Los hechos se produjeron en la tarde noche del pasado miércoles en la zona de Los Cristianos, cuando el matrimonio fue asaltado y el varón sufrió una caída, fruto del forcejeo, y se golpeó en la cabeza.

El personal sanitario que lo atendió lo encontró en parada cardiorrespiratoria, si bien lo pudo estabilizar y trasladar en ambulancia a un centro hospitalario, donde falleció dos días más tarde.

La investigación, aún en curso, corre a cargo del grupo de la brigada de Policía Judicial del sur de Tenerife. [EFE]

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Jurisdicción y competencia de la Justicia española

Con carácter general, la Justicia española solo puede juzgar los delitos ocurridos en su territorio, incluidas sus aguas; a bordo de embarcaciones o aviones españoles; los cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero si no han sido juzgados en el país donde ocurrieron; y aquellos en los que la víctima es española, pero en pocos casos (genocidio, desaparición forzada o terrorismo).
Luego hay una lista limitada de delitos en los que la ley atribuye a los jueces españoles competencia extraterritorial, entre los que figura el de favorecimiento de la inmigración irregular, cuando se entiende que el lugar adonde se dirigen los migrantes es España, aunque hayan sido rescatados en aguas internacionales.
Esa figura permite detener, procesar y encarcelar a los patrones de las pateras e, incluso, condenarlos por homicidio imprudente si alguno de los pasajeros de la embarcación muere de sed o se ahoga en un vuelco o un naufragio pues se entiende que esos hechos son consecuencia directa del hecho principal de pilotar la embarcación.
Sin embargo, han recalcado las fuentes, la jurisprudencia es clara y restringe la competencia de España sobre los delitos que ocurran en una patera a lo que esté directamente enlazado con el hecho inicial de fletar, organizar o patronear una patera hacia aguas españolas.
Es algo que la propia fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García, expuso en 2025 a la delegación del Parlamento Europeo que visitó Canarias para conocer sobre el terreno la crisis humanitaria que viven las islas con la constante llegada de cayucos.
La representante del Ministerio Público les confesó lo impotente que se sintió ante casos en los que no pudo hacer nada a pesar de tener testigos y pruebas de los hechos, como el de un niño arrojado al océano por otro compañero de la travesía para aligerar peso porque su neumática se desinflaba, o el de varias mujeres que habían denunciando agresiones sexuales ocurridas a bordo de un cayuco.
García animó a los parlamentarios a impulsar reformas legales si quieren que este tipo de delitos en aguas internacionales sean punibles.

Detalles del caso y detenciones

El caso al que se refieren las dos últimas detenciones ocurrió a principios del pasado mes de mayo, a bordo de una neumática rescatada por Salvamento Marítimo al sur de Gran Canaria. Llegaron a tierra 62 personas.
El día 14, un saharaui que reside en Tenerife compareció ante la Policía para denunciar que su hermano iba a bordo de esa neumática y que varios de sus compañeros de travesía le habían contado que dos individuos lo arrojaron por la borda tras discutir con él. La víctima se llamaba Daha Mohemad Fadel Lehbib y tenía 35 años.
El comunicado difundido por la Policía dice que «el fallecimiento se produjo tras una discusión ocurrida a bordo entre la víctima y otra pareja de ocupantes» y que, «como consecuencia del altercado, el migrante cayó al mar, continuando la embarcación su trayecto sin que se realizara ninguna maniobra para auxiliarlo».
Se «provocó la caída de la víctima al mar», añade. Fuentes de la investigación y de la Fiscalía explican que optó por esa expresión porque los testigos no son unánimes: unos dicen que uno de los detenidos empujó adrede a la víctima al océano, otros dicen que hizo que se cayera al mar, pero no a propósito sino de forma imprudente.
En cualquier caso, añade la Policía, ni él ni el patrón de la neumática hicieron nada para salvarlo. [EFE]

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Según ha informado la Comandancia de Las Palmas este martes en un comunicado, esta mujer cuenta con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio -básicamente otros robos con fuerza y diversos hurtos-, y, según las investigaciones que se han llevado a cabo, se le han podido vincular con cuatro acciones delictivas de este tipo en este complejo turístico en concreto.

La investigación se inició a raíz de la denuncia de uno de los clientes del establecimiento, que relató la sustracción de joyas de oro del interior de su habitación, cuyo valor total asciende a aproximadamente 15.000 euros.

Los agentes inspeccionaron el lugar y comprobaron que no existían signos de que la puerta de acceso, ni la caja fuerte del cuarto, hubieran sido forzados, por lo que orientaron sus pesquisas hacia el posible uso de una llave electrónica autorizada para acceder a la habitación.

Más adelante pudieron detectar que la llave utilizada había pertenecido a una antigua trabajadora del lugar, que constaba como extraviada desde meses atrás.

Al cruzar la información con los movimientos registrados por el personal en activo, se detectó una coincidencia especialmente relevante, y pudieron comprobar que la ahora detenida había accedido a una habitación contigua a la de la víctima, con su propia llave, apenas un minuto después de que la otra fuera utilizada para abrir la habitación en la que se cometió el robo.

Este dato técnico resultó determinante para situar a la sospechosa en el lugar y momento exactos de los hechos, precisa el comunicado policial.

Es por ello que se identificó a esta trabajadora y que se registraron sus pertenencias.

La mujer trató de ocultar un monedero entre la ropa de trabajo al ser registrada por los guardiaciviles, por lo que estos se lo requirieron, encontrando en su interior la llave utilizada para abrir la habitación del robo escondida entre otros carnés personales.

La rápida actuación policial evitó que la tarjeta utilizada pudiera ser destruida o transferida a terceras personas, garantizando así la obtención de una prueba fundamental para la investigación.

Por estos hechos, la detenida fue puesta a disposición del correspondiente Juzgado de Instancia de Guardia de San Bartolomé de Tirajana junto con las diligencias instruidas. [EFE]

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En el año 2006, Pacuco Guedes era el presidente del club de lucha Castillo y concejal de Vías y Obras del ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Su vida política arranca en 1984, “buscando el bien de su pueblo, trabajo, comida e infraestructuras para el Castillo del Romeral y nunca se metió en temas políticos”, expresa Pedro Reyes.

Fue el primero que hizo un concurso de Drag Queen en Canarias. Desde 1990, gracias a su organización de los carnavales, su popularidad fue ascendiendo, ya que “era como un Robin Hood del sur, un adalid, y así lo calificaba la prensa de la época”, añade el autor del libro. En 2006, por diferentes situaciones, Pacuco Guedes tuvo que entrar en el fango político de verdad.

En apenas seis meses, “se cargó al alcalde (de derecha); al presidente de los nacionalistas le quitó la presidencia de la Sociedad Municipal de Viviendas porque su primo era un famoso constructor y a su partido (de izquierda) le impidió aprobar el Plan General por los pelotazos que vio, la primera vez que leía un poco un expediente, porque siempre evitaba hacerlo y votaba sin saber nada de lo que votaba”, señala Reyes.

A partir de ese momento, uno de esos políticos —asegura Pedro Reyes en su libro— pagó dinero a un extorsionador para que presentara una denuncia falsa. “La policía y la jueza, sin comprobarlo, la dieron por buena y lo acusaron de nueve delitos”. Además, se le pinchó el teléfono y en dicho sumario constaron todas las grabaciones al que la policía djuntó tres delitos más, aunque en el juicio de 2017 no fue juzgado por ninguno de ellos. En las grabaciones “aparecen numerosos delitos cometidos por otras personas en el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana”, añade.

En junio de 2007, Pacuco entró en prisión preventiva seis meses por un cohecho que no existió. Un “error policial” que también afectó al empresario Alejandro Navarro, dueño de la empresa Mazzoti. “En este tiempo entró en Concursal y fastidió un negocio que facturaba de 80 a 100 millones al año. Además, Pacuco también a nivel personal tuvo que soportar una crisis económica”, comenta Pedro Reyes.

“En 2008 la policía se percata de su error y “fabrica” otro cohecho, con muchos errores —que demuestra en su investigación—, así como una prevaricación y otro cohecho por unos sacos de cemento y unas baldosas. Durante el juicio de 2017 la Audiencia Provincial le condena a cinco años de prisión, multa de 304.000 euros —lo que provoca el embargo de su pensión, pues contaba con 75 años— y 24 años de inhabilitación para cargo público”. Los recursos al Supremo no dieron sus frutos porque hace suya la sanción de la Audiencia. “La trama la empezó un político de derecha y la acabó uno de izquierda que tenía gran influencia en temas judiciales. Es la primera vez en España que un concejal en la oposición va a la cárcel por temas vinculados al grupo de gobierno, que presenta y aprueba el propio grupo de gobierno, que no tienen sanción alguna”, apunta Reyes.

Sobre Pedro Reyes

Pedro A. Reyes Moreno nació el 1 de agosto de 1957 en Las Palmas de Gran Canaria. Es el mayor de cuatro hermanos. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de La Laguna; Máster en periodismo por la Universidad de Las Palmas de GC y Director en Comercio Internacional por el ESIC de Madrid. Se dedicó toda su vida, la mitad del día a la enseñanza- 38 años- y la otra al deporte, primero como practicante y después como periodista deportivo desde 1986. Es un animoso de la investigación y la ha llevado a varios campos muy diferentes.

Como profesor dedicó casi toda su vida a la enseñanza de formación profesional en la especialidad de Comercio Exterior y de Administración, siendo catedrático de Enseñanzas Medias en el instituto Cruz de Piedra, más tres años en la Consejería de Educación como técnico. En lo periodístico, se inició escribiendo de Squash. Fue el primer presidente de la federación canaria de Squash. Llegó a ser árbitro en la primera división de balonmano. Jugó fútbol, balonmano, squash y ajedrez.

También destaca por su trayectoria como profesor de las escuelas de negocios MBA y de Comercio Exterior, ESCOEX, siendo uno de los docentes que la inauguraron. Junto a ello fue periodista de economía durante un par de años en varias revistas, como Canarias Economía y Empresa.

Ha colaborado en muchos de los medios de comunicación de la isla, ya sea en prensa, radio o TV. Desde 2015 comenzó con las fotos de lucha para todos los medios escritos y desde 2020 es colaborador del Canarias7 en esta especialidad vernácula. Además, ha participado dos años en el programa de la RTVC “Todo lucha” y actualmente tiene un programa “La hora de la lucha” en la Radio Canaria. Dentro de sus investigaciones destaca la concerniente a la lucha canaria y en especial su origen, que plasmó en su libro “Historia de la lucha canaria, versión infantil”.

De casta le viene al galgo porque su padre, Pedro Reyes Santana, fue el famoso policía municipal del Parque de Educación Vial de Escaleritas, que ahora se encuentra en San José y lleva su nombre, como primer profesor de Educación Vial de España. [Cabildo de Gran Canaria]

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El tribunal considera acreditado que el principal acusado estafó a al menos 16 personas mediante la venta de permisos falsificados de conducción y de residencia, por los que llegó a cobrar entre 300 y 3.600 euros.

Diez de los perjudicados reclamaron inicialmente indemnizaciones por un total de 21.000 euros, aunque finalmente solo siete solicitaron durante el juicio la devolución de 9.100 euros.

La Fiscalía sostuvo que, aunque algunos afectados renunciaron a recuperar el dinero, el delito se consumó igualmente, por lo que no procedía aplicar la atenuante de reparación del daño, sino la de dilaciones indebidas, lo que justificaba el aumento de la pena.

En segunda instancia, la Audiencia cifra en casi 13.000 euros el total del dinero estafado, de los que solo se consignaron antes del juicio 3.900 euros, una cantidad que califica de “claramente insuficiente”.

A ello se suma que el principal encausado fue condenado en otras tres ocasiones con posterioridad a estos hechos.

Condenas y penas impuestas

En la sentencia de primera instancia, el Juzgado de lo Penal impuso al segundo acusado una pena de 21 meses de prisión por falsedad documental y una multa de 1.100 euros, con suspensión del ingreso en prisión durante dos años.

En el caso del tercer procesado, la condena fue de diez meses y quince días por estafa, con aplicación de la atenuante de reparación del daño y también con suspensión de la pena.

Modo de operación de la estafa

Los magistrados consideran probado que entre finales de 2016 y 2019 el principal acusado se presentó ante numerosas personas simulando tener contactos en la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife, autoescuelas y oficinas de Extranjería.

De este modo ofrecía tramitar permisos temporales de conducción de 90 días y autorizaciones de residencia por arraigo familiar.

Para la elaboración de los documentos falsos contaba con la colaboración del segundo procesado, quien los confeccionaba en su domicilio y concertaba citas en las páginas oficiales de Tráfico y Extranjería para dar apariencia de legalidad al proceso.

Posteriormente advertían a las víctimas de que no acudieran a estos organismos y ofrecían excusas cuando los documentos oficiales no llegaban, atribuyendo los retrasos a personas ficticias.

Roles y evidencias

El tribunal subraya que el acusado nunca estuvo dado de alta en Tráfico ni en Extranjería ni en empresas colaboradoras, y que dirigía la captación de clientes y el cobro de las cantidades, mientras el otro encausado elaboraba los documentos falsificados sobre plantillas facilitadas.

El tercer procesado convenció a una decena de personas, de las que recibió entre 1.500 y 2.000 euros cada una, quedándose con una comisión.

Tras la denuncia, devolvió 3.600 euros a uno de los estafados y parte del dinero a otros.

Los investigadores no han podido determinar el número exacto de víctimas, aunque constataron que se entregaban fotocopias en color sin medidas de seguridad, con errores tipográficos y sin sellos ni códigos de verificación.

En los teléfonos móviles de los acusados se hallaron numerosos documentos falsificados y, en registros practicados en viviendas de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, se intervinieron permisos falsos a nombre de unas 80 personas. [EFE]

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La autoridad judicial competente ha decretado su ingreso en prisión provisional hasta su pase a disposición judicial del órgano reclamante

4 de junio de 2026.- La Guardia Civil, gracias a los controles que continuamente se realizan para conseguir interceptar a personas huidas de la justicia con órdenes internacionales de detención en vigor, ha logrado averiguar que uno de los principales implicados en la famosa estafa piramidal de OmegaPro, se encontraba alojado en un hotel de la isla de Tenerife. La investigación de una estafa de 650 millones de dólares a sus inversores estaba siendo liderada por el FBI de los Estados Unidos.

El acusado, quien había ejercido de director de la entidad internacional, se dedicaba a atraer a sus clientes con la realización de una importante campaña publicitaria en la que llegaron a participar reconocidos futbolistas a nivel mundial, en la que se prometían muy altas rentabilidades con falsos paquetes de inversión, llegando a convertirse en la mayor estafa piramidal de la historia.

Finalmente, tras las comprobaciones oportunas, agentes de la Guardia Civil del Puesto Principal de Guía de Isora establecieron un dispositivo que finalizó con la detención y puesta a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión provisional hasta su pase ante el órgano judicial reclamante.

Estos controles se realizan con el propósito de garantizar el estricto cumplimiento de las resoluciones judiciales mediante la entrega de los implicados a las autoridades reclamantes. De esta forma, la Guardia Civil contribuye de manera directa alrefuerzo de la seguridad ciudadanay al correcto funcionamiento de laAdministracin de Justicia.

Contacto

Para más información pueden ponerse en contacto con la oficina de comunicación de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife, en el teléfono de contacto 696943009 o 922648500, ext.1620425 -1620608. [Prensa Guardia Civil]

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El decreto del Gobierno de Canarias que regula el acceso a la vivienda protegida ha sido recurrido en los tribunales por organizaciones sociales que reclaman anularlo alegando que es ilegal por discriminatorio y racista, según han anunciado este martes.
Portavoces de la plataforma Derecho al Techo y del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), promotores de la iniciativa, han asegurado a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, donde han presentado su recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, estar convencidos de que su demanda será atendida porque la norma que cuestiona vulnera garantías constitucionales y europeas.

Condicionantes del decreto que generan discriminación

Puesto que el Decreto 23/26 de Acceso a la Vivienda Protegida establece condicionantes temporales y económicos para poder ser solicitante de una casa social que impiden que se inscriban como tales, precisamente, a los colectivos que más ayuda necesitan para conseguir un hogar.
Familias con recursos escasos o inmigrantes son algunos de esos perjudicados por una política de la que deberían ser beneficiarios prioritarios, al establecer la norma niveles de ingresos económicos y de arraigo en las islas demostrando haber residido en ellas más de una década que hacen que, en lugar de ser una herramienta de auxilio a los más necesitados, sea un mecanismo de discriminación, según ha expuesto la portavoz de Derecho al Techo Sofía Olivares.

Más colectivos afectados y argumentos legales

Las organizaciones denunciantes alegan que el decreto es discriminador e ilegal, además, porque rechaza como solicitantes de casas sociales a inquilinos cuyo contrato esté por vencer y personas que se hayan visto envueltas en situaciones de desalojo o desahucio, «que también suponemos que son de los colectivos que más podrían necesitar ese tipo de viviendas protegidas», ha añadido.
Miguel Ruiz, abogado que ha elaborado y presentado el recurso, ha concluido que se trata de «un decreto que trata de excluir a gran parte de la población que necesita una vivienda en Canarias».
El letrado ha declarado: «creemos que es muy importante luchar jurídicamente contra estos mecanismos excluyentes, discriminatorios y que tratan, de alguna forma, de cambiar un principio constitucional fundamental de nuestras sociedades, que es la igualdad, por otro que es el de preferencia étnico-racial».

Estrategia del Gobierno y precedentes judiciales

Derecho al Techo y Observatorio DESCA sostienen, al tiempo, que el establecimiento de esta norma del Gobierno de Canarias obedece también a una estrategia del Ejecutivo encaminada a «maquillar las cifras reales de necesidades de vivienda» del archipiélago, ha dicho.
La razón es que, en lugar de identificar el volumen real de gente que tiene problemas para acceder a un hogar, «lo que hace es excluir de forma automática a muchísimas, muchísimas personas» de las más afectadas por esta carencia.
Miguel Ruiz ha insistido, por otra parte, en la convicción de los demandantes de que la Justicia les dará la razón porque ya hay precedentes de normas aprobadas en Europa buscando «discriminar a través de requisitos como el arraigo a un territorio o la residencia y de nuevo todos los tribunales han dictaminado que este tipo de medidas son ilegales».
«Por lo tanto, para nosotros la sorpresa es que, después de toda esta jurisprudencia amplia en todo el mundo, se trate de nuevo de volver a plantear este tipo de medidas que son conocidamente ilegales», ha apostillado.
[EFE]

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Acceso a datos de la consulta pública

En diciembre de 2023, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional ASCAV solicitó a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias acceso a los datos obrantes en el trámite de consulta pública de la tramitación de la Ley de Vivienda Vacacional en virtud de lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias. La Consejería de Turismo, mediante Resolución de 15 de diciembre de 2023, denegó a la Asociación el acceso a esos datos a los que tenía derecho, lo que motivó que ASCAV interpusiera demanda contra el Gobierno de Canarias para que se facilitaran los datos de la consulta pública que el Gobierno de Canarias había negado indebidamente.

Proceso judicial y sentencia

Por tanto, la Consejería de Turismo obligó a ASCAV a acudir a los tribunales para defender sus derechos. La asociación interpuso demanda y la Consejería aportó voluntariamente los datos de la consulta pública sin necesidad de esperar la sentencia. La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias no fue estimatoria ni desestimatoria, ya que se produjo una “carencia sobrevenida del objeto”: no fue necesario dictar sentencia sobre las pretensiones porque la parte demandada aportó voluntariamente los datos reclamados.

Resultados y aclaraciones

ASCAV logró en los tribunales lo que le fue negado fuera de ellos: que la Consejería le entregase las opiniones recibidas durante el trámite de consulta pública. Sin embargo, considera rotundamente incierto que la justicia haya avalado el proceso o descartado irregularidades, dado que no era el objeto del procedimiento judicial. La sentencia se limita a recoger las afirmaciones de la defensa de la Consejería sin avalar el modo en que se produjo la consulta pública.

Posición de ASCAV

La Asociación lamenta el uso torticero de la resolución judicial por parte de la Consejería de Turismo mediante informaciones que se apartan claramente de la letra de la sentencia.

Sentencia adjunta: https://shorturl.at/veiol
Audio adjunto: https://goo.su/m8PFDa
[ASCAV]

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Búsqueda y localización

Los agentes al cargo del caso se pusieron en contacto con el Cabildo de Fuerteventura el mismo lunes para solicitar colaboración y poder acceder al vertedero, donde entraron el miércoles por la mañana, momento en que comenzaron la búsqueda de la mujer, a la que se había visto por última vez en Corralejo.

Investigación en curso

El cuerpo ha sido localizado este viernes y al vertedero se ha desplazado el juez para proceder a su levantamiento.

La Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas solo ha confirmado la identidad de la fallecida, pero ha rehusado ofrecer más detalles porque existe una investigación bajo secreto de sumario.

Canarias 7 y La Provincia avanzan que el hijo de la mujer ha sido detenido como presunto responsable del homicidio.

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Datos sobre ahogamientos

El pasado mes se contabilizó un fallecimiento en accidentes acuáticos, además de cuatro afectados en estado crítico, tres heridos graves, dos de carácter moderado y otros dos resultaron ilesos. El total de afectados en accidentes acuáticos alcanza las 62 personas en lo que va de año, un 27 % más que en el anterior ejercicio (49).

Factores y circunstancias

El 90 % de las personas que han muerto ahogadas este año se habían introducido en el mar durante la activación de prealertas y/o alertas por el Gobierno de Canarias, debido a fenómenos costeros adversos. A los óbitos totales se suman 30 personas afectadas de diversa consideración: siete en estado crítico, ocho heridos de carácter grave, siete moderados y ocho leves.

Perfil de las víctimas

Nueve de los fallecidos identificados eran extranjeros, tres españoles y los ocho restantes, sin información específica respecto a sus países de origen. Siete de los ahogamientos mortales contabilizados de enero a abril corresponden a personas clasificadas en el epígrafe ‘otros’: parapentistas, pilotos o tripulantes de embarcaciones que, tras un golpe de mar o un resbalón, caen al agua desde un muelle, un acantilado o un paseo marítimo. Otros dos eran bañistas, dos submarinistas y dos pescadores.

Lugares de accidente

Las playas repiten como los entornos de mayor siniestralidad al aglutinar el 57 % de los casos; les siguen puertos y zonas de costa (26 %), piscinas naturales (11 %) y piscinas (6 %). EFE
jmor

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