Desde la organización destacan que esta incorporación consolida un proyecto amplio, plural y arraigado en la realidad social del municipio, capaz de integrar sensibilidades progresistas diversas alrededor de una agenda común de justicia social, feminismo, sostenibilidad y defensa de los servicios públicos.

El anuncio llega en un momento marcado por la renovación y actualización de perfiles políticos dentro del ámbito institucional, tras los recientes cambios en el grupo municipal de Unidas se puede.

Fortaleza del espacio político

Para la Asamblea Ciudadana Lagunera, este proceso demuestra la fortaleza de un espacio político que combina experiencia, renovación y crecimiento colectivo. El concejal de Unidas se puede, Saúl Alberola, señala que esta etapa es muy positiva para el espacio político y social que representa la Asamblea Ciudadana Lagunera. Añade que no solo están renovando perfiles institucionales, sino también ensanchando su base social y militante para afrontar el futuro con más fuerza y capacidad transformadora.

Construcción de un espacio estable de participación

Desde la organización defienden que este nuevo paso va más allá de una lógica electoral y responde a la voluntad de construir un espacio estable de participación y organización ciudadana conectado con los barrios, los pueblos y el tejido social lagunero.

Desde Movimiento Sumar consideran que este momento es muy importante para construir un camino alternativo que ofrezca propuestas eficaces para aumentar el bienestar cotidiano de las personas, como el coste de la cesta de la compra, los alquileres y la jornada laboral, traslada la Co-Coordinadora Marisol Collado.

Collado agradece a los miembros de la Asamblea Ciudadana Lagunera su trabajo de estos años y la amplitud de miras para incorporar nuevas fuerzas en el camino de la construcción de un futuro mejor para Canarias.

Por su parte, Alberola concluye que quieren seguir siendo un punto de encuentro para quienes creen en un municipio más justo, democrático y humano. Siguen apostando por sumar fuerzas, construir comunidad y defender otra forma de hacer política desde la cercanía y el trabajo colectivo.

[Unidas se puede]

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El decreto del Gobierno de Canarias que regula el acceso a la vivienda protegida ha sido recurrido en los tribunales por organizaciones sociales que reclaman anularlo alegando que es ilegal por discriminatorio y racista, según han anunciado este martes.
Portavoces de la plataforma Derecho al Techo y del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), promotores de la iniciativa, han asegurado a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, donde han presentado su recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, estar convencidos de que su demanda será atendida porque la norma que cuestiona vulnera garantías constitucionales y europeas.

Condicionantes del decreto que generan discriminación

Puesto que el Decreto 23/26 de Acceso a la Vivienda Protegida establece condicionantes temporales y económicos para poder ser solicitante de una casa social que impiden que se inscriban como tales, precisamente, a los colectivos que más ayuda necesitan para conseguir un hogar.
Familias con recursos escasos o inmigrantes son algunos de esos perjudicados por una política de la que deberían ser beneficiarios prioritarios, al establecer la norma niveles de ingresos económicos y de arraigo en las islas demostrando haber residido en ellas más de una década que hacen que, en lugar de ser una herramienta de auxilio a los más necesitados, sea un mecanismo de discriminación, según ha expuesto la portavoz de Derecho al Techo Sofía Olivares.

Más colectivos afectados y argumentos legales

Las organizaciones denunciantes alegan que el decreto es discriminador e ilegal, además, porque rechaza como solicitantes de casas sociales a inquilinos cuyo contrato esté por vencer y personas que se hayan visto envueltas en situaciones de desalojo o desahucio, «que también suponemos que son de los colectivos que más podrían necesitar ese tipo de viviendas protegidas», ha añadido.
Miguel Ruiz, abogado que ha elaborado y presentado el recurso, ha concluido que se trata de «un decreto que trata de excluir a gran parte de la población que necesita una vivienda en Canarias».
El letrado ha declarado: «creemos que es muy importante luchar jurídicamente contra estos mecanismos excluyentes, discriminatorios y que tratan, de alguna forma, de cambiar un principio constitucional fundamental de nuestras sociedades, que es la igualdad, por otro que es el de preferencia étnico-racial».

Estrategia del Gobierno y precedentes judiciales

Derecho al Techo y Observatorio DESCA sostienen, al tiempo, que el establecimiento de esta norma del Gobierno de Canarias obedece también a una estrategia del Ejecutivo encaminada a «maquillar las cifras reales de necesidades de vivienda» del archipiélago, ha dicho.
La razón es que, en lugar de identificar el volumen real de gente que tiene problemas para acceder a un hogar, «lo que hace es excluir de forma automática a muchísimas, muchísimas personas» de las más afectadas por esta carencia.
Miguel Ruiz ha insistido, por otra parte, en la convicción de los demandantes de que la Justicia les dará la razón porque ya hay precedentes de normas aprobadas en Europa buscando «discriminar a través de requisitos como el arraigo a un territorio o la residencia y de nuevo todos los tribunales han dictaminado que este tipo de medidas son ilegales».
«Por lo tanto, para nosotros la sorpresa es que, después de toda esta jurisprudencia amplia en todo el mundo, se trate de nuevo de volver a plantear este tipo de medidas que son conocidamente ilegales», ha apostillado.
[EFE]

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Iniciativa para la Protección de Viviendas Vacacionales

En un comunicado, los populares sostienen que su iniciativa para eximir a estas viviendas del requisito de antigüedad mínima ya fue planteada en mayo de 2024 por el presidente insular del partido, Mariano Zapata, en una reunión con la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias.

El PP asegura que esta propuesta ha sido trasladada nuevamente al Ejecutivo autonómico y al Parlamento regional en el marco de la tramitación de un nuevo proyecto legislativo, con el objetivo de que se incorpore mediante una enmienda que tenga en cuenta la situación específica de La Palma, especialmente en el Valle de Aridane.

Respaldo y Justificación de la Propuesta

La formación considera “impropio” que el presidente del Cabildo les acuse de hacer política de titulares y sostiene que los hechos “evidencian lo contrario”.

La diputada regional Raquel Díaz ha afirmado que Coalición Canaria “no es el único partido que defiende a los afectados por la erupción” y ha subrayado que la medida propuesta responde a una “cuestión de justicia social”.

Detalles de la Propuesta Legislativa

Según detalla el PP, la iniciativa plantea que las viviendas vacacionales destruidas por las coladas volcánicas y que estuvieran previamente habilitadas conserven su número de registro turístico, de modo que no se les aplique el requisito general de antigüedad mínima para nuevas edificaciones destinadas al alquiler vacacional.

Para ello, los propietarios deberán acreditar la correspondencia entre la vivienda destruida y la reconstruida mediante su inscripción en el Registro Único de Personas Afectadas por la erupción o por otros medios válidos en derecho.

Además, la propuesta contempla que los plazos se computen desde la obtención de la licencia de primera ocupación de la vivienda reconstruida, siempre que ésta se acredite antes de finales de 2030.

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