La portavoz de Sí se puede en Canarias, Vanesa Martín, ha denunciado el giro «cruel, inhumano e irresponsable» que están tomando algunos ayuntamientos del sur de Tenerife ante el crecimiento de los asentamientos de infraviviendas. Para la formación ecosocialista, las actuaciones policiales masivas desarrolladas en estos enclaves no constituyen una solución al problema habitacional, sino una estrategia de criminalización de las personas más vulnerables y una muestra de la influencia de los postulados de la extrema derecha en la gestión municipal.

Esta semana, el Ayuntamiento de Arona, uno de los tres municipios canarios en los que Vox forma parte del gobierno local, llevó a cabo un amplio dispositivo policial en el asentamiento de Los Vivitos, después de una actuación similar en la montaña de Guaza. El operativo movilizó a decenas de agentes de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil para identificar a las personas que residen en el poblado.

Para Vanesa Martín, este tipo de actuaciones «no buscan resolver una problemática social, sino ofrecer una imagen de mano dura frente a quienes sufren las consecuencias de décadas de políticas fallidas en materia de vivienda«. A su juicio, la respuesta institucional se limita a desplazar el problema de un lugar a otro, sin ofrecer alternativas habitacionales reales a las familias afectadas. Asegura que nadie defiende que se viva en esas condiciones, al contrario, reclaman “alternativas a un problema que tienen que ver con una especulación desatada y la venta masiva de viviendas a ciudadanos de la unión europea”.

La portavoz recuerda que los asentamientos de infraviviendas son la expresión más extrema de la emergencia habitacional que vive Canarias. «Cada vez más trabajadores y trabajadoras, muchas de ellas con empleo, se ven obligadas a vivir en condiciones indignas porque el mercado inmobiliario les ha expulsado de cualquier posibilidad de acceder a una vivienda», señala. La ausencia de servicios básicos, las deficientes condiciones sanitarias y la inseguridad que padecen quienes habitan estos núcleos son, a su juicio, el reflejo de un profundo fracaso de las políticas públicas.

Martín recuerda además que los barrios surgidos al margen del planeamiento urbanístico no son una realidad nueva en Canarias. Durante el franquismo y también en las primeras décadas de la democracia aparecieron numerosos asentamientos fruto de la falta de planificación y de la ausencia de vivienda asequible.

Desde Sí se puede consideran especialmente grave que mientras se despliegan importantes recursos policiales, no se actúe sobre las causas que han provocado esta situación. La organización señala directamente a la especulación inmobiliaria, la falta de control sobre los precios del alquiler, la expansión del alquiler vacacional y la ausencia de obligaciones para que las grandes empresas turísticas contribuyan al alojamiento de sus plantillas. Consideran una grave hipocresía que se señale a los residentes en estos espacios y no a una política de vivienda como la promovida por CC-PP en Canarias, que solo está agravando el problema.

En este sentido, Martín sostiene que la identificación de las cerca de 250 personas asentadas en Los Vivitos «solo busca ofrecer una imagen de fuerza dirigida a un determinado electorado, mientras se ignoran las verdaderas soluciones». A su juicio, expulsar a las familias de un asentamiento sin proporcionarles una alternativa solo conseguirá que vuelvan a instalarse en otro lugar, reproduciendo indefinidamente el mismo problema.

«La misma clase política que ha permitido la especulación urbanística y el incremento descontrolado del precio de la vivienda pretende ahora responder con operativos policiales a una crisis que ella misma ha contribuido a generar», denuncia.

Sí se puede reclama a los municipios del sur de Tenerife que apliquen de manera efectiva las herramientas previstas en la Ley por el Derecho a la Vivienda, como la declaración de zonas tensionadas o el incremento del IBI a los propietarios con más de cinco viviendas vacías. Piden que se trabaje conjuntamente con el Gobierno de Canarias para desarrollar políticas públicas capaces de incrementar el parque de vivienda asequible.

Entre las medidas prioritarias, la formación plantea la movilización de viviendas vacías, la rehabilitación de edificios para uso residencial, un control mucho más estricto sobre el alquiler vacacional ilegal, la limitación de la especulación inmobiliaria y la implicación del sector turístico en la creación de soluciones habitacionales para las personas trabajadoras.

«Recuperar viviendas vacías, rehabilitar inmuebles y aumentar la oferta pública de vivienda son medidas infinitamente más eficaces que enviar decenas de policías para criminalizar a quienes simplemente intentan sobrevivir. La vivienda es un derecho, no un privilegio», concluye Vanesa Martín. [Sí se puede]

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