La consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea anuncia que se seguirá aplicando el tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) a los combustibles durante todo el mes de agosto.

Esta medida tributaria fue una de las contempladas en el Decreto ley 3/2026, de 6 de abril y prorrogada por el Gobierno de Canarias a través del Decreto ley 4/2026 del pasado 29 de junio. Si bien la prórroga contempla como plazo temporal hasta el 30 de septiembre, la propia norma establece su permanencia conforme a la actualización del diferencial del IPC del mes de junio para gasolinas y gasóleos.

En este caso, y dado que la variación en Canarias del IPC de las gasolinas y gasóleos supera en más de un 15% del IPC del mismo mes del año pasado, se mantiene la reducción del tipo cero durante el mes de agosto.

La aplicación temporal del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) sobre combustibles tiene como objetivo abaratar el precio final para los consumidores. La persistencia de elevados costes energéticos y logísticos continúa afectando a la competitividad de las empresas canarias y al poder adquisitivo de las familias.

La experiencia acumulada durante los meses de vigencia del Decreto ley 3/2026 y la posterior prórroga permite afirmar que esta medida ha contribuido eficazmente a mitigar los efectos económicos de la crisis sobre el tejido productivo canario. En particular, las medidas tributarias han permitido contener parcialmente el incremento de los costes energéticos soportados por hogares y empresas. [HACIENDA Y RELACIONES CON LA UE]

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La medida, en vigor desde este 1 de julio, beneficiará a más de 11.000 profesionales y pequeñas empresas del Archipiélago que, hasta final de mes, podrán presentar el modelo 400, indicando que quieren acogerse al Régimen Especial del Pequeño Empresario o Profesional.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, señaló que esta acción y las incluidas en el Plan Respaldo, responden al compromiso del Gobierno de apoyar a este colectivo que desde 2023 ha crecido en casi 9.000 autónomos, 240 al mes.

Los trabajadores autónomos y profesionales de Canarias con un volumen de operaciones de hasta 50.000 euros anuales pueden solicitar ya la exención del IGIC. La medida, que entró en vigor el pasado 1 de julio, permitirá que los contribuyentes cuyo volumen de negocio no supere dicho umbral queden exentos de repercutir y declarar el IGIC, simplificando sus obligaciones tributarias y favoreciendo su liquidez. El Gobierno canario prevé que podrían llegar a beneficiarse hasta 11.000 trabajadores autónomos en el Archipiélago.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias ha destacado que esta medida “responde al compromiso del Ejecutivo de apoyar al tejido productivo canario, especialmente a los pequeños negocios y profesionales autónomos”, que desde el inicio de legislatura en 2023 ha crecido en casi 9.000 autónomos, 240 al mes. En este sentido, subrayó que “la ampliación de la franquicia hasta los 50.000 euros supone un avance significativo en términos de simplificación administrativa y estímulo a la actividad económica”.

Esta medida, además, sitúa a Canarias como la única comunidad autónoma que aplica la franquicia prevista en la normativa europea del IVA para pequeños empresarios, elevando el umbral hasta 50.000 euros, por encima de la media de los países de la Unión Europea, que ronda los 40.000 euros. “Mientras Bruselas denuncia a España ante la Justicia europea por negar a los autónomos la exención del IVA y mientras el Gobierno de España desatiende las demandas de las personas trabajadoras autónomas, siendo el único país que no ha traspuesto la directiva europea que exime de repercutir el impuesto a los que ingresen menos de 85.000 euros anuales, el Gobierno de Canarias da un paso adelante y consolida un modelo propio de simplificación fiscal para los emprendedores y autónomos”, señaló.

El Régimen especial del pequeño empresario o profesional (REPEP) permitirá a los autónomos y personas físicas que no superan los 50.000 euros anuales y que quieran acogerse voluntariamente a este régimen potestativo, no repercutir IGIC en sus facturas, a cambio de no deducir las cuotas soportadas en compras. Esta medida reduce de cinco a una sus declaraciones anuales, simplificando su relación con la Agencia Tributaria Canaria.

La intención del Ejecutivo regional es que a partir del 1 de enero de 2027 los autónomos acogidos a este régimen pasarán a presentar una única declaración anual de IGIC, eliminando las cuatro autoliquidaciones trimestrales y reduciendo la posibilidad de errores formales y requerimientos de gestión.

Hasta el 31 de julio

Para acogerse a esta opción, el pequeño empresario o profesional tiene de plazo hasta el 31 de julio para presentar la declaración censal (modelo 400) indicando que quiere acogerse al REPEP.

El vicepresidente explicó que “este Gobierno sí que apoya a las personas trabajadoras autónomas, y acciones como ésta, unida al Plan Respaldo Autónomo, que incluye medidas de apoyo a la conciliación laboral, a la contratación, a las bajas por incapacidad laboral y a la inversión a través de la bonificación de los intereses de los préstamos, permiten acompañar al autónomo de principio a fin, desde que pone en marcha su actividad hasta su consolidación. Nuestro objetivo desde que llegamos al Gobierno ha sido convertirnos en el mejor aliado del autónomo”.

Precisamente, este jueves pasado el vicepresidente, Manuel Domínguez, y el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, mantuvieron un encuentro con autónomos de las islas donde explicaron el Plan de respaldo al Autónomo, cuyas medidas ya están todas puestas en marcha, con las convocatorias abiertas, y que ha sido premiado por ATA por ser un “ambicioso proyecto” que recoge las demandas de los trabajadores autónomos. “Este plan, junto con las medidas de alivio fiscal y burocrático, aplicadas por el Gobierno de Canarias está siendo un ejemplo para otras comunidades autónomas que ya están copiando estas propuestas”, aseguró Lorenzo Amor. [Gobierno de Canarias]

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El acuerdo, respaldado por todos los grupos políticos de la corporación insular, plantea una batería de propuestas orientadas a mejorar las condiciones de este colectivo clave para la economía del Archipiélago.

Revisión de cuotas para autónomos societarios

En primer lugar, el Cabildo solicita la modificación de la Orden PJC/297/2026, de 30 de marzo, que establece un incremento del 42% en las cuotas de los autónomos societarios y colaboradores. Asimismo, se reclama evitar cualquier medida que suponga un aumento de las bases mínimas de cotización para 2026 que impida su equiparación con el resto de autónomos.

En este sentido, también se pide recuperar el principio de transitoriedad en la aplicación del sistema de cuotas y garantizar el acceso a incentivos, bonificaciones y reducciones en la Seguridad Social.

Deducciones fiscales específicas para Canarias

En segundo lugar, el Pleno instó tanto al Gobierno de España como al Gobierno de Canarias a estudiar la creación de deducciones fiscales específicas en el Impuesto sobre Sociedades y en el IRPF para los autónomos societarios que operan en Canarias. Esta medida busca compensar los sobrecostes derivados de la insularidad y fomentar la inversión en la economía local.

Simplificación administrativa

El tercer acuerdo se centra en la simplificación administrativa. El Cabildo solicita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y al Gobierno de Canarias la reducción de cargas burocráticas y la agilización de trámites, reconociendo la singularidad de las pymes canarias amparadas por el Régimen Económico y Fiscal (REF).

Ampliación de franquicias y exenciones fiscales

Asimismo, se pidió al Gobierno de Canarias que analice la ampliación de la franquicia fiscal relativa al IGIC, así como la extensión de determinadas exenciones fiscales a los profesionales autónomos, en línea con lo ya previsto para entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades en la normativa del REF.

Finalmente, el Cabildo acordó trasladar este acuerdo a la Presidencia del Gobierno de España, a los ministerios competentes en materia de inclusión, hacienda y economía, así como al Gobierno de Canarias.

[Cabildo de Tenerife]

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