Con esta decisión, el Ayuntamiento contará por primera vez con una póliza específica que dará cobertura a empleados públicos y responsables municipales frente a reclamaciones que puedan derivarse del desempeño de sus funciones, siempre que se trate de actuaciones realizadas sin dolo, fraude o mala fe.

Hasta ahora, cuando un trabajador municipal se veía inmerso en un procedimiento judicial derivado de su actividad profesional, era el propio Ayuntamiento el que debía asumir directamente la defensa jurídica y los costes que se generaban con cargo al presupuesto municipal, además de las posibles indemnizaciones previstas legalmente.

La inexistencia de una póliza específica suponía una mayor exposición económica para las arcas municipales y una mayor incertidumbre para quienes desarrollan su labor diaria al servicio de la ciudadanía.

El informe de necesidad que fundamenta la contratación concluye que disponer de este seguro permite transferir ese riesgo financiero a una aseguradora mediante el pago de una prima anual fija, evitando que un procedimiento judicial imprevisto pueda comprometer la estabilidad económica del Ayuntamiento o generar una parálisis en la gestión administrativa.

La póliza cubrirá, entre otros supuestos, la responsabilidad frente a la propia Administración y frente a terceros, incluyendo gastos de defensa jurídica y asistencia legal, restitución de imagen, determinadas fianzas civiles y penales, así como otras coberturas asociadas al ejercicio de la función pública.

La adjudicación ha recaído en Liberty Mutual Insurance Europe, Sucursal en España, por un importe anual de 17.347,26 euros, tras resultar la única oferta presentada y cumplir todos los requisitos técnicos establecidos en el procedimiento de contratación.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, destaca que «este gobierno continúa cumpliendo con su compromiso de dignificar las condiciones laborales de los trabajadores municipales. Hoy damos un paso más en la protección de quienes prestan servicio público, ofreciendo una cobertura que aporta seguridad, tranquilidad y respaldo jurídico en el ejercicio de sus funciones. Seguimos ganando derechos para la plantilla y fortaleciendo la institución municipal».

Por su parte, desde la Concejalía de Recursos Humanos y Régimen Interior se pone en valor una medida largamente demandada que sitúa al Ayuntamiento de Telde en línea con otras administraciones que ya cuentan con este tipo de coberturas.

El objetivo, subrayan, es ofrecer mayores garantías tanto a los empleados como a la propia administración, reduciendo la incertidumbre ante posibles reclamaciones y mejorando la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

La contratación se ha realizado a través del Acuerdo Marco de la Central de Contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al que el Ayuntamiento de Telde está adherido, una fórmula que permite agilizar la contratación y obtener mejores condiciones económicas gracias a la compra centralizada. [Ayto. Telde]

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Darias ha subrayado que el Ayuntamiento cumple con «un deber de memoria democrática, de justicia y de reconocimiento». La alcaldesa ha recordado que las personas homenajeadas «eligieron la lealtad a la libertad y a la legalidad establecida», una decisión que tuvo para ellas y sus familias «consecuencias dolorosas y, en muchos casos, irreparables». Asimismo, ha incidido en que la memoria democrática no solo responde a una obligación legal, sino también a «una convicción moral y cívica», ya que «una sociedad solo puede construir un futuro sólido cuando es capaz de mirar su pasado con serenidad, con rigor, con humanidad y con verdad«.

Por su parte, el ministro ha destacado la “valentía y el honor” de estos servidores públicos por mantenerse “fieles a la legalidad democrática” y resistirse a los sublevados. Torres ha reivindicado, además, el valor de la Memoria Democrática: “El olvido no puede ser nunca la respuesta. Es nuestro deber como demócratas recordar, y hacerlo con rigor”.

Según un estudio encargado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a la Asociación para la Memoria Histórica de Arucas, firmado por el historiador Sergio Millares, en los entonces municipios de Las Palmas y San Lorenzo —integrados en 1940 en un único municipio bajo la denominación de Las Palmas de Gran Canaria— alrededor de 150 empleados públicos sufrieron procesos de depuración. Asimismo, 24 concejales fueron destituidos y cuatro hombres fueron fusilados: el alcalde y dos empleados municipales de San Lorenzo, Juan Santana, Antonio Ramírez y Manuel Hernández, y el inspector de la Guardia Municipal de Las Palmas, Alberto Hernández.

Durante el acto, celebrado en el patio de las Casas Consistoriales, se ha develado una placa en honor a las víctimas y se han entregado declaraciones de Reconocimiento y Reparación a nueve descendientes de las personas homenajeadas.

El ministro ha puesto en valor la importancia de la labor de los servidores públicos y ha advertido de que “desgraciadamente, su noble vocación se convirtió en la excusa perfecta para perseguirles, someterles a procesos de depuración o, incluso, fusilarles sin piedad”.

La alcaldesa ha defendido que, «precisamente porque la institución permanece», el Ayuntamiento mantiene «el deber de reconocer, de reparar y de preservar la memoria de quienes fueron injustamente perseguidos», al tratarse de servidores públicos que formaron parte de la misma institución y contribuyeron con su trabajo al funcionamiento de la ciudad.

Asimismo, ha trasladado su reconocimiento a las familias de las víctimas, que “durante demasiado tiempo cargaron en soledad con una injusticia que no les pertenecía únicamente a ellas, sino a toda la sociedad”, y ha hecho un llamamiento a los descendientes de las personas represaliadas que aún no hayan sido localizados para que contacten con el Consistorio y puedan recibir este reconocimiento.

De igual modo, Torres ha alertado sobre el resurgimiento de discursos nostálgicos de tiempos pasados y ha asegurado que “el mejor antídoto contra el blanqueamiento de la dictadura es la Memoria Democrática”.

Para concluir, Darias ha asegurado que este homenaje permite “devolver al lugar que nunca debieron perder” a quienes defendieron la libertad y la legalidad democrática, al tiempo que ha proclamado que “memoria es democracia, memoria es dignidad y memoria es compromiso”.

En el acto, conducido por la periodista Jennifer Jiménez, también ha participado el historiador Sergio Millares, autor del estudio, quien ha glosado las biografías de los protagonistas y ha defendido que este homenaje “no debe verse como un acto de revancha, sino como un acto de verdad y justicia”.

Biografía de las nueve personas homenajeadas

Don Luis Fajardo Ferrer

Alcalde de Las Palmas cuando se produjo el golpe militar del 18 de julio de 1936 y ordenó defender el Ayuntamiento. Fue detenido tras la caída del Gobierno Civil y, en 1938, condenado a 12 años de prisión, pena reducida posteriormente a tres, aunque permaneció encarcelado más de cuatro años. En 1939 fue además inhabilitado durante diez años para ejercer cargos públicos y desterrado de Gran Canaria.

Don Ernesto Cantero Arocena

Jefe de Negociado de Enseñanza en el Ayuntamiento. En noviembre de 1937 fue suspendido de empleo y sueldo por abandono del servicio, tras permanecer más de dos años ausente. Regresó desde la zona republicana en 1939 y solicitó su restitución, lo que dio lugar a la apertura de un expediente. Ese mismo año fue destituido y no recuperó su puesto hasta 1948, cuando fue repuesto en el Ayuntamiento.

Don Manuel Jaén Díaz

Ingresó como oficial de 3.ª de Secretaría del Ayuntamiento en abril de 1936. Tras el golpe militar fue detenido el 31 de julio de ese año y permaneció encarcelado hasta septiembre de 1937. Al reincorporarse a su puesto fue suspendido y, pocos meses después, destituido. En 1940 fue condenado a una multa y a siete años de inhabilitación para trabajar en la Administración pública. Finalmente, en 1947, el Ayuntamiento aceptó su reingreso.

Don Dámaso Torres Galindo

Oficial de 3.ª del Ayuntamiento desde abril de 1936. Tras el golpe militar fue detenido en septiembre de 1936 y acusado de recibir a tiros a los falangistas que iban a detenerlo, aunque fue absuelto por un consejo de guerra en enero de 1937. Pese a ello, fue suspendido y expulsado del Ayuntamiento por supuesto abandono del servicio en octubre de 1936. No recuperó su puesto hasta 1977, cuando fue reintegrado con 68 años.

Don Dámaso Torres Torres

Cobrador de arbitrios del Ayuntamiento. En julio de 1938 se le abrió un expediente, aunque sin suspensión de empleo y sueldo. El procedimiento fue sobreseído en diciembre de ese mismo año.

Don Alberto Hernández Suárez

Inspector de la Guardia Municipal. Organizó la defensa del Ayuntamiento el 18 de julio de 1936 siguiendo las órdenes del alcalde. Fue detenido ese mismo día, sometido a un consejo de guerra y condenado a muerte pese a que entregó el edificio sin resistencia. Fue fusilado el 3 de octubre de 1936 y, años después, su familia sufrió además una sanción económica impuesta por el Tribunal de Responsabilidades Políticas.

Don Ambrosio Hurtado de Mendoza

Secretario particular del alcalde Luis Fajardo Ferrer. Se encontraba en el Ayuntamiento durante el golpe militar. Fue detenido dos días después, procesado y condenado en marzo de 1938 a 12 años de prisión por un supuesto delito de excitación a la rebelión. Permaneció encarcelado hasta octubre de 1940 y también fue sancionado con una multa de 5.000 pesetas por el Tribunal de Responsabilidades Políticas.

Don Bernardo Salom Calcines

Guardia municipal. Fue detenido tras el golpe militar de 1936, acusado de facilitar armas a civiles que permanecían en el Ayuntamiento, un delito que no pudo demostrarse. Aunque la causa fue sobreseída en mayo de 1937, fue suspendido de empleo y sueldo, reincorporado en octubre de ese año, nuevamente suspendido semanas después y, finalmente, reintegrado a su puesto en noviembre de 1939.

Don Domingo Alvarado Caballero

Concejal del Ayuntamiento de Las Palmas y periodista durante la Segunda República. Fue procesado por su participación en la defensa de la legalidad republicana en el Gobierno Civil tras el golpe de Estado y condenado a 12 años y un día de prisión. Permaneció encarcelado hasta 1940, cuando recuperó la libertad. [Ayto. Las Palmas de Gran Canaria]

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En la recepción también estuvo presente el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana.

Durante la visita institucional, la alcaldesa y el ministro realizaron un recorrido por las dependencias históricas del Ayuntamiento, donde Ángel Víctor Torres conoció el Salón Dorado, la sala Millares y la galería de las Casas Consistoriales antes de firmar el Libro de Honor de la ciudad.

En su dedicatoria, el ministro expresó el honor que suponía firmar el Libro de Honor y destacó el significado personal de hacerlo en la ciudad en la que nació y en la capital de su isla. Asimismo, vinculó su visita al acto de reconocimiento celebrado con motivo del 90.º aniversario del golpe de Estado de 1936, reivindicando la memoria democrática y el homenaje a quienes defendieron la legalidad democrática desde el servicio público.

Posteriormente, la alcaldesa le hizo entrega de una pequeña escultura de una palmera simbólica como muestra de bienvenida y de la identidad de Las Palmas de Gran Canaria. [Ayto. Las Palmas de Gran Canaria]

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