El objetivo del acuerdo es establecer un marco estable de colaboración para promover la innovación, la formación, la empleabilidad y la competitividad del sector de la construcción, en línea con la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias 2022-2027

El vicepresidente del Gobierno subrayó que la industrialización de la construcción es una de las vías más eficaces para dar respuesta al problema de la vivienda en las islas. “Estamos trabajando para impulsar una construcción más eficiente, más sostenible, más limpia y más ágil, porque necesitamos nuevas fórmulas que nos permitan acelerar los plazos, mejorar la calidad y facilitar el acceso a la vivienda”, señaló. Domínguez añadió que esta estrategia “solo será posible con la colaboración público-privada y con la implicación del sector, que es clave para transformar el modelo de construcción en Canarias”.

Por su parte, la presidenta de Fepeco, Olga Sanfiel, señaló que la construcción industrializada “forma parte de la solución para afrontar la actual emergencia habitacional” y recordó que ya hay empresas que han comenzado a desarrollar proyectos de este tipo en el Archipiélago.

La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas, María Salud Gil, destacó la “transformación” que ha experimentado el sector de la construcción en los últimos años “desarrollando procesos constructivos más eficientes y eficaces”.

Entre las líneas de trabajo previstas figuran la creación de dos Oficinas Técnicas de Construcción Industrializada, una en Tenerife y otra en Gran Canaria, con una dotación presupuestaria de 200.000 euros para cada patronal, y entre sus funciones están la elaboración de programas de formación y capacitación para empresas, fomento de la innovación tecnológica y digitalización, impulso de proyectos de sostenibilidad y economía circular, asesoramiento técnico a pymes y autónomos, difusión de jornadas y seminarios, y promoción de la incorporación de jóvenes profesionales al sector.

La puesta en marcha de estas oficinas busca contribuir a la reducción de plazos y costes de ejecución de las obras, mejorar la calidad y la seguridad laboral, favorecer la sostenibilidad ambiental, potenciar la formación especializada y facilitar la modernización de las empresas del sector.

El protocolo tendrá una duración inicial de tres años, prorrogable por periodos de un año, y contará con una Comisión de Seguimiento integrada por representantes de las tres partes firmantes para evaluar su desarrollo y proponer mejoras [Gobierno de Canarias]

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