Sí se puede considera insuficiente la propuesta de financiación plurianual planteada por el Gobierno de Canarias para las dos universidades públicas del Archipiélago y reclama al Ejecutivo de Fernando Clavijo que garantice los recursos necesarios para asegurar su funcionamiento y fortalecer su papel como motores de conocimiento, investigación y transformación social de Canarias.

La portavoz de Sí se puede en Canarias, Vanesa Martín, considera especialmente preocupante que las necesidades estructurales de la Universidad de La Laguna (ULL) y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) no estén adecuadamente cubiertas en la propuesta presentada por el Ejecutivo autonómico.

Este verano, los rectores de ambas universidades, Francisco García y Lluís Serra, trasladaron a la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura sus principales alegaciones a la propuesta de financiación plurianual presentada por el Gobierno de Canarias el pasado 28 de julio, después de un año de espera. En ellas advierten de que la financiación recibida no ha crecido lo suficiente para hacer frente al incremento de los gastos estructurales, especialmente los relacionados con personal, suministros, mantenimiento y reparación de infraestructuras.

Según los datos de las propias universidades, sus equipos de gerencia vienen advirtiendo desde agosto de 2025 de una pérdida acumulada de unos 25 millones de euros entre 2022 y 2026 para afrontar estos gastos estructurales. Para 2027, ambas instituciones calculan que necesitan aproximadamente 290,4 millones de euros para garantizar su sostenimiento, mientras que la propuesta de la Consejería contempla 286,9 millones, lo que supone inicialmente un desfase de 3,5 millones de euros.

“No se puede hablar de cambio de modelo económico, de dejar de depender de un único sector y, al mismo tiempo, mantener infrafinanciadas las instituciones que generan conocimiento, investigación y oportunidades para nuestra sociedad”, señala Vanesa Martín.

La portavoz de Sí se puede considera especialmente relevante que las universidades hayan comunicado al Gobierno desde febrero de 2026 el impacto de los incrementos retributivos y que, pese a ello, la propuesta financiera no incorpore estos costes derivados de la normativa estatal.

Sí se puede considera necesario abordar la cuestión de la financiación universitaria desde una perspectiva de suficiencia y de responsabilidad pública. La portavoz ecosocialista considera que “la capacidad de las universidades para captar fondos competitivos no puede utilizarse como argumento para descargar sobre ellas unas responsabilidades de financiación que corresponden a las instituciones públicas”.

Para Sí se puede, el debate no puede reducirse a una cuestión contable. La financiación de las universidades públicas es una decisión estratégica sobre el modelo de Canarias, especialmente en un territorio que aspira a diversificar su economía y a reforzar la educación, la ciencia y el conocimiento como alternativas a la dependencia de un único motor económico. “Resulta contradictorio hablar durante años de diversificación económica, de ciencia y de conocimiento mientras no se garantiza que nuestras universidades públicas dispongan de los recursos necesarios para desarrollar su función”, afirma.

La portavoz advierte además de las consecuencias sociales que puede tener un debilitamiento de la universidad pública: profesorado en condiciones precarias, investigadores sin las dotaciones necesarias, estudiantes con dificultades para acceder a un alojamiento que puedan pagar durante sus estudios y proyectos que pueden quedar paralizados.

En paralelo, considera que el crecimiento de la oferta universitaria privada, con una clara colaboración de las administraciones públicas de Canarias, puede profundizar las desigualdades en el acceso a la educación superior.

Por ello, Sí se puede reclama al Gobierno de Canarias que revise su propuesta de financiación y garantice una dotación suficiente para cubrir las necesidades estructurales de la ULL y la ULPGC, incluyendo los costes derivados de los incrementos retributivos establecidos legalmente.

“Las universidades públicas canarias son una conquista colectiva. El conocimiento no puede volver a convertirse en un privilegio: debe seguir siendo un derecho y una herramienta de igualdad y de transformación para el conjunto de la sociedad canaria”, concluye Vanesa Martín. [Sí se puede]

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