El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes, en su sesión ordinaria del mes de junio, el cambio de uso de 11 parcelas de suelo público municipal actualmente calificadas como dotacionales para destinarlas a vivienda protegida de promoción pública.

Esta actuación permitirá desarrollar, según las estimaciones técnicas, más de 1.800 viviendas públicas, una cifra que podría alcanzar las 2.000 en función de las características de las futuras promociones.

El acuerdo se sustenta en el studio de suelo pfablico susceptible de acoger vivienda protegida
9, elaborado por la Sociedad Municipal de Gesti00n Urbanedstica de Las Palmas de Gran Canaria (GEURSA), que identifica suelos municipales aptos para acoger promociones ppublicas de vivienda al amparo de lo previsto en los artedculos 4 y 4 bis del Decreto-ley 1/2024, de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda del Gobierno de Canarias.

El concejal de Planificacif3n, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, ha destacado que «con este acuerdo damos un paso decisivo para responder a la emergencia habitacional y ampliar el parque publico de vivienda de la ciudad. Los estudios realizados estiman que estos suelos podre1n hacer posible la construccif3n de me1s de 1.800 viviendas protegidas, una cifra que podreda alcanzar las 2.000 en funcif3n del desarrollo de los proyectos».

La propuesta aprobada definitivamente contempla 11 suelos municipales distribuidas en los barrios de Tamaraceite, Las Torres, El Bate1n, Casablanca III, San Le1zaro y La Minilla, con una superficie total de 59.767,98 metros cuadrados.

El documento sometido inicialmente a informacif3n pfablica analizaba 12 suelos con una superficie superior a los 65.000 metros cuadrados, si bien la propuesta ha sido ajustada tras el ane1lisis de las alegaciones presentadas.

Por mbito, Tamaraceite concentra la mayor superficie, con dos parcelas (n.b0 1189 y 1185) que suman 28.376,32 metros cuadrados. En este barrio, la propuesta inicial inclueda cinco parcelas, si bien finalmente se han excluido la n.b0 1306, de uso administrativo, y dos parcelas de uso educativo tras el ane1lisis te9cnico de las alegaciones.

En Las Torres se incorporan dos parcelas (n.b0 1069 y la unif3n de las n.b0 1962-2304), con una superficie conjunta de 15.736,91 metros cuadrados.

En Casablanca III se incluyen dos parcelas (n.b0 2207 y 1541), que suman 6.766,23 metros cuadrados.

En El Bate1n se contemplan dos parcelas (n.b0 635 y 645), con una superficie total de 4.369,21 metros cuadrados.

En San Le1zaro se destinan dos parcelas (n.b0 184-1997 y 183), que aportan 2.849,61 metros cuadrados al conjunto.

En La Minilla se mantiene una nica parcela (n.b0 832), con 1.669,70 metros cuadrados, en un mbito en el que el ane1lisis te9cnico constata un nivel de dotacif3n cultural superior al este1ndar de referencia, lo que justifica la compatibilidad del cambio de uso.

El expediente fue sometido a informacif3n pfablica durante siete dedas he1biles a finales del pasado mes de marzo, conforme al procedimiento previsto en el Decreto-ley 1/2024, con el objetivo de facilitar la puesta a disposicif3n de suelo destinado a vivienda protegida.

Durante este periodo se presentaron me1s de 200 alegaciones por parte de particulares, comunidades de propietarios, asociaciones vecinales y otras entidades.

Todas las alegaciones han sido analizadas e informadas te9cnicamente por GEURSA y por el Servicio de Urbanismo municipal.

Como resultado, el Ayuntamiento ha estimado parcialmente dos alegaciones relativas a parcelas de Tamaraceite y, consiguientemente, ha excluido la posibilidad de destinar a vivienda pfablica una de las parcelas ubicadas en el citado barrio.

El resto de las alegaciones han sido desestimadas al considerar los informes te9cnicos que las parcelas seleccionadas cumplen los requisitos establecidos en la normativa autonf3mica y que su incorporacif3n al programa no compromete las necesidades dotacionales de los barrios afectados.

Entre las cuestiones planteadas durante la fase de informacif3n pfablica figuran aspectos relacionados con el mantenimiento de usos dotacionales, el equilibrio urbanedstico, posibles afecciones ambientales y paisajedsticas y la suficiencia de equipamientos pfablicos.

Los informes te9cnicos concluyen que las parcelas son aptas para el desarrollo de vivienda protegida y que las actuaciones futuras debere1n ajustarse a la normativa sectorial aplicable.

El acuerdo establece, ademe1s, que los cambios de uso se incorporare1n al planeamiento general municipal en la primera modificacif3n sustancial del vigente Plan General de Ordenacif3n. [Ayto. Las Palmas de Gran Canaria]

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Ascav es miembro de pleno derecho de esta Alianza en la que igualmente se integran representantes de la ONU, de entidades locales y ciudades importantes de distintos países comunitarios así como asociaciones y colectivos de distintos ámbitos.

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional puso en valor ante la Comisión Europea el papel que el alquiler vacacional representa para los pequeños propietarios de vivienda vacacionales y para la economía local.

A partir de este momento, se constituirán los grupos de trabajo en los que se abordarán, con datos y aportes científicos, las líneas a seguir en aras de dotar a los Estados miembros de herramientas útiles que les permitan afrontar con éxito medidas necesarias que contribuyan a paliar el problema de escasez de vivienda que, de manera generalizada, está sufriendo Europa.

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Como presidente del Cabildo, pero sobre todo como palmero que ha caminado al lado de cada afectado sintiendo su dolor como propio, ver la desesperanza en los ojos de tantas familias ha sido la carga más pesada y, a la vez, el motor más potente de este mandato. En los meses posteriores a la catástrofe, la incertidumbre amenazaba con cronificarse. El reto de la vivienda parecía una montaña imposible de escalar. Sin embargo, asumimos el compromiso inquebrantable desde el primer día de que no descansaríamos hasta que cada persona despojada de su techo tuviera una alternativa habitacional digna.

Hoy, la mirada de orgullo hacia nuestra tierra tiene que ver con cómo estamos ganando esa batalla. La recuperación de la vivienda en La Palma ya no es una promesa en un papel, es una realidad que se levanta ante nuestros ojos. Gracias a los proyectos impulsados decididamente desde el Cabildo, a lo largo de este año 2026 y durante el próximo año 2027 vamos a contar con un total de 132 viviendas en cuatro promociones construidas en los municipios de Los Llanos de Aridane y El Paso.

De este modo hacemos frente a un déficit estructural de vivienda preexistente a la emergencia volcánica en todo el país y en Canarias. Estas edificaciones resolverán las necesidades globales de La Palma, priorizando de forma clara a los damnificados por la erupción, pero extendiendo el beneficio al resto de la sociedad palmera.

Este logro no es fruto de la casualidad, sino de una alianza histórica y un esfuerzo sin precedentes junto a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias. Rompiendo con la burocracia asfixiante y trabajando bajo la premisa irrenunciable de hacer isla, nos hemos volcado en recuperar espacios que la lava o la exclusión nos habían arrebatado. No nos conformamos con parches. Por eso, además de la edificación directa, hemos articulado la financiación a los ayuntamientos para la adquisición de nuevo suelo estratégico, una fórmula indispensable que permitirá al Cabildo y a otras administraciones seguir desarrollando más proyectos habitacionales en el futuro a corto y medio plazo.

Sin embargo, somos conscientes de que la emergencia de la vivienda no se limita a construir de cero. Requiere aprovechar cada recurso disponible y dar oxígeno a quienes peor lo tienen para acceder al mercado. En esta línea, el Cabildo ha aplicado con éxito las ayudas al alquiler joven y a la rehabilitación de viviendas rurales, una iniciativa crucial que está permitiendo recuperar inmuebles desocupados en nuestro campo para su puesta en uso en régimen de alquiler residencial. Un compromiso de optimización que en este 2026 se amplía con paso firme al añadir nuevas ayudas destinadas a la rehabilitación de viviendas también en suelo urbano.

Pero si hay una medida que me ilusiona especialmente, porque ataca de raíz la incertidumbre de las nuevas generaciones que desean construir su proyecto de vida aquí, es el lanzamiento de la denominada Hipoteca Joven La Palma.

Queremos que nuestros jóvenes echen raíces en su tierra, que no tengan que marcharse por la falta de oportunidades o la imposibilidad de acceder a un techo propio. Con la Hipoteca Joven La Palma, el Cabildo da un paso al frente sin precedentes para convertirse en el aval, el respaldo y el impulso que la juventud palmera necesita. Sabemos lo difícil que resulta para un joven afrontar las condiciones financieras actuales o reunir la entrada para una vivienda. Por ello, esta herramienta nace para romper esas barreras, facilitando condiciones accesibles y preferentes. No les estamos dando una ayuda asistencial, les estamos dando la oportunidad real de ser dueños de su destino y de emanciparse con dignidad en su propia isla.

Ver los cimientos de los nuevos complejos residenciales y presenciar cómo las políticas de alquiler y propiedad se convierten en realidades en los catorce municipios es la mayor recompensa a la que este equipo de gobierno puede aspirar. Es la constatación de que la política sirve para transformar vidas cuando se pone el corazón y la gestión al servicio de la gente.

Aún nos queda camino por recorrer y familias a las que atender, pero el rumbo está marcado y el motor de la vivienda está a pleno rendimiento.

Frente a la ceniza y la pérdida, La Palma se levanta hoy con más fuerza, edificando un futuro con cimientos de solidaridad, dignidad y arraigo.

Estamos devolviendo los hogares a su gente, y con ellos, le estamos devolviendo el alma a nuestra isla. [Cabildo de La Palma]

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Durante el seminario ‘Vivienda y dinámicas poblacionales en las islas de la Unión Europea’, organizado en el edificio de Sa Riera, en Palma, el catedrático de Geografía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Juan Manuel Parreño, ha defendido la necesidad de fijar límites al uso turístico de las viviendas.

En su intervención, ha recordado que la reciente legislación canaria apuesta por reservar el 90 % del parque a usos residenciales, aunque ha precisado que esta medida, por sí sola, no resolverá el problema de acceso a la vivienda.

«Es una cuestión de stock», ha señalado Parreño, quien ve «contradictorio» que se promueva nueva construcción residencial mientras una parte de las viviendas acaba destinada a usos turísticos.

El catedrático ha opinado que algunas zonas tensionadas incluso podría ser necesario impedir la implantación de nuevas viviendas vacacionales, aunque ha reconocido que retirar licencias ya concedidas plantea importantes dificultades jurídicas y económicas porque implicaría indemnizaciones a los propietarios.

Tasa turística

También ha planteado la posibilidad de crear una tasa turística destinada específicamente a financiar políticas de vivienda, siguiendo el modelo de otros gravámenes vinculados a la protección ambiental. «Hay que buscar mecanismos fiscales para que una parte del crecimiento económico revierta en vivienda», ha afirmado.

Por su parte, el catedrático de Geografía de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) Jesús González, ha recordado que la «emergencia» habitacional no es un problema exclusivo de Baleares ni de España, sino que afecta a numerosos países tras décadas de debilitamiento de las políticas públicas de vivienda.

González ha señalado que los países europeos con estados del bienestar más consolidados están resistiendo mejor las tensiones del mercado residencial, mientras que España sufre con mayor intensidad las consecuencias de no haber considerado históricamente la vivienda como uno de los pilares de la protección social.

«En territorios donde la especialización inmobiliaria es muy fuerte, el valor especulativo está por encima del valor de uso», ha afirmado, antes de sostener que corregir ese desequilibrio resulta «imposible» sin una intervención decidida de los poderes públicos.

Respecto a las propuestas para limitar el alquiler vacacional, González ha coincidido en que pueden contribuir a aliviar la situación, pero ha insistido en que se trata de un problema «multicausal» que requiere respuestas coordinadas entre distintas administraciones y ámbitos de actuación.

«Limitar el alquiler vacacional es una de las 20, 30 o 50 iniciativas que se pueden adoptar, pero por sí sola ni muchísimo menos va a solucionar el problema», ha hecho hincapié.

Polarización política

También ve necesario combinar medidas de construcción de vivienda protegida con actuaciones fiscales sobre viviendas vacías y grandes propietarios, así como estudiar restricciones a la compra de inmuebles cuando no tengan como finalidad la residencia efectiva.

El experto ha lamentado la elevada polarización política que rodea el debate sobre la vivienda, ya que, en su opinión, dificulta la consecución de acuerdos entre administraciones gobernadas por distintos partidos.

«El problema no es que haya diferencias ideológicas, sino que esté tan politizado que parezca imposible llegar a acuerdos institucionales», ha sentenciado. [EFE]

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Unidas se puede denuncia la parálisis absoluta del gobierno de La Laguna ante una crisis de vivienda cada vez más grave. Alberola critica que el gobierno municipal se esconda tras la burocracia mientras los precios de la vivienda se disparan, las promociones públicas siguen bloqueadas y aumentan las situaciones de vulnerabilidad residencial en el municipio.

Unidas se puede ha denunciado la situación de parálisis política e institucional que atraviesa el Ayuntamiento de La Laguna en materia de vivienda, en un contexto donde el acceso a una vivienda digna se ha convertido en uno de los principales problemas sociales del municipio.

La formación recuerda que las recientes licitaciones para promociones públicas en Gracia y Tejina han quedado desiertas, evidenciando la falta de planificación y capacidad de respuesta del gobierno municipal ante una emergencia habitacional que no deja de agravarse.

Una situación que se hace aún más visible tras conocerse este mismo martes el intento de desahucio de un padre y su hija menor en una vivienda de protección oficial en La Cuesta, un caso que, para Unidas se puede, refleja hasta qué punto la crisis habitacional está golpeando ya de lleno a familias trabajadoras laguneras.

Según el último informe de Tinsa Research, La Laguna registra actualmente un precio medio de vivienda de 1.781 euros por metro cuadrado, con una subida interanual del 15,6 % y un incremento trimestral del 4 %, situándose entre los municipios con mayores tensiones de precios del Estado.

El concejal de Unidas se puede, Saúl Alberola, señala que “La Laguna está entrando en una dinámica expulsiva donde cada vez más personas jóvenes y trabajadoras no pueden permitirse vivir en su propio municipio”.

En este sentido, advierte de que “la vivienda está subiendo muchísimo más rápido que los salarios y el gobierno local sigue sin poner en marcha medidas reales más allá de anuncios y trámites internos”.

Desde la formación consideran especialmente preocupante que el gobierno municipal “se refugie continuamente en informes, procesos administrativos y estudios técnicos mientras la ciudadanía vive una situación de angustia residencial cada vez mayor”.

“Mientras familias laguneras afrontan desahucios, alquileres imposibles y situaciones de vulnerabilidad residencial, el gobierno municipal continúa atrapado en anuncios, burocracia interna y proyectos que ni siquiera logran ejecutarse”, afirma Alberola.

Unidas se puede recuerda además que lleva años planteando iniciativas concretas para afrontar esta crisis, entre ellas la declaración de emergencia habitacional, la declaración de zona tensionada, la movilización de vivienda vacía, el impulso del recargo del IBI a viviendas desocupadas, la bonificación del ICIO para primeras viviendas, la compra y rehabilitación de promociones para alquiler asequible o la convocatoria de la Mesa de la Vivienda.

“No podemos normalizar que en una ciudad como La Laguna haya familias pendientes de perder su casa mientras las administraciones siguen actuando con lentitud y resignación”, concluye Alberola.

“La vivienda no puede seguir tratándose como un problema secundario ni como una mercancía. Estamos hablando de vidas, de arraigo y de dignidad”.

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Para más información sobre el tema, así como sobre las actividades y propuestas de Unidas se puede en La Laguna, contactar con Saúl Alberola en el 609086203 o con Carolina Castro en el 690218635.

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