El decreto del Gobierno de Canarias que regula el acceso a la vivienda protegida ha sido recurrido en los tribunales por organizaciones sociales que reclaman anularlo alegando que es ilegal por discriminatorio y racista, según han anunciado este martes.
Portavoces de la plataforma Derecho al Techo y del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), promotores de la iniciativa, han asegurado a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, donde han presentado su recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, estar convencidos de que su demanda será atendida porque la norma que cuestiona vulnera garantías constitucionales y europeas.

Condicionantes del decreto que generan discriminación

Puesto que el Decreto 23/26 de Acceso a la Vivienda Protegida establece condicionantes temporales y económicos para poder ser solicitante de una casa social que impiden que se inscriban como tales, precisamente, a los colectivos que más ayuda necesitan para conseguir un hogar.
Familias con recursos escasos o inmigrantes son algunos de esos perjudicados por una política de la que deberían ser beneficiarios prioritarios, al establecer la norma niveles de ingresos económicos y de arraigo en las islas demostrando haber residido en ellas más de una década que hacen que, en lugar de ser una herramienta de auxilio a los más necesitados, sea un mecanismo de discriminación, según ha expuesto la portavoz de Derecho al Techo Sofía Olivares.

Más colectivos afectados y argumentos legales

Las organizaciones denunciantes alegan que el decreto es discriminador e ilegal, además, porque rechaza como solicitantes de casas sociales a inquilinos cuyo contrato esté por vencer y personas que se hayan visto envueltas en situaciones de desalojo o desahucio, «que también suponemos que son de los colectivos que más podrían necesitar ese tipo de viviendas protegidas», ha añadido.
Miguel Ruiz, abogado que ha elaborado y presentado el recurso, ha concluido que se trata de «un decreto que trata de excluir a gran parte de la población que necesita una vivienda en Canarias».
El letrado ha declarado: «creemos que es muy importante luchar jurídicamente contra estos mecanismos excluyentes, discriminatorios y que tratan, de alguna forma, de cambiar un principio constitucional fundamental de nuestras sociedades, que es la igualdad, por otro que es el de preferencia étnico-racial».

Estrategia del Gobierno y precedentes judiciales

Derecho al Techo y Observatorio DESCA sostienen, al tiempo, que el establecimiento de esta norma del Gobierno de Canarias obedece también a una estrategia del Ejecutivo encaminada a «maquillar las cifras reales de necesidades de vivienda» del archipiélago, ha dicho.
La razón es que, en lugar de identificar el volumen real de gente que tiene problemas para acceder a un hogar, «lo que hace es excluir de forma automática a muchísimas, muchísimas personas» de las más afectadas por esta carencia.
Miguel Ruiz ha insistido, por otra parte, en la convicción de los demandantes de que la Justicia les dará la razón porque ya hay precedentes de normas aprobadas en Europa buscando «discriminar a través de requisitos como el arraigo a un territorio o la residencia y de nuevo todos los tribunales han dictaminado que este tipo de medidas son ilegales».
«Por lo tanto, para nosotros la sorpresa es que, después de toda esta jurisprudencia amplia en todo el mundo, se trate de nuevo de volver a plantear este tipo de medidas que son conocidamente ilegales», ha apostillado.
[EFE]

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Desde la confluencia pretenden abordar uno de los mayores problemas que sufre la ciudadanía en estos momentos, denunciando la especulación que afecta a la vida de decenas de miles de familias.

Detalles del evento

Los grupos municipales de Unidas Sí Podemos en el Valle de Güímar, con el apoyo de Izquierda Unida Canaria y Sí se puede, celebrarán el próximo jueves 21 de mayo, a las 18:30 horas, una mesa redonda bajo el título “Vivienda, ¿Derecho o Negocio?” en el Local Social del Puertito de Güímar, situado en la Rambla de Los Pescadores, número 8.

El encuentro reunirá a distintas voces expertas y representantes públicos para analizar la situación actual de la vivienda en Canarias y, especialmente, en los municipios de Candelaria, Arafo y Güímar.

Participarán María Tomé Nuez, cofundadora de la Oficina de Innovación Cívica y miembro de la Cooperativa de Vivienda Entre Alisios; Alejandro Armas Díaz, profesor de Geografía de la Universidad de La Laguna; la concejala de Unidas Sí Podemos en Candelaria, Violeta López Jiménez y el concejal de la misma formación en Güímar, César Bethencourt Yanes.

Contenido y objetivos

Durante la jornada se presentarán datos recopilados sobre el precio del alquiler y de venta de viviendas, el número de viviendas vacías, el crecimiento del alquiler vacacional y la situación de la vivienda pública en el Valle de Güímar.

La mesa redonda pretende abrir un espacio de reflexión sobre el derecho de acceso a la vivienda en Canarias, su evolución en los últimos años y las posibles alternativas ante la actual crisis habitacional.

Desde la organización se denuncia que las políticas desarrolladas hasta ahora han favorecido la conversión de la vivienda en un producto especulativo, dificultando el acceso a una vivienda digna para una gran parte de la población.

Se defiende la necesidad de considerar la vivienda como un derecho fundamental, al mismo nivel que la sanidad pública o la educación, frente a dinámicas de mercado que benefician a sectores económicos concretos en detrimento del interés general.

Contexto del ciclo de debates

Esta actividad se enmarca dentro de un ciclo de debates impulsado en los municipios del Valle de Güímar sobre cuestiones estratégicas para el territorio.

El ciclo comenzó con actos desarrollados en este mandato, que dieron comienzo en Candelaria con una jornada dedicada al agua y continuará próximamente en Arafo con un encuentro centrado en la agricultura, la ganadería y la soberanía alimentaria.

Saludos.
Comunicación Unidas Sí Podemos en Candelaria.
Para más información Gabinete de Comunicación: 656 385 471.

[Gabinete de prensa Sí se puede Canarias]

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San Cristóbal de La Laguna contará desde este jueves con una nueva incorporación en el grupo municipal de Unidas se puede tras la toma de posesión de Carolina Castro como concejala de la formación en el Ayuntamiento lagunero.

La incorporación de la ya edil se enmarca dentro del proceso de renovación y actualización de nuevos perfiles políticos impulsado por Unidas se puede durante los últimos meses para afrontar el nuevo ciclo político municipal.

Castro señaló que asume esta nueva responsabilidad institucional “para continuar con un camino institucional que ya iniciaron otras compañeras y compañeros en 2015”, destacando la defensa de los servicios públicos, los derechos conquistados y “los que aún quedan por conquistar”.

“Es un honor asumir esta responsabilidad y representar desde la institución a tantas personas y colectivos que trabajan cada día por un municipio más justo y humano”, afirma la nueva concejala.

“Entiendo este cargo como una herramienta al servicio de la gente y de la defensa de los derechos sociales, la participación y la dignidad de todas las personas”.

Perfil comunitario y social

Desde la formación destacan el perfil comunitario y social de Carolina Castro, vinculada desde hace años al movimiento vecinal y asociativo del municipio y con experiencia previa en la gestión pública tras su paso por el área de Bienestar Social durante el anterior mandato.

La formación considera que esta incorporación permitirá seguir reforzando un modelo de oposición “cercano, útil y conectado con la realidad de barrios y pueblos, Carol representa muy bien la esencia de Unidas se puede”, señalan desde el grupo municipal.

“Una política pegada al territorio, comprometida con lo común y construida desde el trabajo colectivo”.

Castro subraya además que afronta esta nueva etapa “con ilusión, responsabilidad y muchas ganas de trabajar”, reivindicando la importancia de seguir construyendo espacios políticos que pongan en el centro la vida cotidiana de la ciudadanía.

“Vivimos tiempos complejos, donde defender lo público, los derechos y la convivencia democrática es más importante que nunca”, sostiene.

“Queremos seguir siendo una voz útil para quienes sienten que muchas veces las instituciones no escuchan suficientemente a los barrios y a la gente trabajadora”.

Década de compromiso institucional

Desde Unidas se puede recuerdan que el proyecto político de la formación en La Laguna cumple ya más de una década de presencia institucional, manteniendo como eje central la defensa de los servicios públicos, la justicia social, la sostenibilidad y la participación ciudadana.

[Grupo Municipal Unidas Se Puede]

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