también suponemos que son de los colectivos que más podrían necesitar ese tipo de viviendas protegidas», ha añadido.
Miguel Ruiz, abogado que ha elaborado y presentado el recurso, ha concluido que se trata de «un decreto que trata de excluir a gran parte de la población que necesita una vivienda en Canarias».
El letrado ha declarado: «creemos que es muy importante luchar jurídicamente contra estos mecanismos excluyentes, discriminatorios y que tratan, de alguna forma, de cambiar un principio constitucional fundamental de nuestras sociedades, que es la igualdad, por otro que es el de preferencia étnico-racial».

Estrategia del Gobierno y precedentes judiciales

Derecho al Techo y Observatorio DESCA sostienen, al tiempo, que el establecimiento de esta norma del Gobierno de Canarias obedece también a una estrategia del Ejecutivo encaminada a «maquillar las cifras reales de necesidades de vivienda» del archipiélago, ha dicho.
La razón es que, en lugar de identificar el volumen real de gente que tiene problemas para acceder a un hogar, «lo que hace es excluir de forma automática a muchísimas, muchísimas personas» de las más afectadas por esta carencia.
Miguel Ruiz ha insistido, por otra parte, en la convicción de los demandantes de que la Justicia les dará la razón porque ya hay precedentes de normas aprobadas en Europa buscando «discriminar a través de requisitos como el arraigo a un territorio o la residencia y de nuevo todos los tribunales han dictaminado que este tipo de medidas son ilegales».
«Por lo tanto, para nosotros la sorpresa es que, después de toda esta jurisprudencia amplia en todo el mundo, se trate de nuevo de volver a plantear este tipo de medidas que son conocidamente ilegales», ha apostillado.
[EFE]

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Acceso a datos de la consulta pública

En diciembre de 2023, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ASCAV solicitó a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias acceso a los datos obrantes en el trámite de consulta pública de la tramitación de la Ley de Vivienda Vacacional en virtud de lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias. La Consejería de Turismo, mediante Resolución de 15 de diciembre de 2023, denegó a la Asociación el acceso a esos datos a los que tenía derecho, lo que motivó que ASCAV interpusiera demanda contra el Gobierno de Canarias para que se facilitaran los datos de la consulta pública que el Gobierno de Canarias había negado indebidamente.

Proceso judicial y sentencia

Por tanto, la Consejería de Turismo obligó a ASCAV a acudir a los tribunales para defender sus derechos. La asociación interpuso demanda y la Consejería aportó voluntariamente los datos de la consulta pública sin necesidad de esperar la sentencia. La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias no fue estimatoria ni desestimatoria, ya que se produjo una “carencia sobrevenida del objeto”: no fue necesario dictar sentencia sobre las pretensiones porque la parte demandada aportó voluntariamente los datos reclamados.

Resultados y aclaraciones

ASCAV logró en los tribunales lo que le fue negado fuera de ellos: que la Consejería le entregase las opiniones recibidas durante el trámite de consulta pública. Sin embargo, considera rotundamente incierto que la justicia haya avalado el proceso o descartado irregularidades, dado que no era el objeto del procedimiento judicial. La sentencia se limita a recoger las afirmaciones de la defensa de la Consejería sin avalar el modo en que se produjo la consulta pública.

Posición de ASCAV

La Asociación lamenta el uso torticero de la resolución judicial por parte de la Consejería de Turismo mediante informaciones que se apartan claramente de la letra de la sentencia.

Sentencia adjunta: https://shorturl.at/veiol
Audio adjunto: https://goo.su/m8PFDa
[ASCAV]

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Búsqueda y localización

Los agentes al cargo del caso se pusieron en contacto con el Cabildo de Fuerteventura el mismo lunes para solicitar colaboración y poder acceder al vertedero, donde entraron el miércoles por la mañana, momento en que comenzaron la búsqueda de la mujer, a la que se había visto por última vez en Corralejo.

Investigación en curso

El cuerpo ha sido localizado este viernes y al vertedero se ha desplazado el juez para proceder a su levantamiento.

La Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas solo ha confirmado la identidad de la fallecida, pero ha rehusado ofrecer más detalles porque existe una investigación bajo secreto de sumario.

Canarias 7 y La Provincia avanzan que el hijo de la mujer ha sido detenido como presunto responsable del homicidio.

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Datos sobre ahogamientos

El pasado mes se contabilizó un fallecimiento en accidentes acuáticos, además de cuatro afectados en estado crítico, tres heridos graves, dos de carácter moderado y otros dos resultaron ilesos. El total de afectados en accidentes acuáticos alcanza las 62 personas en lo que va de año, un 27 % más que en el anterior ejercicio (49).

Factores y circunstancias

El 90 % de las personas que han muerto ahogadas este año se habían introducido en el mar durante la activación de prealertas y/o alertas por el Gobierno de Canarias, debido a fenómenos costeros adversos. A los óbitos totales se suman 30 personas afectadas de diversa consideración: siete en estado crítico, ocho heridos de carácter grave, siete moderados y ocho leves.

Perfil de las víctimas

Nueve de los fallecidos identificados eran extranjeros, tres españoles y los ocho restantes, sin información específica respecto a sus países de origen. Siete de los ahogamientos mortales contabilizados de enero a abril corresponden a personas clasificadas en el epígrafe ‘otros’: parapentistas, pilotos o tripulantes de embarcaciones que, tras un golpe de mar o un resbalón, caen al agua desde un muelle, un acantilado o un paseo marítimo. Otros dos eran bañistas, dos submarinistas y dos pescadores.

Lugares de accidente

Las playas repiten como los entornos de mayor siniestralidad al aglutinar el 57 % de los casos; les siguen puertos y zonas de costa (26 %), piscinas naturales (11 %) y piscinas (6 %). EFE
jmor

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Resumen: La exconcejala Inmaculada Medina ha sido prohibida de salir de España debido a su implicación en el ‘caso Valka’, que investiga presuntas irregularidades en la compra de agua, y enfrenta cargos graves que incluyen malversación y fraude.

Decisión del juez

En un auto difundido este miércoles, el magistrado sitúa a la edil como «partícipe necesaria» y retira el pasaporte a Medina de forma cautelar a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que la acusa de delitos de malversación agravada, falsedad, prevaricación y fraude, supuestamente cometidos mientras dirigió las áreas de Servicios Públicos y Parques y Jardines de la capital grancanaria.

Indicios de culpabilidad

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), el instructor del caso, Rafael Passaro, ha tomado esta decisión tras escuchar la declaración que prestó Medina en calidad de investigada. En el auto en el que el magistrado ha adoptado esta medida y que ha sido facilitado por el TSJC, se señala que existen indicios para situar a Medina «no como interviniente meramente formal, sino como partícipe necesaria» y «contribución decisiva» en la disposición «indebida de fondos públicos».

Riesgos de eludir la justicia

El magistrado considera que «su intervención reiterada durante un dilatado periodo temporal en la aprobación de resoluciones de reconocimiento de obligaciones y en la autorización del pago de facturas, en un contexto en el que tales documentos se habrían emitido sin respaldo en consumos reales (de agua) y al margen de los mecanismos de control técnico previstos, constituye un elemento de singular peso a efectos cautelares». Además, aprecia un riesgo real de eludir la acción de la justicia por la gravedad de los hechos investigados y el cargo que ha ocupado Medina, y la posibilidad de desplazamientos fuera del territorio nacional, que podría dificultar la disponibilidad de la investigada para la práctica de diligencias, especialmente en una causa que presenta una «notable complejidad y una previsible prolongación en el tiempo».

Intervención en la gestión del gasto

En los fundamentos del auto, el magistrado detalla que Medina, al menos entre abril de 2015 y noviembre de 2022, habría intervenido de forma constante en las decisiones del procedimiento de gasto de forma «reiterada y sistemática» en los cuatro contratos administrativos de suministro de agua analizados, que fueron adjudicados a la empresa Guerra Patrimonial FGG, y figura la firma de la exedil en las facturas correspondientes a cada ejercicio presupuestario.

Facturación irregular

Según la investigación efectuada, las facturaciones se habrían confeccionado sin respaldo en consumos reales de agua, mediante la utilización de datos inflados o no verificados, y sin que se llevara a cabo la lectura de contadores ni la verificación técnica del servicio exigida en los pliegos contractuales. Medina supuestamente habría procedido a su aprobación y pago de forma continuada, sin exigir su comprobación.

Prácticas sistemáticas de facturación

El auto expone que la facturación se ajustaba sistemáticamente al crédito presupuestario disponible en cada ejercicio, permitiendo agotar las partidas anuales (en cuantías próximas al límite de los contratos, cifrado en torno a 250.000 euros anuales) con independencia del consumo real, lo que «revela la existencia de una práctica no ocasional, sino estructurada y sostenida en el tiempo, desde el inicio de la operativa en abril de 2015 hasta su finalización en noviembre de 2022». La firma de las resoluciones administrativas por parte de la investigada «constituía el acto imprescindible para la efectiva salida de fondos públicos».

Responsables implicados

En ello, según el auto, intervenían los responsables técnicos del área y la entidad contratista adjudicataria que figuran también como imputados en la causa: el exjefe de Parques y Jardines Miguel Ángel Padrón y el exresponsable de la unidad técnica de ese departamento municipal Sergio González Cuba. Para el magistrado, la conducta de Medina se refuerza por la persistencia temporal de esta forma de proceder, mantenida durante años sin alteración sustancial, y que «no se limitaba a una mera formalidad administrativa».

Colusión con los contratistas

Su actuación estaba concertada con los responsables técnicos del área de Parques y Jardines y con la entidad contratista Guerra Patrimonial FGG, S.L., «orientada a simular la ejecución íntegra de los contratos y a justificar contablemente pagos indebidos y configuraba un entramado en el que cada intervención resultaba necesaria para la distracción de fondos públicos en beneficio de la empresa adjudicataria», detalla el auto. El empresario Felipe Guerra, responsable de la empresa, también figura como imputado en la causa, así como la sociedad.

Reducción de la facturación

El magistrado destaca la drástica reducción de la facturación a partir de diciembre de 2022, cuando se implantaron controles efectivos basados en lecturas reales de contadores en los contratos de suministro, un hecho que refuerza los indicios de que las facturaciones anteriores no respondían a consumos reales.

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Medidas para la búsqueda de desaparecidos
Así lo ha anunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la reunión del Consejo Territorial de Memoria Democrática, celebrada este viernes en La Palma, con representación presencial de Canarias, País Vasco y Castilla-La Mancha. El resto de comunidades ha participado de forma telemática.

Una reunión en la que se ha aprobado por «amplísima mayoría», sin ningún voto en contra y solo dos abstenciones, el reparto de 3 millones de euros entre las comunidades autónomas para exhumaciones e investigaciones, lo que ha celebrado el ministro Torres al ser este el órgano sectorial del Gobierno que concita el mayor consenso.

Ha insistido Torres en que en el conjunto de las comunidades existe «un consenso mayoritario, amplísimo», sobre los procesos de exhumación, dignidad, reparación y no repetición, si bien con respecto a la memoria democrática «hay diferencias», como ha quedado plasmado en leyes aprobadas «en ciertas comunidades».

Un consejo marcado por el consenso
A diferencia de otros consejos territoriales «donde se vota en contra o se abandonan las sesiones», el de Memoria Democrática celebrado hoy en La Palma ha estado marcado por «un tono educado, de propuestas, también correcciones, y finalmente de apoyo».

Actitud que al ministro Torres le «alegra» porque «esto debería ser una obligación de cualquier demócrata que sufrimos cuatro décadas de fascismo (…) qué menos que recuperar a las personas que dieron la vida por defender la democracia, que lo hagamos de la mano las instituciones democráticas».

Propuestas de financiación y exhumaciones
Respecto a las pruebas de ADN, ha explicado que se harán en laboratorios repartidos por todo el país con la participación de las comunidades autónomas que, «lógicamente, si necesitan más recursos» para este cometido, el Gobierno de España «estará a disposición».

Torres ha hecho hincapié en la urgencia de poner en marcha esta medida ya que «el tiempo no juega a favor, porque hablamos de acontecimientos de hace 80, 90 años, y las generaciones se van sucediendo».

Por lo demás, ha indicado que una vez decidido el reparto de la financiación «se pone punto final al proceso administrativo y a partir de ahora los recursos llegarán a las comunidades autónomas para los proyectos ya presentados poderlos desarrollar cuanto antes y seguir avanzando en dar dignidad, justicia, verdad y reparación a las víctimas de la dictadura y la guerra».

Ha detallado que a Canarias le corresponden de ese reparto 700.000 euros para proyectos de exhumación e investigación, a los que se suma una financiación adicional para cuatro cabildos: el de La Palma, para seguir con los trabajos en Fuencaliente; el de Gran Canaria para una tercera campaña en el Pozo de la Vuelta del Francés (Arucas); el de Tenerife para el estudio de distintos lugares; y el de Fuerteventura para un centro de interpretación en Tefía.

Compromiso del Gobierno de Canarias
La consejera canaria de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha añadido que al Gobierno de Canarias le corresponden de ese reparto 74.000 euros, que completará con fondos propios para los proyectos en marcha y otros nuevos que tiene en cartera.

Ha explicado que ese dinero irá a exhumaciones y a proyectos con asociaciones y de divulgación, y ha recalcado la importancia de la celebración del primer día de la memoria en Canarias el próximo 7 de mayo, fecha de la primera exhumación judicial de represaliados de la Guerra Civil y el franquismo, hace 32 años, en el Pino del Consuelo, en Fuencaliente.

Barreto ha coincidido con el ministro Torres en que el consenso que suele darse en el Consejo Territorial de Memoria no se da en otros, como por ejemplo el de Justicia, en el que «es muy difícil sacar algo por consenso y hay plantes donde comunidades ni siquiera acuden a las comisiones».

Ha abundado en que en la territorial de Memoria ha habido votos en contra o, como en este caso, abstenciones, «pero el sentir mayoritario es de apoyo a lo que se debate», y ha añadido que «el clima es distinto a lo que sale en los medios», a esa «crispación que se quiere vender por las partes».

Barreto ha señalado por último que Canarias no tiene «nada que ver con lo que sucede en otros territorios», pues la Memoria «siempre ha concitado apoyo. Todos entendemos que es de justicia, aparte de ideologías políticas».

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Introducción
Este anuncio se enmarca en un esfuerzo por parte del Gobierno español para abordar la memoria histórica y ofrecer apoyo a las víctimas de conflictos pasados.

Reunión del Consejo Territorial

Así lo ha anunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la reunión del Consejo Territorial de Memoria Democrática, celebrada este viernes en La Palma, con representación presencial de Canarias, País Vasco y Castilla-La Mancha. El resto de comunidades ha participado de forma telemática.

Una reunión en la que se ha aprobado por «amplísima mayoría», sin ningún voto en contra y solo dos abstenciones, el reparto de 3 millones de euros entre las comunidades autónomas para exhumaciones e investigaciones, lo que ha celebrado el ministro Torres al ser éste el órgano sectorial del Gobierno que concita el mayor consenso.

Consenso y Diferencias

Ha insistido Torres en que en el conjunto de las comunidades existe «un consenso mayoritario, amplísimo», sobre los procesos de exhumación, dignidad, reparación y no repetición, si bien con respecto a la memoria democrática «hay diferencias», como ha quedado plasmado en leyes aprobadas «en ciertas comunidades».

A diferencia de otros consejos territoriales «donde se vota en contra o se abandonan las sesiones», el de Memoria Democrática celebrado hoy en La Palma ha estado marcado por «un tono educado, de propuestas, también correcciones, y finalmente de apoyo».

Pruebas de ADN y Urgencia

Actitud que al ministro Torres le «alegra» porque «porque esto debería ser una obligación de cualquier demócrata que sufrimos cuatro décadas de fascismo (…) qué menos que recuperar a las personas que dieron la vida por defender la democracia, que lo hagamos de la mano las instituciones democráticas».

Respecto a las pruebas de ADN, ha explicado que se harán en laboratorios repartidos por todo el país con la participación de las comunidades autónomas que, «lógicamente, si necesitan más recursos» para este cometido, el Gobierno de España «estará a disposición».

Torres ha hecho hincapié en la urgencia de poner en marcha esta medida ya que «el tiempo no juega a favor, porque hablamos de acontecimientos de hace 80, 90 años, y las generaciones se van sucediendo».

Financiación y Proyectos en Canarias

Por lo demás, ha indicado que una vez decidido el reparto de la financiación «se pone punto final al proceso administrativo y a partir de ahora los recursos llegarán a las comunidades autónomas para los proyectos ya presentados poderlos desarrollar cuanto antes y seguir avanzando en dar dignidad, justicia, verdad y reparación a las víctimas de la dictadura y la guerra».

Ha detallado que a Canarias le corresponden de ese reparto 700.000 euros para proyectos de exhumación e investigación, a los que se suma una financiación adicional para cuatro cabildos: el de La Palma, para seguir con los trabajos en Fuencaliente; el de Gran Canaria para una tercera campaña en el Pozo de la Vuelta del Francés (Arucas); el de Tenerife para el estudio de distintos lugares; y el de Fuerteventura para un centro de interpretación en Tefía.

Importancia de la Memoria Histórica

La consejera canaria de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha añadido que al Gobierno de Canarias le corresponden de ese reparto 74.000 euros, que completará con fondos propios para los proyectos en marcha y otros nuevos que tiene en cartera.

Ha explicado que ese dinero irá a exhumaciones y a proyectos con asociaciones y de divulgación, y ha recalcado la importancia de la celebración del primer día de la memoria en Canarias el próximo 7 de mayo, fecha de la primera exhumación judicial de represaliados de la Guerra Civil y el franquismo, hace 32 años, en el Pino del Consuelo, en Fuencaliente.

Barreto ha coincidido con el ministro Torres en que el consenso que suele darse en el Consejo Territorial de Memoria no se da en otros, como por ejemplo el de Justicia, en el que «es muy difícil sacar algo por consenso y hay plantes donde comunidades ni siquiera acuden a las comisiones».

Ha abundado en que en la territorial de Memoria ha habido votos en contra o, como en este caso, abstenciones, «pero el sentir mayoritario es de apoyo a lo que se debate», y ha añadido que «el clima es distinto a lo que sale en los medios», a esa «crispación que se quiere vender por las partes».

Barreto ha señalado por último que Canarias no tiene «nada que ver con lo que sucede en otros territorios», pues la Memoria «siempre ha concitado apoyo. Todos entendemos que es de justicia, aparte de ideologías políticas».

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Intervención y detención

Una patrullera de la Guardia Civil interceptó en la mañana del miércoles la zódiac y trasladó a sus cinco ocupantes al puerto de Las Palmas de Gran Canaria.

Procedimientos legales

Los detenidos están pendientes de pasar a disposición judicial como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas.

Información adicional

La Guardia Civil ha declinado ofrecer más datos sobre esta operación de la que informarán en los próximos días, según han señalado las fuentes.

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Resumen: Un joven ha sido arrestado tras el asesinato de un turista en Maspalomas. El crimen, que ocurrió en un establecimiento turístico, ha suscitado interrogantes sobre la seguridad en las aplicaciones de citas.

Detalles del Crimen

Según ha adelantado ‘El Día’ y han confirmado a EFE fuentes de la investigación, se sospecha que el detenido mató de un golpe a la víctima cuando este descubrió que le estaba robando.

Investigación en Curso

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de marzo en un establecimiento turístico del sur de Gran Canaria. Se investiga si lo ocurrido ese día en Maspalomas fue un caso aislado o si, por el contrario, el detenido era un ladrón que captaba víctimas a las que robar a través de aplicaciones de citas.

Próximos Pasos

La Policía tiene previsto poner a disposición judicial al sospechoso este mismo jueves. [EFE]

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