Este Decreto-Ley tiene como principal objetivo ofrecer seguridad jurídica a los propietarios y evitar que las islas con menor oferta alojativa sufran una pérdida de camas turísticas durante el periodo de adaptación a la nueva normativa.

Felipe defiende que este Decreto-Ley debe ser especialmente sensible con las denominadas Islas Verdes, donde la mayor parte de la oferta de alquiler vacacional se desarrolla en viviendas unifamiliares aisladas, una realidad muy diferente a la de otras islas de la Comunidad Autónoma.

Además, Jonathan Felipe recuerda que La Palma se encuentra en pleno proceso de recuperación tras la erupción volcánica de 2021, que también afectó a la economía y dinamización social y turística de la isla con la pérdida de viviendas vacacionales.

“La Palma no puede permitirse perder ni una cama turística mientras se adapta a los parámetros de calidad. Necesitamos una solución transitoria que aporte seguridad a los propietarios y permita mantener la actividad económica ligada al turismo», insiste el diputado.

En este sentido, Felipe explica que durante la tramitación en el Parlamento del Proyecto de la ley para la agilización y simplificación de licencias se presentó una enmienda in voce para habilitar un procedimiento transitorio con exigencias muy básicas que permitiera continuar con la actividad, “una propuesta que no llegó a tramitarse tras el voto en contra del PSOE y Nueva Canarias”, recuerda.

La iniciativa planteaba como requisitos mínimos la presentación de un plano de situación de la vivienda, fotografías del exterior e interior, así como la copia o, en su defecto, la indicación del número de expediente de la autorización o de la declaración responsable correspondiente.

Asimismo, para las edificaciones ya en funcionamiento no adaptadas a la legalidad vigente, se planteaba acreditar la existencia de sistemas de protección contra incendios y, en el caso de disponer de piscina, demostrar que contaba con el equipamiento necesario para el adecuado tratamiento del agua y las condiciones de seguridad exigidas. La propuesta también contemplaba una moratoria de cinco años para que las viviendas pudieran adaptarse plenamente a las exigencias derivadas de la actividad clasificada.

Jonathan Felipe considera que esta fórmula permitiría mantener la oferta alojativa en islas como La Palma mientras los propietarios llevan a cabo las adaptaciones necesarias para cumplir con los estándares de calidad, garantizando, por un lado, que las personas de la isla puedan continuar desarrollando su actividad mientras trabajan para adaptar las instalaciones a la normativa vigente.

Garantías para las viviendas vacacionales afectadas por la erupción

Jonathan Felipe recuerda, además, que la normativa autonómica sobre la reconstrucción reconoce expresamente la posibilidad de reconstruir edificaciones destinadas a uso residencial, incluida la vivienda vacacional, cuando estas fueron destruidas por las coladas y se encontraban en situación legal o asimilada a la legalidad.

En esta línea, la legislación para la recuperación del Valle de Aridane también contempla la recuperación de los usos turísticos preexistentes, entre ellos la vivienda vacacional.

Por eso, Felipe defender que “no tendría sentido que Canarias reconociera el derecho de las familias afectadas por el volcán a reconstruir sus viviendas, incluidas aquellas destinadas a vivienda vacacional, y al mismo tiempo generara una inseguridad jurídica que impidiera desarrollar esa actividad, algo esencial para la recuperación de la isla y su modelo alojativo”. [Ayto. Breña Alta]

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La consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea anuncia que se seguirá aplicando el tipo cero en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) a los combustibles durante todo el mes de agosto.

Esta medida tributaria fue una de las contempladas en el Decreto ley 3/2026, de 6 de abril y prorrogada por el Gobierno de Canarias a través del Decreto ley 4/2026 del pasado 29 de junio. Si bien la prórroga contempla como plazo temporal hasta el 30 de septiembre, la propia norma establece su permanencia conforme a la actualización del diferencial del IPC del mes de junio para gasolinas y gasóleos.

En este caso, y dado que la variación en Canarias del IPC de las gasolinas y gasóleos supera en más de un 15% del IPC del mismo mes del año pasado, se mantiene la reducción del tipo cero durante el mes de agosto.

La aplicación temporal del tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) sobre combustibles tiene como objetivo abaratar el precio final para los consumidores. La persistencia de elevados costes energéticos y logísticos continúa afectando a la competitividad de las empresas canarias y al poder adquisitivo de las familias.

La experiencia acumulada durante los meses de vigencia del Decreto ley 3/2026 y la posterior prórroga permite afirmar que esta medida ha contribuido eficazmente a mitigar los efectos económicos de la crisis sobre el tejido productivo canario. En particular, las medidas tributarias han permitido contener parcialmente el incremento de los costes energéticos soportados por hogares y empresas. [HACIENDA Y RELACIONES CON LA UE]

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