Sin embargo, esas preguntas, siendo importantes, no deberían monopolizar el debate en unas islas donde sabemos que los volcanes constituyen un riesgo que tarde o temprano se manifiesta en forma de erupciones, que el ser humano no puede evitar ni frenar.

Olvidamos, por tanto, prepararnos para las consecuencias posteriores: las cenizas, el suelo, la industria, las comunicaciones y la reconstrucción tras un golpe implacable de la naturaleza. Si seguimos reduciendo el riesgo volcánico únicamente a la posibilidad de una erupción, acabaremos cayendo en el efecto del cuento del lobo: cada enjambre sísmico generará titulares, especulaciones y cansancio social, mientras la verdadera preparación seguirá pendiente.

Después de haber sido testigo de cerca tanto la erupción del Tajogaite como el postvolcán en el Valle de Aridane, observo que la experiencia de La Palma no ha cambiado en la medida necesaria nuestra manera de entender este riesgo connatural a estas islas.

Cuando hablamos de prevención volcánica solemos pensar solo en planes de evacuación, mochilas de emergencia, semáforos volcánicos o simulacros. Todo eso es imprescindible, porque salva vidas.

Pero la prevención no termina cuando la población consigue ponerse a salvo. También consiste en preguntarnos hoy cómo responderemos mañana. ¿Está Canarias preparada para reconstruir una isla tras una gran erupción? ¿Tenemos respuestas jurídicas, económicas y sociales preparadas antes de que las necesitemos? Porque la prevención de hoy no solo no debe alarmarnos sino que es la seguridad de mañana.

El volcán puede afectar a más o menos personas, pero el postvolcán, puede afectar a muchas más, cientos de miles. Y es así porque el verdadero impacto comienza cuando la lava deja de fluir. Es entonces cuando aparecen las viviendas que no pueden reconstruirse, las fincas sepultadas, los negocios que desaparecen, las familias que permanecen durante años atrapadas entre expedientes administrativos, los problemas de aseguramiento de los bienes, la pérdida del valor del suelo, la desaparición física de los terrenos anteriores a la erupción, las infraestructuras destruidas, las comunicaciones alteradas y una economía que necesita reinventarse.

Es entonces cuando muchas personas descubren que no solo se trataba de sobrevivir a la erupción, sino de poder reconstruir su vida. Ese es el verdadero postvoplcán. Y, paradójicamente, es la fase para la que menos preparados estamos.

Por eso, para abrir una reflexión en la sociedad, planteo diez preguntas que, a mi juicio, deberíamos poder responder antes de la próxima erupción a través de la legislación y los planes.

Primera: sostenibilidad financiera.

¿Podría el Gobierno de Canarias afrontar económicamente una gran erupción que afectara a zonas altamente urbanizadas, incluyendo los núcleos turísticas? ¿Existen recursos suficientes para responder con rapidez sin depender exclusivamente de decisiones posteriores del Estado?

Segunda: seguridad jurídica.

¿Conocerán los afectados desde el primer día cuáles son realmente sus derechos o volverán a pasar años entre incertidumbres administrativas?

Tercera: protección del suelo.

¿Cómo salvaguardamos un suelo que, sencillamente, no puede sustituirse? En Canarias el valor de una finca, un hotel o una explotación agrícola depende muchas veces de su ubicación. La lava puede destruir precisamente aquello que hace único ese lugar.

Cuarta: planeamiento urbanístico.

¿Podrá reconstruirse todo lo que hoy existe? ¿Qué ocurrirá si un edificio desaparece y la normativa vigente ya no permite levantarlo en las mismas condiciones?

Quinta: seguros y prevención.

¿Incentiva realmente nuestro sistema la prevención? ¿Debe recibir exactamente el mismo tratamiento quien adoptó medidas preventivas que quien no lo hizo?

Sexta: igualdad entre afectados.

¿Dos familias con viviendas similares recibirán soluciones diferentes por cuestiones puramente administrativas? La igualdad ante una catástrofe también debe construirse antes de que ocurra.

Séptima: empresas y empleo.

¿Cómo recuperará su actividad una empresa que ha perdido simultáneamente sus instalaciones, su suelo y su mercado? Reconstruir empleo exige mucho más que reconstruir edificios.

Octava: conectividad.

¿Qué ocurrirá si la ceniza obliga a cerrar durante semanas o meses los aeropuertos? ¿Cómo garantizaremos el transporte de pacientes, mercancías esenciales, turistas y trabajadores entre las islas?

Novena: inversión.

¿Qué empresa asumirá inversiones de cientos de millones de euros si no existe un marco suficientemente sólido que ofrezca seguridad sobre la protección del suelo frente a futuras erupciones, es decir, que garantice su disponibilidad tras un fenómeno geológico de este tipo?

Décima: vivienda.

Si hoy Canarias ya atraviesa una grave crisis habitacional, ¿cómo responderíamos si una gran erupción hiciera desaparecer miles de viviendas de un día para otro, si además, la especulación con la vivienda se dispararía aún más?

Responder estas preguntas no es un ejercicio teórico ni un planteamiento alarmista. Es hacer verdadera prevención.

Uno de los grandes aprendizajes sobre lo ocurrido en La Palma es que el suelo en estas islas volcánicamente activas no puede seguir tratándose jurídicamente igual que en el resto de España. Porque en la mayoría de las catástrofes naturales el suelo permanece donde estaba. Puede dañarse una vivienda, pero la parcela sigue existiendo.

En cambio, en una erupción volcánica ocurre algo completamente distinto: una capa de lava de decenas de metros de espesor puede sepultar el terreno original, modificar completamente la topografía y convertirlo en un espacio inutilizable durante generaciones.

No desaparece solo una propiedad: desaparece su ubicación. Y en muchas actividades económicas —desde una explotación agrícola hasta un hotel, un parque temático o una gran infraestructura turística— el lugar lo es absolutamente todo. Sustituir una finca por otra situada a varios kilómetros no siempre equivale a reparar el daño sufrido.

Por eso Canarias necesita abrir un debate, no ya en el Archipiélago sino sobre todo a nivel nacional (a que son necesarias modificaciones jurídicas de ámbito estatal), sobre cómo proteger esa propiedad del suelo frente al riesgo volcánico. No se trata únicamente de indemnizar construcciones, sino de comprender que, en un territorio volcánico, el suelo también constituye un bien estratégico cuya pérdida puede resultar irreversible.

Por ello, insisto en esa idea muy extendida pero profundamente equivocada: pensar que la reconstrucción comienza cuando termina la erupción. No. Empieza mucho antes: revisando los planes urbanísticos, regularizando viviendas, actualizando la planificación territorial, garantizando seguridad jurídica, definiendo protocolos claros y preparando la normativa que habrá que aplicar cuando llegue una emergencia.

Porque cuando el volcán entra en erupción ya es demasiado tarde para improvisar leyes, planes y protocolos.

Muchas de las dificultades que aparecieron en La Palma no nacieron durante la erupción. Ya existían antes, de modo que el volcán simplemente las hizo visibles.

También hay que proteger la economía. La conversación pública suele centrarse en las viviendas, y es lógico. Pero Canarias depende también de un tejido económico que necesita estabilidad. Hoteles, infraestructuras turísticas, explotaciones agrícolas, industrias, centros logísticos, parques temáticos, puertos, aeropuertos… requieren enormes inversiones sobre un territorio limitado.

Si un inversor percibe que ese suelo donde quiere desarrollar una actividad económica puede perderse sin mecanismos claros de protección o compensación, el problema trasciende al propietario individual, porque afecta al empleo, a la inversión y, en definitiva, al futuro económico del Archipiélago. Hablar del riesgo volcánico, por tanto, también es hablar del modelo económico de Canarias.

La erupción de 2021 dejó igualmente otra enseñanza evidente: la ceniza puede aislar las islas. Canarias necesita desarrollar una estrategia permanente que combine investigación, tecnología, financiación y coordinación institucional para minimizar el impacto de futuras crisis volcánicas sobre el transporte aéreo.

Necesitamos invertir en sensores, nuevos sistemas de monitorización, investigación propia, protocolos específicos, rutas alternativas, aeronaves mejor preparadas y cooperación entre administraciones públicas. No podemos depender únicamente de soluciones improvisadas cuando el problema vuelva a aparecer.

Para todo esto que planteo es fundamental aprender de La Palma mientras aún estamos a tiempo en Tenerife. La isla del Teide experimenta desde hace una década una reactivación de procesos geológicos propios de un sistema volcánico activo y que, nos dicen los científicos, no supone por ahora un aumento de las probabilidades de erupción a corto o medio plazo. Es decir, en días, semanas o unos cuantos meses.

Precisamente por eso, porque aún estamos a tiempo de planificar si no demoramos las respuestas a las preguntas anteriores, este es el mejor momento para actuar. Esperar a que se activen niveles de alerta, a que la naturaleza se adelante, sería repetir el error de preparar, ya a la desesperada, el futuro bajo la presión de la emergencia.

Necesitamos, por supuesto, seguir divulgando cultura volcánica: comprender qué significan los terremotos, las deformaciones del terreno o las emisiones de gases. Pero necesitamos, sobre todo, ampliar el debate y el conocimiento a todas las cuestiones que he enumerado.

Es decir: menos especular sobre cuándo llegará el próximo volcán y más prepararnos para todo lo que vendrá después.

Canarias tiene una oportunidad extraordinaria para convertirse en un referente internacional en gestión integral del riesgo volcánico. Para lograrlo hace falta un gran pacto entre Administraciones públicas, comunidad científica, universidades, colegios profesionales, empresas, medios de comunicación y sociedad civil.

La erupción de La Palma nos dejó cicatrices que todavía, casi cinco años después de apagado el Tajogaite, siguen abiertas. La mejor manera aprovechar esa lección no es mirar constantemente hacia atrás, sino utilizar esa experiencia para proteger el futuro de las islas.

No basta con aprender a convivir con los volcanes. Hay que aprender a convivir con el postvolcán. Porque la mejor gestión de una erupción no será la que únicamente consiga que no haya víctimas durante la emergencia, sino que también logre que, cuando el volcán se extinga, las personas puedan volver a construir su proyecto de vida con dignidad. [elvalle lapalma]

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La Asociación Tierra Bonita reprocha al consejero Manuel Miranda que “ignore” por dos veces en sede parlamentaria las preguntas de la diputada Paula Jover sobre las actas y grabaciones que reclaman los afectados por la catástrofe. Para colmo, “lo hace con cinismo, porque el mismo cargo público que deniega divulgarlas presume de transparencia”.

La Asociación Tierra Bonita denuncia que el Gobierno de Canarias sigue sin dar explicaciones sobre el motivo por el que su consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, faltó a la verdad en el Parlamento al afirmar que no había actas de las reuniones del comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas (PEVOLCA) antes de la erupción del Tajogaite, pese a que este colectivo ciudadano tiene constancia de que sí existen esos documentos, además de las grabaciones.

Tierra Bonita, que en marzo pasado acusó al consejero de «mentir» en sede parlamentaria, observa con «indignación y asombro» cómo Miranda, durante el pleno del Parlamento regional celebrado el 7 de julio y en una comisión parlamentaria este 16 de julio, “ignoró y actuó con cinismo” preguntado sobre este asunto por la oposición, como tampoco ha respondido a las acusaciones de esta asociación.

En concreto, la diputada de Vox Paula Jover comentó el 7 de julio en esa sesión plenaria, dirigiéndose al consejero: «Hace un año usted, desde ese escaño, nos dijo que no había actas de las reuniones del Comité Científico del PEVOLCA previas a la erupción. Y ahora nos responde que sí las hay, sí existen esas actas y contienen los puntos principales de las deliberaciones».

Ante esta intervención, enmarcada en una pregunta sobre qué cambios en el sistema de emergencias ha introducido el Gobierno a raíz de los errores ocurridos en La Palma en 2021, Miranda obvió el asunto, a pesar de la gravedad de que un consejero «continúe sin dar ningún tipo de explicaciones por esta mentira oficial».

Y en la Comisión de Política Territorial este jueves 16, más de lo mismo. La diputada le interpeló: “¿Qué pasó con las actas del PEVOLCA? La información no está accesible para la ciudadanía. Tienen que estar publicadas y accesibles para que todos los ciudadanos tengan confianza en las instituciones”.

Pero la respuesta de Miranda fue nuevamente obviar la cuestión y, desde la perspectiva de Tierra Bonita, “hacer gala de un cinismo monumental”. Y es que el consejero presumió de que “si hay una máxima en esta Consejería es la transparencia en la información científica porque eso es fundamental para que la población crea en lo que estamos transmitiendo, da credibilidad”.

«UN DESPRECIO A LOS AFECTADOS DEL VOLCÁN»

Estas respuestas parlamentarias del Gobierno, a juicio de esta asociación, «suponen una total falta de respeto a la ciudadanía, pero especialmente a las personas damnificadas por el volcán de La Palma, porque encima presumen de hacer algo y en realidad están haciendo justo lo contrario».

Hay que recordar que este colectivo ciudadano mantiene un litigio contra el Gobierno de Canarias en vía contencioso-administrativa para que las actas y grabaciones del PEVOLCA sean públicos, procedimiento que está a la espera de sentencia.

Este pleito judicial cuenta con el respaldo público de colectivos de damnificados y vecinales de la zona afectada. Hay que señalar que la negativa a publicar estos documentos comenzó con el Gobierno canario que formaban el PSOE, Sí Podemos Canarias, Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Nueva Canarias, y ha continuado con el actual Ejecutivo, integrado por CC, PP, ASG y AHI.

Conocer las actas es clave para esclarecer por qué no se informó a la población del norte del Valle de Aridane de que el magma se había desplazado hacia esa zona, dato que sí tenían los científicos con antelación, y por qué no se subió el semáforo a naranja y se evacuó a los habitantes antes de erupcionar el Tajogaite pese a que era inminente, como declararon posteriormente numerosos científicos.

La diferencia entre haber dado a la población esa información y no darla ya la saben los damnificados: se expusieron a un riesgo mortal (solo la suerte evitó muertes en el momento inicial del erupción); tuvieron que salir corriendo; perdieron enseres y objetos de valor sentimental al no disponer de tiempo para llevárselos, murieron sus animales por no poderlos alejar del peligro y, con todo ello, se agravó su sufrimiento emocional.

CARGOS PÚBLICOS: DONDE DIJE DIGO, DIJE DIEGO

La reivindicación de las actas y grabaciones tiene ya años de recorrido. De hecho, en el pasado mandato, los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane (cuando era alcaldesa Noelia García, hoy comisionada para la Transparencia de Canarias) y El Paso (con Sergio Rodríguez de alcalde y ahora presidente del Cabildo palmero) apoyaron, mediante sendos acuerdos plenarios, la petición ciudadana de que esta documentación se divulgara.

E incluso la actual consejera de Presidencia del Gobierno canario y líder de CC en La Palma, Nieves Lady Barreto, en 2022, cuando era diputada autonómica en la oposición, registró una iniciativa parlamentaria para solicitar esta documentación, petición que en abril de 2023 caducó, dos meses antes de que entrara en el Gobierno de Canarias tras las elecciones de ese año, “sin que luego diera ninguna muestra de interés por la transparencia”.

Y, ya en este mandato, en junio de 2025, el propio viceconsejero responsable del área de Emergencias en el Ejecutivo canario, el palmero Marco Lorenzo, se mostró a favor de que «los vecinos y vecinas de La Palma tengan acceso a esas grabaciones».

En todos los casos citados, los cargos públicos que defendían la publicidad de esa documentación «no han movido un dedo para que así sea, escudándose en informes técnicos que atribuyen a los comités científicos y al director del PEVOLCA el privilegio de la confidencialidad para no aplicarles la Ley de Transparencia, pero obviando al mismo tiempo que ninguna ley impide hacer pública esa documentación si realmente quisieran políticos y científicos”.

«DEMASIADOS PROTEGIÉNDOSE DEL FIASCO DE 2021»

Llegados a este punto, Tierra Bonita pone el foco en que en el actual Gobierno canario uno de sus consejeros es Mariano Hernández Zapata, quien fuera presidente del Cabildo palmero cuando se produjo la erupción, y uno de sus directores generales es Miguel Ángel Morcuende, que ostentó la dirección técnica del PEVOLCA durante el proceso eruptivo.

«Parece claro —sostiene la asociación— que hay demasiadas personas a las que proteger en los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno canario y, para colmo, la mayoría de los partidos de la oposición también quieren protegerse porque eran ellos quienes cogobernaban Canarias cuando la tierra se abrió en Cumbre Vieja, con la población en sus casas y sin ser avisada ni evacuada». [elvalle lapalma]

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El encuentro permitió a los participantes conocer la experiencia del municipio tras la erupción volcánica de 2021, así como el impacto que este fenómeno tuvo en la vida de muchas familias del Valle de Aridane.

Durante la jornada, los jóvenes mantuvieron un encuentro con familias afectadas por el volcán, que compartieron sus vivencias y explicaron las dificultades afrontadas tras la pérdida de viviendas, propiedades y medios de vida.

La actividad contó también con la participación de representantes municipales y expertos en vulcanología, que abordaron la respuesta institucional durante la emergencia.

Asimismo, la concejala de Urbanismo, Tamara Acosta, compartió un coloquio en los que abordó los retos del proceso de reconstrucción y las características del fenómeno eruptivo.

La jornada combinó el testimonio de las familias, la visión técnica de los expertos y la experiencia de las administraciones públicas en la gestión de una emergencia de estas características.

Los participantes proceden de territorios que han vivido situaciones complejas de distinta naturaleza, por lo que el encuentro favoreció el intercambio de experiencias en torno a la recuperación, la convivencia y la participación juvenil.

La actividad celebrada en Los Llanos de Aridane forma parte del programa de encuentros, talleres y visitas del proyecto Erasmus+ Juventud, que estos días reúne en La Palma a jóvenes de Palestina, Ucrania, Sáhara Occidental y diferentes islas del archipiélago canario.

A través de esta iniciativa, se busca fomentar el diálogo intercultural, la defensa de los derechos humanos, la participación de la juventud y la construcción de una cultura de paz.

Dentro del programa, los participantes trabajan también en la elaboración del Manifiesto Juvenil por la Resiliencia y la Paz, un documento conjunto en el que recogerán sus reflexiones y propuestas en torno a la democracia, el Estado de derecho, los derechos humanos y el acceso de los jóvenes a oportunidades educativas, sanitarias, laborales y de vivienda.

El manifiesto será presentado ante el Pleno del Cabildo de La Palma como resultado del proceso de convivencia y trabajo desarrollado durante estos días en la isla. [Ayto. Los Llanos de Aridane]

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